PGN - INHABILIDAD DE CONCEJAL - Requisitos para su configuración cuando se trata de ejerci

NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-Concejal Municipal por inhabilidad consagrada en art 40 numeral 4 de ley 617 de 2.000 REGIMEN DE INHABILIDADES-De Concejal por parentesco con funcionarios que dentro de 12 meses anteriores hayan ejercido autoridad administrativa AUTORIDAD-Definición según regulación legal AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Definición según Jurisprudencia del Consejo de Estado CAUSALES DE INHABILIDAD-Presupuestos normativos para que se configuren según jurisprudencia del Consejo de Estado INHABILIDAD DE CONCEJAL-Requisitos para su configuración cuando se trata de ejercicio de autoridad administrativa INHABILIDAD DE CONCEJAL-Para que prospere según numeral 4 de art.40 de ley 617 de 2.000 debe acreditarse presupuestos en su totalidad ….De igual forma se ha señalado que para la prosperidad de la pretensión que se fundamente en esta causal “estos presupuestos deben ser acreditados en su totalidad, por manera que de no ser así la pretensión ha de ser desestimada”, como aconteció en el caso sub examine en donde el a-quo consideró que lo relacionado con el ejercido de autoridad dentro del término de los doce (12) meses anteriores a la elección no se presentó por cuanto que las funciones del cargo del cual se pretendía hacer derivar la inhabilidad no comportaba, como lo afirmaba el actor, el ejercicio de autoridad administrativa, tampoco el hecho de haber sido designada supervisora en algunos contratos ni el haber actuado como delegada en la audiencia de adjudicación en el proceso licitatorio número 01 de 2015. ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Criterios según Sala Plena del Consejo de

Estado para establecer si cargo implica ejercicio de autoridad administrativa CARGO PÚBLICO-Funciones como Subgerente Administrativo y Financiero no son consideradas como de ejercicio de autoridad administrativa ….Como el cargo del cual se pretende derivar la inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa con funcionario con el que se tiene parentesco no es de aquellos que enlista el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 se impone asumir el estudio desde el aspecto funcional.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 1 Pues bien, el cargo de Subgerente Administrativo y Financiero del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Bolívar es un cargo subordinado que depende del Gerente del Instituto y sus funciones no son constitutivas ni pueden ser consideradas como autoridad para los fines de la inhabilidad en estudio, los verbos rectores que identifican cada una de sus funciones no permiten inferir de ellas esta condición como concluyó el aquo. Ahora bien, en el asunto que ahora corresponde examinar el apelante sostiene que la función que ejerciera la hermana del elegido concejal, la señora…… como supervisora de alguno contratos que celebrara el Instituto corresponde al ejercicio de autoridad administrativa. … …..El supervisor como representante de la entidad en el contrato desempeña una actividad eminentemente reglada en la Ley y conforme a ella se encarga de ejercer las labores de supervisión, seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución de los

contratos, empero de ellas no es dable inferir el ejercicio de autoridad como lo pretende el actor; en este aspecto la sentencia de primera instancia acierta al señalar que como supervisora de varios contratos celebrados por el Instituto la señora no ejerció autoridad administrativa, desestimando el cargo que el actor fundara en este. DELEGACIÓN-Para presidir audiencia de adjudicación de licitación no inviste de autoridad administrativa a quien ha sido delegado/CONCEJAL-No se demostró violación del régimen de inhabilidades en el desempeño del cargo/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Debe ser confirmado al negar pretensiones de demanda contra acto de elección de Concejal ….Resta por determinar si la delegación de que fuera objeto la señora…… para actuar en la audiencia de adjudicación del proceso de licitación constituye ejercicio de autoridad administrativa en los términos que la jurisprudencia ha señalado………. Esta actividad es reglada en su totalidad, por manera que el margen de discrecionalidad del agente de la administración resulta siendo mínimo, es tal la reglamentación de esta actividad que la norma direcciona la decisión a seguir en estos procesos, no puede decirse entonces que en esa Audiencia quien la preside ejerce autoridad al punto tal que se imponga sobre los participantes o que tenga sobre ellos poder de mando o facultad decisoria, estos aspectos los regula la ley que dispone que quienes actúan en esta audiencia incluso, de forma antecedente les señala la conclusión a la cual se ha de llegar, por ello considera esta Agencia del Ministerio Público que no puede decirse que el presidir por virtud de delegación la audiencia de adjudicación de una licitación inviste a quien ha sido delegado

