PGN - INSCRIPCION DE CANDIDATOS - Debe hacerse dentro del termino legal salvo cuando es po

NULIDAD DE CANDIDATO NO ELECTO-Posibilidad de hacer el estudio Es preciso indicar sobre este aspecto que, si bien es cierto, este ciudadano en su calidad de candidato al Concejo Municipal de Itagüí-Antioquia, no fue declarado electo en dicho cargo, es posible analizar las causales de nulidad de los candidatos no electos, cuando se encuentran en la lista para reemplazar a los elegidos Concejales y dichas causales sean comunes a las que se predican de quien si fue elegido. Lo anterior, tal como lo señala el parágrafo del artículo 56 de la Ley 136 de 1994 INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE CANDIDATOS-Es diferente a renuncia o no aceptación de la candidatura/RENUNCIA-Definición y alcances Sobre este aspecto, debe señalarse que, una cosa es la inscripción de candidatos y la modificación de candidatos y listas inscritas de que tratan el artículo 2 de la Ley 163 de 1994, que se encuentra dirigida a los partidos y movimientos políticos y otra diferente, es la renuncia o no aceptación de la candidatura, tal como lo faculta el artículo 94 del Código Electoral. Conforme a lo anterior, cierto es que los partidos y movimientos políticos, solamente podían inscribir candidatos hasta el 10 de agosto de 2011, y modificar dicha inscripción hasta el 18 de los mismos mes y año; en efecto, así se dispuso en el calendario electoral aprobado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante resolución 0871 de 2011. Cosa diferente es la renuncia que un candidato puede hacer a su candidatura, caso en el cual, no se aplica el término señalado precedentemente, pues la renuncia o no de una

candidatura, es un aspecto que corresponde a una emanación de la voluntad de la persona, entendida como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta para tomar una decisión de manera libre y espontánea. Es más, es tan voluntaria la renuncia que un candidato puede hacer de su aspiración, que por ello, el artículo 94 del Código Electoral que plantea la posibilidad de que, en caso de renuncia de un candidato, los partidos o movimientos políticos, puedan modificar las listas de sus candidatos, a más tardar dentro de los 15 días anteriores a la fecha de las votaciones. Por lo anterior, no obstante que la inscripción como candidato de un partido o movimiento político, solamente puedan modificarse dentro de los términos señalados por el Legislador, la renuncia a la aspiración, no puede ser limitada por cuanto es un aspecto que se ha dejado a la libre voluntad del aspirante, bajo su derecho de elegir y ser elegido. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS-Debe hacerse dentro del término legal salvo cuando es por renuncia Ahora bien, cosa diferente es que, con posterioridad a dicha renuncia, fueron inscritos como candidatos del Movimiento Social o Grupo Significativo de Ciudadanos Cuente Conmigo el 30 de septiembre de 2011, lo que pareciere indicar que su inscripción se produjo con posterioridad a la fecha permitida para ello, lo cual no es cierto, pues tal como se indicó anteriormente, el artículo 94 del Código Electoral permite a los Partidos y Movimientos Políticos, en caso de renuncia de un candidato, que puedan modificar las listas de sus candidatos, a más tardar dentro de los 15 días anteriores a la fecha de las

votaciones.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Facultad que también la consagra la Ley 1475 de 2011, en su artículo 31, para los casos de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, para que puedan modificarse inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación. Conforme a lo anterior, la inscripción de los referidos candidatos el 30 de septiembre de 2011, era totalmente válida cuando se modificare la ya inscrita por motivos de muerte, renuncia, no aceptación o revocatoria de la inscripción. DOBLE MILITANCIA-Es un mecanismo de disciplina de los partidos, pero no constituye inhabilidad La norma Constitucional que consagra la doble militancia es el artículo 107 de la C.N. — Modificado. A.L. 1/2009, art. 1º De la norma citada se infiere, que el Constituyente, con la reforma constitucional que efectuara mediante el Acto Legislativo 1 de 2009 se propuso fortalecer el régimen de los movimientos y partidos políticos y, para lograr este propósito, estableció prohibiciones a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular encaminadas a evitar que sus miembros se cambien de partido o pertenezcan de manera simultánea a más de uno.

