PGN - INDEBIDA PARTICIPACION EN POLITICA - Apoyar una determinada causa política

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 162-69763-02

Disciplinados: HERNANDO EMILIO ZAMBRANO, MARTHA LUCIA

GONZALAVIS y FLORENCIO CURI

Cargo: Gobernador, Jefe de Personal, Director de Planeación

Dpto Amazonas Quejoso: Ramiro Benny More Fonseca Fecha queja: 5 de marzo de 2002

Fecha hechos: 15 de enero de 2002

Asunto: Evaluar la Investigación Disciplinaria

Bogotá D.C., 03 de abril de 2003

I. ASUNTO Procede la Comisión Especial Disciplinaria, conformada por el Viceprocurador General de la Nación, como Presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, a evaluar el mérito de la investigación disciplinaria adelantada contra los señores HERNANDO ZAMBRANO PANTOJA y FLORENCIO SEGUNDO CURI MESA, en sus condiciones de Gobernador, Jefe de Personal y Jefe de la Oficina de Planeación, del Departamento de Amazonas, respectivamente.

II. HECHOS Mediante oficio de marzo 5 de 2002, dirigido a la Comisión de Control de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación el señor Benny Moré Fonseca, presentó queja disciplinaria contra HERNANDO EMILIO ZAMBRANO PANTOJA y MARTHA LUCÍA GONZALVIS PINTO, Gobernador y Jefe de Personal, en su orden, del Departamento de Amazonas, por supuestamente haber ejercido persecución política en su contra, generada por apoyar la candidatura de Octavio Benjumea

Acosta a la Alcaldía de Leticia, situación que originó su traslado a diferentes dependencias hasta que finalmente fue declarado insubsistente sin causa alguna. Como muestra de la persecución ejercida por los funcionarios mencionados, el quejoso aporta copia de una orden de traslado y la resolución de insubsistencia del cargo que desempeñaba (Fls. 4 a 7).

III. TRÁMITE DE LA QUEJA Mediante auto de abril 9 de 2002 (FL. 36), el Viceprocurador General de la Nación, actuando como Presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, conformó Comisión Especial Disciplinaria para que adelantara la instrucción de la queja presentada por el señor Ramiro Moré hasta el fallo de primera instancia. La Comisión Especial con providencia de la misma fecha (Fls. 37 y SS), ordenó apertura de indagación preliminar contra los funcionarios denunciados, la cual les fue notificada personalmente (FL. 56).

A esta Indagación, el 1 de octubre de 2002, se anexó el radicado 014-69367/02 (FL. 145), que instruía la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, con fundamento en copia de la misma queja, en la que con auto de mayo 17 de 2002 se ordenó indagación preliminar contra el gobernador HERNANDO EMILIO ZAMBRANO PANTOJA (FL. 37 anexo 2). Con auto de septiembre 24 de 2002 (FL. 106 y SS) la Comisión Especial Disciplinaria evaluó el mérito de las Indagaciones Preliminares adelantadas, ordenando apertura

de Investigación disciplinaria contra HERNANDO EMILIO ZAMBRANO PANTOJA y FLORENCIO CURI, Gobernador y Jefe de Planeación del Departamento de Amazonas, por la indebida participación en actividades políticas, violación de los deberes, incursión en prohibiciones, extralimitación y abuso de funciones. Respecto de MARTHA LUCIA GONZALAVIS PINTO, Jefe de Personal del Departamento, ordenó el archivo de las diligencias, al considerar que las imputaciones hechas por el quejoso no habían sido corroboradas y que su actuación en torno a los traslados e insubsistencia, fue la de realizar los trámites y comunicaciones a cargo de su oficina, por lo que su conducta no era constitutiva de falta disciplinaria.