de autoridad administrativa. Como corolario de lo anterior se puede concluir que en el caso en examen la causal de inhabilidad no se configura por cuanto que las funciones del cargo de Sub gerente Administrativo y Financiero del Instituto no comporta ni llevan anexo el ejercicio de autoridad administrativa, tampoco es posible inferir el ejercicio de tal autoridad por actuar como supervisora de los contratos y menos del acto de delegación para presidir la audiencia de adjudicación de la licitación.Con fundamento en las consideraciones anteriores esta Agencia del Ministerio Público de manera respetuosa le solicita a la H. Sala confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar por medio de la cual determinó “Negar las pretensiones de la demanda instaurada por el señor…..contra el acto de elección de…. como Concejal del Distrito de Cartagena …”.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 2 Bogotá D.C., 18 de octubre de 2016 Concepto No. 155 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 13001 23 33 000 2016 00078 01

Radicado interno: 2016 0078

Actor: Alfonso Luis Cortina Barraza Demandado: Zaith Carmelo Adechine Carrillo Asunto: Recurso de apelación de la sentencia de fecha 17 de agosto de

2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral pretende la nulidad del acto de lección del señor Zaith Carmelo Adechine Carrillo como concejal del Distrito de Cartagena – Bolívar - para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado especial señalado en el proveído adiado a 26 de septiembre de 2016, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento por su conducto a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES  La demanda El ciudadano Alfonso Luis Cortina Barraza, actuando en su propio nombre y representación en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandó el acto por medio del cual se declaró electo como concejal del Distrito de Cartagena – Bolívar - período 2016 – 2019 al señor Zaith Carmelo Adechine Carrillo.  Pretensiones Conforme al escrito de demanda el actor solicita que se declare la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección en los siguientes términos:

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 3

“Mediante la presente acción se pretende la nulidad del Acta Declaratoria de elección – FORMULARIO E-26 del Concejo Distrital de la Ciudad de Cartagena referente a la elección del ciudadano ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO como concejal”  Supuesto fáctico De conformidad con lo señalado por el demandante en el acápite denominado hechos de la demanda el electo concejal se encontraba incurso en la causal de inhabilidad que señala el numeral 4° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 a cuyo tenor no podrá ser elegido concejal quien tenga vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con funcionario que dentro del año anterior a la elección haya ejercicio autoridad civil en el respectivo municipio. Sostiene el actor que el supuesto de la norma se configura en la medida que el elegido es hermano de la ciudadana Masory Adechine Carrillo “quien a la fecha ostenta el cargo de SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (IDERBOL)” cargo al cual le es anexo el ejercicio de autoridad administrativa”.  Normas violadas y concepto de la violación Se indicaron como normas transgredidas las siguientes: i) Numeral 4° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El concepto de la violación lo explica citando y transcribiendo la sentencia de 20 de febrero de 2009 proferida por la H. Sala con ponencia de la H. Consejera doctora María Nonhemí Hernández Pinzón, proferida al decidir el proceso con radicado número 13 001 23 31 000 2007 00 800 01 en el que fungió como actor el

ciudadano Edgar Zúñiga Alzamora.

2. Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo de Bolívar en su decisión de primera instancia dispuso “Negar las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Alfonso Luis Cortina Barraza, contra el acto de elección de Zaith Carmelo Adechine Carrillo como Concejal del Distrito de Cartagena …” Para arribar a esa decisión, luego de demostrar la existencia del parentesco, de precisar el marco jurídico, de efectuar cita de antecedentes jurisprudenciales sobre la autoridad administrativa, de analizar el acervo probatorio allegado y el cargo desempeñado por la señora Masory Paola Adechine Carrillo como Sub gerente Administrativa y Financiera del Instituto de Deportes de Bolívar concluyó indicando que revisadas las funciones asignadas al cargo ejercido por la señora Masory Paola Adechine Carrillo no comportaba el ejercicio de autoridad; en relación con la función de supervisión de los contratos en los que fue designada para tal fin señaló indicó que “del desarrollo de la función de supervisión no se desprende, como lo pretende el demandante, que se genere un vínculo de subordinación con el contratista , pues el hecho que la funcionaria expida los

