PGN - INDEMNIZACION - Debe estimarse en el máximo perjuicio moral

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO FALLA DEL SERVICIO-Al ocasionar la muerte un soldado regular a otro compañero Esta Delegada del Ministerio Público encuentra que de las pruebas allegadas al caso bajo estudio, se probó que el joven soldado, era soldado regular, quien fue reclutado e incorporado al Ejército Nacional como soldado conscripto por el Batallón Vencedores con sede en Cartago (Valle), y que habiendo sido desplazado a la Base del Ejército Nacional Tesorito, ubicada en Zarzal (Valle), lugar donde se encontraba cuando intempestivamente un compañero de armas perdió el control de sus actos y disparó su fusil de dotación oficial contra el soldado ocasionándole la muerte, procediendo posteriormente el agresor a suicidarse. No queda duda que en el caso bajo estudio se evidencian los elementos fácticos para que prosperen las pretensiones de los accionantes, es decir, un hecho, operación, omisión o irregularidad que constituye la falta o falla del servicio, un daño o perjuicio que debe ser real y cierto y una relación de causalidad entre la falta o falla del servicio y el perjuicio causado. Los elementos probatorios antes enunciados, demuestran que el joven efectivamente se encontraba prestando servicio militar como soldado regular del Batallón de Infantería No. 23 Vencedores, y que le fue causada su muerte por otro compañero cuando se encontraba en las Instalaciones de la Base Militar Tesorito del Municipio de Zarzal. Es importante anotar, que en relación con los conscriptos o personas que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio (que es el caso que aquí nos ocupa) es necesario tener

en cuenta que su reclusión no es voluntaria (como la del soldado profesional) y se realiza en beneficio de la comunidad, es decir que cuando un soldado regular o conscripto se vea obligado a comprometer su vida e integridad personal para el bienestar común, surge el deber a cargo de la administración de repararlo, toda vez que en esos eventos se presenta un rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas, como es el caso del soldado, el cual se encontraba prestando su servicio militar obligatorio, como soldado regular. Quiere decir al final, que no puede despreciarse con argumentos superados, las consecuencias de la prestación del servicio militar con honor y en pro de los intereses de la patria resumidos en los artículos 1ro. y 2do. de la Carta Política. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Reconocimiento de daños morales e indemnización administrativa/INDEMNIZACIÓN-Debe estimarse en el máximo perjuicio moral Considera esta Delegada reiterar que, teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales citados en el marco teórico de este concepto, la responsabilidad del Estado en el caso de los soldados conscriptos ha sido clara la obligación que tiene éste de brindar a los soldados que ostentan esa calidad todas las medidas de seguridad y protección para volverlo al seno de su familia en las mismas condiciones en que ingresó, dado el beneficio que el Estado recibe por su servicio. Dadas las circunstancias del caso en concreto, a partir de la naturaleza y la forma como murió el soldado regular, es lógico y dable inferir la probanza de los daños morales y de la afectación de sus familiares cercanos (padre y hermano). Por lo anterior, en relación con la

inconformidad de la parte actora frente al monto reconocido por concepto de daños morales, esta Delegada de la Procuraduría, conforme a los hechos narrados, encuentra procedente atender la solicitud de los actores de incrementar el monto liquidado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, fundado en el hecho de que la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado ha estimado que la indemnización administrativa para un padre por la muerte de su hijo, debe estimarse en el máximo perjuicio moral traducidos en 100 SMLM., y de un hermano por la muerte de su hermano en 50 SMLM., perjuicio moral que, conforme a la reiterada y vigente jurisprudencia del Honorable Consejo de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R Estado, se presume para padres y hermanos, bastando la sola demostración del parentesco para que el perjuicio sea reconocido. Sin embargo, no encuentra objeción, para que a partir de la condena impuesta por el Tribunal en primera instancia, se adelante un acuerdo conciliatorio. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Responsabilidad extracontractual del Estado JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Indemnización de perjuicios

morales para familiares de la victima 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01

J.Cruz R CONCEPTO PARA CONCILIACION No. 016 / 2013

Bogotá, D.C., 23 de abril de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200001809-01 (30551)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Aymer Ramírez Bermudez y otro DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Sentido del Concepto: La conciliación resulta VIABLE. / Condena por daños morales. / Obligación de devolver a los soldados conscriptos o regulares en iguales condiciones que ingresaron a prestar el servicio.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda – Hechos De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes:

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R El joven Gustavo Adolfo Ramírez fue reclutado por el Ejército Nacional, adscrito al servicio militar en el Batallón Vencedores con sede en Cartago (Valle). Que el día 30 de mayo de 1998 el soldado Ramírez había sido desplazado junto con un contingente hacia la Base del Ejército Nacional Tesorito, ubicada en Zarzal (Valle), lugar donde se encontraba cuando intempestivamente un compañero de armas perdió el control de sus actos y disparó su fusil de dotación oficial contra Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, ocasionándole la muerte, procediendo posteriormente el agresor a suicidarse. 1.2. La contestación. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Dentro del sub examine, no se tuvo en cuenta el escrito contestatario de la demanda, en razón a que el poder con el que actuó el apoderado de la entidad demanda no tiene la presentación personal de la poderdante. 1.3. La sentencia de primera instancia Mediante fallo del veintinueve (29) de octubre de 2004 el Tribunal Administrativo del Valle del cauca, Quindío, Cauca y Nariño con sede en Cali, declaró la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por la

muerte del soldado regular Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez. El Tribunal encontró plenamente acreditado, que la muerte del soldado Ramírez fue causada cuando se encontraba en ejercicio de prestación de su servicio militar, por uno de sus compañeros que sin mediar palabra le propinó dos disparos con su arma de dotación. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R 1.4. La apelación - parte demandante. Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte demandante, interpuso contra la sentencia recurso de apelación, cuyos argumentos se sintetizan de la siguiente manera: Solicita el apelante al Honorable Consejo de Estado, se sirva revocar para reformar el numeral 2.) de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de que se fije en 100 salarios mínimos legales mensuales el perjuicio moral sufrido por el Sr. Aymer Ramírez Bermúdez, en lugar de los 30 SML. que allí se le reconocieron; y de fijar en 50 salarios mínimos legales mensuales el perjuicio moral sufrido por el Sr. Wilder Jovanny Ramírez Salazar, en lugar de los 15 SML. que allí se reconocieron a cada uno de ellos.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿El Estado en cabeza del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativamente responsable de la muerte del soldado regular Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, como consecuencia de dos disparos que le propinara uno de sus compañeros, en ejercicio de la prestación de su servicio militar? 2.1.2. ¿Los daños morales reconocidos a los familiares del soldado regular Ramírez, muerto mientras prestaba el servicio militar, deben ser tasados en mayor 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R proporción a la reconocida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en la sentencia objeto del recurso? 2.2. Marco Teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos:

“a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. El régimen de responsabilidad por el daño causado a los conscriptos. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R En relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a soldados conscriptos, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva -tales como el daño especial o el riesgo

excepcional-, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma. Sobre el particular, en reciente oportunidad se puntualizó1: "Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas2; el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala: “… demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al

Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el 1 Al respecto se pueden consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, Exp. 18725, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586 c.P. Enrique Gil Botero. 2 En sentencia de 10 de agosto de 2005, Exp. 16205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: " ... Ia causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la Administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del Municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho". 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada''3 (Se destaca) En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados conscriptos, en la medida que la voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, cuando se someten a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, cuando respecto de ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado; ií) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial4. Igualmente, respecto a los conscriptos, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en uno cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la Administración Pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado, pues se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado; y en determinadas situaciones lo pone en una posición de riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa

que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública. En relación con los perjuicios morales causados por la ocurrencia de lesiones personales, el Consejo de Estado en providencia del 18 de marzo de 2004, señaló que: 3 Expediente 11401 4 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, c.P. Enrique Gil Botero. s Ibídem. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R "En relación con el daño moral sobre lesiones personales la Sala ha distinguido con fines probatorios las graves de las leves. En cuanto a las lesiones graves y respecto a la víctima directa ha indicado que con la demostración de la gravedad de la lesión se deduce la existencia del dolor moral; yen lo que atañe con las víctimas indirectas ha estimado que sufren dolor moral cuando además de demostrar la gravedad de la lesión del lesionado también prueban su condición o de pariente o de persona cercana, hechos que debidamente probados son indicadores de su padecimiento moral. En lo que concierne con las lesiones leves y respecto a la víctima directa ha estimado que la prueba de la lesión es suficiente para deducir el impacto moral; pero respecto a la víctimas

indirectas - trátese de parientes o de damnificados - es necesario demostrar a) la lesión leve, bJ el parentesco o la condición de damnificado y cJ el dolor o padecimiento moral." (Consejo de Estado 18/03/2004 Consejera Ponente María Elena Giraldo)" 2.2.3. Indemnización de perjuicios morales para familiares de la victima Al respecto el Consejo de Estado a dicho: “En tratándose de los perjuicios morales para los padres y hermanos de la víctima, la Sala, aplicando el arbitrium iudice, ha calculado el valor compensatorio de aquellos, en el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para los padres de la víctima, y en 500 gramos del mismo metal para los hermanos" Así mismo, por vía de jurisprudencia, ha establecido que el perjuicio moral se presume tanto para los progenitores, como para los hermanos de la víctima. De igual manera ha procurado en cuanto ha sido posible, de acuerdo con las condiciones propias de cada proceso, mantener la tasación que en cada caso haya hecho el juzgador de primera instancia." “Los valores anteriormente relacionados, no pueden tomarse como absolutos o inmodificables. Estos deberán conjugarse armoniosamente con la información probatoria recaudada y las orientaciones referidas, de tal forma que en un momento dado, bien puede suceder, como en efecto ha sucedido, que el a-quo encuentre razones de distinto orden que lo llevan a menguar el monto compensatorio con relación al valor que jurisprudencialmente se ha tomado respecto a determinados parientes de la víctima. Pero, en tales ocasiones, y

no obstante el arbitrio razonable del juzgador para valorar el perjuicio, se ha procurado establecer que la estimación cuantitativa del daño encuentre algún fundamento procesal que permita aminorarlo. No puede entenderse, desde luego, que la razonable discrecionalidad del juez sea ilimitada, que sea 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R suficiente la simple voluntad del fallador, sin que del proceso surjan las razones probatorias que lo orienten en la tasación, porque entonces estaría de sobra la información procesal, que como se sabe resulta indispensable como apoyo de toda determinación judicial." “Así las cosas, estima la Sala que la valoración hecha por el Tribunal equivalente en pesos a 250 gramos de oro para cada uno de los hermanos, se aleja considerablemente del valor de los reconocimientos que para casos similares se han hecho para éstos parientes, sin que la Sala encuentre, ni en el fallo apelado, ni en el proceso, razón o explicación valedera que conduzca a tal disminución. Por consiguiente, se modificará en éste aspecto el fallo impugnado, para reconocer a cada uno de los hermanos de la occisa, la suma equivalente en pesos a 500 gramos de oro fino."5 Mas adelante en otro pronunciamiento el H. Consejo de Estado ha dicho:

“Los perjuicios morales reconocidos a los padres serán confirmados en ésta instancia, pues la tasación de 1.000 gramos de oro que hizo el Tribunal se encuentra ajustado a la jurisprudencia que de tiempo atrás ha mantenido ésta Corporación. No sucede lo mismo frente al reconocimiento de 400 gramos para los hermanos, pues la Sala, en casos como el presente, ha reconocido 500 gramos de oro, máxime cuando en el expediente aparece demostrado la línea de afecto y de amor que existía entre los miembros de la familia; por éste motivo se reconocerá una indemnización equivalente a 500 gramos oro para cada uno de los hermanos del occiso. No sobra advertir que el precio del oro será el que certifique el Banco de la República para el momento de ejecutoria de éste fallo." 6 2.3. De las pruebas obrantes Se allegaron las siguientes:  Tres (3) registros civiles de nacimiento, uno del fallecido, uno del su padre del fallecido soldado Ramírez Sánchez y uno de su hermano. (fls. 14 a 17 C.2.) 5 Sentencia del 29 de septiembre de 1.994 (Expediente No.9230; actor, Alfonso Muñoz; H.C. Ponente, Sr. Dr. DANIEL SUAREZ HERNANDEZ). 6 Sentencia del 2 de abril del.998 (Expediente No.ll080; actor, Ernesto Zambrano; H.C Ponente, Sr. Dr.

JUAN DE DIOS MONTES HERNANDEZ).

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R  Certificado de defunción aportado al expediente (FL 9 C.1), y la necropsia (fl. 18 C.2.), documentos mediante los cuales se establece la forma violenta de su deceso.  Informe suscrito por el Comandante Ismael Romero Martínez, dirigido al Teniente Coronel Heriberto Arias Murad, mediante el cual le pone en conocimiento y le narra los hechos ocurridos el día 30 de mayo de 1998 en los cuales murió el soldado regular Ramírez Sánchez. (fl. 25 C.2.) 2.4. Caso concreto Teniendo en cuenta la forma como ocurrieron los hechos probados en este proceso y la calidad de la víctima, toda vez que se trata de la muerte de un soldado regular en el momento que prestaba el servicio militar obligatorio, hecho acreditado con el certificado de defunción y constancias expedidas por la demandada, podemos manifestar los siguientes: 2.4.1. Esta Delegada del Ministerio Público encuentra que de las pruebas allegadas al caso bajo estudio, se probó que el joven soldado Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, era soldado regular, quien fue reclutado e incorporado al Ejército Nacional como soldado conscripto por el Batallón Vencedores con cede en Cartago (Valle), y que habiendo sido desplazado a la Base del Ejército Nacional Tesorito, ubicada en Zarzal (Valle), lugar donde se encontraba cuando intempestivamente un compañero de armas perdió el control de sus actos y disparó su fusil de dotación

oficial contra el soldado Ramírez ocasionándole la muerte, procediendo posteriormente el agresor a suicidarse. 2.4.2. En cuanto al daño padecido por la familia del soldado regular Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, se tiene claramente probado, conforme al certificado de defunción aportado al expediente (FL 9 C.1), y la Necropsia (fl. 18 C.2.) , documentos mediante los cuales se establece la forma violenta de su deceso. En la 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R necropsia, como antecedentes de la muerte se dice: "Hombre que fue muerto por Proyectil arma de fuego en la zona urbana del Municipio de Zarzal Valle, en el interior de la Base Militar de Tesorito, sobre el anden de la entrada de comunicación, cuando recibió impacto del proyectil arma de fuego por un compañero llamado Jhon Fredy Rojas Marín quien portaba un fusil y luego se suicidó falleciendo en el lugar de los hechos". Conforme a lo anterior, no queda duda que en el caso bajo estudio se evidencian los elementos fácticos para que prosperen las pretensiones de los accionantes, es decir, un hecho, operación, omisión o irregularidad que constituye la falta o falla del

servicio, un daño o perjuicio que debe ser real y cierto y una relación de causalidad entre la falta o falla del servicio y el perjuicio causado. 2.4.3. A lo anterior, se suma el informe suscrito por el Comandante Ismael Romero Martínez, dirigido al Teniente Coronel Heriberto Arias Murad, mediante el cual le pone en conocimiento y le narra los hechos ocurridos el día 30 de mayo de 1998 en los cuales murió el soldado regular Ramírez Sánchez. En uno de los apartes se dice: "El soldado - Rojas Marín Jhon Fredy identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.009.041 de Pereira Risaralda. Integrante del 3ro contingente del 97. Salió del sito del pago se dirigió al frente de comunicaciones, y llamó al soldado Ramírez Sánchez Gustavo Adolfo Cédula de Ciudadanía No. 18.615.129 de Pereira Risaralda quien se encontraba en comunicaciones, según lo que hoyo y vio el soldado Hernández Domínguez Walter Cédula de Ciudadanía No. 94.434.187 de Obando Valle, lo llamo, sin mediar palabra alguna le propino dos disparos a la altura de la cara pómulo derecho, cuando el soldado Hernández se asomó a la puerta el Soldado Rojas Marín Jhon Fredy estaba de rodillas con la trompetilla del fusil en la boca y se propino un disparo quitándose la vida inmediatamente … " Adicionalmente, a folio 32 del cuaderno 2, obra constancia del Batallón de Infantería No. 23 Vencedores donde consta que el soldado Gustavo Adolfo Ramírez para el

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R día 30 de mayo de 1998, se encontraba como estafeta de la sección de comunicaciones de la Base Militar de Tesorito en Zarzal. Los elementos probatorios antes enunciados, demuestran que efectivamente el joven Gustavo Adolfo Ramírez Sánchez, efectivamente se encontraba prestando servicio militar como soldado regular del Batallón de Infantería No. 23 Vencedores, y que le fue causada su muerte por otro compañero cuando se encontraba en las Instalaciones de la Base Militar Tesorito del Municipio de Zarzal. 2.4.4. Es importante anotar, que en relación con los conscriptos o personas que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio (que es el caso que aquí nos ocupa) es necesario tener en cuenta que su reclusión no es voluntaria (como la del soldado profesional) y se realiza en beneficio de la comunidad, es decir que cuando un soldado regular o conscripto se vea obligado a comprometer su vida e integridad personal para el bienestar común, surge el deber a cargo de la administración de repararlo, toda vez que en esos eventos se presenta un rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas, como es el caso del soldado Gustavo Adolfo Ramírez, el cual se encontraba prestando su servicio militar obligatorio, como soldado

regular. Quiere decir al final, que no puede despreciarse con argumentos superados, las consecuencias de la prestación del servicio militar con honor y en pro de los intereses de la patria resumidos en los artículos 1ro. y 2do. de la Carta Política. Adicionalmente, considera esta Delegada reiterar que, teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales citados en el marco teórico de este concepto, la responsabilidad del Estado en el caso de los soldados conscriptos ha sido clara la obligación que tiene éste de brindar a los soldados que ostentan esa calidad todas las medidas de seguridad y protección para volverlo al seno de su familia en las 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30551 760012331000200001809-01 J.Cruz R mismas condiciones en que ingresó, dado el beneficio que el Estado recibe por su servicio. 2.4.5. Dadas las circunstancias del caso en concreto, a partir de la naturaleza y la forma como murió el soldado regular Ramírez Sánchez, es lógico y dable inferir la probanza de los daños morales y de la afectación de sus familiares cercanos (padre y hermano). Por lo anterior, en relación con la inconformidad de la parte actora frente al monto reconocido por concepto de daños morales, esta Delegada de la

Procuraduría, conforme a los hechos narrados, encuentra procedente atender la solicitud de los actores de incrementar el monto liquidado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, fundado en el hecho d