PGN - INHABILIDAD DE CONCEJAL - Falta disciplinaria por ocupar cargo público con autoridad

Dependencia: PROCURADURIA REGIONAL DE SUCRE.

Radicación Nº: . 119-02768/008

Disciplinado: . CARLOS ADOLFO MESA SIERRA.

Cargo y Entidad: . Concejal Municipal de Since - Sucre

Quejoso: . ROGER ENRIQUE LARA ROSALES.

Fecha de Queja: . Marzo 20 de 2008

Fecha hechos: . Octubre 23 de 2003 Enero 1º. 2004 a diciembre de 2005.

Asunto : Fallo DE Segunda instancia (Artículo 171 de la ley 734 de 2.002) Sincelejo, Julio 06 de 2009

1. ANTECEDENTES: Agotado el respectivo tramite procesal mediante el procedimiento verbal especial, la Procuraduría Provincial de Sincelejo Sucre, Mediante providencia dictada en Audiencia de fecha 6 de Marzo del año dos mil nueve (2009); sanciono al señor CARLOS ADOLFO MESA SIERRA, en su condcion de

concejal, con DESTITUCION DEL CARGO E INHABILIDAD POR DIEZ (10)

AÑOS PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES PUBLICAS.

Mediante escrito visible a folios 74-76, el señor CARLOS ADOLFO MESA SIERRA, en su condición de disciplinado, y a través de su nuevo defensor el Dr. AROLDO EDUARDO PIZARRO LOPEZ, interpuso recurso de apelación contra la referida decisión y, quien sustenta el recurso de apelación.

2. CARGOS Mediante decisión del 18 de diciembre de 2008 proferida por el Procurador Provincial de Sincelejo visible a folio 22-32, se le describió la siguiente

conducta: “El señor CARLOS ADOLFO MESA SIERRA, en la calidad que se le investiga presuntamente incurrió en falta disciplinaria gravísima por violación al régimen de inhabilidades, ya que de acuerdo con lo evidenciado en este proceso el día 6 de agosto de 2003, decidió inscribirse como candidato al Concejo Municipal de sincé, para el periodo 2004-2007, resultó electo como tal en el debate del 27 de octubre de 2003, y a sabiendas de que estaba incurso en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 2º, del articulo 43 de la ley 136 de 1994, modificado por el articulo 40 de la ley 617 de 2000, tomó posesión del cargo el día 1º, de enero de 2004 desempeñándose hasta el mes de diciembre de 2005, pese a que doce meses antes de la fecha de su inscripción y elección, ejerció como servidor publico autoridad política y dirección administrativa dentro del mismo municipio, en razón de que se desempeño como Secretario de Hacienda y Planeacion Municipal durante el lapso comprendido entre el 31 de agosto de 2002 hasta el 3 de marzo de 2003, adecuando su conducta a la prohibición prevista en el numeral 17 del articulo 48 de la ley 734 de 2002 y violando las siguientes normas constitucionales y legales:…”

2. FUNDAMENTOS DE LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA.

En resumen las consideraciones del A-quo son las siguientes: "Logro demostrarse en este proceso que para la época en la que el disciplinado se inscribió como candidato al concejo Municipal de Since para el

periodo 2004-2007, aún no habían transcurrido doce (12)meses desde que hiciera dejación de su cargo como Secretario de Hacienda y Planeacion Municipal, desde el cual ejerció tanto autoridad política como administrativa en los términos de los artículos 189 y 190 de la ley 136 de 1994, y aun cuando en la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2005 por el Tribunal Administrativo de Sucre, se determinó que efectivamente CARLOS ADOLFO MESA SIERRA ejerció tales atributo, conviene analizar los aspectos que la estructuran: “a) la forma como está vinculado a la administración publico el funcionario. Surge entonces para quien haya tenido el carácter de empleado publico, esto es, para quien está ligado a la administración mediante una relación legal y reglamentaria; por consiguiente, sólo encuadra en ella quien tiene ese carácter, de modo que no opera para el trabajador oficial ni para los miembros de corporaciones publicas, según lo prescrito en los artículos 229 y 312 superior; tampoco aplica a quienes están vinculados a la administración publica por medio de una relación contractual, como seria el caso de las personas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios o de los contratistas de otra índole. b) El periodo citado en la norma, pues debe tratarse de empleados públicos que hayan estado vinculados a la administración dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de su elección o de su posesión, incluso, de acuerdo con el articulo 181 de la Carta Política, la persona que es llamada a ocupar una curul en un corporación publica, queda sometida al mismo régimen de

