PGN - INHABILIDAD DE CONCEJAL - Requisitos para su configuración cuando se trata de ejer

INHABILIDAD DE CONCEJAL-Por haber tenido la calidad de empleado público o haber ejercido autoridad La causal de inhabilidad que se depreca se encuentra contenida en el numeral segundo del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Respecto de la inhabilidad referida tenemos que, el Legislador, pretendió prohibir a quien aspirare a ser inscrito como candidato a Concejal municipal o distrital, hacerlo cuando dentro de los 12 meses anteriores a su elección, en su calidad de funcionario público, haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito. INHABILIDAD DE CONCEJAL-Requisitos para su configuración cuando se trata de ejercicio de autoridad Sobre la causal de inhabilidad que señala el apelante la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencias tales como la del 18 de febrero de 2010, con ponencia del doctor Filemón Jiménez Ochoa, dentro del radicado No. 50001-23-31-000-2007-01129-01, ha señalado que se requiere de su configuración de la comprobación de cuatro elementos a saber: 1º.- Que exista un vínculo laboral del candidato o elegido, es decir, que sea “empleado público”. 2º.- Que por virtud del respectivo vínculo cumpla funciones que implique ejercido autoridad administrativa, es decir, “poder del cual está investido un funcionario para que dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y preservación de la necesidades

e intereses de sus administrados, función que también puede ejercer quien tiene autoridad civil, pero éste además tiene el poder de las decisiones generales.” 3º.- Que esa autoridad se haya ejercido durante los 12 meses anteriores a la elección. 4º.- Que esa autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio o distrito. La citada inhabilidad se configura cuando se alegan y se prueban los cuatro elementos. La verificación de uno permite que se prosiga con el examen acerca de la presencia de los otros. EMPLEADO PÚBLICO-Se vincula mediante relación legal y reglamentaria Respecto del empleo público las normas de la Constitución Política, que lo regulan son el artículo 122 y el 123. En desarrollo de las normas constitucionales precitadas, se expidió la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones De lo anterior, tenemos que los funcionarios públicos son: los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales, todos ellos deben cumplir sus funciones en los términos previstos en la Constitución, la Ley y el Reglamento. Así mismo, podemos indicar, tal como lo ha señalado la Sala Plena del Consejo de Estado, que para alcanzar la condición de empleado público, es necesario que se profiera un acto administrativo que orden la respectiva designación, que se tome posesión del cargo; que la planta de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad presupuestal para atender el servicio. En el caso en estudio, encontramos que el elegido Concejal del municipio de Soacha

Cundinamarca, se desempeñó como Subdirector Administrativo del Instituto Municipal

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co para la Recreación y Deporte de esa municipalidad, además de lo anterior, se constata que dicho cargo se encuentra adscrito al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha; pertenece al nivel Directivo; tiene como superior inmediato al Director General del Instituto; cumple las funciones indicadas en el manual de funciones y competencias laborales contenido en la Resolución No. 143 del 29 de diciembre de 2005 Por todo lo anterior, no cabe duda que el señalado concejal de quien se predica la inhabilidad estudiada, si era empleado o funcionario público, pues tenía una vinculación legal y reglamentaria, esto es, fue designado mediante decreto para el efecto, posteriormente fue posesionado en el cargo, su cargo se encuentra enmarcado en la planta de personal del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, cumplía unas funciones previamente detalladas en el reglamento. INHABILIDAD DE CONCEJAL-Ejercicio de autoridad En segunda medida, debemos establecer si el señalado funcionario público, en el ejercicio de su cargo, cumplía o no funciones que sean catalogadas como ejercicio de autoridad política administrativa. Respecto del ejercicio de la autoridad política o administrativa se señala en los artículos 189 y 190 de la Ley 136 de 1994. Sea lo primero señalar, que la referida autoridad política que se predica del electo concejal de Soacha, no se configura, toda vez que ella, únicamente la ejercen las

personas en el ejercicio de los cargos referidos en el artículo 189 de la Ley 136 de 1994, esto es, el Alcalde, los Secretarios de la Alcaldía y los Jefes de Departamentos Administrativos; cargos tales, que no ostentó el señalado funcionario, pues como se indicó anteriormente, este era Subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Connotaciones para efectos de su configuración/AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Jurisprudencia del Consejo de Estado Ahora bien, en tratándose del ejercicio de autoridad administrativa, el Legislador ha querido darle dos connotaciones para efectos de su configuración, la primera, corresponde a un criterio orgánico, esto es, la disposición de que ciertos cargos, por el solo hecho de ejercerlos conllevan el ejercicio de autoridad administrativa, cargos tales como los del Alcalde, los Secretarios de la Alcaldía, los jefes de departamento administrativo, los gerentes o jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas; y la segunda, corresponde a un criterio funcional, para los casos de los cargos no citados anteriormente, se debe establecer por el operador judicial, si los funcionarios correspondientes se encuentran autorizados para celebrar contratos o convenios, pueden ordenar gastos con cargos a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones, suspender vacaciones, trasladar horizontal y verticalmente funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario, fijar nueva sede al personal de planta, y además si tienen o no funciones disciplinarias.

Por lo tanto, lo primero que debe observarse es si el cargo respecto del cual se predica el ejercicio de autoridad administrativa, pertenece a los cargos señalados anteriormente, y en el caso contrario, debe mirarse las funciones cumplidas para efectos de establecer si corresponden a las funciones antes anotadas. Esta posición ha sido sostenida reiteradamente por el H. Consejo de estado

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el caso en estudio, encontramos que el criterio orgánico no se establece. Ahora bien, por el criterio funcional no puede deducirse, y mucho menos concluirse que ellas, implican el ejercicio de autoridad administrativa, puesto que ninguna de ellas le confieren a su titular poder de mando, facultad decisoria y dirección de asuntos propios, no corresponden al poder de dictar medidas de política, ni de hacerlas cumplir incluso con el auxilio de la fuerza pública. Así mismo, ninguna de las funciones inherentes al cargo, corresponden a celebrar contratos o convenios, ordenar gastos con cargos a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones, suspender vacaciones, trasladar horizontal y verticalmente funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario, fijar nueva sede al personal de planta, ni funciones disciplinarias. Tampoco, en el esquema jerárquico, dicho cargo, aunque pertenece al nivel directivo, cuenta con independencia o autonomía, pues sus funciones se encuentran bajo la

subordinación del Director General del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Bogotá D.C. Agosto 08 de 2012 Concepto No. 044 Doctora Susana Buitrago Valencia

H. Consejera Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 250002324000201100770 01

Radicado interno número: 2011-0770

Actor: Ramón Nonato Zapata Gaona.

Demandado: Carlos Alberto Ospina Díaz Contenido: Apelación de la sentencia del 17 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección del señor Carlos Ospina Díaz, como Concejal del Municipio de Soacha, Cundinamarca, para el periodo 20122015.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Respetada doctora: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 04 de julio de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos. IAntecedentes  La demanda y sus pretensiones

El ciudadano Ramón Nonato Zapata Gaona, por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección del señor Carlos Alberto Ospina, como Concejal del Municipio de Soacha, Cundinamarca, por el Partido Liberal, para el periodo 2012-2015. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes: «1. Que se declare que son nulos los actos, por medio de los cuales la Comisión Escrutadora Municipal de Soacha Cundinamarca, declaró la elección del señor Carlos Alberto Ospina Díaz, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.570.455 expedida en Bogotá, quien fue elegido como concejal del Municipio de Soacha Cundinamarca, por el partido Liberal Colombiano, para el periodo constitucional 2012-2015, como consta en los formularios E-24 y E-26 o Acta de Escrutinio General y cuyas copias auténticas adjunto.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se cancele la credencial del señor Carlos Alberto Ospina Díaz, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.570.455 expedida en Bogotá.

3. Ordenar a la autoridad electoral que llame al señor Ramón Nonato Zapata Gaona, mayor de edad que se identifica con cédula de ciudadanía número 12.714.820 expedida en Valledupar, quien obtuvo la siguiente votación de la lista respectiva, para que ocupe el cargo de concejal del municipio para el periodo constitucional 2012-2015. »

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Hechos de la demanda Señala el actor, que el 30 de octubre de 2011 en el Municipio de Soacha se eligieron los Concejales de esa localidad, por lo que una vez hecho el escrutinio la Comisión Escrutadora Municipal de Soacha, a través del formulario E-26, declaró la elección de los concejales de ese municipio, dentro de los cuales se encontraba el señor Carlos Alberto Ospina Díaz, candidato por el Partido Liberal. Que el señor Carlos Alberto Ospina Díaz, se desempeñó como Subdirector Administrativo del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, desde el 03 de noviembre de 2009, tal como consta en la Resolución No. 234 de esa fecha y del acta de posesión del 4 del mismo mes y año. Que el referido señor presentó renuncia a su cargo el 28 de febrero de 2011, la cual le fue aceptada en la misma fecha, mediante la Resolución No. 024. Por lo anterior, señala el demandante, el referido funcionario incurrió en la inhabilidad consagrada en el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pues de acuerdo con la denominación del cargo, se deduce claramente que en su vinculación con el municipio ejercía autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su elección.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  El numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

 El artículo 228 del Código Contencioso Administrativo.  El artículo 28 de la Ley 1475 de 2011. Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que el señor Carlos Alberto Ospina Díaz, ejerció como funcionario público un cargo de nivel Directivo, cuya denominación es la de Subdirector Administrativo y Financiero, código 068,grado 01, y que según consta en el manual de funciones, ese candidato ejerció autoridad administrativa en los términos del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, cuando dispone que ejercen ésta los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes municipios. Que el cargo que ejerció el señalado concejal en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, es del nivel Directivo que dentro del marco funcional tiene suficiente poder en el ámbito territorial con manejo de personal, recursos y bienes que se encuentran bajo su custodia; esto es, tiene poder de decisión dentro de la entidad.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en sentencia del 17 de mayo de 2012, dispuso declarar probada la

excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y además, denegar las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones: Que el hecho de haberse citado al proceso a la Registraduría Nacional del Estado Civil, es un aspecto que configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el control de legalidad en el contencioso electoral versa sobre el acto que contiene la decisión de elección, por lo que es suficiente que se cite a la litis a la persona o personas que han sido elegidas o nombradas y a nadie más. Aduce que si bien el señor Carlos Alberto Ospina ejerció como Subdirector Administrativo del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha,

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Cundinamarca del 4 de noviembre de 2009 hasta el 11 de marzo de 2011, dentro del expediente se encuentra acreditado que dentro de las funciones que le corresponden ejercer a las personas que desempeñen ese cargo, no se establece de forma alguna que se trate de un empleo público con autoridad política, civil, administrativa o militar. Que además de ello, las funciones que se ejercen en el cargo en comento, tampoco pueden considerarse como las de ordenación del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.  Apelación de la sentencia de primera instancia

El apelante en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal de instancia, aduciendo que el señor Carlos Alberto Ospina Díaz, realmente se encuentra incurso en el régimen de inhabilidades establecido en el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Lo anterior, toda vez que el señalado ciudadano, se desempeñó como Subdirector Administrativo del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha desde el 03 de noviembre de 2009, hasta nueve meses antes de su elección como concejal de esa municipalidad. Que por tal motivo, no podía ser elegido en el cargo señalado, pues dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección, ejerció como empleado público, autoridad política, administrativa, en ese municipio, además actuó como ordenador del gasto, tenía poder de mando y decisorio, no solo frente a sus subordinados, sino frente a la sociedad, tal como se establece del manual de funciones contenido en la Resolución 143 de 2005.  Admisión del recurso

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por auto del 04 de julio de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 17 de mayo del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada.

En el caso en estudio, haremos alusión precisa a los argumentos esbozados por el apelante mediante los cuales solicita se proceda a revocar el fallo impugnado y, por ende, se decrete la nulidad del acto de elección demandado, toda vez, que en su sentir, el electo Concejal de Soacha, Cundinamarca, señor Carlos Alberto Ospina Díaz, se encontraba para la fecha de su inscripción, como para la época de su elección incurso en causal de inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pues dentro de los 12 meses anteriores a su elección, ejerció en ese municipio cargo público que implicaba el ejercicio de autoridad política y administrativa. La causal de inhabilidad que se le depreca al señor Ospina Díaz, se encuentra contenida en el numeral segundo del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que en su tenor literal señala:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «Artículo 40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…)

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.» Respecto de la inhabilidad referida tenemos que, el Legislador, pretendió prohibir a quien aspirare a ser inscrito como candidato a Concejal municipal o distrital, hacerlo cuando dentro de los 12 meses anteriores a su elección, en su calidad de funcionario público, haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito.

Sobre la causal de inhabilidad que señala el apelante, se encuentra incurso el elegido concejal del municipio de Soacha, Cundinamarca, por el Partido Liberal Colombiano, periodo 2012-2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencias tales como la del 18 de febrero de 2010, con ponencia del doctor Filemón Jiménez Ochoa, dentro del radicado No. 50001-23-31-000-2007-0112901, ha señalado que se requiere de su configuración de la comprobación de cuatro elementos a saber: «Para que se configure la referida causal de inhabilidad, se requiere: 1º.- Que exista un vínculo laboral del candidato o elegido, es decir, que sea

“empleado público”. 2º.- Que por virtud del respectivo vínculo cumpla funciones que implique ejercido autoridad administrativa, es decir, “poder del cual está investido un funcionario para que dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y preservación de la necesidades e intereses de sus administrados, función que también puede ejercer quien tiene autoridad civil, pero éste además tiene el poder de las decisiones generales.” 3º.- Que esa autoridad se haya ejercido durante los 12 meses anteriores a la elección.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 4º.- Que esa autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio o distrito. La citada inhabilidad se configura cuando se alegan y se prueban los cuatro elementos. La verificación de uno permite que se prosiga con el examen acerca de la presencia de los otros.» Para efectos del estudio que debe realizarse para constatar, si la causal de inhabilidad alegada se configura o no, debemos proceder en el caso en estudio a abordar cada uno de los elementos antes señalados:

1. Que exista un vínculo laboral del candidato o elegido, es decir, que sea “empleado público.

Respecto del empleo público las siguientes normas de la Constitución Política,

señalan: «ARTICULO 122.No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. [Inciso modificado por el artículo 1 del A.L. 1 de 2004]. ARTICULO 123.-Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades

descentralizadas territorialmente y por servicios.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.» En desarrollo de las normas constitucionales precitadas, se expidió la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, la cual establece en su artículo 1°: «ARTICULO 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública. Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad. (El subrayado es de la Sala) De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;

c) Empleos de período fijo; d) Empleos temporales.» De lo anterior tenemos que los funcionarios públicos son: los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales, todos ellos deben cumplir sus funciones en los términos previstos en la Constitución, la Ley y el Reglamento. Así mismo, podemos indicar, tal como lo ha señalado la Sala Plena del Consejo de Estado1, que para alcanzar la condición de empleado público, es necesario que se profiera un acto administrativo que ordene la respectiva designación, que se tome posesión del cargo; que la planta de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad presupuestal para atender el servicio. 1 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de marzo de 2006, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, Exp. 4885-2004

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el caso en estudio, encontramos que el señor Carlos Alberto Ospina Díaz, elegido Concejal del municipio de Soacha Cundinamarca, se desempeñó como Subdirector Administrativo del Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de esa municipalidad, su vinculación se hizo en propiedad (folio 284) código 068, grado 01, que se vinculó desde el 04 de noviembre de 2009 (acta folio 285), que fue nombrado mediante Resolución 234 del 03 de los mismos y que según

resolución No. 024 del 11 de marzo de 2011, a partir de esa fecha se le aceptó la renuncia de ese cargo (folios 286 al 287). Además de lo anterior, se constata que dicho cargo se encuentra adscrito al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha; pertenece al nivel Directivo; tiene como superior inmediato al Director General del Instituto; cumple las funciones indicadas en el manual de funciones y competencias laborales contenido en la Resolución No. 143 del 29 de diciembre de 2005 (folios 433 al 445). Por todo lo anterior, no cabe duda que el señalado concejal de quien se predica la inhabilidad estudiada, si era empleado o funcionario público, pues tenía una vinculación legal y reglamentaria, esto es, fue designado mediante decreto para el efecto, posteriormente fue posesionado en el cargo, su cargo se encuentra enmarcado en la planta de personal del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, cumplía unas funciones previamente detalladas en el reglamento. 2º.- Que por virtud del respectivo vínculo cumpla funciones que implique ejercido autoridad política o administrativa. En segunda medida, debemos establecer si el señalado funcionario público, en el ejercicio de su cargo, cumplía o no funciones que sean catalogadas como ejercicio de autoridad política administrativa.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Respecto del ejercicio de la autoridad política o administrativa, señalan el artículo

190 de la Ley 136 de 1994: «ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política. Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo. ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.» Sea lo primero señalar, que la referida autoridad política que se predica del electo concejal de Soacha, no se configura, toda vez que ella, únicamente la ejercen las personas en el ejercicio de los cargos referidos en el artículo 189 de la Ley 136 de 1994, esto es, el Alcalde, los Secretarios de la Alcaldía y los Jefes de

Departamentos Administrativos; cargos tales, que no ostentó el señalado funcionario, pues como se indicó anteriormente, este era Subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Ahora bien, en tratándose del ejercicio de autoridad administrativa, el Legislador ha querido darle dos connotaciones para efectos de su configuración, la primera, corresponde a un criterio orgánico, esto es, la disposición de que ciertos cargos, por el solo hecho de ejercerlos conllevan el ejercicio de autoridad administrativa, cargos tales como los del Alcalde, los Secretarios de la Alcaldía, los jefes de departamento administrativo, los gerentes o jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas; y la segunda,

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