PGN - INHABILIDAD DE CONCEJAL - Si actúa como nominador o interviene en la designación del

Dependencia : Procuraduría Regional del Cesar Radicación : 089 02860-2005

Implicado : Abel Pacífico Pimienta Castro y otros Entidad : Alcaldía del municipio de Dibulla

Cargo : Alcalde Quejoso : Concejo Municipal de Dibulla Fecha de la Queja : 28-03-05

Fecha Hechos : 2004

Asunto : Presuntas irregularidades por contratar con personas inhabilitadas Estado Procesal : Fallo de segunda instancia Bogotá 1 de febrero de 2006

Recibido el expediente de la Oficina de origen, procede el despacho a proferir el fallo de segundo grado que en derecho corresponda.

I. ANTECEDENTES PROCESALES: I.1. QUEJA E INDAGACION PRELIMINAR: En virtud de la Proposición 016 de 2005 aprobada por el Concejo Municipal de Dibulla y remitida a la Procuraduría Regional de La Guajira, mediante la cual se informaba sobre la posible comisión de irregularidades por parte del alcalde local en la suscripción de unos contratos de prestación de servicios, la autoridad disciplinaria dispuso a través de auto calendado el 15 de abril de 2005 visible en las hojas 24 a 26 del informativo, el adelanto de las pesquisas iniciales respectivas contra Abel Pimienta castro y funcionarios por determinar, a fin de establecer la existencia de las presuntas anomalías denunciadas.

I.2. FORMULACIÓN DE CARGOS Y CITACION A AUDIENCIA: Recaudado el acervo probatorio decretado en el auto preliminar, por auto de 24 de octubre de 2005 el juzgador de instancia adecuó el proceso al trámite verbal, citó a

audiencia y profirió inculpaciones contra el alcalde atrás citado, así como contra Silvia Ospino Bermúdez y Diana Coronado Felizzola, en sus condiciones de alcaldesa encargada y gerente del Hospital Santa Teresa de Ávila, por las siguientes conductas a saber: A Silvia Ospino Bermúdez y Abel Pacífico Pimienta Castro, por contratar mediante la modalidad de prestación de servicios con Edelfides Rodolfo Mena Montenegro (pactos 393, 439, 493, 092, 179, 258 de 2004 y 035 de 2005), y a Diana Coronado Felizzola por contratar con Arismeth Mena Montenegro mediante el pacto 014 de 2004 y órdenes 045 y 115 de 2005, no obstante que dichos contratistas eran tíos del concejal Mayro Ceballos Mena, incurriendo así en la prohibición consagrada en el artículo 1 de la Ley 821 de 2003 que consagra que no podrán ser contratistas del respectivo Municipio, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad de los concejales municipales. La falta enrostrada se calificó como gravísima de conformidad con los normados 48 numerales 1, 17 y 30 de la Ley 734 de 2002 y se imputó a título de dolo, hojas 272 a 283. 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 2 I.3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y APELACIONES: Surtido el trámite correspondiente en el cual los inculpados se pronunciaron respecto a las acusaciones formuladas, se practicaron las pruebas invocadas y se

presentaron los alegatos de conclusión, hojas 296 a 307, 2378 a 381, 393 a 414, 422 a 427, 430 a 434 y 437 a 461, el 30 de noviembre de 2005 se dictó el fallo de primer grado en el cual se resolvió absolver a Diana Coronado Felizzola, suspender en el cargo por 3 meses a Silvia Ospino Bermúdez y destituir a Abel Pimienta Castro inhabilitándolo para ejercer cargos públicos por el lapso de 11 años, páginas 462 a 523. Contra la decisión así proferida solo el disciplinado Abel Pimienta Castro interpuso y sustentó en tiempo recurso de apelación, cimentado básicamente en la inaplicabilidad del parágrafo del artículo 1 de la Ley 821 de 2003, ante la exequibilidad condicionada impartida por la Corte Constitucional en la Sentencia C311 de 2004, y en el hecho de que el dolo endilgado no se encontraba debidamente acreditado y por ello tampoco su responsabilidad, folios 526 a 534. Así la situación en el presente caso, procede la Delegada a desatar el recurso de alzada incoado, con apoyo en estas,

