PGN - INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS - Una limitación presupuestal a las medida

INCIDENTE DE DESEMBARGO DE DINERO-Procedibilidad/INCIDENTE DE DESEMBARGO DE DINERO-Jurisprudencia del Consejo de Estado No es procedente adelantar incidente de desembargo tratándose de sumas de dinero, como en este caso, también lo es que la providencia que decide sobre las medidas cautelares es apelable, no solo aquella que las decrete o levante como afirmó el a-quo. (art. 351-7 cpc con reforma de ley 1395 de 2010). INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS-Una limitación presupuestal a las medidas cautelares. El patrimonio del deudor es la garantía general de los acreedores, por eso se dice que es el patrimonio del deudor, y no la persona, el llamado a responder por las obligaciones. Una de las consecuencias de esa vinculación jurídica acreencia-patrimonio es la viabilidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro, para evitar que el patrimonio sufra distracción de bienes que hagan nugatoria la garantía de prenda general. La protección del patrimonio público con el atributo de la inembargabilidad fue consagrado en el artículo 63 de la Constitución Política de 1991 para los bienes de uso público y los demás bienes que determine la ley, especificando que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La legislación presupuestal Colombiana consagra un principio presupuestal sui generis: la inembargabilidad de las rentas presupuestales, del cual no se observa paralelo en el derecho comparado. En el estatuto orgánico del presupuesto nacional, se protege con la inembargabilidad a las

rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman( atributo que también se predica de las cesiones y participaciones que se hacen a las entidades territoriales en el Título XII de la Constitución Política, capítulo IV Con este postulado, nuevo en el Estatuto actual, se trata de evitar el abuso cometido por particulares contra los intereses nacionales. Mediante los embargos de las cuentas presupuestales se pretendía hacer presión y chantajear al Ministerio de Hacienda para que pagara prontamente las innumerables y cuantiosas sentencias condenatorias dictadas contra la Nación. Ahora, estas condenas deberán ser canceladas en el orden y oportunidad señalados en el Código Contencioso Administrativo. INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS-Desarrollo legal y jurisprudencial Este principio se fundamenta en la protección del interés general sobre el interés particular y es un corolario del principio constitucional de legalidad del gasto, puesto que a través del embargo se destinan recursos del Estado para atender obligaciones que no se encuentran presupuestadas. El principio fue inicialmente consagrado en el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, norma que fue declarada ajustada a la Constitución por la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena y por la Corte Constitucional. Para la Corte Constitucional, entonces, el principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que es necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos financieros del Estado, destinados por definición, en un Estado social de PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la dignidad humana. En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus recursos financieros, tanto del gasto de funcionamiento como del gasto de inversión, podrá contar con el cien por ciento de su capacidad económica para lograr sus fines esenciales. Posteriormente, el artículo 16 de la Ley 38 de 1989 fue subrogado por los artículos 6 y 55 de la Ley 179 de 1994, según los cuales son también inembargables las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política. El artículo 16 de la Ley 38/89 y los artículos 6 y 55 de la Ley 179/94 fueron compilados como artículo 19 del actual Estatuto Orgánico del Presupuesto –Decreto 111 de 1996. FALTA DISCIPLINARIA-El desconocimiento del principio de inembargabilidad la constituye La inembargabilidad es un principio tan importante para la estructura del sistema presupuestal colombiano, que cuando el por el juez desconoce esa garantía que implica la inembargabilidad, se le considera reo disciplinario que incurre en causal de mala conducta o causal de destitución, que al ser equiparada a falta gravísima puede ser sancionada con el máximo reproche disciplinario Los funcionarios públicos deben cumplir con los procedimientos y términos establecidos para el pago de las sentencias judiciales. La inembargabilidad tiene como corolario la

obligación que se impone a los funcionarios públicos de tomar todas las medidas necesarias para pagar el importe de las condenas contra el Estado que sean exigibles. Incumplir con esta obligación de tomar las medidas presupuestales necesarias se sanciona con la máxima de las sanciones disciplinarias INEMBARGABILIDAD-Excepciones/INEMBARGABILIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado La regla general de inembargabilidad respecto de las entidades públicas del orden nacional, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, tiene tres excepciones: La primera, relacionada con el cobro compulsivo de las sentencias dictadas por la jurisdicción administrativa; la segunda, con los créditos laborales contenidos en actos administrativos; y la tercera, con los créditos provenientes de contratos estatales. Excepciones que encuentran su respaldo, en su orden, en el 177 del c.c.a.; en la sentencia C - 546 de la Corte Constitucional; y en el art 75 de la ley 80 de 1993. INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS-Respecto de las Entidades territoriales. La competencia para expedir las normas orgánicas del presupuesto que se aplicarán en el ámbito territorial ha sido asignada en el orden departamental a las asambleas (Art. 300, nral 5) y en el municipal a los concejos (Art. 313 Nral 5), lo que sugiere un modelo de autonomía presupuestal acentuado, ya que el constituyente atribuye a las entidades territoriales las dos funciones presupuestales básicas: la expedición de la norma orgánica, que contiene los principios y procedimientos de lo presupuestal, y la expedición del

presupuesto anual. Pero esta autonomía es limitada, la competencia es residual, puesto que el Estatuto 2 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 Orgánico territorial debe mantener y no contradecir lo que disponen las normas constitucionales, en especial el Título XII, y el Estatuto Orgánico del Presupuesto – EOP – Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente. La jurisprudencia de la Sección tercera ha considerado que son inembargables los recursos provenientes de las transferencias de la nación, salvo que se trate de cobrar obligaciones derivadas de contrato cuyo objeto sean actividades relacionadas con la destinación de las transferencias. La Corte Constitucional ha condicionado la procedencia del embargo a que se agote lo previsto en el artículo 177 del CCA.

En síntesis se tiene que: Los bienes y recursos de las entidades territoriales son, en principio, embargables, por no estar cobijados dentro de los supuestos de hecho contenidos en el inciso 1° del artículo 19 del Decreto 111 de 1996.

Los bienes y recursos de las entidades territoriales son inembargables en los términos del

artículo 684 del C. P. C. y del penúltimo inciso del art. 19 del Decreto 111 de 1996 que refiere al Título XII, Capítulo IV de la Carta Política, que dispone lo relativo a las cesiones y participaciones que hace la Nación a las entidades territoriales. La inembargabilidad respecto de las cesiones y participaciones que hace la Nación a los departamentos, distritos y municipios no se aplica frente a obligaciones contractuales que adquirió el respectivo ente territorial, para la prestación de los servicios públicos asignados (educación y salud) o para la financiación de áreas específicas de inversión social. La inembargabilidad de los bienes y recursos de las entidades territoriales cesa cuando hayan transcurrido 18 meses contados a partir de la fecha en que la obligación a cargo del ente público se hizo exigible, pero no respecto de los recursos de que trata el Título XII, Capítulo IV de la Constitución; la embargabilidad se presenta respecto de estos recursos únicamente en el evento anterior. De conformidad con la primacía de la norma orgánica, en concepto del Ministerio Público, el principio de la inembargabilidad debería ser plenamente aplicable a las entidades territoriales.

INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS DE ENTIDADES TERRITORIALESJurisprudencia del Consejo de Estado/INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS DE

ENTIDADES TERRITORIALES-Jurisprudencia de la Corte Constitucional RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Son inembargables/RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESJurisprudencia de la Corte Constitucional Así lo establece el Decreto 28 de 2008 de manera expresa en su artículo 21, pero se

recuerda que a pesar de que dichas rentas están protegidas por el atributo de la inembargabilidad, este no es absoluto, puesto que se aceptan reglas de excepción cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados esos recursos, teniendo en cuenta que se declaró exequible el artículo en mención con el único condicionamiento respecto de los créditos de naturaleza laboral En tales condiciones los recursos del SGP no pueden ser embargados en procesos en los 3 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 cuales se pretenda el pago forzado de obligaciones provenientes de obligaciones contractuales, así tales contratos tengan directa relación con el objeto al cual deben aplicarse esas rentas. Haciendo remisión expresa a las consideraciones precedentes para aplicarlas al caso sub judice, debe señalar el Ministerio Público que es factible el embargo de los recursos del sistema general de participaciones a nombre del Municipio de Guapi, en tanto en este caso se trata de obligaciones laborales. En lo referente a los recursos consignados en bancos y originados en convenios interadministrativos, se tiene que los recursos pertenecen a la nación hasta que se haya cumplido el objeto de gasto y adicionalmente se advierte que el objeto de los convenios es la ejecución de obras públicas y como tal, no son embargables. En ese orden de ideas como quiera que los dineros de los convenios interadministrativos

no son del Municipio (no se probó que se hubieren incorporado al presupuesto del Municipio), no pueden ser objeto de embargo en proceso ejecutivo que tiene origen en obligaciones del ente territorial.

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO DE AUTO No. 047 / 2011

Bogotá, D.C., 30 de mayo de 2011.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente Doctora STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 40.882 (190012331000 2010 00484 01)

ACCIÓN CONTRACTUAL ejecutivoAPELACIÓN DE AUTO

ACTOR: DARWIN ENRIQUE ORTEGA MEDINA Y OTROS.