Ahora bien, igualmente se prohíbe a los ciudadanos integrar o pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, pues como se dijo anteriormente, lo que se pretende es fortalecer los partidos políticos y preservar los ideales que inspiran esa colectividad. No obstante, todos estos propósitos que motivaron la reforma ello no es óbice para concluir que la inobservancia de la prohibición de la doble militancia no acarrea ninguna consecuencia jurídica diferente a la que puedan derivarse de lo establecido por los mismos partidos políticos en sus Estatutos, porque el precepto constitucional no estableció taxativamente otra distinta. Ahora bien, esta posición, respecto a la imposibilidad de sancionar la doble militancia política con pena mayor a la que puedan imponer los partidos y movimientos políticos por falta de consagración expresa del Constituyente, quedó zanjada con la expedición de la Ley 1475 de 2011, artículo 2. Conforme a lo anterior, establecido por el legislador que la inobservancia de la prohibición de la doble militancia genera una sanción que le corresponde imponer a los partidos y movimientos políticos de conformidad a sus respectivos estatutos, no le corresponde al operador judicial considerar cosa distinta, pues si así lo hiciera, estaría sustituyendo al legislador. ALCALDE-Los términos para las inhabilidades y las incompatibilidades no pueden ser superiores a 12 meses Al referido ciudadano, se le endilga estar incurso en la incompatibilidad consagrada en los artículo 38-7 y 39 de la Ley 617 de 2000.

Respecto de la ampliación a 24 meses de la proscripción contenida en el artículo 38-7, la Corte Constitucional en sentencia C-540 de 2001 La Jurisprudencia constitucional, así como la del Consejo de Estado, ha sido unánime en señalar el amplio margen de configuración legislativa en materia de inhabilidades para aspirar a los cargos de elección popular, así como la condición oportuna para su aplicación, la cual debe ser no otra que la fecha de inscripción. Con posterioridad a ello, el artículo 29 de la Ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos se manifestó al respecto.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Sobre este aspecto, La H. Corte Constitucional al realizar el análisis previo de constitucionalidad, en sentencia C-490 de 2011, decretó su constitucionalidad condicionada, en el entendido de que el término superior, debe circunscribirse a lo establecido en el numeral dos del artículo 179 de la Carta Fundamental para los congresistas Es decir, aunque el máximo Tribunal de lo Constitucional en Colombia, sigue reiterando el amplio margen de configuración legislativa que en materia de inhabilidades tiene el congreso de la república, razón de ello es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio contenido en la Ley 617 de 2000, respecto de autoridades del nivel descentralizado territorialmente; lo cierto es que se pretendió con la consagración

normativa en cita, igualar, generar una regla homogénea en lo que respecta al término allí indicado, esto es, que en consideración al derecho a la igualdad, participación y acceso a los cargos públicos, aunque puedan y en realidad existan regímenes de inhabilidad e incompatibilidad especiales, ninguno de ellos puede ser mayor al establecido para los congresistas en el numeral 2 del artículo 179 constitucional, es decir, ninguno puede exceder de los 12 meses allí consignados. Conforme lo anterior, es claro que en materia de la incompatibilidad contenida en los artículos 38-7 y 39 de la Ley 617 de 2000, que de conformidad a la jurisprudencia del Consejo de Estado, debe entenderse como una prohibición para acceder a los cargos públicos, no puede ser superior al término indicado en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política, es decir, no puede ser superior a los 12 meses. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES-Momento desde el cual se cuenta el término/CÓMPUTO DE TÉRMINOS-Para acceder a los cargos de elección popular Ahora bien, lo pretendido con la norma en comento es generar una regla de homogeneidad respecto del término, que no puede ser mayor a 12 meses, pero conforme al amplio margen de configuración legislativo del Legislador patrio, este ha querido en los distintos regímenes de inhabilidades e incompatibilidades variar la fecha desde la cual opera la prohibición; Así pues, en algunas restricciones, este las consagró respecto de la fecha de la inscripción, y otras, respecto de la fecha de elección.