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 4 certificados de cumplimiento del contrato, no representa una eventual amenaza para el contratista, para la terminación del contrato” y en relación con la intervención en la audiencia de adjudicación del contrato licitado señaló que tal

actuación tampoco implicaba el ejercicio de autoridad pues se trataba de una función delegada que “solamente en una oportunidad el gerente de Iderbol le delegó a la funcionaria Masory Adechine Carrillo”, que esta competencia no es “autónoma, propia y directa que regularmente ostente la funcionaria en su calidad de Subgerente Administrativo y Financiero; por el contrario, es una facultad sujeta a la voluntad del delegante”. Concluyó señalando: “Visto lo anterior, y en respuesta al problema jurídico planteado, puede concluir la Sala que la señora Masory Adechine Carrillo en su calidad de Subgerente Administrativa y Financiera de Iderbol no ejerce autoridad administrativa. Ello por cuanto, el cargo que desempeña no se encuentra dentro de aquellos que según la ley la jurisprudencia del Consejo de Estado cuentan con atribuciones que les permiten (sic) asumir decisiones para la conducción de la respectiva entidad; dentro de las funciones que se le atribuyen de manera permanente y ordinaria no se encuentra alguna relacionada con la celebración de contratos, entendida esta como la facultad de adquirir obligaciones a nombre de la entidad de manera autónoma; ordenación del gastos; administración de personal en el sentido de trasladar horizontal o verticalmente a los funcionarios subordinados, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta, pues las mismas se encuentran en cabeza del gerente General; hacer parte de las unidades de control interno; en fin atribuciones que impliquen potestad de mando, de dirección y autonomía decisoria”

3. Recurso de apelación Inconforme con la decisión de primera instancia el actor interpuso recurso de apelación contra la misma.

Sostiene el apelante que de conformidad con las pruebas allegadas al plenario se demuestra de manera fehaciente que la señora Masory Adechine carrillo ejerció autoridad administrativa. Manifiesta que en el curso de un proceso de licitación, el identificado como número 01 de 2015, a la subgerente se le delegó la facultad para presidir la audiencia de adjudicación del contrato y que en tal condición ejerció autoridad administrativa por cuanto conforme al acto de delegación se le facultó además para que tomara las “decisiones que correspondan en medio de su desarrollo, adjudicar o declarar desierto el proceso de licitación pública …” señala el apelante que es “esta la plena prueba, de la autoridad desarrollada por la funcionaria Masory Adechine Carrillo, quien al aceptar la delegación, asume las capacidades administrativas políticas, y sancionatorias del delegatario (Director Administrativo) para el manejo de todas las etapas contractuales, y por ende su responsabilidad consecuente, para el caso de marras inhabilitar a su hermano el ciudadano y hoy concejal Zaith Carmelo Adechine Carrillo”.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 5 Luego realiza la cita de una decisión de la H. Sala que trata la causal de inhabilidad, la cual dice el demandante fue desconocida por el a-quo.

4. Alegatos de conclusión 4.1. Del actor En su escrito reitera las argumentaciones expresadas en el recurso de apelación.

4.2. De la apoderada judicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil En su escrito solicita que la entidad representada sea exonerada y se considere demostrada la excepción que propusiera de falta de legitimidad en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el asunto para estudio del H. Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – por razón de la interposición del recurso de apelación que el demandante interpusiera contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, calendada en Cartagena a los a los 17 días del mes de agosto de la anualidad que cursa, que dispuso: “Negar las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Alfonso Luis Cortina Barraza, contra el acto de elección de Zaith Carmelo Adechine Carrillo como Concejal del Distrito de Cartagena …” Conforme a lo señalado por la parte actora la causal de inhabilidad del numeral 4° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se configura por cuanto que el elegido concejal del Distrito de Cartagena el señor Zaith Carmelo Adechine Carrillo es hermano de la señora Masory Paola Adechine Carrillo, hecho admitido en la contestación de la demanda y que no fuera controvertido por la parte demandada, quien para la época de la elección desempeñaba el cargo de Subgerente Administrativa y Financiera del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar – Iderbol – cargo al cual le era anexo el ejercicio de autoridad administrativa, además, por cuanto que intervino en una audiencia de adjudicación

de un proceso licitatorio como delegada del representante legal del Iderbol y como supervisora de varios de los contratos que celebrara el Instituto. La noción de autoridad ha sido considerada de la siguiente manera: “La autoridad es el poder o la potestad de mandar u ordenar, disponer, prohibir o sancionar, de conformidad con la Ley, dentro de los límites de la respectiva competencia. La autoridad pública general implica el ejercicio del poder público en función de mando, para una finalidad prevista en la ley y que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, faculta

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 6 para el ejercicio de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública. Tener autoridad es gozar del ius imperii, estar revestido del Imperium. Y ciertamente no todos los empleados o funcionarios públicos, ni todos los que ejercen una función pública están revestidos del poder del Estado para decir el derecho u obligar a su cumplimiento o para mandar o disponer, con el respaldo de la fuerza pública”1 En una de sus decisiones la H. Sección, con ponencia del H. Consejero doctor Yepes Barreiro, sobre el concepto de autoridad administrativa discurrió como sigue: “No obstante no existir una definición legal de la autoridad administrativa, la jurisprudencia del Consejo de Estado2 se ha mantenido en la tesis de que para ello bien puede emplearse la acepción que trae el artículo 190 de la Ley 136

de 2 de junio de 1994, sobre la dirección administrativa, que establece: “Artículo 190.- Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias. Esta disposición ha permitido señalar que para identificar si un cargo o empleo público dota a su titular de autoridad administrativa, se puede acudir a los criterios orgánico y funcional. El primero, se obtiene del primer párrafo, en el que se enlistan cargos ubicados en la cúspide de la administración pública local, tales como el alcalde, los jefes de departamento administrativo o entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales. El funcional, en cambio, no se caracteriza por la posición jerárquica del respectivo empleo, sino por las atribuciones materialmente ejercidas por el servidor público, las cuales deben estar ligadas a competencias concernientes a la celebración de contratos, la ordenación del gasto, la

decisión de situaciones administrativas y la potestad disciplinaria. Sobre el ejercicio de autoridad administrativa la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado enfatizó que: 1 Consejo de Estado - sentencia de diciembre 3 de 1.982. Expediente Número 872. Consejero Ponente Dr. JOAQUÍN

VANIN TELLO.

2 Unos cuantos casos así lo demuestran: 1.- Sentencia de 4 de junio de 2009. Expediente 2007-00376. Sección Quinta. C.P. Filemón Jiménez Ochoa. 2.- Sentencia de 2 de octubre de 2009. Expediente 2007-00501. Sección Quinta. C.P. Filemón Jiménez Ochoa. 3.- Sentencia de 30 de noviembre de 2010. Expediente 2010-00087. Sala Plena. C.P. Susana Buitrago Valencia. Y, 4.- Sentencia de 4 de mayo de 2011. Expediente 201000713. Sección Primera. C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 7 “El recorrido por la jurisprudencia de la Sección Quinta sobre la significación y alcance del concepto de “autoridad administrativa”, arroja que ha puesto de presente que se refiere a poder de mando, facultad decisoria y a dirección de asuntos propios de la función

administrativa en el funcionamiento del organismo público. Que corresponde al juez determinar, en cada caso concreto, si un servidor público ejerce o no autoridad administrativa, con el análisis de dos elementos fácticos. El carácter funcional del cargo: el tipo de funciones que tiene asignadas y el aspecto orgánico: el grado de autonomía jerárquica para la toma de decisiones que ostenta en la estructura del organismo. De esta manera, si las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria, se puede concluir que el servidor público ejerce autoridad administrativa3. En sentencia del 31 de julio de 2009, sostuvo que “autoridad significa “potestad, facultad, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada”. Por ello, quien ejerce autoridad es la “persona revestida de algún poder, mando o magistratura”4, y dijo que “la parte de la función pública que ocasiona la causal inhabilitante en cuanto desarrolla “autoridad administrativa”, está relacionada con “la facultad de imponer, decretar, mandar y hacerse obedecer, que haga presumir el ejercicio de autoridad”5. (se resaltó).”6 (Lo resaltado es del original) Igualmente se ha dicho por la H. Sección lo siguiente: “5.- La autoridad administrativa se ejerce para hacer que la administración funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando y removiendo sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Se refiere al desempeño de un cargo público que otorga a su