inhabilidades e incompatibilidades del elegido, a partir de la fecha de su posesión. “c) Las características de la autoridad. Para que se configuración en cualquiera de las cinco modalidades citadas en la norma, es menester que el empleado publico haya ejercido autoridad por razón del empleo y debe haberlo hecho dentro de los doce meses anteriores a su elección o posesión, según el caso. Sigue el Aquo expresando que “El alcance del concepto de autoridad en esos cuatro eventos, fue abordado pro la sección quinta del consejo de Estado, sentando una larga y elaborada jurisprudencia sobre el particular; de igual manera, los artículos 188, 189, 190 y 191 de la ley 136 de 1994 establecen lo que debe enterarse por autoridad civil, autoridad política, dirección administrativa y autoridad militar, respectivamente, e ilustran sobre quienes ejercen en el municipio. Siguiendo la regla de que donde el constituyente no lo ha hecho no es dado al interprete distinguir, bastará entonces que se haya ejercido autoridad civil, política administrativa o civil como empleado publico, dentro del periodo de los doce meses anteriores, así sea por un corto lapso o en calidad de encargado, para concluir que ese empleado esta inhabilitado para inscribirse como candidato y ser elegido concejal municipal o distrital.” Así mismo se argumenta por la Primera instancia que “La adecuación de la conducta del disciplinado al tipo disciplinario descrito en el numeral 17 del articulo 48 de la ley 734 de 2002, encuentra su génesis en el principio de responsabilidad jurídica de los servidores públicos, consagrado en el articulo 6º, de la Carta Política, en virtud del cual los servidores públicos no sólo son

responsables por infracción a la constitución y la ley sino por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y se concreta con la violación al régimen de inhabilidades en la forma descrita en el articulo 40 de la ley 617 de 2000, modificatorio del articulo 43, numeral 2º, de la ley 136 de 1994. Insiste el A-quo en que “La situación factica descrita en el pliego de cargos, debidamente demostrada en el proceso, ciertamente es contraria al ordenamiento jurídico vigente porque con tal conducta el disciplinado desconoció el cometido de la ley que propende garantizar la igualdad de condiciones para quienes aspiren a desempeñar cargos públicos de elección popular. Mas aún, por mandato del articulo 209 constitucional, desarrollado por el articulo 22 de la ley 734 de 2002, le correspondía salvaguardar el principio de moralidad durante el trámite de inscripción como concejal y su posterior elección porque aun cuando para esas fechas no había adquirido la condición de servidor publico, tal exigencia se hizo mas estricta a partir del momento en que inicio su relación especial de sujeción con el Estado, patentada con el acto de posesión ocurrido el 1º. De enero de 2004, fecha a partir de la cual se convirtió en destinatario de la ley disciplinaria, la cual está orientada vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, y cuya finalidad es la de asegurar la buena marcha y el buen nombre de la administración publica, basada en los fines estatales y en los principios consagrados en los artículos 2º, y 209 de la Carta policita. Finaliza el fallador de instancia afirmando que “Por todas estas motivaciones,