Conforme a lo anterior, la fecha desde la cual opera la restricción para acceder a los cargos públicos de elección Popular, debe ser la expresamente consagrada para el caso especifico, así pues, como la prohibición contenida en el artículo 38-7 de la Ley 617 de 2000, indica que ella opera a partir de la fecha de la inscripción, así ha de entenderse y aplicarse. Lo anterior, se repite, toda vez que lo pretendido por el Legislador es equiparar los términos de operancia de los diferentes regímenes de inhabilidades e incompatibilidades, pero no así, la fecha desde la cual se computan dichos términos, pues el Legislador en su amplio margen de configuración legislativa, ha querido que en algunos eventos, estos términos se computen desde la fecha de la inscripción para aspirar al cargo, y en otros ha indicado que deben operar desde la fecha en la que se realice la elección, precisiones tales que no pueden desaparecer de contera con la expedición de la Ley 1475 de 2012. No es de recibo la apreciación del Tribunal de Instancia en lo que respecta a la fecha en la que opera esta prohibición ha de ser la de la elección y no de la inscripción, tal como se indica en el numeral 2 del artículo 179 de la Carta Política, toda vez que la asimilación que la Corte Constitucional hiciere del parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 a dicha norma constitucional se hizo respecto del término que no puede ser mayor a 12 meses, pues se repite, la fecha desde la cual ha de computarse dicho término varía de

acuerdo a lo estipulado por el Legislador Estatal en cada caso en concreto, que como se

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co indicó en la prohibición estudiada, opera a partir de la fecha de la inscripción, no de la elección. COPIAS SIMPLESAlcance probatorio según el art 254 del código de procedimiento civil No obstante, que las copias simples no son medios de convicción para constatar hechos alegados por las partes en un proceso, toda vez que de conformidad a lo normado por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, ellas requieren de autenticación, en este proceso si debieron tenerse en cuenta, toda vez que lo allí establecido, fue objeto de confesión por parte del demandado, confesión que sí le permite al operador judicial valorar tales fotocopias. Luego, entonces, contrario a lo afirmado por el Tribunal de Instancia, si existe prueba del ejercicio del demandado como Alcalde Encargado de Itagüí, ejercicio que se dio desde el 16 hasta el 23 de julio de 2010. Así pues, en consideración a los planteamientos expuestos, no cabe duda de que el acto de declaratoria de la elección del demandado como Concejal del municipio de Itagüí- Antioquia, tiene plenos efectos legales, pues su inscripción para aspirar a dicho cargo se hizo por fuera del término contenido en la prohibición alegada. Es decir, entre la fecha en la que dejó de ejercer como Alcalde encargado, esto es,

desde el 23 de julio de 2010, a la fecha de su inscripción como candidato al concejo municipal de Itagüí-Antioquia, 10 de agosto de 2011, ya habían transcurrido más de 12 meses de que trata la prohibición estudiada, pues en efecto habían transcurrido un año y 17 días, por lo tanto, no cabe duda que la inscripción aludida, se realizó con reconocimiento y aplicación de la normatividad vigente al respecto.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Octubre 19 de 2012 Concepto No. 083 Doctor Mauricio Torres Cuervo

H. Consejero Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 050012331000201101918 01

Radicado interno número: 2011-1918

Actor: Monica María Dávila Trujillo y Otros.

Demandado: Angela María Ríos Castaño y Otros.

Contenido: Apelación de la sentencia del 13 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró inhibido y negó la nulidad del acto de elección de la señora Ángela Ríos Castaño y Gustavo Adolfo Betancur Castaño, como Concejales del Municipio de Itagüí-Antioquia, periodo 2012-2015.

Respetado doctor: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 21 de septiembre de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes  Las demandas y sus pretensiones

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Las ciudadanas Katherine Andrea Herrera Escobar y Mónica María Dávila, en demandas separadas, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandaron la nulidad del acto de elección de Ángela María Ríos Castaño y Gustavo Adolfo Betancur como Concejales del Municipio de Itagüí-Antioquia para el periodo constitucional 2012-2015. Las pretensiones formuladas por las actoras son las siguientes: «1. Que se declare la nulidad del acto administrativo E26 que declara los resultados de las elecciones del Concejo del Municipio de Itagüí (Ant) emitida por la Comisión Escrutadora municipal de Itagüí.

2. Se declare la nulidad de la Resolución No. 121 de 2011, emitida por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia, en la que se confirma la declaración de las elecciones del Concejo Municipal de Itagüí.

3. Se ordene la cancelación de la inscripción del señor GUSTAVO ORLANDO

RAMOS MORENO, como candidato del Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo, por haberse inscrito por fuera de la oportunidad legal y haber renunciado como candidato del partido Cambio Radical, también extemporáneamente, para que no sea tenido en cuenta en la asignación de credenciales para ocupar curules, en el evento en que se cancelen las solicitadas.

4. Se cancele la credencial como concejala de Itagüí electa para el periodo 2012-2015 de la señora ÁNGELA MARÍA RÍOS CASTAÑO, por incurrir en doble militancia y haber renunciado como candidata del partido Cambio Radical, también extemporáneamente.

5. Se declare la doble militancia de conformidad con el Artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 del señor GUSTAVO ORLANDO RAMOS MORENO, por encontrarse

inscrito en el Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo No. 3 y por el Partido Cambio Radical No. 17.

6. Se declare la doble militancia de conformidad con el Artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 de la señora ÁNGELA MARÍA RIOS CASTAÑO, por encontrarse inscrito

(sic) en el Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo No. 3 y por el Partido Cambio Radical No. 17.

7. Se cancele la credencial como concejal de Itagüí electo para el periodo 20122015 al señor GUSTAVO ADOLFO BETANCUR CASTAÑO, por incurrir en causal de incompatibilidad por las razones expuestas en el acápite de los hechos.

8. Que se declare que los votos escrutados para el Movimiento Ciudadano

CUENTE CONMIGO, no se invaliden, toda vez que corresponde a la voluntad de los Sufragantes acompañar una ideología partidista y por orden constitucional pertenecen a los partidos, de tal forma que esos votos sumen al movimiento ciudadano a efectos de calcular el umbral y de la cifra repartidora.

9. Que como consecuencia de lo anterior, los candidatos que hayan alcanzado la mayor votación en el movimiento ciudadano Cuente Conmigo ocupen las curules que éste partido logró, en el respectivo orden descendente.»

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Hechos de la demanda Señalan las actoras, que el pasado 30 de octubre de 2011, se llevaron a cabo las jornadas de votaciones en todo el territorio Colombiano, para la elección de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles. Que en el Municipio de Itagüí se realizaron los correspondientes escrutinios desde el mismo 30 de octubre, hasta el 07 de noviembre de 2011, día en el cual se expidió el acto administrativo mediante el cual se declaró ala elección de los miembros del Concejo Municipal, el cual posteriormente fue confirmado por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia, mediante Resolución No. 121 del 10 de los mismos mes y año. Que dentro los candidatos electos, resultaron elegidos Ángela María Ríos Castaño

y Gustavo Adolfo Betancur Castaño por el Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo. Que la señora Ríos Castaño, para dicho proceso eleccionario, se encontraba inscrita por el movimiento por el cual fue elegida, así como por el Partido Cambio Radical, de donde se evidencia que ella estaba incursa en doble militancia. Que el señor Betancur Castaño se encuentra incurso en causal de incompatibilidad, toda vez que algunos periodos del año 2010 reemplazó en el ejercicio del cargo de Alcalde al Alcalde de Itagüí-Antioquia, y tal como lo disponen los artículos 38-7 y 39 de la Ley 617 de 2000, quien ejerza como Alcalde, así como en que lo reemplace en el ejercicio de su cargo, no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el periodo de 24 meses en la respectiva circunscripción, término que a la fecha no ha transcurrido. Que así mismo, el candidato al Concejo Municipal de Itaguí, señor Gustavo Orlando Ramos Moreno, se encontraba inscrito para esa corporación, tanto por el

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo, como por el Partido Cambio Radical, aunque éste no alcanzó curul.  Normas violadas y concepto de la violación Señalaron como normas violadas las siguientes:  El artículo 1, inciso 2 del Acto Legislativo 01 de 2003.

