PGN - INTERVENCION DEL ESTADO - Alcances

INHABILIDAD–Definición gramatical y jurídica Como se ha indicado por este Despacho en oportunidades anteriores, y nuevamente se reitera, la inhabilidad gramaticalmente, se entiende como el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo”, así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. En el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992 se dice que inhabilidad es todo acto o situación que invalide la elección de congresista o impide serlo. Como corolario de lo anterior, se puede concluir que la inhabilidad es aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Doctrina PGN/INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Concepto doctrinal Ahora bien, esta Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en varios de sus conceptos ha iniciado el estudio destacando en un acápite especial la regla de hermenéutica que se impone, cuando le corresponde al intérprete u operador jurídico abordar el estudio de normas prohibitivas o restrictivas del ejercicio de derechos. INHABILIDAD DE DIPUTADO-Rectores de establecimiento educativo ejercen autoridad El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia de primera instancia, siguiendo en ello

la jurisprudencia sentada por la H. Corporación en su Sección Primera, que ha considerado en varias de sus decisiones que los Rectores de Establecimiento Educativo ejercen autoridad, declaró la nulidad de la elección. En el recurso de apelación se insiste por los apoderados del elegido Diputado que en el Departamento de Putumayo, por razón de la intervención que en el sector educación se decretara por el Gobierno Nacional, todo lo relacionado con su funcionamiento quedó en manos del Ministerio de Educación; sin embargo, esta afirmación no fue probada como les correspondía. INTERVENCIÓN DEL ESTADO-Alcances/INTERVENCIÓN DEL ESTADO-La medida comprende aquellas funciones que son propias del jefe del organismo En efecto, cuando se suceden estas intervenciones, las cuales se regulan en el Decreto 028 de 2008 y que para el caso específico del Departamento de Putumayo, se plasmó en la Resolución 3545 de diciembre 14 de 2009, expedida por la Directora de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la medida precautelar que se dispone con fundamento en estas normas está limitada en el tiempo, o sea, es eminentemente temporal. En efecto, conforme a lo señalado en el Decreto 028 de 2008, las medidas precautelares pueden tener :vigencia hasta por un término máximo de cinco años, sin perjuicio de solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y Control el levantamiento de la medida y según el Documento CONPES - 129 al que aludieron los

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 1

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co apelantes y que fuera allegado al plenario, el término de duración de la misma, la vigencia recomendada por este organismo fue de un (1) año. Considera esta Delegada que siendo así las cosas, correspondía demostrar que la medida seguía vigente y entonces proceder a efectuar el análisis de la situación litigiosa planteada al tenor de las nuevas circunstancias. Otro aspecto que en sentir de este Despacho no se puede soslayar en el presente asunto, es que la medida comprende aquellas funciones que son propias del jefe del organismo encargado del servicio en la respectiva entidad territorial. Veamos: En el caso de los Departamentos se restringen las funciones que en relación con la educación le corresponda ejercer al Gobernador y por supuesto, al Secretario de Educación en el nivel territorial en que se surte la intervención, dejando a salvo aquellas funciones que corresponde al Rector del establecimiento propiamente dicho y que son inherentes al funcionamiento de la entidad en la cual se funge como tal y se presta el servicio, pues estas no se afectan por la intervención. RECTORES O DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSFunciones en caso de intervención del Estado Corresponden a estos servidores en relación con los Fondos de Servicios Educativos, las reguladas en el Decreto 992 de mayo 21 de 2005 artículo 11. Además de lo anterior, hay funciones que igualmente no se afectan con la medida de intervención que corresponde su ejercicio a los rectores de los establecimientos de educación, como son las correccionales y que la Sección Primera, en sentencia del 2 de

marzo del 2004, ponencia del doctor Mendoza Martelo, consideró como manifestaciones de autoridad RECTORES O DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS-Son autoridad administrativa/RECTORES O DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado Que la autoridad administrativa que se predica de los Rectores de Establecimiento Educativo público se manifiesta de diversa forma y que no solo comprende las enlistadas en el artículo 190, las cuales, como esta Delegada lo ha señalado no constituyen un acabado listado de actuaciones que denotan autoridad administrativa, sino sólo un enunciado que a manera de ejemplo e ilustrativo ha tenido a bien elaborar el legislador, es igualmente asunto que se reitera en la sentencia del 5 de mayo de 2005, proferida por la Sección Primera del H. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativoponencia del doctor Camilo Arciniegas Andrade, radicado interno número 2004 – 0045601 . Estos criterios, son nuevamente acogidos y reiterados en la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010 por el H. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera – Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont PianetaRadicación interna número: 2010-00092-01(PI) - Actor: Carmen Teresa Palmarrosa Bruges - Pérdida de Investidura del señor concejal Oscar Javier Choles Redondo. Los señalados antecedentes jurisprudenciales, en los que se ha realizado de manera extensa un análisis de las funciones que corresponde a los Rectores de establecimiento

