PGN - INHABILIDAD DE DIPUTADO - Por el ejercicio de autoridad de uno de sus familiares

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Inexistencia del acto objeto de la demanda Sea lo primero advertir que el artículo 169 del Código Electoral no señala requisitos del acto de elección, regula lo referido con los resultados de los escrutinios distritales y municipales, los cuales se harán constar en actas parciales, las cuales si deberán expresar en letras y números los votos obtenidos por cada uno de los candidatos o por las listas, además se deberán indicar las demás circunstancias determinadas en el modelo oficial. Las normas electorales en esto de formas y requisitos del acto que declara la elección no precisa requisitos especiales, se ha limitado a señalar que “Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Departamentales hacer el escrutinio de los votos depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las respectivas credenciales”; en criterio de esta Delegada la única solemnidad a la que se somete el acto declaratorio de elección es la escrituralidad, nada más, así no será posible considerar como acto declaratorio de elección la manifestación verbal que haga uno de los miembros de la Comisión Escrutadora. El artículo 139 ibídem, subrogado por el D.E. 2304 de 1989, artículo 25, señala que con la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; agregando que cuando el acto no ha sido publicado, se denegare la copia o la certificación sobre su publicación, así deberá expresarse en la demanda bajo juramento, el cual se entenderá prestado con la

presentación de la misma, a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda. En el caso de las pretensiones contencioso electorales deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual se declaraba la elección y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos. Conforme se observa a folio 21l del plenario se tiene que el demandante allegó copia del formato E-26 AS, que es el que la organización electoral ha diseñado y señalado como el acto en el cual, conforme a los resultados que arroja el escrutinio, se plasma la declaratoria de elección; este acto es conforme al artículo 229 del Código Contencioso Administrativo el que se ha demandar y allegar con la demanda. INHABILIDAD–Definición gramatical y jurídica Desde el aspecto meramente semántico, se entiende por inhabilidad el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo”, así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Igualmente la ley define la inhabilidad y desde esta óptica legal de conformidad con el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992, se entiende por inhabilidad todo acto o situación que invalide la elección de congresista (o de quien sea elegido por voto popular pues la noción es general y se aplica sin restricción alguna a todo cargo o corporación de elección popular) o impide serlo. Como corolario se puede definir la inhabilidad como aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada

en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Doctrina de la PGN/INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Concepto doctrinal Como lo ha sostenido en varias oportunidades esta Delegada en los conceptos que ha rendido en asuntos de competencia el H. Consejo de Estado – Sección Quintay como lo tiene aceptado la jurisprudencia, dado el tema que se analiza corresponde a un régimen de excepciones -las inhabilidades lo son-, que limita el ejercicio de derechos fundamentales “éste debe ser interpretado de conformidad con la regla de hermenéutica que enseña que “en la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición. INHABILIDAD DE DIPUTADO-Por el ejercicio de autoridad de uno de sus familiares Se demandó la nulidad considerando para el efecto lo preceptuado en el numeral 5° del artículo 33 de la Ley 617 del 2000. El Tribunal Administrativo del Meta accedió a las pretensiones de la demanda considerando para el efecto, que la inhabilidad que se predica del elegido diputado por el

hecho de que su sobrina (pariente en tercer grado de consanguinidad) se haya desempeñado como Secretaria de Despacho en cargos de la Alcaldía de Villavicencio (Meta) configura la inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, porque la sobrina en su calidad de funcionaria del Municipio de Villavicencio, desempeñó cargo de Secretaria de Despacho dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección, y de este cargo, el cual se ejerce en el respectivo departamento se predica el ejercicio de autoridad en los términos que se han establecido como inhabilitantes en la Ley. EJERCICIO DE AUTORIDAD-Quien se desempeña como Secretario de Despacho la ejerce De conformidad con la jurisprudencia, aplicando el criterio orgánico al caso presente para efectos de determinar si los cargos de Secretario de Despacho de la Alcaldía de Villavicencio (Meta la invisten de autoridad administrativa, la respuesta sin hesitación alguna es afirmativa porque el cargo de Secretario de Despacho corresponde a uno de los que se señalan en el párrafo primero del artículo 190 de la Ley 136 de 1994 disposición ésta en la «que se enlistan cargos ubicados en la cúspide de la administración pública local, tales como el alcalde», los secretarios de la alcaldía «los jefes de departamento administrativo o entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales». AUTORIDAD CIVIL-Definición y alcances Como atrás quedó señalado la autoridad civil se define en la Ley como la capacidad legal

y reglamentaria que ostenta un empelado oficial para «1.Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública». La afirmación anterior deviene de la consideración que este Despacho hace de las funciones que le son propias al Secretario de Gobierno, en especial de las siguientes:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Velar por la preservación y restablecimiento del orden público en el Municipio, en coordinación con las autoridades civiles, militares y de policía.  Coordinar las actividades de los organismos establecidos para mantener el orden público y fijar políticas, planes, operativos y demás acciones para tal fin.  Fijar las políticas de la Secretaría para la prevención y restablecimiento del orden público en el Municipio.  Ordenar y coordinar el envío de información sobre el orden público en la jurisdicción del Municipio a la autoridad que lo solicite y velar por su estricto cumplimiento.  Controlar el ejercicio de la economía formal (Establecimientos públicos) Para esta Delegada este conjunto de funciones invisten de autoridad civil a quien las ejerce, no solo porque ejerce el poder en función de mando para una finalidad previstas en la Ley sino, además, porque con fundamento en ellas puede recurrir a las facultades

de compulsión o de coacción, por medio de la fuerza pública.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., enero 21 de 2013 Concepto No. 005 Señores Consejo de Estado Sección Quinta

M.P. Dr. MAURICIO TORRES CUERVO

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 500012331000201100695 01

Radicado interno: 20110695

Actor: Laureano Enrique Meza Daza Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 5 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección del señor Jhon Leoncio Jaramillo Riaño, como Diputado del Departamento del Meta, para el período 2012 - 2015.

Respetado Señor Consejero: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, presento a consideración de la H.

Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES  1.- La demanda El ciudadano Laureano Enrique Meza Daza, actuando en su propio nombre y representación, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral demandó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección del señor,

Jhon Leoncio Jaramillo Riaño, como Diputado del Departamento del Meta, período 2012 – 2015.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Pretensiones de la demanda El actor, en la demanda señaló como pretensión la siguiente: «PRIMERA: Que se declare la NULIDAD PARCIAL del acto administrativo contenido en el Acta Parcial de Escrutinios – Formulario E-26, emanado de la Comisión Escrutadora designada por el Consejo Nacional Electoral para el departamento del Meta, …, en la cual los miembros de la Comisión Escrutadora declararon electo como Diputado para el departamento de Meta por el período 2012 – 2015 al candidato de nombres y apellidos JHON LEONCIO JARAMILLO RIAÑO…etc. (…)»  Hechos de la demanda Se destaca de este acápite de la demanda lo que señala el actor en los hechos 5º, 7º 8º y 9º, en donde manifiesta que el elegido Diputado tiene parentesco en tercer grado de consanguinidad con la señorita Lina Carolina Díaz Jaramillo, quien fue nombrada por el Alcalde de Villavicencio en el cargo de Secretario de Despacho – Secretaria de Gobierno – Nivel Directivo, Código 020, Grado 02, cargo en el que se posesionó el 1º de abril de 2009; posteriormente mediante

Decreto 070 de mayo de 2011 fue designada Secretario de Despacho –Secretaria de Control Físico – Nivel Directivo, Código 020 Grado 02, cargo en el cual se posesionó el 20 de mayo de 2011, cargos que dice «.. tienen implícito, por virtud de la ley y el manual de funciones – ejercicio de autoridad civil, política y dirección administrativa dentro del departamento del Meta». Señala que la señorita Carolina Díaz Jaramillo es sobrina del elegido Diputado el señor Jhon Leoncio Jaramillo Riaño, porque su madre, la señora Luz Fanny Jaramillo Riaño, es hermana del diputado. Conforme a este hecho manifiesta que el señor Jhon Leoncio Jaramillo Riaño, se encontraba inhabilitado para ser elegido Diputado, pues el supuesto de hecho enunciado se subsume dentro de lo señalado en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, disposición conforme a la cual no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado quien tenga parentesco en tercer grado de

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co consanguinidad con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política o administrativa en el respectivo departamento.  Normas violadas y concepto de la violación Dentro de las normas señaladas como violadas, el actor señaló las siguientes:

 Los artículos 299 y el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política.  El numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000. Según el actor, de conformidad con lo prescrito en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado aquella persona que tenga parentesco en tercer grado de consanguinidad, con funcionario que dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección, haya ejercido autoridad en el respectivo departamento y, según el decir del demandante la sobrina del elegido, en ejercicio de las funciones de los cargos en que fuera nombrada ejerce autoridad civil, política y dirección administrativa en el Departamento del Meta. 2.) Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo del Meta en su decisión de primera instancia consideró negar las excepciones propuestas y declaró nulo el acto por medio del cual se declaró elegido al señor Jhon Leoncio Jaramillo Riaño como Diputado de la Asamblea del Departamento del Meta para el período 2012 – 2015. Una vez establecido el parentesco que existe entre el elegido diputado y la pariente por consanguinidad, a la cual el actor le atribuye el ejercicio de autoridad en el desempeño de cargos como Secretaria de Despacho en el Departamento del Meta, consideró para efectos de su decisión lo siguiente:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C.

www.procuraduria.gov.co  Que la inhabilidad que se aduce como fundamento de la pretensión de nulidad exige para su configuración la demostración de los siguientes presupuestos: i) el parentesco en tercer grado de consanguinidad; ii) que el funcionario con el cual se tiene el parentesco haya ejercido autoridad en los términos de ley; iii) que la autoridad se haya ejercido dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección; iv) finalmente que se haya ejercido en el respectivo departamento.  Que estos presupuestos se encuentran debidamente acreditados, porque está demostrado el parentesco; la calidad de diputado; la designación como Secretaria de Despacho: el ejercicio de autoridad, la cual se predica de los dos cargos que desempeñó en el Departamento del Meta, pues tienen asignada la facultad para nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia por delegación y la de sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones, independientemente que esta función haya sido asignada a la oficina de Control Interno, por cuanto que «… dichos cargos directivos y como nominadores (por delegación) ostentan la facultad disciplinaria para imponer las aludidas sanciones, multas o destituciones, en su condición de superiores jerárquicos inmediatos según lo consagrado en el C.D. (art. 67) y por ser potenciales destinatarios de delegación» de igual manera está demostrado que el ejercicio de la función dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección y se llevó a cabo en

el respectivo departamento.  Recurso de apelación  Del apoderado judicial del demandado La decisión anterior es impugnada por el apoderado judicial del demandado, quien sustento el recurso y su inconformidad con la sentencia del a-quo, en los siguientes argumentos: Que el fallo del Tribunal ha debido ser inhibitorio porque la excepción propuesta denominada «inexistencia del acto demandado» estaba llamada a prosperar, pues no se cumplió en debida forma con el agotamiento de esta exigencia.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Del tercero interviniente El tercero interviniente opositor a las pretensiones de la demanda interpone recurso de apelación y señala como motivos de inconformidad con la decisión de primera instancia lo siguiente: Que el Tribunal al señalar en su decisión que ab initio estaba llamada a prosperar la pretensión de nulidad desconoció la regla de la lógica conforme a la cual la decisión ha debido dado darse en forma posterior al estudio de los supuestos de hecho y de derecho que fundaron la pretensión; en sentir del apelante el a-quo con este señalamiento prejuzgó y este proceder es contrario a la ley. El texto original de la norma que se invocó como fundamento de la decisión extendía la inhabilidad derivada del parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad no podía ser sustituido por la sentencia de la Corte

Constitucional, pues esta corporación no tiene asignada la función de sustituir el texto original de una ley. Porque el Tribunal señala una fecha de expedición del acto de elección que no consta en él, por cuanto la que se indica en el documento E-26 solo se refiere al mes pero no al año de elaboración o expedición del documento. Que el Tribunal no puede afirmar con certeza sobre el acto demandado porque en el allegado al plenario no aparecen cumplidos los requisitos de los artículos 139 y 229 del actual C.C.A. y los del artículo 169 del Código Electoral. Que el documento electoral allegado como prueba de la elección no tiene constancia alguna sobre la notificación y ejecutoria del mismo. Que en aplicación del artículo 53 de la carta Política la realidad es que la señorita Lina Carolina Díaz Jaramillo nunca ejerció las funciones que señala

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co la sentencia como inhabilitantes y que en aplicación de este mandato constitucional ha debido observar el a-quo el contenido del oficio 11023.60.0562 del 8 de marzo en donde se indica que las funciones no fueron ejercidas por la funcionaria. Que la demanda no ha debido ser admitida por cuanto en la demanda el actor no solicitó que el proceso se adelantara con citación y audiencia del Agente del Ministerio Público. Que el a-quo omitió referirse al numeral 5º del artículo 179 de la Carta Política.  Admisión del recurso

Por auto del 8 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo del Meta, concede el recurso de apelación que interpusiera contra la decisión de primera instancia por el apoderado judicial del demandado y el tercero interviniente (ver folio 532). Considerando que reúne los requisitos legales, el recurso se admitió por el Consejo de Estado – Sección Quinta -, mediante auto del 3 de diciembre de 2012 (ver fl. 544).  Alegatos de conclusión El actor en el asunto en examen interviene en esta oportunidad y solicita que sea confirmada la decisión objeto de impugnación, considerando que los presupuestos exigidos para la demostración de la inhabilidad como fuente de la nulidad electoral se encontraban debidamente demostrados. El apoderado judicial de la parte demandada interviene en esta etapa del proceso y en su escrito reitera argumentos que expuso al sustentar la excepción propuesta en la contestación de la demanda y que es reiterada en el escrito de apelación; en el escrito manifiesta:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que el Tribunal no ha debido decidir de fondo el asunto; que su decisión ha debido ser inhibitoria por que al proceso no se allegó prueba del acto de elección. Reitera que el documento allegado al plenario no reúne los requisitos señalados en la Ley, de manera especial los que establece el artículo 169 del Código Electoral.

Además señala lo siguiente: Que los documentos allegados al plenario para efectos de demostrar las funciones de los cargos desempeñados por la funcionaria que inhabilita al elegido diputado fueron allegados en forma irregular al proceso por cuanto ellas no establecen la existencia del acto administrativo por el cual se asignaron las funciones a las Secretarías de Despacho.

Concluye su alegato solicitando que se revoque el fallo de primera instancia por cuanto no se allegó al proceso prueba de la elección del señor Jhon Leoncio Jaramillo Riaño como Diputado de la Asamblea del departamento del Meta.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el proceso en trámite ante el H. Consejo de Estado – Sección Quinta-, por razón del recurso de apelación que se interpuso por el apoderado judicial de la parte demandada y el tercero interviniente, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta calendada en Villavicencio a 5 de julio de 2012, mediante la cual determinó denegar las excepciones propuestas por el apoderado del elegido diputado, así como las propuestas por los intervinientes Elmer Ramiro Silva Rodriguez y Jorge Felipe Carreño Sánchez y declaró la nulidad del acto mediante el cual se declaró elegido al señor JHON LEONCIO JARAMILLO RIAÑO, como Diputado del Departamento del Meta, período 2012 - 2015.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co De manera previa esta Delegada asumirá el estudio de la excepción propuesta por el apoderado judicial del elegido diputado en el escrito por medio del cual interpuso el recurso de apelación con la decisión de primera instancia.

La excepción propuesta: Inexistencia del acto objeto de la demanda de nulidad electoral Conforme lo argumenta el apoderado judicial, el Tribunal ha debido pronunciar un fallo inhibitorio y no decidir de fondo sobre el asunto litigioso que se propusiera por el actor, por cuanto que éste no acompañó con la demanda copia del acto que declaró la elección.

Sostiene el apoderado judicial que el acto de elección es idóneo para efectos de la demanda en la medida en la que cumple con los requisitos señalados en el artículo 169 del Código Electoral; dice que el allegado al plenario no establece en letras y números el número de votos obtenidos por el candidato elegido o por la lista, no describe el número de votos que otorgaron el derecho de ocupar el cargo como Diputados a las personas de la lista. Sea lo primero advertir que el artículo 169 del Código Electoral no señala requisitos del acto de elección, regula lo referido con los resultados de los escrutinios distritales y municipales, los cuales se harán constar en actas parciales, las cuales si deberán expresar en letras y números los votos obtenidos por cada uno de los candidatos o por las listas, además se deberán indicar las demás circunstancias determinadas en el modelo oficial. Las normas electorales en esto de formas y requisitos del acto que declara la elección no precisa requisitos especiales, se ha limitado a señalar que

“Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Departamentales hacer el escrutinio de los votos depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las respectivas credenciales”; en criterio de esta Delegada la única solemnidad a la que se somete el acto declaratorio de elección es la escrituralidad, nada más, así no será posible considerar como acto declaratorio de elección la manifestación verbal que haga uno de los miembros de la Comisión Escrutadora.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El artículo 139 ibídem, subrogado por el D.E. 2304 de 1989, artículo 25, señala que con la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; agregando que cuando el acto no ha sido publicado, se denegare la copia o la certificación sobre su publicación, así deberá expresarse en la demanda bajo juramento, el cual se entenderá prestado con la presentación de la misma, a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda. En el caso de las pretensiones contencioso electorales deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual se declaraba la elección y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos. Sobre el asunto que se somete ahora a estudio la H. Sala ha señalado lo

siguiente: «La excepción así propuesta no tenía vocación de prosperidad porque en los términos del artículo 229 del Código Contencioso Administrativo: “Artículo 229. Individualización del acto acusado. Para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos”. Por lo que, en el sub lite, el acto a demandar era el contentivo de la elección, en este caso, el acta parcial de escrutinios de la Comisión Escrutadora Municipal de Sincelejo, Formulario E - 26 CO de 4 de noviembre de 2007, al que se contraen las pretensiones de la demanda. Ahora, es cierto que esta Sala ha establecido la necesidad de que se demanden, junto con el acto de elección, otros producidos en el proceso administrativo electoral, pero tal circunstancia se halla restringida a los actos a través de los cuales las comisiones escrutadoras deciden sobre las reclamaciones presentadas por los testigos electorales o los candidatos y sus apoderados en los escrutinios de mesa o en los subsiguientes y en cuanto, el defecto que se aduce se halle en éstos». 1 Conforme se observa a folio 21l del plenario se tiene que el demandante allegó copia del formato E-26 AS, que es el que la organización electoral ha diseñado y 1 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN QUINTA - Consejero Ponente:

FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA - Bogotá D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010). - Proceso número: 70001-2331-000-2007-00239-02 - Radicación interna: 2007-00239 - Demandante: Zorobel Jesús Romero Martínez - Demandado: Concejales de Sincelejo (Sucre)Electoral .

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co señalado como el acto en el cual, conforme a los resultados que arroja el escrutinio, se plasma la declaratoria de elección; este acto es conforme al artículo 229 del Código Contencioso Administrativo el que se ha demandar y allegar con la demanda. Pues bien, no observando la inexistencia del acto a demandar, se considera por este Despacho que la excepción carece de fundamento, no ha sido demostrada en debida forma y por lo tanto, debe ser desestimada y decidir, entonces, el fondo del asunto litigioso propuesto a consideración. Como corolario de lo anterior esta Delegada le ruega a la H. Sala que desestime los argumentos de la excepción y que se confirme la decisión de primera instancia, en cuanto allí se consideró que la misma no estaba llamada a prosperar. Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, se procede a emitir el concepto de fondo.

Consideraciones preliminares  Noción de inhabilidad Desde el aspecto meramente semántico, se entiende por inhabilidad el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo” (2), así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Igualmente la ley define la inhabilidad y desde esta óptica legal de conformidad con el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992, se entiende por inhabilidad todo acto o situación que invalide la elección de congresista (o de quien sea elegido por voto 2 Diccionario de la Lengua Española – Real Academia Española – Editorial Espasa Calpe - Madrid España – XXI edición –

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co popular pues la noción es general y se aplica sin restricción alguna a todo cargo o corporación de elección popular) o impide serlo. Como corolario se puede definir la inhabilidad como aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.  “La interpretación del asunto se debe hacer con carácter

restrictivo Como lo ha sostenido en varias oportunidades esta Delegada en los conceptos que ha rendido en asuntos de competencia el H. Consejo de Estado – Sección Quintay como lo tiene aceptado la jurisprudencia, dado el tema que se analiza corresponde a un régimen de excepciones -las inhabilidades lo son-, que limita el ejercicio de derechos fundamentales “éste debe ser interpretado de conformidad con la regla de hermenéutica que enseña que “en la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición. La regla de hermenéutica se expresa como a continuación se indica: «Una de las reglas de hermenéutica jurídica enseña que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, además el intérprete debe tener que “en la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”, según expresión tradicional de la H. Corte Suprema de Justicia (Casación de diciembre de 1898, XIV, 92), toda vez que según expuso la misma Corporación (Acuerdo, 29 de septiembre de 1917. XXVI, 154) el principio de hermenéutica jurídica estatuye que las disposiciones de carácter excepcional, en materias que no sean penales, deben interpretarse restrictivamente por causa de su previsión y exactitud para efectos de no extender una excepción más allá de los límites indicados en ella o para no reducirla hasta el punto de sustraer de su imperio casos que deben quedar comprendidos en su ámbito. 3

3 Las citas están tomadas de los comentarios consignados por JORGE ORTEGA TORRES, a los artículos 27 y 31 del Código Civil. (C