IV. PRUEBA RECAUDADA Ratificación bajo juramento de la queja presentada por el señor Ramiro Benny More Fonseca, en donde además de lo dicho en su escrito inicial, afirma que su secretaria Niye Osorio y Martha Moran, también fueron perseguidas políticamente por el Gobernador denunciado y que a ellas les consta que el Dr. Zambrano Pantoja le solicitó que hiciera desistir a su hijo Ramiro More Pantoja de su aspiración a la Alcaldía. Que su denunciado lo llamó para pedirle su apoyo a la candidatura de Octavio Benjumea Acosta y en la conversación estuvieron presentes los diputados Juán Lozano Galdino, José Ramos, Alvaro Betancur, la Asesora Jurídica Elsy Nuñez, Jorge Matallana, miembros del Grupo ALA, pero no cree que ellos quieran declarar

(FL. 47 Anexo 2); Resolución 020 de enero 15 de 2002, por la cual se declara insubsistente el

nombramiento del quejoso, del cargo de Jefe de Rentas Código 290 Grado 02 del Departamento Financiero de Amazonas que venía desempeñando; y su notificación el 16 de enero de 2002 a las 14:15 p.m. (Fls. 10 y 11); Memorando de encargo de funciones al quejoso para la elaboración del inventario de actas de muebles del Departamento, suscrito por la Jefe de Personal del Departamento el 31 de diciembre de 2001 (FL.8). Oficio de diciembre 31 de 2001 dirigido por el quejoso al Gobernador (E), Ángel María Mejía Gamez, en donde manifiesta su inconformidad por el traslado que se le hace al Almacén del Departamento (Fls. 6 a 7). Traslado del quejoso de Jefe de Rentas del Departamento a Coordinador de la Oficina de Transito Departamental, efectuado mediante memorando de 25 de julio de 2001, del Gobernador HERNANDO ZAMBRANO PANTOJA (FL. 12). Oficio de 15 de enero de 2002 del quejoso al gobernador investigado, en donde solicita sus vacaciones a partir del 17 de enero del mismo año; y manifiesta que a su regreso decidirá si presenta o no la renuncia que le solicitara por intermedio del Dr. 2 Guillermo Beltrán Filo, Jefe de la Dirección de Asuntos Políticos y Sociales de la Gobernación (FL. 15). Declaración rendida por la señora Juana Parente Curico, auxiliar de tesorería del Departamento hasta el 22 de marzo de 2002, quien afirma que el Dr. Eliseo Martínez

le pidió la renuncia, porque tenían que darle cabida a los que habían trabajado en la campaña del Dr. HERNANDO ZAMBRANO, un mes después vino la declaratoria de insubsistencia, por parte del Gobernador encargado Demetrio España. Que también desvincularon por la misma razón a Niye Osorio, Martha Moran, Jorge Evelio Díaz, Ramiro More y un viejito “Don Togo”. Que a ella no le solicitaron dinero ni víveres para ninguna campaña política (FL. 77 y SS); Declaración rendida por el señor Jorge Evelio Díaz Castro, actual asistente en la Cámara de Representantes, quien señala que estuvo trabajando al servicio del Departamento de Amazonas hasta el 13 de marzo de 2002 cuando fue declarado insubsistente, manifiesta que desconoce si el retiro fue por motivos políticos o no; y al ser preguntado si se le solicitó colaboración en dinero o víveres para alguna campaña política manifestó que no (FL. 80 y SS y 17 y SS. C.Copias); Declaración rendida por la señora Martha Adalfiza Moran Teteye, en donde manifiesta que a ella le pidieron $50.000,oo para la campaña de Alberico Alvarado, que también dieron dinero Elkin Lemus, Amanda Beltrán, Alexander Alvarado, Florencio Curi y Jorge Evelio Díaz Castro (FL. 82 y SS, 70 y SS anexo 1); Declaración rendida por la señora Amanda Beltrán Pineda, en donde manifiesta que no dio dinero, ni víveres, para la campaña política del Dr. Alberico Alvarado y que desconoce los motivos por los cuales se desvinculó de la administración a las

personas que se le señalan, que ella ingreso al Departamento por nombramiento que le hiciera el Dr. Hernando Emilio Zambrano Pantoja, pero que no pertenece a ningún partido político (FL. 91 y SS); Declaración rendida por el señor Elkin Antonio Lemos Mosquera, quien manifiesta que ingresó al servicio público del Departamento por nombramiento que le hiciera el Dr. Hernando Emilio Zambrano Pantoja, en diciembre de 2000 hasta la fecha, que no le pidieron dinero para apoyar la candidatura de Alberico Alvarado, que desconoce los motivos por los cuales la señora Martha Moran manifiesta que a él le pidieron dinero y que la acompaño a hacer las compras a Tabatinga, que no supo los motivos por los cuales se desvinculo del servicio a Niye Osorio, Juana Parente, Ramiro More y Martha Moran (FL. 93 y SS); Declaración rendida por el señor Hernando Torres “Don Togo”, en donde manifiesta que desempeñó un cargo de servicios administrativos hasta el 22 de marzo de 2002 en el campamento de la gobernación, que lo sacaron sin avisarle, por asuntos políticos y que por la misma causa sacaron también a Martha Teteye y Niye Osorio

(FL. 98 y SS).

Declaración rendida por la señora Paulina Perea Carijona, esposa de “Don Togo” quien manifiesta que fue llamada por el señor José Ramos, días antes de la salida de su esposo, que le preguntó por quien habían votado para la Alcaldía, ella dijo que por Octavio, este le contestó que el gobernador le estaba haciendo la carta para sacar al

marido del puesto. Que con anterioridad los habían invitado a una reunión para 3 impulsar la campaña del señor Alberico Alvarado a la Cámara de Representantes, campaña de la cual recibieron un mercado, pero ella votó por su candidato, porque lo conocía (FL. 100 y SS). Declaración rendida por la señora Niye Osorio Restrepo, ex secretaria de la Oficina de Presupuesto del Departamento, declarada insubsistente el 21 de marzo de 2002, quien señala que a ella, a Juana Parente, Martha Teteye, y “Don Togo”, los sacaron porque no votaron por Alberico Alvarado “el gato” para la Cámara de Representantes como se los insinuó el señor Juan Lozano Galdino, que es miembro del mismo directorio del gobernador. Que el Dr. Eliseo Martínez le pidió a ella y a Juana la renuncia, pero contestaron que no la presentaban porque no habían hecho nada malo, entonces le dijeron que si era por persecución política y se quedó callado. Como no hicieron caso de presentar su renuncia las declararon insubsistentes, el acto administrativo lo expidió el Dr. Demetrio España a quien el Gobernador encargó para que firmara las insubsistencias. Que su esposo apoyó la candidatura de Octavio Benjumea. Afirma que a Ramiro More lo sacaron porque el hijo estaba aspirando a la Alcaldía, que jamás hizo proselitismo político a favor de su hijo en la oficina (FL. 66). Versión libre de HERNANDO ZAMBRANO PANTOJA (FL. 48 Anexo 2) en donde señala que, Ramiro More durante el tiempo que trabajo al servicio del Departamento

se caracterizó por sus groserías y mentiras, que para la época de elecciones y teniendo en cuenta que su hijo Ramiro More Pantoja estaba de candidato a la Alcaldía, él lo llamó a su despacho y le pidió que no fuera ha hacer proselitismo político a favor de su hijo, ni de ningún candidato, pero no le hizo caso y tergiversó su versión. Que el grupo político al cual él pertenece apoyó la candidatura a la alcaldía del Dr. Juan Carlos Velásquez y no de Octavio Benjumea, como dice el quejoso, preguntado por la razón del traslado del señor Moré al Almacén, señaló que por necesidad del servicio y que para realizar la labor que se le impuso de inventariar bienes muebles e inmuebles que figuran en tarjetas de kárdex no se requería ninguna especialización en ese campo, que él lo que quería era volver a ser director de tránsito. Manifiesta que la nómina es muy flexible, permite hacer los traslados, en varias ocasiones rotó a los secretarios de despacho. Que el traslado no significó desmejora del cargo, ni del salario. Para probar la falta de seriedad del quejoso, prepotencia y malos tratos a sus compañeros entrega documentos en 9 folios, que hacen referencia a la queja presentadas por el enfermero de sanidad de la Armada Nacional Apostadero fluvial ARC de Leticia, relacionada con su falta de modales el 21 de diciembre de 2001 en esa dependencia, cuando ingresó a reclamar unas medicinas. Y la entrega de dos motocicletas inmovilizadas por la Policía Nacional cuando fue director de Tránsito, sin haber satisfecho los trámites legales previos.