de educación pública, para concluir en que ellas generan inhabilidad, permiten confirmar la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, sin hesitación alguna.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., septiembre 11 de 2012 Concepto No. 065 Señores Consejo de Estado Sección Quinta

M.P. Dra. ALBERTO YEPES BARREIRO

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 52001223241000201100663 01

Radicado interno: 20110663

Actor: James Andrés Ordoñez Jaramillo Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 13 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección del señor José Fabián Gómez, como Diputado del Departamento de Putumayo, para el período 2012 - 2015.

Respetado Señor Consejero: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, presento a consideración de la H.

Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES  1.- La demanda El ciudadano James Andrés Ordoñez Jaramillo, obrando por intermedio de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral demandó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección del señor, José Fabián Gómez Gómez, como Diputado del Departamento del Putumayo, período 2012 – 2015.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 3

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Pretensiones de la demanda El actor, en la demanda señaló como pretensiones las siguientes: «PRIMERO: Que se declare la NULIDAD DEL ACTO DE DECLARATORIA DE ELECCIÓN (formulario E-26 AS) por medio del cual la Comisión Escrutadora Departamental del Putumayo declaró la elección de JOSE FABIAN GOMEZ GOMEZ, .., como DIPUTADO para el Departamento del PUTUMAYO por el período 2012 – 2015…». (…)»  Hechos de la demanda Se destaca de este acápite de la demanda lo que señala el actor en el hecho tercero en donde consigna que el elegido Diputado se encontraba inhabilitado conforme a lo señalado en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, porque dentro de los doce meses anteriores a la elección, su hermano el señor Leandro Gómez Gómez, se desempeñaba como Rector de la Institución Educativa Guillermo Valencia en el Municipio de Villagarzón (Putumayo).

 Normas violadas y concepto de la violación Dentro de las normas señaladas como violadas el actor señaló el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, norma conforme a la cual no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado aquella persona que tenga parentesco en el segundo grado de consanguinidad con funcionario que dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección, haya ejercido autoridad administrativa en el respectivo departamento. En este capítulo de la demanda el actor refiere las disposiciones en las cuales funda su pretensión; cita las que regulan lo relacionado con el parentesco por consanguinidad y sus grados; se refiere a los conceptos de autoridad civil y administrativa, cita sentencias proferidas por el H. Consejo de Estado – Sección Primera – proferidas en procesos de pérdida de investidura y en las que se

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 4

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co concluyó que los Rectores de establecimientos educativos ejercen autoridad administrativa. Del concepto se destaca lo siguiente: «Trasladando dicha normatividad, jurisprudencia, y doctrina, al caso sub exámine, nos encontramos frente a la situación fáctica en que el hermano del elegido DIPUTADO JOSE FABIAN GOMEZ GOMEZ se desempeña como DIRECTIVO DOCENTE – RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA del Municipio de Villagarzón, ejerciendo de esta

manera AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y CIVIL dentro del Departamento del Putumayo, razón por la cual el aspirante a la Asamblea Departamental se encontraba inhabilitado para ser inscrito como candidato. El Departamento del Putumayo (Gobernación del Putumayo), en ejercicio de los deberes preceptuados en la Ley 115 de 1994, entre ellos el de organizar el SERVICIO EDUCATIVO DE SU JURISDICCIÓN, mediante Resolución No. 0022 de enero de 2007. Dispuso la ubicación del señor LEANDRO LEON GOMEZ GOEMZ, como RECTOR en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA del Municipio de Villagarzón, del Departamento del Putumayo a partir del 15 de enero de 2007, cargo que ha ejercido hasta la fecha». 2.) Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo de Nariño accede a las pretensiones del actor y mediante sentencia del 13 de julio de 2012, declaró la nulidad del acto mediante el cual se declaró elegido al señor JOSÉ FABIÁN GÓMEZ GÓMEZ como Diputado para el Departamento de Putumayo para el período 2012 – 2015. Consideró para efectos de su decisión analizar los siguientes aspectos:  Lo relacionado con el ejercicio de autoridad administrativa por parte de los rectores de Instituciones Educativas Públicas Municipales; para ello partió de considerar la condición de empleado oficial que se predica de estos servidores, luego se refirió a lo señalado en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1278 de 2002 en donde se estableció que el rector de una institución

educativa como directivo docente le corresponde ejercer actividades de

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 5

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación; hizo mención a las funciones asignadas a los rectores en la Ley 715 de 2000; citó la jurisprudencia que sobre el ejercicio de autoridad se predica de los rectores, la cual se sentó en la sentencia proferida por la Sección Primera del H. Consejo de estado al decidir sobre una pérdida de investidura .  Analizó lo relacionado con la circunscripción territorial, concluyendo que la inhabilidad se presenta cuando el pariente del candidato ejerce autoridad dentro de la circunscripción electoral, trátese de cargos del orden departamental o municipal.  Recurso de apelación La decisión anterior es impugnada por el apoderado judicial del demandado diputado señor José Fabián Gómez Gómez, quien sustento el recurso en los siguientes argumentos:  Que no basta el señalamiento de normas que asignan funciones para entender demostrada la causal de inhabilidad, sostiene que se hace necesario probar que éstas se ejecutaron dentro de los doce meses antecedentes a la elección en que se prohíben.  El ejercicio del cargo de Rector de una institución municipal no puede incidir en el resultado de una elección de una dignidad del orden departamental.

 Reitera que el problema jurídico era determinar si el hermano del elegido diputado había ejecutado actos de mando en el Departamento de Putumayo.  La función sancionatoria no la ejercen los rectores, ella corresponde en su ejercicio a las oficinas de control interno disciplinario o en su defecto por los Procuradores del orden provincial y regional respectivamente.  Que la inhabilidad conlleva una sanción, por lo mismo no obra de manera automática pues se violaría el debido proceso.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 6

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Que el rector no ejerce funciones de autoridad ni de mando que le permita imponerse por medio de la coerción o con el uso de la fuerza.  Manifiesta que el antecedente jurisprudencial que se citó por el a-quo para efectos de determinar lo relacionado con la circunscripción electoral es del año 2012 y los hechos objeto del debate están gobernados en tiempo, modo y lugar distintos, por lo mismo resultaba inaplicable.  Solicita que se aplique el principio pro homine contemplado en el artículo 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Sostiene que la sentencia no analizó lo relacionado con el ejercicio de autoridad civil, la cual si fue señalada por el actor como causal de inelegibilidad, y que ello le conculca garantías fundamentales a su prohijado.  Admisión del recurso

Por auto del 32 de julio de 2012, el Tribunal Administrativo de Nariño, concede el recurso de apelación que interpusiera el apoderado judicial del señor José Fabián Gómez Gómez (ver folio 302). Considerando que reúne los requisitos legales, se admitió por el Consejo de Estado – Sección Quinta - mediante auto del 15 de agosto de 2012 (ver fl. 313).  Alegatos de conclusión El apoderado del demandado interviene en esta oportunidad y señala que la causal de inhabilidad no se configura por lo siguiente:  El cargo de Rector de establecimiento de educación no implica el ejercicio de autoridad administrativa y civil.  No se probó que el Rector del establecimiento educativo tuviera asignada la facultad nominadora, disciplinaria y contractual.

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 7

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Que desde la expedición de la Resolución 3545 del 14 de diciembre de 2009 y conforme a lo establecido en el Decreto 028 de 2008, la educación en el Departamento de Putumayo fue asumida por el Ministerio de Educación Nacional.  Que en virtud del Decreto 028 de 2008, será el Ministerio de Educación Nacional por conducto del administrador que se designe el que tendrá la facultad de ordenador del gasto y nominador; de ejecución presupuestal; de celebración de contratos; de administrador de la planta de personal del sector educativo.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, se procede a emitir el concepto de fondo. Se encuentra el proceso en trámite ante el H. Consejo de Estado – Sección Quinta-, por razón del recurso de apelación que se interpuso por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño calendada a 13 de julio de 2012, mediante la cual determinó declarar la nulidad del acto mediante el cual se declaró elegido al señor JOSE FABIÁN GÓMEZ GÓMEZ, como Diputado del Departamento de Putumayo, período 2012 - 2015.  Noción de inhabilidad Desde el aspecto meramente semántico, se entiende por inhabilidad el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo” (1), así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 1 Diccionario de la Lengua Española – Real Academia Española – Editorial Espasa Calpe - Madrid España – XXI edición –