II. CONSIDERACIONES: II.1. PRESUPUESTOS PROCESALES: Sea lo primero señalar, que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a la garantía de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte anomalía ninguna, pues los

estrados intervinientes son los autorizados para conocer de este caso, atendiendo el cargo ostentado por el inculpado, respecto de quien es oportuno destacar tuvo la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, solicitando pruebas e interviniendo en forma directa. Atinente al caudal probatorio, pertinente se torna resaltar que los medios demostrativos recaudados cumplen las formalidades exigidas para su valoración. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. De igual modo, las declaraciones y exposiciones recibidas cumplen las formalidades exigidas por la ley para su ponderación, debido a que gozan de un grado de seriedad, objetividad e imparcialidad aceptable, y porque explican en términos entendibles la ciencia de sus dichos sin evadir las preguntas formuladas ni presentar contradicciones que afectaran su credibilidad. Así las cosas, resolverá el despacho sobre el fondo del asunto sometido a su valoración, para lo cual considera oportuno verter en forma previa unas reflexiones alusivas a la responsabilidad del servidor público y las consecuencias de una actuar 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 3 distinto a los parámetros legal y constitucionalmente establecidos, específicamente en tratándose de inhabilidades, debido a que es el tema central de la actual controversia. II.2. PRESUPUESTOS SUSTANCIALES: En primer lugar resulta oportuno decantar, que el ordenamiento disciplinario está orientado en su estructura y fines por la teoría de las relaciones de sujeción especial,

que no obstante ser añeja en cuanto a su creación, hogaño a retomado fuerza y es utilizada para explicar el vínculo existente entre el servidor público con la administración, en el entendido que en tratándose de una relación de servicio, la atadura entre la administración y el servidor lo obliga a ajustar su actuar a los parámetros legales y constitucionales existentes, lo que en últimas se traduce en la observancia y aplicación del principio de legalidad. En efecto, el proceso disciplinario, como parte integrante de la función administrativa debe cumplir unos fines sociales y, entre ellos específicamente, orientarse a castigar con sanciones previamente determinadas el comportamiento de aquellos servidores públicos que perjudiquen el cumplimiento de las relaciones administrativas, entre ellas, por inobservar los deberes tanto legales como constitucionales. Lo anterior, porque la disciplina, entendida como la observancia de las leyes y ordenamientos, es elemento necesario en toda comunidad organizada; factor esencial de su funcionamiento; presupuesto y requisito de su operatividad y eficacia, que explica la existencia de regímenes disciplinarios. En lo que concierne al Estado, no podría alcanzar sus fines si careciera de un sistema jurídico enderezado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas. Con arreglo al principio plasmado en el artículo 6º de la Constitución, los servidores públicos deben responder ante las autoridades no solo por infringir la Constitución y las leyes, sino por la omisión o extralimitación en la que incurran dentro del ejercicio de sus funciones. Implica esto que la responsabilidad se da tanto por actuar de una

determinada manera no querida por el legislador, como por dejar de hacer algo que debería hacerse según los mandatos de la ley, esto, claro está, siempre y cuando se establezca la culpabilidad del sujeto. En materia contractual, el acto bilateral es sin duda el instrumento jurídico para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, y por ello el ordenamiento positivo reconoce el postulado de la autonomía de la voluntad, que a diferencia de otras legislaciones exige a los entes públicos sujetarse durante su trámite a los principios de buena administración que rigen la función administrativa, como son la eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Al respecto, la Corte Constitucional señaló en forma clara el alcance de la potestad sancionadora del Estado en el derecho disciplinario. 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 4 “Ahora bien, en el terreno del derecho disciplinario, el derecho sancionador de la administración se concreta en la facultad que se le atribuye a los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios. Con esta potestad disciplinaria se busca particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P., art. 209). “Desde esta perspectiva, la Corte ha establecido que el derecho disciplinario una rama esencial en el funcionamiento de la organización estatal, pues se encuentra orientado a regular el comportamiento disciplinario de su personal fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, limitando el alcance de sus derechos y

funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas. Haciendo énfasis en lo anterior, esta corporación en Sentencia C-417 de 1993, agregó que el derecho disciplinario está “integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan” (16). Lo anterior ocurre porque todos los servidores públicos deben propender por el logro del objetivo principal para el cual fueron nombrados, esto es, servir al Estado y a la comunidad en general con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución, la ley y el reglamento (C.P., arts. 6° y 122). De donde resulta que cualquier funcionario del Estado, puede verse sometido a un proceso de responsabilidad pública de índole disciplinaria, no sólo cuando en su desempeño vulnera el ordenamiento superior y legal vigente, sino también cuando incurre en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., art. 6° y 123) (17). “En virtud de lo anterior, resulta indiscutible que la finalidad del derecho disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos (18). Es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual

supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables(19)”. Sentencia C818 de 2005, Sala Plena, expediente D-5521. Ahora bien, referente al tema específico de la inhabilidad, esta figura se presenta como una más de las restricciones creadas por el legislador como mecanismo para el logro de los principios rectores de la actuación administrativa, con la se cual busca que las actuaciones públicas estén desposeídas de intenciones ajenas al servicio público, filosofía que indudablemente fue aprensada en materia de contratación al señalar el artículo 3 del estatuto contractual, que con la celebración y ejecución de los contratos las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de aquellos. 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 5 Para lograr la efectividad del postulado anterior, entre otras disposiciones, la Ley 80 de 1993 se ocupó del tema relacionado con la capacidad para contratar y, en el artículo 6 señaló, que pueden pactar con la administración las personas consideradas legalmente capaces por la legislación vigente, disposición dirigida a proteger la autonomía de la voluntad privada y la tutela de los intereses generales. El punto de la capacidad legal a no dudarlo está íntimamente ligado con el tema de las inhabilidades e incompatibilidades, pues no basta con que una persona

simplemente pueda contratar con una entidad estatal, siendo necesario también que no esté afectada por una restricción legal o incapacidad especial, que se lo impida; se trata entonces de preservar la moralidad pública y minimizar los riesgos de la ejecución de los convenios. La inhabilidad, es una sanción que el derecho mismo impone a personas que incurren en conductas reprochables con el objeto de aminorar la contingencia que puede sufrir el Estado, por contratar con sujetos que por sus antecedentes personales no son dignos de confianza. Por el hecho mismo de tratarse de una penalidad, las causales de inhabilidad e incompatibilidad están expresa y taxativamente consagradas en la Constitución o en la Ley y son de aplicación e interpretación restrictiva, habida cuenta que configuran una prohibición de una actuación o derecho. En tratándose de servidores públicos, la prohibición de contratar con determinadas personas o en determinadas circunstancias tiene fundamento en el artículo 127 de la Constitución Nacional, pero en materia de contratación son varias las disposiciones que se ocupan del punto, entre ellas, el artículo 1 de la Ley 821 de 2003, que reguló el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, que fue precisamente el normado que soportó jurídicamente la acusación formulada al alcalde de Dibulla. Sentadas las precedentes reflexiones, se adentrará la oficina en el estudio de la controversia planteada. II.3. CASO BAJO EXAMEN: Ya se anotó en el acápite de antecedentes de esta providencia, que la conducta reprochada al único apelante fue haber suscrito en los meses de septiembre a

noviembre de 2004, los contratos de prestación de servicios 393, 439 y 493 con Edelfides Rodolfo Mena Montenegro, incurriendo en la causal de inhabilidad prevista por el reglado 1 de la Ley 821 de 2003, debido a que el contratista es tío del concejal municipal de Dibulla Mayro Ceballos Mena. Probatoriamente, no existe reparo para el despacho ni para el disciplinado, como lo revela el escrito contentivo de la alzada incoada, acerca de la calidad de alcalde del inculpado y la concejal ostentada por Ceballos Mena, habida cuenta que así lo acreditan los documentos obrantes en las hojas 44, 361 y 362 del informativo, expedidos en su orden por los Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Municipio de Dibulla Guajira, en los cuales se certifica frente a cada uno de los citados la condición mencionada. 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 6 Tampoco hay inconformidad alguna respecto a la celebración de los contratos de prestación de servicios con Edelfides Mena, debido a que el texto de tales escritos visibles en las páginas 10 a 12 del informativo, otorgan certeza sobre la ocurrencia de ese acontecimiento. Idéntica situación se presenta frente al tema del que dentro del cuarto grado de consaguinidad existe entre Mayro Ceballos Mena y Edelfides Mena Montenegro, pues tal suceso fluye de manera incontrovertible no solo la prueba documental relativa a los registros civiles de nacimientos que reposan en los folios 36, 265 y 269,

sino que así lo admitió el mismo Edelfides Mena en la declaración consignada en el acta visible en las páginas 393 a 396, sin contar con que el inculpado consintió este hecho en todas las intervenciones realizadas en el sub lite. II.3.1. Siendo esta la situación fáctica y probatoria que emerge del informativo, le corresponde a la Delegada pronunciarse y profundizar sobre los puntuales aspectos que sustentaron el recurso de apelación incoado, mismos que atañen a la tipicidad de la conducta y la culpabilidad del investigado. En efecto, y en lo que toca con el primer tópico reseñado, el abogado del encausado pregona que no es posible considerar irregular la conducta que dio lugar a la sanción recurrida, debido a que la norma que soporta dicha acusación fue objeto de un condicionamiento por parte de la Corte Constitucional, que limitó la inhabilidad de marras solo para los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y no hasta el cuarto como lo sentenció el Procurador de instancia. En lo que toca con la forma de culpabilidad, en síntesis lo que predica el procesado es que el dolo enrostrado no tiene soporte probatorio en el sub júdice. II.3.1.1. Precisados los motivos objeto de reparo por parte del encausado, se ocupará la oficina de cada uno de ellos, iniciando con el tema relativo a la tipicidad de la falta, situación que obliga a realizar una reseña pormenorizada sobre el normado 1 de la Ley 821 de 2003, mediante el cual se reglamentó el 49 de la Ley 617 de 2000, cuyo

tenor literal es el siguiente: “Artículo 1º. El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 quedara así: “Artículo 49. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales, y Distritales; concejales municipales, y Distritales; y miembros de juntas administradoras locales municipales y Distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y Distritales y concejales municipales y Distritales, y miembros de juntas administradores locales municipales y Distritales no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio. 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 7 “Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y Distritales y concejales municipales y Distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y Distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas. “Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes

municipales y Distritales y concejales municipales y Distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y Distritales, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente. “Parágrafo 1º. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa. “Parágrafo 2º. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.”. Relevancias fuera de texto. Las palabras “cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad” inmersas en el inciso segundo del artículo 1 transcrito, fueron objeto de demanda de inconstitucionalidad porque a juicio del demandante dichas expresiones desconocían el mandato constitucional expreso establecido en el artículo 292 superior, que señala que “No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil”. Negrillas no textuales. La Corte, en sentencia C-311 dictada el 20 de abril de 2004, MP Álvaro Tafur Gálvis, integró al estudio de la demanda la totalidad del inciso segundo, y armonizándolo con los reglados 292 y 126 de la Constitución Nacional, resolvió condicionar la aplicación

del inciso primero del artículo 1 de la Ley 821 de 2003 de la siguiente manera: cuando el concejal o diputado actúe como nominador o intervengan en la designación del nominador, la inhabilidad de que trata el artículo copiado se extiende hasta los parientes en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Mientras que, si el concejal o el diputado no son nominadores ni intervienen en la designación de este, la inhabilidad solo va hasta el segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad y único civil. Así lo decantó la Corte: “Cabe precisar que en relación con el segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 821 de 2003 -inciso en el que se contienen las expresiones acusadas por el actor-, diversas hipótesis deben ser tomadas en cuenta en función de las personas a las que éste puede llegar a aplicarse, así como de las personas que lleguen a intervenir en la designación de las mismas, si se le concuerda con los mandatos superiores contenidos respectivamente en los artículos 126 y 292-2 de la Constitución. ARTÍCULO 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 8 cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación. Se exceptúan de

lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos. ARTÍCULO 292. Los diputados y concejales y sus parientes dentro del grado que señale la ley no podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio. No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil... “De las consideraciones hechas en los apartes preliminares de esta sentencia se desprende que en el presente caso el Legislador al establecer en el segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 821 de 2003 la prohibición para que los parientes de los diputados y concejales dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (subraya la Corte) sean designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, contradijo un mandato expreso de la Constitución en un asunto en el que ésta no había dejado ningún margen al Legislador y había decidido regular directamente dicha prohibición cuando señaló que “no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.” (subraya la Corte). “Dicha contradicción se presenta concretamente en la hipótesis en que los mismos

diputados o concejales no intervienen en la designación de sus parientes o no están llamados a intervenir en la designación de quien actúa como nominador, pues en esas circunstancias la regla aplicable es exclusivamente la que ordena el segundo inciso del artículo 292 superior a que acaba de hacerse referencia y que alude es al segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. “Cosa diferente sucede cuando dichos diputados y concejales si actúan como nominadores o intervienen en la designación de quien actúa como nominador de sus parientes, hipótesis en la que la regla contenida en el artículo 292-2 superior debe concordarse con el artículo 126 de la Constitución que efectivamente alude, pero en esas circunstancias, al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. “Dado que el segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 821 de 2003 no hace ninguna diferencia entre dichas hipótesis, es claro que la norma puede interpretarse en un sentido que va más allá del texto expreso de la Constitución y por tanto la vulnera. “Téngase en cuenta que como se precisó en los apartes preliminares de esta sentencia el Legislador no puede contradecir lo dicho por la Constitución en aquellos casos en los que ésta ha establecido directamente la regla a aplicar en materia de prohibiciones ( ver entre otras las sentencias C-1412 de 2000 M.P. 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 9 Martha Victoria Sáchica Méndez., C-404 de 2001 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy

Cabra, C-540/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-952/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis y C015 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.P.V. de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil), y en consecuencia corresponde a la Corte asegurar el respeto del mandato superior que ha sido desconocido. “A dicha interpretación por ser contraria a la Constitución debe preferirse la interpretación que sí respeta el artículo 292-2 superior, a saber, que en el caso de los parientes de los diputados y concejales, cuando los mismos diputados y concejales no actúan como nominadores o no han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, se aplicará en cuanto al grado de parentesco la regla prevista en el segundo inciso del artículo 292 de la Constitución, a saber que “no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.” (subraya la Corte). Mientras que i) cuando dichos diputados o concejales actúan como nominadores o han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, o ii) cuando se trata de los parientes de gobernadores y alcaldes, o iii) cuando se trata de los parientes de los miembros de las juntas administradoras locales municipales o distritales, el grado de parentesco a tomar en cuenta es el previsto en el referido inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por

el artículo 1° de la Ley 821 de 2003, a saber el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Cabe hacer énfasis así mismo en que en cualquier caso la inhabilidad se aplica es dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo gobernador, alcalde, diputado, concejal o miembro de junta administradora local, municipal o distrital”. Precisada la decisión adoptada por la Corte, vuelve el despacho su atención a la inconformidad planteada por el apelante, quien con soporte en la sentencia transcrita manifiesta que esa misma interpretación debe aplicarse al parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 821 de 2003, disposición sobre el cual se cimentó la imputación jurídica en este caso, y que fielmente establece: “Parágrafo 2º. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.”. Concluye el apoderado del alcalde inculpado, que frente a la norma calcada opera también la salvedad hecha por el Tribunal Constitucional y, que en ese orden, la inhabilidad para contratar parientes de concejales y diputados por la modalidad de prestación de servicios, frente a quien no actuó como nominador ni intervino en la designación de aquel, debe igualmente extenderse al segundo grado de afinidad y no al cuarto como reza la norma. Para determinar el acierto o desatino de la posición asumida por el encausado, imperioso resulta definir el alcance del condicionamiento mencionado, a lo que

procede esta dependencia acudiendo a consideraciones que en su mayoría fueron 089 02860 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 10 desplegadas por la misma Corte Constitucional en la sentencia C-311 de 2004, y a otras que atañen al control constitucional propiamente dicho y su efectos. Atinente al control referido, es sabido que por mandato del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional fue encargada de guardar la supremacía y la integridad de la Carta, tarea que hace a esa Corporación responsable de interpretar con autoridad y definir los alcances de los preceptos contenidos en la Ley Fundamental. Dicha función, la cumple entre otras, a través del control de constitucionalidad por vía de acción, en virtud del cual debe examinar las normas acusadas para confrontar que las mismas no contravengan disposiciones constitucionales. La consecuencia propia de ese control, no es otra que la obligada observancia del fallo, con efectos erga omnes en su parte resolutiva, y únicamente respecto de las expresiones, norma o reglados que fueron involucrados en el estudio, sin que sea posible extender dicha interpretación o alcance a preceptos que no fueron objeto de revisión. Lo anterior no indica que la Delegada desconozca que el debate constitucional puede ampliarse y recaer sobre normas distintas a las concretadas por el demandante en e