 Los artículos 2, 11 y 31 de la Ley 1475 de 2011.  El artículo 44 de la Ley 136 de 1994.  Los artículos 38-7 y 39 de la Ley 617 de 2000.  La Resolución No. 0871 del 8 de febrero de 2011 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al explicar el concepto de violación, aducen las demandantes: Que la señora Ángela María Ríos, electa concejal de Itagüí, y el señor Gustavo Orlando Ramos Moreno, quien no resultó elegido como concejal de esa municipalidad, se inscribieron para el proceso electoral por dos partidos o movimientos políticos, violaron el calendario electoral, pues renunciaron a la primera inscripción, fuera del término establecido para ello, y en esa medida, no solo incurrieron en doble militancia, sino que la inscripción no es válida, por lo tanto, los votos deben sumarse al partido y no a ellos. Que en el caso del señor Gustavo Adolfo Betancur, fungió como Alcalde encargado dentro del periodo inhabilitante consagrado en los artículos38-7 y 39 de la Ley 617 de 2000.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, en sentencia del 13 de junio de 2012, dispuso: i) Declararse inhibido para un pronunciamiento de mérito sobre la cancelación de la inscripción del señor Gustavo Orlando Ramos Moreno como

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co candidato del Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo; ii) denegar las demás pretensiones de las demandas acumuladas, por las siguientes razones: Que es claro que respecto del señor Gustavo Orlando Ramos Moreno, el acto que se demandó fue el de su inscripción, y al no resultar elegido, no se puede afirmar que se entiende demandada su elección por irregularidades, lo cual impide un pronunciamiento de fondo sobre ese asunto. Que respecto de los cargos endilgados a la concejal electa, señora Ángela María Ríos Castaño, la única formalidad que debe cumplirse para renunciar a una candidatura, es la contenida en el artículo 96 del Decreto 2241 de 1986, por ende, no se requiere que el candidato haya presentado previamente o le haya sido aceptada previamente renuncia por parte del movimiento o partido por el cual se inscribió. Que como lo afirma el apoderado de la Concejal electa, la copia de la renuncia presentada el 30 de septiembre (folio 59 del radicado 1918), tiene un sello de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con número de radicado, suscrito por la renunciante, de donde se presume que ella lo presentó personalmente, pues la autoridad electoral le dio trámite y ello no fue tachado de falso. Que, además, el legislador no estableció una fecha límite para presentar la renuncia a una determinada candidatura, y en sentir de la sala no podía hacerlo porque si se concibe la renuncia como un acto unilateral y voluntario, establecer límites a ello, sería limitar el derecho y haría obligatoria su participación en los

comicios, lo que atenta contra la autonomía de la voluntad. Pero aún, si se entendiera que la fecha límite para renunciar a una candidatura es la fecha límite para realizar modificaciones a las listas, la demandada lo hizo en término pues su renuncia fue presentada a la autoridad electoral el 30 de septiembre de 2011, es decir, un mes antes de celebrarse las elecciones.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que concomitante con lo anotado, tanto la renuncia presentada por la demandada al Partido Cambio Radical, como la inscripción al proceso electoral por el Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo, se ajustaron a la legalidad. Que en cuanto a la doble militancia que se le endilga a esta concejal, ella no encaja dentro de ninguno de los supuestos de la Ley 1475 de 2011, pues ella no era directiva de ningún partido o movimiento político, ni estaba ocupando ninguna curul por movimiento alguno, tampoco era candidata por el Partido Cambio Radical porque como se dijo anteriormente, había renunciado a esa candidatura, y ninguna trascendencia tienen las certificaciones contradictorias expedidas por ese partido; por lo cual no existe doble militancia que pudiera constituir causal de revocatoria de la inscripción de la demandada y como consecuencia la nulidad de su elección. Con respecto a la inhabilidad que se depreca del concejal electo de Itagüí- Antioquia, periodo 2012-2015, señor Gustavo Adolfo Betancur Castaño, indicó el A

Quo que hay que entender que la extensión de la incompatibilidad (inhabilidad) consagrada en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, no es de 24 meses, sino por 12 meses de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y la interpretación de la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, y además que los 12 meses no son anteriores a la inscripción, sino a la elección, pues de contarse al momento de la inscripción, sería una interpretación más estricta que la norma constitucional de los congresistas. Que no se encuentra en el expediente prueba alguna de que el señalado señor hubiere ejercido como Alcalde del municipio en el periodo mencionado, pues solo se aprecia a folio 84 una copia simple del Decreto 830 de julio 14 de 2010, por medio del cual se le encargó como Alcalde entre el 16 y el 23 de julio de ese año, documento que por estar en copia simple, no puede ser valorado, al no cumplir los requisitos de autenticidad del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; pero aún en gracia de discusión, si se valora, no tendía entidad suficiente para dar el traste con la legalidad del acto de elección, por cuanto el periodo a que se refiere está por fuera del límite temporal de la normativa vigente.

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 Apelación de la sentencia de primera instancia

1. De la demandante Katherine Herrera La señalada demandante, por intermedio de apoderado judicial, en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal de instancia, aduciendo que el parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, no modificó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los alcaldes elegidos o a elegir por voto popular, sino que simplemente estableció un régimen especial para quienes habrán de reemplazarlos en sus faltas absolutas, porque los que hayan desempeñado el cargo de alcaldes titulares o encargados dentro de los 24 meses anteriores a la elección, no podrán aspirar a ser elegidos alcaldes o en cualquier otro cargo, pues dicha incompatibilidad continua vigente.

Que, teniendo en cuenta los conceptos doctrinales y de múltiples boletines de información en Internet y prensa, concluye que continúan plenamente vigentes los términos y plazos establecidos en las normas anteriores a la Ley 1475 de 2011, que consagran regímenes de inhabilidades e incompatibilidades para quienes aspiren a ser elegidos Gobernadores, Alcaldes o concejales por voto popular. Que el ponente ignora que el acto de inscripción y modificaciones de las candidaturas al concejo quedaron a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, regulada por ésta, luego entonces, las inscripciones debieron hacerse hasta el 10 de agosto de 2011 y la renuncia a la inscripción solo hasta el 18 de agosto de ese mismo año.

Que no está esclarecida la legalidad de la renuncia de la concejal Ríos Castaño, y por el contrario ella tuvo vigencia paralelamente por el Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo y por el Partido Cambio Radical, lo cual debe ser sancionado con la revocatoria de la inscripción.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Solicita así mismo, que en la apelación se pronuncie de fondo sobre la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del señor Gustavo Ramos, por los mismos argumentos que la señora Ángela Ríos, porque de no ser así, éste entraría a ocupar la curul de Concejal según el resultado de las votaciones.

2. De la demandante Mónica María Dávila Trujillo La señalada demandante, en nombre propio, en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal de instancia, aduciendo que ninguna validez tiene la inscripción efectuada por la señora Ángela María Ríos Castaño por el Movimiento Social Cuente Conmigo, toda vez que no se podía modificar la lista del Partido Cambio Radical el 30 de septiembre de 2011, como ocurrió, cuando se encontraban cerradas las posibilidades de modificación de listas de acuerdo al calendario electoral previsto en la Resolución No. 0871 de

2011. Que por otra parte, no resulta de recibo argumentar que la Ley 1475 de 2011

permitía dicha modificación, en tanto ella, propugna por el fortalecimiento de los partidos o movimientos políticos, y la finalidad de esa modificación, se consagró para el partido que resultare afectado por la revocatoria de la inscripción de alguno de sus candidatos, no de los candidatos para cambiar de una lista a otra. Que se encuentra debidamente probada la doble militancia de ésta concejal, toda vez que las certificaciones, tanto del Partido Cambio Radical, como del Movimiento Ciudadano Cuente Conmigo, indican que ella era militante de esa colectividad, y en ambos casos, aspiró a ser concejal del Municipio de Itagüí- Antioquia. Que conforme a lo anterior, palmaria resulta la incursión de la señora Ángela María Ríos Castaño en la prohibición constitucional y legal de la doble militancia, la cual afecta su acto de elección de nulidad tal como lo indica el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, por contravención de las normas en que debía fundarse.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Admisión del recurso Mediante auto del 21 de septiembre de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de junio del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle de Antioquia.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada. En el caso en estudio, haremos alusión precisa a los argumentos esbozados por las apelantes mediante los cuales solicitan se proceda a revocar el fallo impugnado y, por ende, se decrete la nulidad de los actos acusados. El presente concepto será estructurado de form