Inscripción de los señores Octavio Benjumea Acosta y Ramiro More Pantoja, como candidatos a la Alcaldía de Leticia, para las elecciones del 13 de enero de 2002 (Fls. 100 a 134 Anexo 1). Versión libre rendida por el señor FLORENCIO CURI MEZA, en donde manifiesta que se desempeñó como Director del Departamento Administrativo de Planeación entre el 1 de enero y el 9 de septiembre de 2002, que durante su administración solo fueron desvinculadas dos personas Jorge Díaz y Marta Moran, pero que no participó en la toma de esas decisiones, puesto que era facultad discrecional del Gobernador. Que no escucho comentarios respecto de una presunta persecución política del Gobernador contra Ramiro Benny Moré (FL. 103 y SS). 4 Se allegó la documentación que permite acreditar la condición de servidores públicos de los investigados, credencial de elección, acta de posesión y certificado de sueldo de desempeño del cargo desde el 7 de diciembre de 1999 hasta el 9 de mayo de 2002 del Gobernador (FLS. 116 y 117), expedidas por el Jefe de Personal del Departamento de Amazonas; y nombramiento, acta de posesión de FLORENCIO CURI MEZA como Director del Departamento de Planeación, desde el 1 de enero de 2002 (Fls. 16 a 20 y 56 a 60 Anexo 1, 62 y 6 Cuad. Original).

V. ANALISIS DE LA CONDUCTA DEL INVESTIGADO HERNANDO EMILIO ZAMBRANO PANTOJA En desarrollo de estas diligencias, se pudo establecer la posible existencia de

conductas irregulares constitutivas de falta disciplinaria y de la responsabilidad del servidor público HERNANDO ZAMBRANO PANTOJA, cuando ejerció el cargo de Gobernador del Departamento de Amazonas, la cual se precisa en el siguiente cargo: CARGO ÚNICO En su calidad de Gobernador del Departamento de Amazonas, pudo participar indebidamente en política, al presionar a sus subalternos para obtener apoyo a favor de las candidaturas de OCTAVIO BENJUMEA ACOSTA, a la Alcaldía de Leticia, y de ALBERICO ALVARADO, a la Cámara de Representantes, mediante el posible uso indebido de las facultades de nominación y remoción de los servidores del ente territorial, puesto que no las utilizó para satisfacer los criterios objetivos de las necesidades del servicio fijados por la Constitución y la Ley, sino para retirar del servicio a quienes no habían apoyado a los candidatos antes dichos, para las elecciones celebradas el 13 de enero y 10 de marzo de 2002, respectivamente, pudiendo de esta forma influir en el proceso electoral de carácter político partidista. Como ocurrió con las siguientes personas: Ramiro Benny More Fonseca, a quien declaró insubsistente el 15 de enero de 2002, por que no apoyó a su candidato a la Alcaldía. Juana Parente Curico, Niye Osorio y Hernando Torres “Don Togo” a quienes declaró insistentes el 21 y 22 de marzo de 2002, porque no apoyaron a su candidato a la Cámara de Representantes. Con su conducta, el señor HERNANDO ZAMBRANO PANTOJA, en su calidad de Gobernador del departamento de Amazonas, pudo incurrir en un concurso

heterogéneo y sucesivo de faltas disciplinarias, gravísima y grave, conforme el examen que se hace a continuación.

VI. ADECUACIÓN TÍPICA Y SUSTENTO PROBATORIO Del alcance de la conducta imputada

1. Se imputa al investigado las faltas de posible desvío de poder con el uso indebido de las facultades de nominación y remoción de los servidores del ente territorial, y una probable indebida participación en política. Esta última obliga a deslindar, en la conducta de los servidores públicos, cuándo existe una debida o legítima participación en esta actividad y cuando ésta se torna en indebida, comoquiera que la prohibición que recae sobre los servidores públicos en torno a la participación en 5 actividades políticas, no es una prohibición absoluta, tal como lo ha reconocido esta entidad de vigilancia y control a través de las Directivas 005 de 1997 y Unificada 001 de 12 de diciembre de 2001; es por ello que dicha prohibición encuentra excepciones relacionadas con la naturaleza de los deberes funcionales y el tipo de actividades que les son prohibidos o permitidas.

Para empezar, valga señalar que el ejercicio del sufragio es una manera de apoyar una causa política que legítimamente pueden desempeñar los servidores públicos, independiente de su posición dentro de la administración, al tenor de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 127 de la Constitución Política. Pese a ello, otros comportamientos constitutivos de participación en política pueden ser lícitos o ilícitos.

2. La legitimidad o ilegitimidad de la participación en política por servidores públicos depende pues, tanto de la naturaleza de sus deberes funcionales, como del tipo de

actividad política. Si el servidor público tiene dentro de sus deberes funcionales el ejercicio de jurisdicción, autoridad civil o política, dirección administrativa o si se desempeña en los órganos judicial, electoral o de control, cualquiera sea la naturaleza de las funciones asignadas, le estará prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en sus controversias de la misma naturaleza. Los demás servidores, esto es, aquellos que no se desempeñen en los órganos judicial, electoral o de control y además no tengan a su cargo el ejercicio de jurisdicción, autoridad civil o política, o dirección administrativa, podrán tomar parte en actividades y controversias políticas, en los términos en que lo regule la ley (incisos 1º y 2º, artículo 127 de la Constitución Política).

3. Tal como lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-454 de 1993, el hecho de que el legislador aún no haya fijado el marco dentro del cual un servidor público pueda ejercer la actividad política, no es obstáculo para hacer efectivo su derecho, comoquiera que la falta de desarrollo legal convertiría en la práctica un derecho consagrado constitucionalmente, en una prohibición. No obstante, en ausencia del desarrollo legal en torno a las condiciones que permiten la participación en política del servidor público, los límites de tal permisión deben encontrarse en la misma Constitución, así: a) Es prohibido hacer uso de la investidura para presionar o inducir a los ciudadanos a respaldar una causa o compaña política (artículo 127, inciso 4º Constitución Política; b) Quienes desempeñan funciones públicas no pueden hacer contribución alguna a

los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones de ley (artículo 110, C.P.). En este sentido, valga precisar que los miembros de corporaciones pueden participar en controversias políticas durante el ejercicio de su cargo, por la posibilidad de su reelección, lo cual no los faculta para utilizar indebidamente los bienes del Estado en la actividad proselitista o para violar los regímenes de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidos en la Constitución y la ley, prohibición que se hace extensiva a todo servidor público, sujeto del derecho disciplinario. 6 Es menester además dejar claro que el tomar parte en actividades políticas, no significa per se, el desarrollo de conductas de tipo activo o lo que es lo mismo, de actuaciones positivas de hacer o con trascendencia naturalística verificable por los sentidos como variación del mundo exterior. Por el contrario, omitir es una forma de comportarse, que a los efectos de la conducta analizada, puede realizar el tipo disciplinario. Asimismo, el tomar parte, constituye un comportamiento activo u omisivo), que no precisa de actuaciones directas del sujeto obligado por un deber funcional de imparcialidad (autoría directa) ni tampoco demanda actuaciones evidentes, a ojos de todos, de que se está atacando a terceros o favoreciendo a una determinada persona, en razón o por ejercicio del cargo; vr. gr. que el gobernador, o el procurador, etc., salgan a la plaza pública a lanzar arengas en favor o en contra de un determinado candidato. Tomar parte es pues, una conducta que debe ser valorada normativamente –es pluricomprensiva – por el operador jurídico, tendiendo

como telón de fondo, el deber de imparcialidad de todo servidor público, de tal suerte que toda acción u omisión que debiliten el valor en cita, es ya analizable desde la perspectiva del tipo disciplinario anotado.

4. Esta entidad de vigilancia y control, a través de pronunciamiento de 14 de noviembre de 1997 proferido por el Despacho del Procurador General dentro del expediente número 2519, ha interpretado la prohibición constitucional, así: “La prohibición de participación en política, como imperativo constitucionalizado, busca tutelar el principio de imparcialidad que debe informar el quehacer público en armonía con el mandato, también superior, según el cual los servidores públicos están al servicios del estado y de la comunidad, de manera tal que cuando éstos ejercen sus competencias de modo que inclinan la balanza del aparato estatal a favor de una determinada corriente, causa o movimiento político, infringen, además del texto superior, su desarrollo legislativo (Art. 41-14 del CDU.), constituyéndose en una manifestación del ejercicio abusivo del poder o de la autoridad por parte de quienes, de manera inequívoca, no pueden participar en política.” “No se ha dicho que asistir a actos oficiales sea reprochable, pues ello entraña el cumplimiento de funciones propias del cargo; lo censurable radica en utilizar la presencia o, si se quiere, la influencia, para dirigir una futura contienda política…”

5. Siguiendo los lineamientos del artículo 27 de la Carta Política, el cargo de Gobernador de Departamento entraña el ejercicio de jurisdicción, autoridad civil, política y también de dirección administrativa, para el cual la Constitución contempla

la prohibición absoluta de intervenir en actividades y controversias político partidistas, luego no le estaba permitido solicitar a sus subalternos que apoyaran el candidato de sus afectos, ni tomar represalias contra quienes ejercieron su derecho al sufragio en forma libre.

6. El derecho al sufragio debe trasuntar la libre y espontánea expresión de los ciudadanos, de la convicción personal en favor de un candidato, voluntad popular 7 que ha de estar ajena a influencias o presiones, la cual puede verse afectada por actos donde servidores públicos inmersos en la prohibición constitucional de intervenir en política, quienes podrían dar despliegue a las candidaturas o destacar, aunque sólo sea de manera velada, las aspiraciones políticas de un determinado candidato, perjudicando las que puedan tener otros ciudadanos para el mismo cargo de elección popular. Quiérese decir que no es necesaria una manifestación directa, clara en el sentido de las palabras o los actos, a los ojos de todo el mundo, sino que por el contrario, el ejercicio del poder público a favor de una candidatura o movimiento, puede hacerse a través de terceros o por medios escondidos o no evidentes.

Dentro de la mecánica del proceso electoral en Colombia, con anterioridad a la inscripción oficial de las candidaturas para cargos de elección popular, empiezan a mencionarse nombres de las personas que van a participar, esto con el fin de ganar adeptos y de acuerdo con ello, definir si existe oportunidad de que sus aspiraciones puedan llevarse a cabo. Además, cuando a través de los actos se busca obtener o consolidar el poder, producto de un obrar consciente y deliberado, se entiende que se esta apoyando un bando determinado.

7. Siendo la rama ejecutiva del poder público la encargada de ejecutar la ley, como lo sostiene el profesor Jean Rivero, el único propósito que debe mover a la administración en cualquier actuación es el de satisfacer el interés público. “La administración, a diferencia del particular que escoge libremente el objeto de sus actos, se ve imponer la finalidad que su acción debe perseguir. De manera general, ella no debe ejercer nunca sus competencias sino en vista de la satisfacción del interés público, en virtud de un principio general del derecho.”1

Este interés general al que se refiere Rivero, se halla plasmado en el preámbulo y en los artículos 1, 2, 58, 123 inciso 2 y 209 de la Constitución colombiana como principio rector de la función administrativa, que lo consolida como el más importante y precioso de los sustentos y justificaciones de todo lo relacionado con los aspectos vinculados a las relaciones del Estado. Configura elemento y a su vez requisito básico esencial de toda su actividad, al darle carácter prevalente y propósito supremo del Estado, a partir del cual se debe servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En consecuencia, las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de la ley, de poner a andar la gran empresa creada en interés de la sociedad, por virtud de la imposición constitucional están al servicio de los intereses generales. Incluso ha sostenido la Corte Constitucional, que la consagración del principio y su correspondiente acatamiento estricto por parte de las autoridades y de los asociados,

implica conflicto u oposición entre los intereses de la comunidad y los particulares, que solo prima cuando el interés particular esta protegido por un derecho fundamental tutelado por la Carta2. 1 Jean Rivero. Derecho Administrativo, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984 pp. 227 y 228. 2 Corte Constitucional, Sentencia C-606 del 14 de diciembre de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón. 8 Con el anterior marco teórico, procede la Comisión a analizar el comportamiento desplegado por el investigado, con el fin de establecer si pudo incurrir en los ilícitos disciplinarios de abuso o desvío de poder y de indebida participación en política y si con ello se han satisfecho los presupuestos consagrados en el artículo 162 de la ley 734 de 2002. Del caso concreto

8. La Comisión Especial Disciplinaria no puede entender, ni admitir como válida la actuación del investigado que no se inspiró, ni tuvo como propósito el cumplimiento o la satisfacción del interés general al producir el retiro del servicio público de los señores Ramiro Benny More Fonseca, Juana Parente Curico, Niye Osorio y Hernando Torres “Don Togo”, puesto que al parecer, sus relevos no tuvieron como fin mejorar la calidad del servicio público confiado a estas personas, el cual aparece caprichoso y arbitrario, dado que solo buscó tomar represalias contra quienes ejercieron su derecho al sufragio en forma libre.

9. En este caso, bajo la gravedad del juramento manifestaron las personas declaradas insubsistentes y las señoras Martha Adalfiza Moran Teteye y Paulina Perea Carijona, quienes aducen como motivo de la declaratoria de insubsistencia de

las personas relacionadas en los cargos, el que no votaron en las elecciones de Alcalde o de Congreso por los candidatos de los afectos del investigado, actuación que en sentir de la Comisión Especial puede configurar falta disciplinaria, puesto que evidencia ausencia de imparcialidad, en el ejercicio de la función de nombrar y remover a sus subalternos, que como se dejó visto debe ser ejercida para buscar satisfacer el interés común. El artículo 38 de la Ley 200 de 1995, estatuto aplicable en este caso --por cuanto los hechos tuvieron ocurrencia antes del 5 de mayo de 2002, cuando entró a regir la Ley 734 de 2002 que sustituyó al anterior Código Disciplinario-- señala que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, en consonancia con el artículo 40 numerales 1, 2,13 y 22 que imponen el deber de los servidores públicos de cumplir la Constitución, de ejercer con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de ejecutar cualquier acto que implique ejercicio indebido del cargo de función.

10. Como pruebas de las faltas disciplinarias objeto del cargo obran en el proceso las declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento por los señores Ramiro Benny More Fonseca, Juana Parente Curico, Niye Osorio, Hernando Torres, Paulina Perea y Martha Morón, que son contestes en afirmar que el investigado les solicitó apoyar las aspiraciones políticas de los candidatos a la alcaldía y a la Cámara de

Representantes de su afecto, doctores Octavio Benjumea y Alberico Alvarado; que como no lo hicieron les solicitó sus renuncias con posterioridad al debate electoral y como tampoco las presentaron, los declaró insubsistentes, de lo que se infiere la probable comisión de un concurso de faltas disciplinarias, toda vez que el disciplinado presionó a sus subalternos para influir en el proceso electoral, además, pudo incurrir en un desvío de poder al declarar insubsistentes a algunos funcionarios de la administración departamental, por que no votaron en las elecciones de Alcalde 9 o de Congreso por los candidatos de sus afectos políticos, actuaciones que en sentir de la Comisión Especial pueden configurar falta disciplinaria, puesto que evidencia ausencia de imparcialidad, en el ejercicio de la función de nombrar y remover a sus subalternos, que como se dejó visto debe ser ejercida para buscar satisfacer el interés común

11. La Comisión Especial no acepta las explicaciones dadas por el investigado al rendir su versión libre en el proceso, tendientes a descalificar el testimonio del quejoso, pues respecto de lo primero no da explicación satisfactoria para justificar el retiro de los demás servidores; ni es entendible que si observó mal comportamiento durante el tiempo que estuvo vinculado al Departamento, no se le hubiera adelantado proceso disciplinario o llamado de atención alguno.

12. Tampoco se acepta la explicación dada respecto a los asuntos tratados en la reunión sostenida con el quejoso antes de la elección de Alcalde en donde le insinuó interceder con su hijo para que retirara su candidatura a la Alcaldía, pues de una

parte, se acreditó en el proceso la inscripción del señor Ramiro More Pantoja a la Alcaldía de Leticia; y de otra, no guarda coherencia su manifestación con lo acontecido en forma subsiguiente, como fue trasladarlo de una oficina a otra a ejercer labores disímiles, cuando su desempeño venia siendo eficiente en la oficina de Rentas y