DEMANDADO: MUNICIPIO DE GUAPI El Ministerio Público, dentro del término del traslado del auto de 13 de mayo de 2011, notificado personalmente el 25 de mayo del año en curso, solicita que se modifique el auto recurrido.

I. ANTECEDENTES

4 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 1.1. Auto recurrido. El Tribunal Administrativo del Cauca, en providencia de 15 de febrero de 2011, se abstuvo de darle trámite al incidente de desembargo medidas cautelares elevada por la demandante y denegó la solicitud de

levantamiento de la medida de embargo ordenada sobre los recursos que el Municipio de Guapi maneja en cada una de las cuentas señaladas en esa providencia y en la petición de desembargo. Señaló que los recursos que manejan la Nación y las entidades territoriales que se encuentran incorporados al Presupuesto General de la Nación son inembargables como regla general, pero conforme a la C-1154 de 2008 existen 3 excepciones: créditos u obligaciones laborales, pago de sentencias judiciales y aquella que se origina en títulos emanados del estado que reconozcan una obligación clara, expresa y exigible. Que en este caso se trata de créditos de origen laboral por cuando todos los acreedores fueron servidores del Municipio de Guapi a quienes se desvinculó del ente territorial y como consecuencia presentaron demanda que en sentencia dispuso la nulidad de los actos administrativos demandados y se ordenó el reintegro y pago de acreencias laborales, que es por lo que se demandó. Además, la base de la ejecución es una sentencia judicial ejecutoriada, con lo que se cumplen dos de las excepciones de los embargos. 1.2. La apelación. El Municipio de Guapi impugnó el auto. Adujo que las excepciones señaladas en la sentencia C-1154 de 2008 no aplican a los recursos provenientes de convenios interadministrativos; que no se pueden hacer efectivas las medidas cautelares sobre las cuentas embargadas pues en ellas se hayan depositados recursos que tienen origen en convenios interadministrativos celebrados con la Nación, recursos incorporados al presupuesto general dela nación que sólo le pertenecen a ella, razón por la cual no se incorporan al

presupuesto del municipio que solo es un administrador de esos recursos. Para que fueran objeto de la medida cautelar debió demandarse a la nación y ser ésta 5 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 la responsable de las obligaciones laborales reclamadas. Agregó que para ser embargados los recursos del sistema general de participaciones las obligaciones laborales debían generarse en el sector respectivo, salud, educación. Allegó fotocopia de los convenios interadministrativos No. 2429 de 2009 y 2588 de 2009 suscritos entre el INVIAS y el Municipio de Guapi, para el mejoramiento de una vía. 1.3. Por auto de 3 de marzo de 2011 el Tribunal aclaró el auto de 15 de febrero, señalando que se rechazaba de plano el incidente de desembargo, concedió en efecto devolutivo el recurso de apelación contra el auto y negó la apelación en cuanto a la negativa de cancelar los embargos. Afirmó que se trata de embargo de dinero y contra él no procede ese tipo de incidente, conforme al art. 138 cpc. Agregó que en el auto se tomaron dos decisiones, ésta del rechazo del incidente, la cual es apelable conforme al citado art. 138, y la negativa de cancelar los embargos, la cual no es objeto de apelación porque el art. 351-7 cpc señala que el apelable es el auto que decrete o levante

medidas cautelares y no el que niega cancelarlos, y tampoco es apelable en los términos del art. 687-1. Sostuvo también que el Municipio no tenía recursos para el pago de sentencias según certificación de la contraloría departamental y carece de recursos propios que puedan ser embargados por lo que correspondía el embargo de los recursos con destinación específica conforme a la C-1154 de 2008. II.- CONSIDERACIONES En concepto del Ministerio Público lo pertinente es ordenar el desembargo de los recursos provenientes de los convenios interadministrativos, toda vez que los 6 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 mismos no pertenecen al Municipio ejecutado. Respecto del embargo de dineros del SGP se debe mantener la orden toda vez que se configura una excepción a la inembargabilidad de los dineros, por cuanto se trata de obligaciones laborales. 1.1. En punto al incidente de desembargo de dinero, la Sección Tercera, en providencia de 13 de julio de 2000, Rad. 17788, señaló: D. ¿Requería trámite incidental la solicitud de desembargo, del ejecutado? Afirmó el ejecutante que la solicitud de levantamiento de medidas cautelares debía someterse al trámite incidental establecido en el artículo 687 del C. de P. C. y que, por lo tanto, la entidad demandada debió prestar la caución de que trata el inciso 2° del