1999. Pág 1167

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 8

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Igualmente la ley define la inhabilidad y desde esta óptica legal de conformidad con el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992, se entiende por inhabilidad todo acto o

situación que invalide la elección de congresista (o de quien sea elegido por voto popular pues la noción es general y se aplica sin restricción alguna a todo cargo o corporación de elección popular) o impide serlo. Como corolario se puede definir la inhabilidad como aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.  “La interpretación del asunto se debe hacer con carácter restrictivo Como lo ha sostenido en varias oportunidades esta Delegada en los conceptos que ha rendido en asuntos de competencia el H. Consejo de Estado – Sección Quintay como lo tiene aceptado la jurisprudencia, dado el tema que se analiza corresponde a un régimen de excepciones -las inhabilidades lo son-, que limita el ejercicio de derechos fundamentales “éste debe ser interpretado de conformidad con la regla de hermenéutica que enseña que “en la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición. La regla de hermenéutica se expresa como a continuación se indica: «Una de las reglas de hermenéutica jurídica enseña que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, además el intérprete debe tener que “en la interpretación de las leyes

prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”, según expresión tradicional de la H. Corte Suprema de Justicia (Casación de diciembre de 1898, XIV, 92), toda vez que según expuso la misma Corporación (Acuerdo, 29 de septiembre de 1917. XXVI, 154) el principio de hermenéutica jurídica

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 9

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co estatuye que las disposiciones de carácter excepcional, en materias que no sean penales, deben interpretarse restrictivamente por causa de su previsión y exactitud para efectos de no extender una excepción más allá de los límites indicados en ella o para no reducirla hasta el punto de sustraer de su imperio casos que deben quedar comprendidos en su ámbito. 2 Lo anterior significa que las prohibiciones contenidas en la Constitución o en la ley deben interpretarse con estricta sujeción a la descripción que las contenga, buscando que su aplicación se circunscriba al ámbito de su comprensión gramatical, sin modificar su espectro en ninguna dirección…». EL ASUNTO DE FONDO Se demandó la nulidad de la elección del Diputado del Departamento de Putumayo señor José Fabián Gómez, considerando para el efecto lo preceptuado en el numeral 5° del artículo 33 de la Ley 617 del 2000. El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia de primera instancia, siguiendo

en ello la jurisprudencia sentada por la H. Corporación en su Sección Primera, que ha considerado en varias de sus decisiones que los Rectores de Establecimiento Educativo ejercen autoridad, declaró la nulidad de la elección. En el recurso de apelación se insiste por los apoderados del elegido Diputado que en el Departamento de Putumayo, por razón de la intervención que en el sector educación se decretara por el Gobierno Nacional, todo lo relacionado con su funcionamiento quedó en manos del Ministerio de Educación; sin embargo, esta afirmación no fue probada como les correspondía. En efecto, cuando se suceden estas intervenciones, las cuales se regulan en el Decreto 028 de 2008 y que para el caso específico del Departamento de Putumayo, se plasmó en la Resolución 3545 de diciembre 14 de 2009, expedida por la Directora de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la medida precautelar que se dispone con fundamento en estas normas está limitada en el tiempo, o sea, es eminentemente temporal. 2 Las citas están tomadas de los comentarios consignados por JORGE ORTEGA TORRES, a los artículos 27 y 31 del Código Civil. (Código Civil. Ed. Temis).

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 10

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En efecto, conforme a lo señalado en el Decreto 028 de 2008, las medidas

precautelares pueden tener «vigencia hasta por un término máximo de cinco años, sin perjuicio de solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y Control el levantamiento de la medida» y según el Documento CONPES - 129 al que aludieron los apelantes y que fuera allegado al plenario, el término de duración de la misma, la vigencia recomendada por este organismo fue de un (1) año, hecho éste que quedó consignado de la siguiente forma: «En caso que se adopte la presente recomendación, la asunción temporal de la competencia por parte del MEN en el Departamento de Putumayo, se establece por un término inicial de un (1) año..» Considera esta Delegada que siendo así las cosas, correspondía demostrar que la medida seguía vigente y entonces proceder a efectuar el análisis de la situación litigiosa planteada al tenor de las nuevas circunstancias. Otro aspecto que en sentir de este Despacho no se puede soslayar en el presente asunto, es que la medida comprende aquellas funciones que son propias del jefe del organismo encargado del servicio en la respectiva entidad territorial. Veamos: En el caso de los Departamentos se restringen las funciones que en relación con la educación le corresponda ejercer al Gobernador y por supuesto, al Secretario de Educación en el nivel territorial en que se surte la intervención, dejando a salvo aquellas funciones que corresponde al Rector del establecimiento propiamente dicho y que son inherentes al funcionamiento de la entidad en la cual se funge como tal y se presta el servicio, pues estas no se afectan por la intervención. Es el caso de las que corresponden a estos servidores en relación con los Fondos de

