PGN - INEPTA DEMANDA - Requisitos de claridad especificidad pertinencia y suficiencia
Detalles
- Título
- PGN - INEPTA DEMANDA - Requisitos de claridad especificidad pertinencia y suficiencia
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
INEPTA DEMANDA-Requisitos de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia Bogotá, D.C., sello (12 ENE. 2011) Señores
MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
E. S. D.
REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra una expresión del artículo 72 de la Ley 633 de 2000 y contra una expresión del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 789 de 2002.
Demandante: JORGE ORLANDO SAAVEDRA ANGEL.
Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO.
Expediente D-8330. Concepto 5072. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda instaurada por el ciudadano JORGE ORLANDO SAAVEDRA ANGEL, quien en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º de la Carta, solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la expresión subrayada del artículo 72 de la Ley 633 de 2000 y de la expresión subrayada del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 789 de 2002, cuyos textos son los siguientes: LEY 633 DE 2000 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.
(…) ARTICULO 72. AFILIACION DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. El Gobierno promoverá la legislación para la incorporación voluntaria de los trabajadores por cuenta propia a las Cajas de Compensación Familiar, mediante el pago mensual del dos por ciento (2%) de sus ingresos reales, con una base mínima de dos (2) salarios mínimos, con derecho a todos los servicios que las cajas ofrecen, Concepto 5072. exceptuando el subsidio monetario; y para programas voluntarios de ahorro programado que se creen para el acceso a la vivienda en el caso de estos trabajadores. Los programas de ahorro voluntario para vivienda podrán extenderse a trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación, del sector formal.
LEY 789 DE 2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. (…) ARTÍCULO 19. RÉGIMEN DE AFILIACIÓN VOLUNTARIA PARA EXPANSIÓN DE COBERTURA DE SERVICIOS SOCIALES. <Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el siguiente:> Habrá lugar a un aporte a las Cajas de Compensación Familiar del 0.6% sobre una base de 1 UVT, sin que dicha suma otorgue derechos para el pago de subsidios, limitándose el beneficio a las actividades de recreación, capacitación y turismo social en igualdad de condiciones frente a los demás afiliados a la Caja, cuando se presente uno cualquiera de los siguientes casos, sin perjuicio de los períodos de protección
previstos en esta ley por fidelidad: a) Cuando los empleadores que no estando obligados a cotizar a las Cajas de Compensación Familiar respecto de trabajadores beneficiarios del régimen especial de aportes de que trata el artículo 13 de esta Ley, decidan realizar el aporte mencionado, por el trabajador beneficiario del régimen especial de aportes; b) Los trabajadores independientes que decidan afiliarse a una Caja de Compensación Familiar, conforme el principio de libertad de escogencia que deberá ser respetado por parte de la respectiva Caja. Para que un trabajador independiente se afilie, con su grupo familiar, y mantenga su vinculación con una Caja, se hace exigible su afiliación previa al sistema de salud, siendo la base de ingresos para aportar al sistema de Cajas la misma base de aporte que exista para el sistema de salud y en todo caso no inferior a la que se utilice dentro del sistema de pensiones; c) Las personas que estando vinculadas a una Caja de Compensación Familiar pierdan el empleo y decidan continuar vinculados a la entidad en los términos previstos en esta norma en su calidad de desempleados, una vez vencido su período de protección. PARÁGRAFO 1o. <Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el siguiente:> Cuando el desempleado aporte el ciento por ciento (100%) de la cotización del dos por ciento (2%) sobre la base de 41 UVT, tendrá todos los mismos derechos que tienen los demás afiliados salvo al subsidio monetario. Esta misma regla se aplicará al trabajador independiente que aporte el dos por ciento (2%) sobre sus ingresos,
conforme el sistema de presunciones establecido dentro del régimen de salud. En todo caso las cajas podrán verificar la calidad de la información sobre los ingresos del afiliado para dar cumplimiento a lo previsto en esta ley, o para hacerle dar cumplimiento a las normas generales sobre aporte. PARÁGRAFO 2o. Los aportes voluntarios a las Cajas de Compensación Familiar, conforme el régimen de excepción, se regirán por las reglas tributarias dispuestas para los aportes obligatorios en materia de impuesto de renta.
1. Planteamientos de la demanda.
2 Concepto 5072. El actor encuentra que las expresiones “exceptuando el subsidio monetario”, presentes en las normas demandadas, vulnera el preámbulo y los artículos 1º, 13, 25 y 48 de la Constitución Política, por cuanto se discrimina a los trabajadores independientes y a los desempleados, en la medida en que no se les permite acceder al auxilio monetario previsto para los demás afiliados a la Caja de Compensación Familiar.
2. Ineptitud sustantiva de la demanda por inexistencia de cargo.
La demanda no cumple los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, y decantados por la jurisprudencia de la Corte, pues el concepto de violación aducido no se sustenta en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Más allá de comentarios al margen, el actor no formula reparo directo de constitucionalidad alguno respecto de las normas demandadas, ni explica cómo y por qué éstas son contrarias al orden superior.
La mención que se hace en la demanda del Preámbulo y de los artículos 1º, 13, 25 y 48 Superiores, no se desarrolla en la argumentación. Se alude a la justicia, como valor supremo, pero a renglón seguido se habla de un posible vicio de procedimiento, motivo por el cual no se demanda a la norma, para advertir que el trámite de las normas demandadas “resulta inconstitucional por su carácter injusto e inequitativo”, ya que la expresión demandada no estaba incluida en la ponencia inicial. Se espera que el permitir a las cajas de compensación familiar negar el reconocimiento del subsidio monetario a los trabajadores independientes y a los desempleados, contraviene el Estado Social de Derecho; y que esta permisión en nada contribuye a disminuir las desigualdades sociales. Empero no se indica de qué manera ello ocurre, pues el propósito de la Ley Ley 789 de 2002, que se censura, desarrolla el sistema de protección social 3 Concepto 5072. en Colombia, al regular la cobertura de servicios sociales para trabajadores independientes y desempleados que se afilien, de materia voluntaria, a las referidas cajas, con un aporte del 100% de la cotización del 2% sobre la base del dos salarios mínimos. Lo que la ley en comento hace, prima facie, es extender a los trabajadores independientes y a los desempleados beneficios sociales propios de los trabajadores dependientes, a cargo de las cajas de compensación en materia de recreación, capacitación y turismo social. Para sostener que las normas demandadas discriminan a los trabajadores
independientes y a los desempleados, el actor cita lo dicho por el Consejo de Estado en Sentencia del 19 de agosto de 2004, radicación 11001-03-25000-2002-0175-01 (3403-02), y por la Corte en las Sentencias T-291 de 2009 y T-629 de 2010, pero no indica de qué manera las expresiones demandadas vulneran el principio de igualdad. También se sostiene en la demanda que las expresiones acusadas vulneran la dignidad humana y la solidaridad, sin indicar cómo y por qué. En lugar de ello, el actor hace apreciaciones propias de un discurso no jurídico, como se puede apreciar en el siguiente párrafo: Toda vez que el trabajador independiente es vinculado de manera obligatoria al, (ver art. 15 de la ley 100), al régimen contributivo y de manera voluntaria a las cajas de compensación familiar y de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 100 de 1993 se le debe garantizar la prestación económica que otorga el sistema a titulo de subsidio monetario: ii) que al ser éste “persona” y por lo tanto sujeto de derechos entre ellos la facultad que posee de desarrollarse de una manera digna se le debe garantizar la coberturas de las prestaciones de carácter económico como lo es el subsidio monetario, esto de conformidad al inciso 2º del artículo 1 de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto no se encuentran motivos suficientemente elaborados que permitan justificar el incumplimiento legal y del pacto social suscrito entre esta clase de trabajadores y el Estado Colombiano, de igual manera no se vislumbra un juicio razonado que legitime el trato denigrante y
discriminatorio que le ofrece el marco que regula el Sistema General de Seguridad Social Integral. Debido a ello, se logra llegar a la conclusión de que se la expresión “salvo al subsidio monetario” y la expresión 4 Concepto 5072. “exceptuando el subsidio monetario”, al desconocer las reglas establecidas en el marco jurídico que regula el SGSSI, así como los principios basilares enumerados con antelación, dichas expresiones deben ser excluidas de manera inmediata del ordenamiento. Por lo expuesto, parece claro que la demanda no ofrece elementos suficientes para que la Corte pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas.
3. Conclusión.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicita a la Corte que se declare INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las expresiones demandadas del artículo 72 de la Ley 633 de 2000 y del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 789 de 2002, por ineptitud sustancial de la demanda. Señores Magistrados,
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación LJMO/Nroa 5