se llega a la conclusión de que está objetivamente demostrada la falta disciplinaria, y al aflorar la certeza sobre la responsabilidad del disciplinado CARLOS ADOLFO MESA SIERRA, se declarará probado el cargo se le atribuyó, y se le impondrá una sanción disciplinaria acorde con la naturaleza y gravedad de la falta disciplinaria por la que se le acuso”. Al calificar la falta disciplinaria y sobre el particular dijo: "La falta disciplinaria por la que debe responder el disciplinado está considerada por el legislador, como GRAVISIMA, a la luz del articulo 48 numeral 17 de la ley 734 de 2002, frente a la cual no existe otro criterio que analizar por cuanto con posterioridad a la acusación no surgieron pruebas que justificaran su la variación, se califica definitivamente como tal". Al analizar el grado de culpabilidad expreso: "(…)se mantiene a titulo de DOLO, por cuanto el dicispliando actuó a sabiendas de que se encontraba inhabilitado para inscribirse y ser elegido como Concejal Municipal de Since para el periodo 2004-2007; que conocía la ilegitimidad con la que llegó al mismo , y no obstante decidió tomar posesión del mismo, perpetuándose en él hasta cuando quedo ejecutoriado el fallo que declaro la nulidad de su elección, conducta con la que desatendió las prohibiciones constitucionales y legales que le impedían acceder al mismo es esas condiciones, potando por un camino contrario al indicado en el ordenamiento jurídico.” Se refirió igualmente a las razones que llevaron al Despacho a disentir de los argumentos expuestos sobre la causal de exclusión de reposabilidad por error

invencible, atendiendo que el inculpado no era novato ni desconocía los intríngulis de la administración municipal, por el contrario gozaba de experiencia en cargos públicos municipales, desde los cuales ejerció con apareamiento del Alcalde, autoridad política y dirección administrativa. Que su trayectoria política empezó mucho antes de la ocurrencia de la falta y se prolongo con posterioridad a la misma, y que continuo vinculado a la administración municipal como Secretario de Planeacion e infraestructura durante el lapso comprendido entre el 12 de marzo y el 23 de octubre de 2008, hecho este contemporáneo a la presentación de la queja. En relación con las consideraciones para la tasación de la sanción, reseño: "… si la falta endilgada al disciplinado es de carácter GRAVISIMA y la misma fue ejecutada con dolo, la sanción a imponer es la DESTITUCION E INHABILIDAD

PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS POR EL TERMINO DE

DIEZ AÑOS.(SIC). 4.-APELACION El recurso impetrado fue sustentado por el apoderado Dr. AROLDO PIZARRO LOPEZ, el cual sintetizando sus fundamentos materia de alzada se resumen así: “Que la versión libre rendida por su defendido es un medio de prueba que no ha sido desvirtuad,como tampoco lo han sido los testimonios de ALVARO JOSE HERAZO CALDERA Y NESTOR LARA BARRIOS, quienes fueron contestes en afirmar que su asistido les consulto sobre la presunta inhabilidad en que podía estar incurso, que el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta esos aspectos, habiendo sido alegados, que la causal de exclusión es

la contenida en el articulo 28 numeral 6º, es decir con la convicción erada de que su conducta no constituye falta disciplinara Manifiesta que no toda infracción a una norma acarrea reproche disciplinario ya que la responsabilidad objetiva esta proscrita en el ordenamiento jurídico, que para imponer sanción se requiere del elemento subjetivo y en el caso sub.- examine la conducta de su prohijado se le imputa a titulo de dolo, que este no se presume se debe probar, sin embargo no se señala prueba alguna que indique este elemento subjetivo, ni en el expediente hay prueba que acredite este ingrediente para imponer sanción , que ante la ausencia de pruebas que establezcan el elemento subjetivo, se debe revocar el fallo recurrido y absolver a su representado. Pero además expresa, que el cargo formulado a su defendido se encuentra prescrito, porque a este se le viene investigado en su condición de concejal del Municipio de Since Sucre, dentro del periodo comprendido 2004-2007, adquiriendo la calidad de disciplinado con el acto de posesión, que es el punto de partida para computar los cinco años que exige el articulo 30 de la ley 734 de 2002, para la prescripción de la ccion Disciplinaria. Insiste en que la posesión constituye el supuesto necesario para predicar el sometimiento al régimen de inhabilidad e incompatibilidad, que una interpretación del régimen de inhabilidades de los concejales, debe llegar a la conclusión que la misma se aplica a partir de la inscricipion porque ese acto a partir de la ley 617 de 2000, es susceptible de controversia ante la jurisdicción contenciosa