Servicios Educativos, regulados en el Decreto 992 de mayo 21 de 2005, a cuyo tenor les corresponde, según su artículo 11, cumplir las siguientes funciones: «Artículo 11. Funciones de los rectores o directores. En relación con el Fondo de Servicios Educativos, los rectores o directores de los establecimientos educativos cumplirán las siguientes funciones:

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 11

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co a) Elaborar el proyecto anual del presupuesto del Fondo de Servicios Educativos de la respectiva Institución, según el nivel de desagregación señalado en el artículo cuarto del presente decreto, y presentarlo para aprobación al Consejo Directivo; b) Elaborar el Flujo de Caja del Fondo estimado mes a mes, hacerle los ajustes correspondientes y presentar los informes de ejecución por lo menos cada tres meses al Consejo Directivo; c) Elaborar los proyectos de adición presupuestal debidamente justificados y presentarlos, para aprobación, al Consejo Directivo, así como también los proyectos relacionados con los traslados presupuestales; d) Celebrar los contratos, suscribir los actos y ordenar los gastos, con cargo a los recursos del Fondo, de acuerdo con el Flujo de Caja y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal, y de tesorería; e) Firmar los estados contables y la información financiera requerida y

entregarla en los formatos y fechas fijadas para tal fin; f) Efectuar la rendición de cuentas en los formatos y fechas establecidos por los entes de control; g) Publicar en un lugar de la Institución, visible y de fácil acceso, el informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, con la periodicidad que indique el Consejo Directivo. h) Presentar un informe de ejecución presupuestal al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas de la entidad territorial que tiene a su cargo el establecimiento educativo estatal, incluyendo el excedente de recursos no comprometidos si los hubiere». Además de lo anterior, hay funciones que igualmente no se afectan con la medida de intervención que corresponde su ejercicio a los rectores de los establecimientos de educación, como son las correccionales y que la Sección Primera, en sentencia del 2 de marzo del 2004, ponencia del doctor Mendoza Martelo, consideró como manifestaciones de autoridad, conforme a lo dicho en el pronunciamiento que a continuación se citará por este Despacho: «Del texto de las normas transcritas colige la Sala que existen funciones en las que a los rectores de establecimientos de educación les corresponde ejecutar las políticas y programas que en materia educativa adopte el Gobierno Nacional o los Gobiernos Departamentales, Distritales o municipales, es decir, enmarcadas dentro de los parámetros y directrices que les señalen al efecto, como también otro tipo de funciones

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 12

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955

Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co en las que tienen autonomía plena para adoptar decisiones, las que, por ende, implican el ejercicio de autoridad administrativa. Tal es el caso, por ejemplo, de las funciones atinentes al control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y al reporte de novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces; o la administración del personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos; o la participación en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección definitiva; o la distribución de las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo; o la realización de la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, así como la imposición de las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario. (negrillas del Despacho) La injerencia en los aspectos reseñados le dan a los rectores de establecimientos educativos influencia sobre los docentes, padres de familia, directivos, personal administrativo del respectivo plantel, los que, a la postre, son potenciales electores. (negrillas del Despacho). Cabe enfatizar, además, que como lo sostuvo la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 21 de mayo de 2002 (Expediente núm. PI-039, Consejero ponente doctor Juan Ángel Palacio Hincapié), el ejercicio del poder correccional es una de las

expresiones del poder de mando o facultad de imponer decisiones, que son propias de la autoridad administrativa o civil. En efecto, en la mencionada sentencia, que ahora se reitera, se dijo: “...Por autoridad administrativa podría entenderse como el poder del cual está investido un funcionario para que dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y preservación de la necesidades e intereses de sus administrados, función que también puede ejercer quien tiene autoridad civil, pero éste además tiene el poder de las decisiones generales. En relación a la autoridad administrativa, el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, describe de la siguiente manera las funciones que corresponden a la Dirección Administrativa: “Artículo 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 13

carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales,