PGN - INTERVENTORIA DE CONTRATOS - Definición legal

FALLO ABSOLUTORIO-A favor de la Profesional Universitaria, interventora del Convenio de Cooperación, Cofinanciación y Asistencia Técnica entre el departamento de Risaralda y la Fundación Construyamos Colombia, por las presuntas omisiones en la interventoría del Convenio PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA-Funciones que pueden delegarse DELEGACIÓN-Marco legal PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA-Marco constitucional INTERVENTORIA DE CONTRATOS-Definición legal

CONTRATO DE INTERVENTORÍAMarco legal

FUNCIONES DE LOS INTERVENTORES-Marco legal Dependencia Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Disciplinario – Resolución 217 de 2021. Radicado IUS 2015-193854

IUC D-2016-77-773452

Investigados CARMENZA BUITRAGO BOTERO Cargo y entidad Profesional Universitario Código 219-21 asignada en el despacho del Secretario de Desarrollo Social de la Gobernación de Risaralda mediante Resolución No. 0694 del 24 de junio de 2008 y acta de posesión No. 0694 del 24 de junio de 2008, interventora del convenio de Cooperación, Cofinanciación y Asistencia Técnica No. 1138 de 2013 entre Construyamos Colombia y el Departamento de Risaralda Quejosa Esperanza Grajales Ruiz Fecha queja 1º de junio de 2015 Fecha de los Agosto de 2013 hechos Asunto Fallo de primera instancia Fallo No. 128-21 Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2021

1.- OBJETO Al Despacho se encuentra el expediente IUS 2015-193854 IUC D2016-77-773452 para decidir en primera instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169-A de la Ley 734 de 2002, en la investigación disciplinaria adelantada en contra de la señora CARMENZA BUITRAGO BOTERO, interventora del convenio de Cooperación, Cofinanciación y Asistencia Técnica No. 1138 de 2013 entre Construyamos Colombia y el Departamento de Risaralda No. 1138 del 22 de octubre de 2013y en ausencia de causal que anule la actuación. 2.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA DISCIPLINADA 2.1.- La profesional CARMENZA BUITRAGO BOTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX de Pereira (Risaralda), de profesión trabajadora social, quien prestó sus servicios como Profesional Universitario Código 219 Grado 21 en la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Risaralda según acta de posesión 2 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co del 1º de julio de 20081, describiéndose sus funciones esenciales en el oficio 1-20-2016-01 del 27 de junio de 2008 emanado del Director de Recursos Humanos: 1.- Asesorar y apoyar el diseño de estrategias de desarrollo humano y social del departamento y coordinar con las autoridades pertinentes su implementación.

2.- Asesorar y colaborar en el diseño y desarrollo de programas de capacitación y demás acciones educativas tendientes a la formación de grupos de trabajo de la población vulnerable del Departamento. 3.- Aplicar los métodos y procedimientos establecidos para tramitar oportunamente los documentos, requerimientos de información y correspondencia recibida. 4.- Formular y asesorar los proyectos en el área de su competencia y viabilizarlos de acuerdo con la metodología requerida y presentarlos ante las instancias respectivas. 5.- Apoyar el proceso pre-contractual de los diferentes componentes de los proyectos de inversión a su cargo. 6.- Coordinar la ejecución de programas y proyectos en el área de su competencia. 7.- Participar en la ejecución del plan de acción y programa de trabajo de la Secretaria, en el área de trabajo puesta bajo su responsabilidad. 8.- Preparar e interpretar informes sobre programas, proyectos y/o acciones concernientes a la Secretaria con la oportunidad y periocidad requerida. 9.- Participar en la formación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento, a través de los diferentes instrumentos y directrices definidos por la Secretaria de Planeación Departamental. 10.-Participar en la implementación, documentación, mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, a través de los diferentes instrumentos y directrices definidos por la Secretaria Administrativa del Departamento. 11.-Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. (Se subraya). Mediante el Decreto 0235 del 15 de marzo de 20102, el Departamento de Risaralda adoptó el manual del interventor para dicho ente territorial en el cual dispuso que

el interventor es el servidor de la Administración designado o persona natural o jurídica contratado, encargado de velar por la eficiente y eficaz ejecución del contrato encomendado, sin que pueda entenderse que su función esté limitada a la revisión de resultados, sino también a la función preventiva, esto es tomar las medidas necesarias para lograr el objetivo, o sea, asegurar entre otras, el cumplimiento de las metas contractuales... el presente manual aplica para todo tipo de contrato o convenio cualquiera sea su naturaleza que celebre el departamento de Risaralda. Dentro de las obligaciones del interventor –acápite 6.4. OBLIGACIONESse encuentran: 1.- Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del DEPARTAMENTO DE RISARALDA — Administración Central. Aplicación en desarrollo del contrato y de interventoría, igualmente deberá tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría vigente, resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 1 Folio 90. 2 Folios 99 a 124. 3 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co 2.-Todas las órdenes del interventor y del coordinador deberán ser por escrito. 3.- Todas las actas y documentos que debe elaborar el interventor o el coordinador

deberá hacerse con sujeción a los formatos de calidad establecidos por la entidad. 4.- Toda la documentación que se genere producto de la ejecución de un contrato o convenio debe ser remitida por el interventor o coordinador en el informe final a la Secretaría de Origen en documento original. 5.- Verificar las condiciones de las normas y especificaciones vigentes, los estudios previos para la ejecución del contrato o convenio. 6.- Elaborar actas de inicio, siempre y cuando se encuentren satisfechos los requisitos de legalización del contrato. (aprobación de pólizas, publicación y registro presupuestal). 7.- Exigir al contratista, una vez se tenga el acta de Inicio debidamente firmada, la ejecución del contrato o convenio dentro de los términos establecidos en el respectivo contrato o convenio y en cumplimiento de la programación contractual. 8.- Controlar la inversión del anticipo concedido al contratista, vigilando que se invierta en la ejecución del contrato o convenio. Cuando la entidad lo considere dentro del texto del contrato exigirá que el manejo del anticipo se haga mediante cuenta conjunta y autorizando los desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado por el DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 9.- Llevar, Mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el control de la ejecución del contrato o convenio, en donde se detallen en general todo aquello que permita determinar completamente las características del contrato o convenio ejecutado. Este archivo deberá ser entregado a la Secretaria Ejecutora correspondiente como requisito para el recibo de la Interventoría.

10.- Realizar el seguimiento al avance del contrato o convenio cualquiera sea su naturaleza de acuerdo con la programación, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al contratista y de continuar con los mismos incumplimientos, se informe con la debida sustentación al coordinador de contrato y/o al Secretario de despacho correspondiente, junto con la cuantificación del valor de la sanción o multa para el trámite pertinente. 3.- RESUMEN DE LOS HECHOS POR LOS CUALES SE FORMULARON CARGOS. Se investiga disciplinariamente a la señora CARMENZA BUITRAGO BOTERO porque, en ejercicio de interventora del Convenio de Cooperación, Cofinanciación y Asistencia Técnica No. 1138 del 22 de octubre de 2013 que tuvo por objeto: [a]unar esfuerzos en la ejecución del proyecto Implementación del programa de agricultura para la supervivencia y la seguridad alimentaria del departamento de Risaralda, desarrollando los componentes de motivación, capacitación, difusión, entrega de insumos, visita de asistencia técnica y acompañamiento para la atención de 5.550 familias del área urbana y rural de los 14 municipios del departamento de Risaralda para reducir los índices de inseguridad alimentaria y nutricional en población identificada con extrema pobreza (RED UNIDOS) del departamento en Risaralda, suscrito entre Carlos Arturo Rave Valencia –Secretario de Desarrollo Social actuando en nombre y representación del departamento de Risaralda y la señora Victoria Eugenia González Zuluaga representante legal de Construyamos Colombia, presuntamente: 3.1.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia la creación del manejo de una

4 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co cuenta individual y exclusiva para los recursos del convenio. 3.2.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia la transparencia y realidad de la información contable en el transcurso de la ejecución del convenio. 3.3.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia prueba del conocimiento y manejo de la filosofía CRÍO, SIEMBRO, COMO Y AHORRO, respecto de los miembros del equipo técnico asignado al convenio. 3.4.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia la actualización permanente del archivo creado para la ejecución del convenio. 3.5.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia la destinación exclusiva de los recursos aportados por la Secretaría de Desarrollo Social a la ejecución del convenio. 3.6.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia el reintegro de los mayores valores pagados, respecto a lo ejecutado. 3.7.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia asumir la totalidad de los gastos administrativos. 3.8.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia la entrega dentro de los 7 primeros días del mes siguiente al de ejecución de los recursos, la certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal, que contuviera el valor de los recursos ejecutados mensualmente y acumulados del total del convenio, acompañado de la ficha físico financiera.

3.9.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia respeto y la aplicación de los principios de la función administrativa y el criterio de selección objetiva en los procesos de compra y adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del convenio. 3.10.- Omitió exigir por escrito a Construyamos Colombia el desarrollo directo del objeto del convenio, tal como lo exigía el objeto del mismo.

4.- ACTUACIÓN PROCESAL

4.1.- Queja. Ante la Procuraduría Regional de Risaralda, se hizo presente la abogada Esperanza Grajales Ruiz, quien, actuando como veedora ciudadana, presentó queja relacionada con la suscripción y ejecución del convenio 1138 del 22 de octubre de 2013, suscrito entre la Gobernación de Risaralda y la Fundación Construyamos Colombia3. 4.2.- Indagación Preliminar. 3 Folios 1 a 27 del expediente. 5 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co Mediante auto del 26 de junio de 20154, se ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de Carlos Arturo Rave Valencia en su condición de Secretario de Desarrollo Social del Departamento de Risaralda y se ordenó la práctica de pruebas. A través del auto del 27 de agosto de 2015 se ordenó la vinculación en etapa de indagación preliminar de Jacqueline Rincón Carmona en su condición de Jefe de

Contratos del Departamento de Risaralda5. 4.3.- Investigación Disciplinaria. El 22 de septiembre de 2016, se abrió investigación disciplinaria en contra de Carlos Arturo Rave Valencia, CARMENZA BUITRAGO BOTERO y Jacqueline Rincón Carmona, en sus condiciones de Secretario de Desarrollo Social, Profesional Especializada con funciones de supervisora (sic) y Directora de Contratos del Departamento de Risaralda, respectivamente6. Se decretaron pruebas. 4.4.- Suspensión de términos De otro lado, como es ampliamente conocido, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, lo cual dio lugar a que el Gobierno Nacional asumiera facultades legislativas para conjurar las consecuencias de esta emergencia, en virtud de dos declaratorias de emergencia económica, social y ecológica. En estas condiciones, el señor Procurador General de la Nación dispuso la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, de conformidad con las Resoluciones 128 de 16 de marzo de 2020, 136 de 24 de marzo de 2020, 148 de 3 de abril de 2020, 173 de 17 de abril de 2020, 184 de 24 de abril de 2020 y 204 de 8 de mayo de 2020. Por lo tanto, los términos procesales estuvieron suspendidos entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de 20207. Los anteriores términos son importantes para la contabilización del término de prescripción de la acción disciplinaria, a partir del auto de apertura de investigación

disciplinaria, pues que para el caso fue el 22 de septiembre de 2016, razón por la cual inicialmente y con esta lectura se encontraría prescrita la acción desde el 21 de septiembre de 2021, pero además de lo anterior, se deben contabilizar 70 días calendario por el hecho sobreviniente de la suspensión de términos legales con ocasión de la pandemia del Covid 19, entre el 17 de marzo de 2020 y el 25 de mayo de 2020 de conformidad con las Resoluciones 128 del 16 de marzo de 2020 (del 17 de marzo al 31 de marzo de 2020), 136 del 24 de marzo de 2020 (del 1 al 3 de abril de 2020), 148 del 3 de abril de 2020 (del 4 al 17 de abril de 2020), 173 del 16 de abril de 2020 (del 18 al 24 de abril de 2020), 184 del 24 de abril de 2020 (del 25 de abril al 11 de mayo de 2020) y 204 del 8 de mayo de 2020 (del 12 de mayo al 25 de mayo de 2020), todas ellas del Despacho del Procurador General de la Nación, de conformidad 4 Folios 28 a 29 del expediente. 5 Folios 42 a 44 del expediente. 6 Folios 53 a 55 del expediente. 7 Folio 403, ibídem. 6 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto-Legislativo 491 del 28 de mayo de 2020,

