PGN - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES - Para contratar con el estado en atención a la v

Dependencia: Segunda Delegada Contratación Estatal Radicación #:083-01540-00

Disciplinado y/o investigado: Francisco José García Lara Cargo y entidad: Secretario de Salud Departamental Quejoso: Julián Romero Fecha queja: 16 agosto de 2000

Fecha hechos: 10 noviembre 1999

Asunto: fallo segunda instancia

Bogotá, D.C.,27 MARZO 2003 Procede el despacho a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por el señor Francisco José García Lara, en calidad de Secretario de Salud Departamental, contra la resolución No. 017 de 8 agosto de 2002, proferida por la Procuraduría Regional del Huila, mediante la cual lo sancionó con MULTA de treinta (30) días de salario mensual devengado para la época de los hechos, equivalente a la suma de tres millones quinientos setenta y dos mil trescientos pesos ( $ 3.572.300 ), previo el siguiente estudio:

CARGOS.

Mediante auto de 14 de junio de 2001, se le formuló cargos al señor Francisco José García Lara, en los siguientes términos ( fl. 104 c.o.): “ ..Suscribir el 10 de noviembre de 1999 el contrato de prestación de servicios No. 059, con el presbítero BERNARDO ANTONIO ALVAREZ ARANGO, por valor de $ 14.180.000,oo, cuyo objeto consistía en prestar sus servicios profesionales como Psicólogo al departamento del Huila, para efectos de llevar a cabo una orientación psicológica a niños de 6 a 13 años de edad del municipio de Guadalupe, promoviendo el desarrollo de sus habilidades intelectuales, espirituales y

psicosociales en pro de su desarrollo personal, familiar y comunitario, que suscite líderes para la sociedad como mecanismo para la prevención de la drogadicción, al alcoholismo, adicción a los juegos electrónicos, el maltrato infantil y violencia intrafamiliar, dentro del proyecto “ II REPÚBLICA DE LOS NIÑOS”, fomentando estilos de vida saludables, según propuesta presentada, pretermitiendo el régimen de inhabilidades de índole contractual, concretamente la señalada en el artículo 8°, literal f) de la ley 80 de 1993, toda vez que el contratista ostenta la calidad de servidor público por estar vinculado como docente en el Colegio municipal María Auxiliadora de Guadalupe, jornada de la mañana ( fls. 64 al 73 ), además que no se intentó conocer si el contratista tenía la profesión de psicólogo, o sus calidades humanas, personales y si contaba con la experiencia laboral y profesional a que se refería en su propuesta, conforme lo dispone el artículo 1° de la ley 190 de 1995 ( Estatuto Anticorrupción )” Se le señaló como disposiciones transgredidas los artículos 6°, 127 inciso 1° y 209 de la Constitución Nacional. De la ley 200 de 1995 el artículo 40, numerales 1°, 2°, 3°, 13, 21, 22 y 28 y el artículo 8 numeral 1° literal f) de la ley 80 de 1993. La falta fue calificada como grave a título de culpa. RESEÑA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El A-quo, luego de hacer un análisis al régimen de inhabilidades e incompatibilidades

a la luz de la doctrina, expresó que el sacerdote Bernardo Antonio Alvarez Arango, en su oportunidad aportó a la Secretaría de Salud Departamental el formato único de hoja de vida en el que se hizo alusión a que llevaba 7 años vinculado a la escuela Nacional de Gigante Huila y que se desempeñaba como párroco en el mismo municipio, luego el ordenador del gasto no podía hacer abstracción de tal documentación, ya que en ningún momento ocultó que era servidor público. Señaló que las reflexiones eran suficientes para predicar que el cargo no quedaba desvirtuado, confirmando la falta como grave a título de culpa, en atención a que su comportamiento obedeció a la falta de diligencia, cuidado e incuria en la suscripción del contrato 059 de 1999 con el servidor público Alvarez Arango, quien se encontraba inhabilitado para celebrar contratos con entidades estatales conforme a lo indicado en el literal f) del numeral 1° del artículo 8 de la ley 80 de 1993, prohibición que está expresamente señalada en el artículo 127 de la Constitución Nacional. Finalmente afirma el fallador de instancia, que ante la objetividad de la falta y la prueba de su responsabilidad se le impone multa de treinta días de salario (fls. 200 a 210 c.o.). RECURSO DE APELACIÓN El disciplinado a través de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la resolución 017 de 2002, argumentando que su defendido obró de buena fe al suscribir el contrato con el presbítero Alvarez Arango “toda vez que el mismo había pasado por su división técnica en la División de Desarrollo de la Salud y Jurídica,

quienes no presentaron objeción alguna para la suscripción del contrato...”. Destaca la incoherencia del fallo recurrido que primero advierte en las consideraciones de la Regional como aspecto toral del cargo que se hace, pues no se indagó si el contratista poseía título de sicólogo, de sus calidades humanas, personales, etc., y casi a renglón seguido aceptar que la entidad si había exigido la hoja de vida al contratista en el formato único del Departamento Administrativo de la Función Pública en la que se describían sus calidades humanas, personales y la experiencia laboral y profesional. Alega que la resolución recurrida incurre en el desatino de endilgar como funciones propias del Secretario de Salud Departamental, la sumatoria de las funciones de sus subalternos, aplicando disposiciones derogadas como el decreto 01451 de 1991 ( manual específico de funciones de la gobernación ), el cual fue sustituido por el decreto 990 de 1998, que no determina que entre las funciones del Secretario de Salud se encuentre la de revisar documentos o datos aportados por los oferentes para contratar, sino a otros funcionarios, y por tanto, mal puede endilgársele responsabilidad disciplinaria a su procurado, por una función que era propia de sus subalternos, en este caso el asesor jurídico de la Secretaría. Indica que en materia disciplinaria está proscrito el concepto de la responsabilidad objetiva, que se está aplicando en el fallo impugnado, ya que no era función del secretario de salud la revisión de los documentos previos luego no se le puede imponer sanción alguna, como lo ha reiterado la corte Constitucional en

muchedumbre de sentencias. Por último recaba sobre el actuar de buena fe del disciplinado y que su perfil es el de médico con especialización en administración de salud y por ello dentro de la estructura de la Secretaría de Salud se cuenta con expertos en derecho y contratación administrativa, quienes fueron los que intervinieron para dar vía libre a la contratación que cumplió rigurosamente. Sobre el perfil profesional cita una decisión de la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública de 20 de noviembre de 2000. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA La presunta irregularidad se contrae por suscribir el contrato de prestación de servicios No. 059 de 10 de noviembre de 1999, con una persona que ostentaba la calidad de servidor público por estar vinculado como docente en el Colegio Municipal María Auxiliadora. De igual manera se le reprochó el no verificar el perfil profesional del presbítero, para la ejecución del contrato como psicólogo. La Constitución Nacional en el artículo 127 prohíbe a los servidores públicos “celebrar por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno, con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”. A su vez, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ley 80 de 1993, artículo 8o., dispone que son inhábiles para participar en concursos o licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: “a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. (...) f) Los servidores públicos” (...) Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las

entidades estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, operaciones contractuales que exigen que se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. Es por ello, que se prohíbe que accedan a la contratación estatal las personas que tengan intereses contrarios a los de las entidades públicas con las cuales contrata o que carezcan de los requisitos o condiciones que puedan repercutir en el correcto, eficiente y eficaz cumplimiento del acuerdo de voluntades. En el ámbito contractual, las inhabilidades e incompatibilidades son circunstancias que imposibilitan para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales. Se halla probado en las diligencias que el disciplinado suscribió el contrato de prestación de servicios No. 059 de 1999, con el presbítero Bernardo Antonio Alvarez Arango, cuyo objeto consistía en prestar sus servicios profesionales como psicólogo al Departamento del Huila para efectos de llevar a cabo una orientación sicológica a niños de 6 a 13 años de edad del municipio de Guadalupe para la prevención de la drogadicción, el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, negocio jurídico que fue modificado en sus cláusulas 2ª y 3ª a través del otrosí del 30 de diciembre del mismo año ( fls. 6 y 99 c.o ).

De igual forma se encuentra prueba de la vinculación del presbítero Alvarez Arango como docente en el colegio María Auxiliadora ubicado en el municipio de Guadalupe ( fl. 65 c.o. ), establecimiento educativo en el cual fue reubicado a través del decreto No. 1557 de 19 de diciembre de 1999 suscrito por el gobernador del Huila, en grado séptimo del Escalafón Nacional docente en el mismo departamento ( fls. 72 y 102 c.o. ). En este orden de ideas no le asiste razón al apoderado del disciplinado cuando afirma que se le está endilgando al Secretario de Salud Departamental, el desconocimiento de las funciones que le correspondían a sus subalternos, derogadas además, ya que dentro de las funciones de éste no está la de revisar documentos o datos aportados por los oferentes, pues eso le correspondía al Asesor Jurídico de la Secretaría, porque si bien, aún existiendo un manual específico de funciones que determina las funciones de cada servidor, en especial las del asesor jurídico, también lo es que cuando se asume un cargo se tiene conocimiento de las funciones que debe ejercer, ,al margen de la formación profesional, oficio o perfil, se reitera, todo servidor debe conocer las funciones propias de su cargo, las cuales juró cumplir bien y fielmente a partir de la posesión. Por otro lado, es de advertir que el derecho disciplinario protege deberes, por ello la gran mayoría de los tipos son de mera conducta, de ahí que se mire la conducta oficial, la que infringe un deber funcional, encontrándose inescindiblemente unidas tipicidad y antijuridicidad, razón por la cual no nos encontramos ante una

responsabilidad objetiva, que como bien lo señala el inculpado, está proscrita en nuestro ordenamiento disciplinario. Así las cosas, este Despacho prohija el fallo del a quo, ya que el disciplinado faltó al deber de cuidado, fue negligente y no tuvo en cuenta la documentación soporte del proceso contractual que como ordenador del gasto le correspondía verificar, razón por la cual se confirmará la sanción impuesta. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE: PRIMERO. CONFIMAR la resolución número 17 de 8 de agosto de 2002, proferida por la Procuraduría Regional del Huila mediante la cual sancionó al doctor FRANCISCO JOSÉ GARCÍA LARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.129.826 expedida en Neiva, en su condición de Secretario de Salud Departamental del Huila, con multa de treinta ( 30 ) días de salario mensual, equivalente a la suma de tres millones quinientos setenta y dos mil trescientos pesos ( $ 3.572.300), por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. NOTIFICAR por la Procuraduría Regional del Huila esta decisión al interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes de la ley 734 de 2002, con la advertencia que no procede recurso alguno por la vía gubernativa. TERCERO. REMITIR por la oficina de origen, copia de los fallos de primera y segunda instancia, con la constancia de ejecutoria, a la División de Registro y Control

y Correspondencia de la Procuraduría General, para lo de su cargo. CUARTO. Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, dejar las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado Exp. 083-01540 MRML/ree. Fallo segunda instancia