titular poder de mando, facultad decisoria y dirección de los asuntos propios de la función administrativa que se dirigen al funcionamiento del aparato administrativo (sentencias del 28 de febrero de 2002, del 22 de abril de 2002, del 5 de julio de 2002, del 22 de julio de 2004, del 24 de febrero de 2005 y 13 de octubre de 2005).”7 3 Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2002, rad. 2804, MP. Darío Quiñones Pinilla. 4 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. 1992. Página 165. 5 Sección Quinta, sentencia del 31 de julio de 2009, rad. 2007-00550-01, MP. Susana Buitrago Valencia. 6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 30 de noviembre de 2010. Expediente: 230012331000200800087-03 (IJ). Actor: Carlos Valera Pérez y otros. Demandado: Gobernadora del departamento de Córdoba. C.P. Susana Buitrago Valencia. 7 Consejo de Estado - Sección Quinta. Sentencia de 28 de febrero de 2008. Expediente: 110010328000200600062-00 (3996-3998). Actor: José Antonio Quintero Jaimes y otro. Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento de Norte de Santander. C.P. Mauricio Torres Cuervo.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955

Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 8 También se ha manifestado que para definir el concepto Autoridad administrativa resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley 136 de 19948 en los siguientes términos: “Artículo 190.- Dirección Administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.” La Sala Plena en proceso de pérdida de investidura sobre el tema del ejercicio de autoridad administrativa señaló: “La tesis anterior también ha sido acogida por la Sala Plena de la Corporación. Para esta Sala no es extraña esta noción, por el contrario, señaló que «en lo atinente a la autoridad administrativa ella es definida en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, a través de la conceptualización de la dirección administrativa, de manera similar a la autoridad civil, con la diferencia de que no sólo la tienen quienes ejercen el gobierno, sino que también está en

cabeza de los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales, en tanto superiores de los correspondientes servicios municipales, así como en cabeza de los empleados oficiales que tengan competencia para ejecutar cualquiera de las funciones administrativas allí mencionadas (contratación, ordenar el gasto, decidir situaciones administrativas laborales e investigar faltas disciplinarias)»9. (…) Conforme lo tiene señalado la jurisprudencia de la H. Sección en distintas sentencias la inhabilidad a que alude la parte demandante se estructura sobre la demostración de los siguientes supuestos: i) la existencia de vínculo por matrimonio, unión permanente o el parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionario público; ii) que el funcionario con el cual se tiene el parentesco o vínculo haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar; 8 Sentencia del 19 de noviembre de 1998, expediente 2097 9 Sentencia del 8 de mayo de 2007, expediente PI-00016.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 9 iii) dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección; iv) en el respectivo municipio o distrito. De igual forma se ha señalado que para la prosperidad de la pretensión que se fundamente en esta causal “estos presupuestos deben ser acreditados en su

totalidad, por manera que de no ser así la pretensión ha de ser desestimada”, como aconteció en el caso sub examine en donde el a-quo consideró que lo relacionado con el ejercido de autoridad dentro del término de los doce (12) meses anteriores a la elección no se presentó por cuanto que las funciones del cargo del cual se pretendía hacer derivar la inhabilidad no comportaba, como lo afirmaba el actor, el ejercicio de autoridad administrativa, tampoco el hecho de haber sido designada supervisora en algunos contratos ni el haber actuado como delegada en la audiencia de adjudicación en el proceso licitatorio número 01 de 2015. Como el cargo del cual se pretende derivar la inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa con funcionario con el que se tiene parentesco no es de aquellos que enlista el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 se impone asumir el estudio desde el aspecto funcional. Pues bien, el cargo de Subgerente Administrativo y Financiero del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Bolívar es un cargo subordinado que depende del Gerente del Instituto y sus funciones no son constitutivas ni pueden ser consideradas como autoridad para los fines de la inhabilidad en estudio, los verbos rectores que identifican cada una de sus funciones no permiten inferir de ellas esta condición como concluyó el a-quo. Ahora bien, en el asunto que ahora corresponde examinar el apelante sostiene que la función que ejerciera la hermana del elegido concejal, la señora Massory Paola Adechine Carrillo como supervisora de alguno contratos que celebrara el Instituto corresponde al ejercicio de autoridad administrativa. En lo relacionado con la supervisión de los contratos la Ley 1474 de 2011 señala:

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 10 La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede

dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás q