PGN - INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Se debe disminuir el monto de la cuantía cuando se pru

DETENCIÓN PREVENTIVA-Necesidad de justificación para proferirla Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Rama Judicial pueden ordenarla o extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática. DERECHO A LA LIBERTAD-Fundamental amparado por la normatividad internacional/PRESUNCIÓN DE INOCENCIA-Fundamental amparado por la normatividad internacional Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia , se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Se torna injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad/PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia de la Corte Constitucional Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental

que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Por los perjuicios causados en ejercicio de sus facultades Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento – detención preventiva -, también lo es, que el ejercicio de esta facultad

no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico. Es menester recordar que el artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la responsabilidad estatal se ha establecido de manera objetiva, porque basta con que se pruebe la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no tenga la obligación de asumir para que la entidad ejecutora del mismo responda por los perjuicios ocasionados. RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Por la privación injusta de la libertad En relación con el segundo problema jurídico consignado, como ya se expuso en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, y, adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionadas con el actuar de la administración de justicia. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Conducta omisiva de la víctima es una causal de exoneración La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Justicia, regula en especial la responsabilidad del

Estado por los daños antijurídicos ocasionados por la acción u omisión de sus agentes judiciales, ya sea por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, el error jurisdiccional o la privación injusta de la libertad, y así mismo, señala como causales de exoneración la actuación de la víctima con dolo o culpa grave o la no interposición de los recursos . Como una de las causales para exonerar de responsabilidad al Estado por los daños ocasionados por las actuaciones de sus servidores es la conducta dolosa o gravemente culposa de la víctima, es menester llamar la atención sobre la conducta omisiva del actor, consistente en su falta de colaboración durante el curso del proceso penal para resolver su situación jurídica de una manera pronta y eficaz, la cual se constituyó en una actitud conciente y dolosa que repercutió en la materialización del daño alegado, esto es, la privación de la libertad. No obstante, como la libertad es un derecho fundamental protegido tanto por la legislación nacional como por la internacional, la conducta dolosa realizada por la víctima exonera de responsabilidad al Estado desde el momento en que ésta fue la causante de la privación de la libertad, esto es, desde la fecha en que se profirió la Resolución de acusación hasta la fecha en que efectivamente se concedió la libertad, porque en dicha providencia se hace referencia a la actitud de desobediencia civil en Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976)

5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 que incurrió el actor para evitar las notificaciones que en derecho le correspondían y las consecuencias legales relacionadas con dicha conducta. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Se debe disminuir el monto de la cuantía cuando se prueba la conducta dolosa de la víctima Pero respecto del periodo en que el actor fue privado de la libertad por el ejercicio de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, ésta debe responder por el daño causado en la medida en que la orden de detención preventiva fue revocada debido a la aplicación del principio del in dubio pro reo, en tanto las pruebas que dieron origen a la privación de la libertad del hoy demandante, de un lado, no cumplieron las prescripciones de ley para su práctica y de otro, no resultaron ser suficiente causa para la privación de la libertad. Corolario de lo expuesto, esta Agencia del Ministerio Público, solicita la modificación de la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la cuantía de los perjuicios a fin de que se disminuya el monto correspondiente al periodo que estuvo privado de la libertad como consecuencia de la conducta dolosa de la víctima y que se constituyó en la causa generadora de la decisión del ente investigador de negar su libertad provisional. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., enero 13 de 2011 Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejero Ponente – Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-06

Acción de Reparación Directa 25000232600020040138401 (38976)

Actor: José Darío Vargas Mercado y Otros

Demandados: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la

Nación.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el cual, como se verá, concluye con la solicitud de que se modifique la sentencia impugnada, con fundamento en lo siguiente:

Antecedentes 1-. Demanda Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 Los señores José Darío Vargas Mercado (víctima), Lorena Margarita Amador Borre (cónyuge), en nombre propio y en representación de su hija menor María José Vargas Amador, en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda contra La Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial con la pretensión de que se les declare administrativa y extracontractualmente responsables por todos los perjuicios materiales y

morales causados con motivo de la imposición de la medida de aseguramiento, consistente en Detención Preventiva al señor José Darío Vargas Mercado desde el 20 de mayo de 2000 hasta el 14 de julio de 2002. 2-. Contestación de la demanda La Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda así: En relación con los hechos manifestó que se atenía a lo que se probara. Se opuso a las pretensiones al considerar que: “Después de detallar las razones que le determinaron al momento de adoptar las decisiones anteriores, inicialmente la decisión de restringir la libertad de Vargas Mercado y la final la calificación del proceso, el instructor decidió en derecho lo que consideró procedente con apoyo en las probanzas con las cuales contaba en ese momento procesal, decidiendo acusar a los sindicados de las conductas antes mencionadas, y en relación con el señor Vargas Cardona, señaló en un aparte de interés para este asunto que: “Es necesario señalar que, no obstante haberse decretado el cierre de la presente investigación con suficiente antelación, los sujetos procesales estuvieron renuentes a las notificaciones correspondientes así como hubo necesidad de designar defensores de oficio ante la renuencia de algunos de ellos afectando la actividad de la fiscalía y el devenir de la investigación, y la correspondiente calificación que solo hasta ahora logra realizarse. Es por ello que no se hizo acreedor a la libertad provisional el señor José Darío Vargas Mercado, quien no pudo ser notificado, no por inercia de la Fiscalía como está demostrado, sino porque como es de público conocimiento se utilizó la

llamada desobediencia civil, para evitar las notificaciones que en derecho Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 corresponde y atendiendo a las decisiones judiciales respectivas, tales como la notificación del cierre del presente evento, que se realizó con suficiente antelación, solo se pudo efectuar el 9 de julio, quedando solo en firme hasta el día dieciséis de julio del año que avanza. Por ende quedó incurso en lo señalado en el art. 415 numeral 4 del antiguo C.P.P. hoy en día y de conformidad al art. 365 numeral 4 del C.P.P.” Entonces, aunque había adquirido el derecho a gozar de la libertad, es el propio señor Vargas Cardona quien a partir de la temeraria actuación de esconderse para evadir la notificación del cierre de la investigación, termina por perder ese eventual beneficio, al interponer un obstáculo a la actuación de la Fiscalía General, en los términos descritos por el instructor en el aparte reproducido”. La Nación – Rama Judicial mediante apoderado contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones con fundamento en la siguiente premisa: “Una correcta administración de justicia implica que los funcionarios encargados de ella puedan realizar sus funciones contando con mecanismos efectivos e idóneos. En caso contrario, su gestión se vería frustrada y con ella el interés de los asociados de contar con una justicia real.

Es erróneo afirmar, como lo hace el accionante, que la Nación – Rama Judicial sea responsable por una aparente falla en el servicio, toda vez que no se han dado los postulados de la misma, ni se ha presentado desequilibrio alguno en las cargas públicas”. 3-. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, declaró administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados al señor José Darío Vargas Mercado, así como a su hija Maria José Vargas Amador y en consecuencia la condenó al pago de: perjuicios materiales en cuantía de $16113.062,5; perjuicios morales la suma de 100 smmlv a favor de la víctima y 50 smmlv a favor de la hija. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 En la sentencia se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: “(…) Se tiene que de las pruebas que edificaron la resolución por medio de la cual se privó de la libertad al demandado, fueron las declaraciones de personas que carecían de credibilidad por cuanto sus manifestaciones muchas veces eran subjetivas al entrar en contradicción con lo dicho, y sus antecedentes permitían inferir que eran personas que posiblemente declaraban con intereses personales, más no con el de pretender esclarecer los hechos, lo mismo se llega a

deducir de los informes policiales los cuales no ofrecían ningún fundamento que permitiera corroborar la identidad del actor como posible autor del hecho punible que se le endilgaba, razón por la cual se colige que de la investigación adelantada se basó en la simple sospecha generada por la información errada que se había recopilado y no en indicios graves como lo ordena la norma. Al respecto, dado que esta medida se produjo en vigencia de la Ley 600 de 2000, este Estatuto prescribía en el artículo 356, los requisitos para definir la situación jurídica mediante la imposición de la medida de aseguramiento, exigiendo que existieran al menos dos indicios graves de responsabilidad de los sindicados. (…) En consecuencia, para esta Corporación, en el caso sub judice, queda completamente establecido el daño que se le provocó al demandante José Darío Vargas Mercado, al habérsele privado de la libertad de manera injusta por parte de la Fiscalía General de la Nación, entidad que expidió la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, sin haber tenido pruebas legalmente válidas para haberlo vinculado a la investigación, toda vez que (sic) las pruebas allegadas al expediente se desprende que éstas no daban la suficiente fuerza de convicción que permitieran realizar una acusación con plena certeza en contra del encartado. (…)”. 4-. Recurso de Apelación Dentro de la oportunidad legal, la parte condenada – Fiscalía General de la Nación - interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 instancia con el propósito de lograr la revocatoria de la misma con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen: “(…) El a quo, condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación en el cuestionable entendido de que se encuentra la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor José Darío Vargas Mercado, ante el cual ruego al Honorable Consejero de Estado, tener de presente los diferentes postulados de la Fiscalía General de la Nación, como también las pruebas allegadas al proceso contencioso administrativo que pueden ilustrar que las decisiones del fiscal de conocimiento eran ajustadas a la constitución, a la ley y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia en materia de detención o privación de la libertad. (…) Ahora bien; en lo referente al proceso penal adelantado en contra del señor Vargas Mercado, tenemos que de la lectura de las decisiones penales que obran en el expediente contencioso, se puede extraer claramente que las providencias judiciales que imponen las medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva y su confirmación impuestas en los procesos adelantados en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio con fines terroristas, estuvieron debidamente fundamentadas y motivadas, realizándose una valoración probatoria razonada de la prueba así como una interpretación igualmente razonada de la normatividad penal, no