administrativa y para efectos disciplinarios a partir de la posesión es cuando se adquiere la calidad de servidor publico. En ese orden de ideas admite que lo querido por el legislador fue evitar que se utilizaran los factores de poder del estado con fines electorales y el bien protegido con el régimen de inhabilidades de los concejales es el de las elecciones. Sostiene que estamos en presencia de unas de las denominadas faltas instantáneas y no de carácter permanente o continuada como se sostiene en el fallo recurrido, y que no se le puede dar a la norma una interpretación mas allá de lo que quiso el legislador, que fue que la inhabilidad se consumara de carácter disciplinario a partir de la posesión y no por obra y gracia como lo dijo el fallador de primera instancia, proyectada en el tiempo o de manera continuada, hasta cuando se desempeño su defendido como concejal, porque tal interpretación convierte a la inhabilidad de carácter intemporal o permanente como la consagrada en el articulo 122 de la C.N que no es el caso, porque el articulo 30 del C.U.D. establece un termino de cinco años con los que cuenta el Estado para declarar la responsabilidad disciplinaria cuando se haya cometido una falta u como han vencido sin haberse producido fallo ejecutoriado, (1º. De enero de 2004, fecha de posesión como concejal, a marzo 10 de 2009, ) debe declararse el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaría, accederse a revocar el fallo recurrido y proferirse fallo absolutorio.

5.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS

IMPUGNADOS.

Con estricta observancia y de conformidad con lo prescrito en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y los que resulten inescindiblemente vinculados. Además por mandato del artículo 116 ibídem, en virtud del principio de la prohibición de la reforma en perjuicio, no es posible agravar la sanción impuesta al apelante único.

Lo que se encuentra probado: El caudal probatorio allegado al informativo procesal permite establecer con claridad diamantina, que CARLOS ADOLFO MESA SIERRA, desempeño el cargo de Secretario de Hacienda y Planeacion Municipal de Since Sucre, desde el 31 de agosto de 2002, hasta el día tres (3) de marzo del año 2003, cargo en el cual, ejerció autoridad política, y dirección administrativa, como viene consagrado en los artículos 189 y 190 de la Ley 136 de 1994; de igual modo acreditado, que el 6 de agosto del mismo año (2003), inscribió su nombre como candidato al concejo de la nombrada municipalidad, resultando electo en el debate electoral del 27 de octubre/003; posesionado como concejal el 1º, de enero de 2004, y ejerciendo dichas funciones hasta el mes de diciembre del año 2005.

La inhabilidad presentada y su análisis. El comportamiento anterior sin duda alguna, coloca al inscrito como infractor de la norma contenida en el inciso segundo del articulo 43 de la Ley 136 de 1994 en su versión modificada por el articulo 40 de la Ley 617 de 2000, que

instituye la inhabilidad para ser concejal, cobijando desde el acto de inscripción y la propia designación o posesión consistente en: “Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 2) Quien dentro de los doces (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado publico, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito. Así las cosas, la ley exige que en el momento en que un ciudadano expresa su deseo de aspirar a un cargo de elección popular y decide poner a consideración su nombre a los electores, no debe encontrarse incurso en causal de inhabilidad para ser elegido en ese cargo. En otras palabras, para poder formalizar su aspiración y participar validamente en el debate electoral, el aspirante debe tener las condiciones que permitan considerarlo un candidato hábil para ser elegido. Tal y como lo ha expresado esta Superioridad en reiteradas oportunidades, las inhabilidades “son defectos”, impedimentos o prohibiciones para ser nombrado o elegido en un cargo o empleo para ocuparlo, por lo que constituyen una limitación al derecho fundamental de acceso a los cargos públicos (articulo 40 de la Constitución). Por ello, aunque si bien es cierto en principio, todos los ciudadanos gozan de la garantía de acceso a la función publica, no es menos cierto que este derecho no es absoluto y puede ser limitado por el constituyente o por el legislador cuando se trata de preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y de garantizar el derecho de igualada de oportunidades (artículos 209 y 13 de la Carta).

Entonces la modificación que el articulo 40 de la ley 617 de 2000 le hizo al articulo 43 de la Ley 136 de 1994, en el sentido de adicionar la prohibición de inscribir como candidato al cargo de Concejal a quien tenga alguna de las inhabilidades que la misma norma señala, tiene como finalidad extender los efectos de las inhabilidades al momento de la inscripción para procurar desde un comienzo que los candidatos puestos a consideración de los electores no puedan ser objeto de cuestionamientos en el debate electoral, por razón de impedimentos legales, y, consecuencialmente, desde ese punto de vista merezcan el apoyo popular. Es decir, para garantizar, desde su iniciación, la seriedad y transparencia del proceso electoral y que el debate entre los candidatos se desarrolle en condiciones de igualdad al exigírseles a todos los candidatos desde el momento de la inscripción, su condición de ciudadano hábiles para ser elegidos. En este entendido, CARLOS ADOLFO MESA SIERRA, al momento de inscribirse y posesionarse como tal, no reunía las condiciones de elegibilidad por encontrarse inhabilitado según la norma transcrita, al desempeñarse como empleado publico dentro de los doce (12) meses anteriores a su inscripción y posesión. De otra parte, los argumentos de la defensa al considerar que el fallador de instancia no desvirtuó lo alegado por su prohijado en diligencia de versión libre, ni las testifícales vertidas por los señores Néstor Lara y Álvaro Herazo, y con la que pretendió sacar avante la justificante del comportamiento endilgado, se

quiebran, porque tales fundamentos están visibles a folios 60 al 64 del cdno o No 2, observándose que al momento de tomar la decisión que se reprocha, el juez disciplinario aprecio en conjunto las pruebas allegadas al proceso de acuerdo con las reglas de la sana critica y en sano sentido procesal probatorio les dio el valor correspondiente. En esas condiciones, no es que se haya omitido la valoración de los referidos testimonios, sino que precisamente todo lo contrario, al valorarse, así como lo hace la primera instancia, el conjunto de pruebas allegadas al proceso, estimó el fallador A-quo que éstas debían descartarse, ya que la experiencia del inculpado en el desempeño de cargos públicos, fueron determinante para conocer el alcance de la norma violada, resultando inaceptable la excusa alegada para sustraerse al mandato legal que le impedía proceder en el sentido reprochado. El testimonio tendiente a asegurar la verdad, debe contar con unos requisitos mínimos, para obtenerlo responsivo, exacto y completo; éstos son las condiciones deseadas por el legislador para que el testimonio valga después como plena prueba, obtenerlo responsivo, es decir, que todas las circunstancias reciban respuestas adecuada; exacto, o sea puntual, fiel y cabal; y completo en el sentido de que el testigo no deje de deponer sobre ningún detalle cuya omisión influya después en falta de apreciación del testimonio. La uniformidad es del fondo o substancia del relato, características con las que no cuenta las versiones de lo abogados que dicen haber impartido el concepto. En esas circunstancias, para esta superioridad no resultan creíbles las

afirmaciones de los testimoniantes, por la evidente contradicción que entre ellos se presenta, mientras que el acusado afirma haber recibido el consejo en el año 2003, provenientes de asesores jurídicos del Municipio de Since, por el contrario, uno de los declarantes aduce haberlo dado mucho antes de tal calidad, otro no recurda la fecha en que lo dio, así mismo aduce el versionado que al momento de inscribirse tenia entendido que eran seis meses, pero observando el lapso comprendido entre fecha de su desempeño como servidor publico y el momento de su inscripción como concejal, solo habían transcurrido escasos cinco (5) meses, descarándose así que hubiese sido fiel a ese consejo que dice haber recibido de los testificantes. Sorprendente además, como un hecho curioso que llama poderosamente la atención, ambos juristas coinciden haber asesorado al acusado con fundamentado en un proyecto que aun no se había convertido en ley, es decir no estaba vigente, por tanto no exigible ni obligatorio su cumplimiento. Para esta superioridad, resultan sospechosas tales afirmaciones si tenemos en cuenta que la norma vigente para el año 2003 era la del articulo Art. 40 la Ley 617 del año 2000 que amplio o extendió el periodo de seis (6) a doce meses (12) anteriores a la elección, norma que de conformidad con el régimen de transición previsto en el articulo 84 ibídem, empezó a regir para las elecciones que se realizaren en el año 2001. Esto significa, que a partir del 2001 no eran seis (6) sino doce meses, que se debían observar para aspirar a cargos de elección popular, en aquellos

ciudadanos que se encontraren vinculados con la administración municipal ejerciendo autoridad civil, política y administrativa; es decir desde ese año la norma empieza a ser de obligatorio cumplimiento. Nadie mas que el inculpado sabia y desde luego conocía, que cinco meses antes a su inscripción como concejal, había ocupado cargos y ejercido autoridad civil policita y administrativa, y sin lugar a dudas en torno a la importante labor de mando, no le era desconocido las funciones y deberes del cargo, como tampoco su familiaridad con las normas de modernización, organización y funcionamiento del Ente Municipal (Ley 136 de 1994 modificada por el articulo 40 de la 617 de 2000). Tal postura se deduce y sirven esas acepciones para arribar a la conclusión, que tal consejo no fue determinante en el actuar del acusado, por la sencilla razón que resulta inaceptable, que ambos profesionales del derecho hayan coincidido equivocadamente en orientarle, en que el termino para no inhabilitarse al aspirar a un cargo de elección municipal fuera de seis meses, y lo que es peor aun, que tal consejo se hayan dado con base y fundamento en un precepto que ni siquiera tenia fuerza de ley. Inconcebible que como abogados veteranos en las lides jurídicas, no podían ignorar que desde hacían tres largos años 20012003, la Ley 136 de 1994, había sido reformada y que aun permanecía vigente, pues el tiempo transcurrido desde su expedición y entrada en vigencia, era mas que suficiente para no casarse o inclinarse a que, con un proyecto que apenas cursaba en el

senado, fuera los suficientemente poderoso para enturbiar la meridiana claridad de sus preceptos, y por tanto confundir el termino de dicha inhabilidad. Entonces ese conocer y querer, para luego actuar a sabiendas como efectivamente lo hizo el acusado, es lo que permite determinar en el investigado el dolo directo de su conducta, el conocer ya involucra al querer, pues si conozco y realizo la conducta es porque quiero, lo cual ha sido pregonado por HRUCHKA al sentenciar que “quien sabe lo que hace y lo hace quiere hacerlo” (Dogmática del Derecho Disciplinario, Carlos Arturo Gómez Pavajeau edición 2º, Pág.340). Lo anterior equivale a dar por sentado que el investigado tenia conocimiento de la ilicitud de su conducta y quiso su realización con conciencia y voluntad, por que el deber de observar el comportamiento prescrito con la norma jurídica o afrontar las consecuencias negativas de su trasgresión., es el presupuesto de todo ordenamiento normativo. El Despacho debe dejar sentado el precedente que la incursión en prohibiciones o la violación del régimen de inhabilidades es un ilícito disciplinario de quienes han sido empelados del Estado y/o de sus entidades descentralizadas que ejercieron jurisdicción, autoridad civil o política, por lo que merece la mas exigente increpación y juicio de reproche disiciplianrio. Por otra parte, el despacho se identifica plenamente con los planteamientos que sobre la prescripción del cargo efectuó el A-quo, ya que tal postura obedece a los lineamientos doctrínales que sobre el fenómeno prescritivo acoge esta Entidad.

No puede como lo pretende la defensa, que en sede disciplinaria se apliquen procedimientos y se califiquen conductas propias de otra jurisdicción, si bien es cierto que el procedimiento disciplinario se auxilia en precisos casos de otros regimenes procesales, no es menos cierto que aquél tiene su propio y singular régimen, resultando improcedente en el caso que nos ocupa, admitir que la prescripción de la acción disciplinaria sea calificada como se efectúa en sede administrativa para la inhabilidad de los concejales y propia en la figura jurídica de la perdida de investidura, dada la independencia con que se debe actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional que por naturaleza le corresponde al juez disciplinario, tal como lo dijo la corte constitucional en su sentencia SU-257 del 28 de mayo/97. “Mas todavía, la Corte reitera, en guarda de la autonomía funcional de los jueces, que, “en el ámbito de sus atribuciones (…) están autorizados para interpretar las normas en las que fundan sus decisiones” (Cfr. Sentencia T094del 27 de febrero /97), lo cual hace parte de la independencia que la Constitución les garantiza…” Por consiguiente, para darle solución al caso in-estudio nos acogemos íntegramente a la posición doctrinal e interpretativa, que de la prescripción de la acción disciplinaria efectúa el jurista Carlos Arturo Gómez Pavajeau en su obra titulada “lecciones de Derecho Disciplinario Volumen 11 Obra colectiva” así: “2. Estructura diferencial de las faltas disciplinarias y el comienzo de su término de prescripción De conformidad con lo analizado y a partir de las necesidades propias del

Derecho Disciplinario, resulta pertinente plantear la siguiente división estructural para los efectos de la prescripción de la acción disciplinaria: 2.3. Típicas faltas disciplinarias de infracción de deberes por tracto sucesivo Son las que tradicionalmente se conocen como de conducta permanente y siguen la estructura deontológica ya definida en este artículo y en el precedente sobre la aplicación del principio de favorabilidad. Son ejemplos paradigmáticos de ellas los numerales 21, 22 y 23 del artículo 34 y numerales 11, 14 y 31 del artículo 35 del C.U.D. En ellas el lapso prescriptivo no comienza a contabilizarse sino hasta que se constate que se ha dejado de incumplir con el deber. Mientras el deber se esté incumpliendo la falta se está ejecutando y por ello no ha terminado de consumarse. Es lo que se denomina punto de partida definido “por el último acto” (artículo 30 del C.U.D.). En armonía con lo anterior, en Sentencia de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Providencia No., 293 del 17 de noviembre de 2005, se refirió al proceso disciplinario, destitución /presupuestos / Prescripción de la Acción Disciplinaria, Acto de ejecución instantánea. Acto de tracto sucesivo/ exponiendo lo siguiente: “…La prescripción de la acción disciplinaria empieza a contarse para las faltas Instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del ultimo acto en las en las de carácter permanente o continuado. (Negrillas fuera del texto) Vale decir que el término de prescripción se cuenta en

relación la ejecución de la conducta prohibida, y no en consideración a la duración de sus efectos. Conforme las posiciones doctrinales y jurisprudenciales que se dejan expuesta, son cruciales para inferir que en la conducta censurada no ha operado el fenómeno prescriptito de la acción, como quiera, que si bien es cierto que el acusado se posesiono en el cargo de concejal el día 1º, de enero del año 2004, también lo es que este se mantuvo contumaz hasta el mes de diciembre del año 2005, cuando hizo dejación de aquél cargo que irregularmente venia ejerciendo y por ende violando los deberes del mismos, e incurriendo en prohibición de las normas citadas en el pliego acusatorio. Las anteriores proposiciones, permiten al Despacho rebatir la posición que tiende a la absolución del implicado, puesto que, denegadas la exculpación y partiéndose de la tipicidad del comportamiento, fundamentado, además, en el quebranto de las disposiciones citadas en el acusatorio, así como la antijuridicidad material en la inobservancia de la función publica que se debe tutelar, de acuerdo a lo señalado en la decisión recurrida, ha de confirmarse la gravedad con que se califico la falta, así como el grado de culpabilidad que en este caso, lo fue a titulo de dolo, en atención a las mismas argumentaciones que han servido para desvirtuar el supuesto error invencible como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADURIA REGIONAL DE SUCRE, en uso de las facultades conferidas en el decreto 262 de 2000.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes la decisión proferida el seis (6) de marzo del año 2009, por la Procuraduría Provincial de Sincel