numeral 8° de dicha norma. Ese artículo 687, modificado por el decreto 2282 de 1989, en lo pertinente, dispone: “Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos: ( ) 8°. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión. Para que el incidente pueda iniciarse es indispensable que el peticionario preste caución que garantice el pago de las costas y la multa que lleguen a causarse, y si se trata de proceso ejecutivo además que no se haya efectuado el remate del bien”. De la norma transcrita se desprende, sin duda, que: dicho trámite incidental se debe adelantar para desembargar, cuando un tercero alegue tener posesión material y pida el desembargo ; esa caución la debe prestar el tercero, con relación al proceso ejecutivo, para garantizar el pago de las costas y las multas y antes de que se haya efectuado el remate del bien. En el caso que se examina no se llenan esos supuestos, porque el asunto es totalmente diferente. Así: el desembargo no lo pidió un tercero, sino el ejecutado; el desembargo no tiene como causa la “posesión material”, sino que los bienes embargados no son de propiedad del ejecutado; la caución no tiene cabida, porque ésta se exige es cuando terceros piden el

desembargo y además ese requisito de caución está ligado, además, con bienes que pueden ser rematados en subasta pública, lo que no ocurre con dineros. 7 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 Además, nótese que la norma invocada por el recurrente refiere al levantamiento del embargo y secuestro, diligencia que sólo se practica respecto de bienes muebles o inmuebles, no en cuanto al dinero depositado en establecimientos bancarios y similares, pues el legislador estableció que respecto de éste el embargo se perfecciona con la comunicación a la entidad, la cual deberá consignar las sumas embargadas en la cuenta de depósitos judiciales, dentro del término de tres días (num. 11 art. 681 C.P.C.).” Si bien no es procedente adelantar incidente de desembargo tratándose de sumas de dinero, como en este caso, también lo es que la providencia que decide sobre las medidas cautelares es apelable, no solo aquella que las decrete o levante como afirmó el a-quo. (art. 351-7 cpc con reforma de ley 1395 de 2010). 1.2 Precedente. En concepto de Auto 020 de 20111, esta Delegada sostuvo: “2.1. Problema Jurídico. Precisar si los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones que reciben las entidades territoriales son pasibles de la medida cautelar de embargo.

2.2. LA INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. Una

limitación presupuestal a las medidas cautelares. El patrimonio del deudor es la garantía general de los acreedores(2), por eso se dice que es el patrimonio del deudor, y no la persona, el llamado a responder por las obligaciones. Una de las consecuencias de esa vinculación jurídica acreencia-patrimonio es la viabilidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro, para evitar que el patrimonio sufra distracción de bienes que hagan nugatoria la garantía de prenda general. La protección del patrimonio público con el atributo de la inembargabilidad fue consagrado en el artículo 63 de la Constitución Política de 1991: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La legislación presupuestal Colombiana consagra un principio presupuestal 1 SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A. Consejero Ponente Doctor MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. EXPEDIENTE: 38.059 (520012331000 2009 00097 01). ACCIÓN CONTRACTUALAPELACIÓN DE AUTO. ACTOR: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA –MALLAMAS-.DEMANDADO: MUNICIPIO DE CÓRDOBA 2 Código Civil, artículo 2488: Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677. (Resalto y subrayo).

8 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 sui generis: la inembargabilidad de las rentas presupuestales, del cual no se observa paralelo en el derecho comparado(3). En el estatuto orgánico del presupuesto nacional, se protege con la inembargabilidad a las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman(4), atributo que también se predica de las cesiones y participaciones que se hacen a las entidades territoriales en el Título XII de la Constitución Política, capítulo IV(5). Con este postulado, nuevo en el Estatuto actual, se trata de evitar el abuso cometido por particulares contra los intereses nacionales. Mediante los embargos de las cuentas presupuestales se pretendía hacer presión y chantajear al Ministerio de Hacienda para que pagara prontamente las innumerables y cuantiosas sentencias condenatorias dictadas contra la Nación. Ahora, estas condenas deberán ser canceladas en el orden y oportunidad señalados en el Código Contencioso Administrativo(6). Este principio se fundamenta en la protección del interés general sobre el interés particular y es un corolario del principio constitucional de legalidad del gasto(7), puesto que a través del embargo se destinan recursos del Estado para atender obligaciones que no se encuentran presupuestadas. El principio fue inicialmente consagrado en el artículo 16 de la Ley 38 de

1989, norma que fue declarada ajustada a la Constitución por la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena(8), con la siguiente argumentación: Es cierto que ninguna de las normas fundamentales que regulan los diferentes 3 “(…) extraño principio presupuestal que no acostumbra ser mencionado como tal ni por la doctrina ni por ninguna legislación positiva que conozcamos. “ JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR. Derecho Presupuestal Colombiano. LEGIS EDITORES, 1ª Ed. 2007, pág. 227. 4 Del mismo texto literal de la norma se infiere, en forma inequívoca, que también gozan de la característica de la inembargabilidad los bienes y derechos, o sea el patrimonio público y no sólo los bienes de uso público a que se refiere el artículo 674 del Código Civil (). Tanto los bienes de uso público, como lo llamadas bienes fiscales conforman el patrimonio público, la distinción no se funda tanto en su naturaleza, como en el régimen legal aplicable en razón al diferente modo en que se hace su utilización. ()Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. // Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un Territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del Territorio. // Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión, o bienes fiscales. 5 Se refiere a las rentas del Sistema General de Participaciones y a la participación en regalías y compensaciones por la explotación de los recursos naturales no renovables. No es pertinente extender esa característica a las rentas

provenientes de los monopolios, ya que son rentas propias del ente territorial, no rentas cedidas o en las que se participa. 6 ALFONSO MIRANDA TALERO. El Derecho de las Finanzas Públicas. 1ª Ed. 1991. Págs. 373-374. 7 Constitución Política, artículo 345: En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni se podrá hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. 8 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia No. 44 de marzo 22 de 1990., por la cual se resolvió la acción de inexequibilidad intentada contra el artículo 16 de la ley 38 de 1989. Expediente No. 1992. 9 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 aspectos presupuestales, alude a la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado; sin embargo, su consagración en el Estatuto Orgánico Fundamental no quebranta ningún principio constitucional pues surge como mecanismo lógico de necesidad imperiosa para asegurar el equilibrio fiscal y garantizar el estricto

cumplimiento de los principios constitucionales relacionados, a los cuales debe sujetarse la ejecución presupuestal, pues de otra forma se daría lugar al manejo arbitrario de las finanzas lo cual conduciría a que se hicieran erogaciones no contempladas en concreto en la Ley de apropiaciones, o en cuantía superior a la fijada en ésta, o transferencia de créditos sin autorización; y en fin, a desequilibrar el presupuesto de rentas y gastos y destinar aquellas a fines no previstos en el presupuesto nacional. (...) La previsión sobre la inembargabilidad de los recursos del Tesoro Nacional (...) por el contrario, se debe considerar como complemento necesario para que el equilibrio fiscal, esto es, la equivalencia de los ingresos con los egresos, sea efectiva y se logre de este modo el ordenado manejo de las finanzas públicas, que según se desprende de las normas fundamentales reseñadas, no es deber discrecional del Gobierno. Posteriormente, la misma norma de la Ley 38 de 1989 fue demandada ante la Corte Constitucional. Esta avocó su estudio en consideración a que la Corte Suprema de Justicia basó su decisión en el principio del equilibrio presupuestal, principio que perdió su carácter constitucional en la Carta Política de 1991. En la sentencia C-546 de 1992 nuevamente declara la exequibilidad de la inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, con la excepción respecto de los créditos laborales: Para la Corte Constitucional, entonces, el principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que es necesario preservar y defender, ya que ella

permite proteger los recursos financieros del Estado, destinados por definición, en un Estado social de derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la dignidad humana. En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus recursos financieros, tanto del gasto de funcionamiento como del gasto de inversión, podrá contar con el cien por ciento de su capacidad económica para lograr sus fines esenciales. La embargabilidad indiscriminada de toda suerte de acreedores, nacionales y extranjeros, expondría el funcionamiento mismo del Estado a una parálisis total, so pretexto de la satisfacción de un cobro judicial de un acreedor particular y quirografario. Tal hipótesis es inaceptable a la luz de la Constitución de 1991, pues sería tanto como hacer prevalecer el interés particular sobre el interés general, con desconocimiento del artículo primero y del preámbulo de la Carta. (...) el legislador posee facultad constitucional de dar, según su criterio, la calidad de inembargables a ciertos bienes; desde luego, siempre y cuando su ejercicio no comporte transgresión de otros derechos o principios constitucionales. 10 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.882 Justamente el legislador colombiano, en las disposiciones controvertidas de la Ley 38 de 1989, ha hecho cabal desarrollo de la facultad que el artículo 63 Constitucional le confiere para, por vía de la Ley, dar a otros bienes la calidad de

inembargables. Sin embargo, debe esta Corte dejar claramente sentado que este postulado excluye temporalmente, el caso en que, la efectividad del pago de obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de relaciones laborales exige el embargo de bienes y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación. (…) En consecuencia, esta Corte considera que en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Códig