pudiéndose señalar que se presenta una violación flagrante del ordenamiento penal vigente para la época, ni se aprecia que se presenta una actuación grosera ni subjetiva por parte de los fiscales investigadores. (…) ”. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO Los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son: Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159  Puntualizar si la Fiscalía General de la Nación al cumplir con los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de un hecho punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política o sí además de ello, debe dar cumplimiento a otras circunstancias.  Establecer si se configura la responsabilidad a cargo del Estado.  Verificar si hay lugar a aplicar las causales de exoneración de la responsabilidad señaladas por la Ley 270 de 1996. ANÁLISIS FÁCTICO PROBATORIO El señor José Darío Vargas Mercado fue capturado el 25 de mayo de 2000 por la presunta comisión del delito de homicidio y conformación de grupos armados al margen de la ley. En el cuaderno número 2 a folios 98-100, se encuentran los documentos con los que se acredita la legitimación en la causa por activa.

En el mismo cuaderno reposa copia auténtica de las providencias mediante las cuales se calificó la investigación con resolución de acusación y se absolvió de responsabilidad penal al señor José Darío Vargas Mercado. El Juzgado Penal del Circuito Especializado fundamentó la decisión de absolver al sindicado así: “(…) A pesar de que la procesada Isabel Cristina en varios apartes de su declaración de indagatoria hizo incriminaciones contra José Darío Vargas Mercado como mensajero o mandadero de las autodefensas, se omitió cuando era la obligación del ente investigador volverla a interrogar bajo los riesgos del juramento en la forma como lo establecía el derogado artículo 357 del C.P.P., anterior, al Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 señalarse “… Pero si el imputado declara contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel. Bajo juramento, como si se tratara de un testigo. La mera omisión de la Fiscalía en no someter a la gravedad del juramento a la injurada en aquellos pasajes narrativos en los que se incriminaba al procesado Vargas Mercado trae como consecuencia de que en ningún momento se pueda hablar de testimonio porque este no se ritualizó y/o constituyó en la forma reclamada en el anterior artículo. Así las cosas, por no haberse atendido las normas procesales adjetivas el

señalamiento que hiciera Bolaños Deriz en su indagatoria no constituye elemento probatorio con la capacidad demostrativa en la certeza de la responsabilidad penal de Vargas Mercado. Fíjese bien como se exige como prueba mínima para el proferimiento de una medida de aseguramiento la existencia de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. En este estadio del proceso cuando lo que está por definir es la situación jurídica del acriminado José Darío Vargas resultan insuficientes los señalamientos que le hace la injurada Bolaños Dereix, no constituyendo plena prueba y si acudimos a la senda de los indicios podrá decirse que los mismos tampoco tienen la capacidad demostrativa de la responsabilidad en los actos o actividades ejecutados durante cierto tiempo en el interior de las AUC. Se hace imperioso dar aplicación al principio del in dubio pro reo, debiendo resolver la duda a favor”.

ANÁLISIS JURÍDICO

 LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN.

Frente al primer problema jurídico, la parte demandada considera que se resuelve en forma positiva, y, en consecuencia, cuando exista una decisión de privación efectiva de la libertad si ésta cumple con las normas legales vigentes no se torna en injusta y por lo tanto, no deriva responsabilidad alguna a cargo del Estado. Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,1 por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se

1 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática2. Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal3 y la presunción de inocencia4, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos6 que en su artículo 7º establece: "1.Toda

persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”7 . 2 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo.." 3 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 4 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la

haya declarado judicialmente culpable”. 5 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 6 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 7 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha

medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al

derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 12 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 25000232600020040138401 (38976) 5aCdeE/MMER/Almv IUS-2010-418159 de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia8; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional9, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales10, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si

se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención11”. Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia.12 8 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 9 Cf