en lo pertinente declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-242 del 9 de julio de 2020 (MM.PP. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger). Por tanto, la acción disciplinaria prescribiría el 1º de diciembre de 2021, encontrándose aún vigente esta acción a la fecha de este proveído. 4.5.- Cierre de la investigación disciplinaria. El 1º de marzo de 2021, la Procuraduría Regional de Risaralda profirió auto declarando cerrada la investigación8, sin presentarse recurso de reposición por los sujetos procesales. 4.6.- Pliego de Cargos. En estas condiciones, por medio de decisión de fecha del 6 de mayo de 2021, se profirió pliego de cargos9 en contra de CARMENZA BUITRAGO BOTERO, quien para la época de los hechos desempeñaba el cargo de Profesional Universitario Código 219-21 en la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Risaralda, interventora del Convenio de Cooperación, Cofinanciación y Asistencia Técnica No. 1138, del 22 de octubre de 2013, mientras que se ordenó el archivo de la actuación respecto de los señores Carlos Arturo Rave Valencia y Jacqueline Rincón Carmona en su condición de Secretario de Desarrollo Social y Directora de Contratos del Departamento de Risaralda, para la época de los hechos, sin interponerse recurso de apelación por parte de la quejosa, puesto que para el primero de los mencionados se abrió investigación disciplinaria para determinar si la modalidad de contratación directa empleada por la

Gobernación de Risaralda en el marco del convenio de Cooperación fue la adecuada, lográndose evidenciar que el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia facultaba a la entidad departamental a celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro, siempre y cuando, dichas entidades privadas sean de reconocida idoneidad con el fin exclusivo de impulsar programas y actividades de interés público y que esté acorde con el Plan Departamental de Desarrollo, lo cual se cumplió en el caso concreto. Y en cuanto a la segunda de los mencionados, en su condición de Directora de Contratos de la Gobernación de Risaralda con su rúbrica dio el visto bueno a la celebración del mencionado Convenio, ya que se advirtió que dicho Convenio era viable en atención al artículo 355 de la Constitución Política de Colombia. 4.7.- Descargos: solicitud de nulidad y de pruebas. Mediante escrito de descargos el apoderado de confianza luego de hacer un recuento procesal del expediente frente a los cargos imputados en contra de su defendida indicó que: [l]a formulación de cargos se basa en un informe técnico que se realizó por fuera de los temas solicitados por la Procuraduría Regional de Risaralda. Aunado a lo anterior, no puede ser de recibo que señale el mismo ente de control en el auto de cargos que no 8 Folio 256 del expediente. 9 Folios 265 a 351 del expediente. 7 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co

Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co hubo pronunciamiento de fondo por parte de los sujetos procesales respecto a las conclusiones contenidas en el informe técnico. En consecuencia, el reproche disciplinario aquí formulado se mantiene con el fin que la investigada esclarezca plenamente su conducta a través de sus descargos. Y es que no hubo pronunciamiento de fondo respecto a las conclusiones contenidas en el informe técnico, por cuanto estas versaron sobre temas que no fueron ordenados en el auto de apertura disciplinaria, por lo que no puede escudarse el ente de control disciplinario en el silencio de los sujetos procesales para validar una prueba que a todas luces se torna inexistente a tenor de lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 734 de 2002.

Pidió que se archivaran las presentes diligencias en virtud del artículo 73 de la Ley 734 de 2002, por cuanto el programa de seguridad alimentaria y nutricional de la Gobernación de Risaralda se denominada "Crío, Siembro, Como y Ahorro", el cual tenía como objetivo generar condiciones para la producción de alimentos para el autoconsumo por medio de la construcción de huertas familiares, fomentar hábitos de preparación y consumo de alimentos sanos con altos niveles proteicos, calóricos y vitamínicos que permitiesen proporcionar condiciones saludables en el consumo y promover el uso de alimentos y productos locales. Durante varios años el Departamento de Risaralda, ha venido trabajando en pro de la implementación de políticas sociales en cada uno de los catorce (14) municipios, de manera que permitiesen generar procesos y condiciones de desarrollo económico, social y

ambiental hacia el restablecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable, afectada entre otras por situación de desplazamiento forzado por la violencia, pobreza, desigualdad, inequidad e inseguridad alimentaria, teniendo como base los CONPES sociales Nos. 102 de 2006 y 113 de 2008 que buscan promover la incorporación efectiva de los hogares más pobres a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de su condición a través de la integración de la oferta de servicios sociales. Después de señalar los contenidos esenciales del programa “Crío, siembro, como y ahorro” concluyó: Es importante destacar que este tipo de procesos para este programa como lo informe anteriormente son articulados y liderados a nivel nacional por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y que desde ese entendido esta entidad ha desarrollado a nivel nacional procesos de contratación para el programa de seguridad alimentaria en modalidades diversas entre las que se encuentra convenios de asociación, licitaciones públicas y otros; todos ellos con enfoque regional, es decir, hace procesos para departamentos y para grupo de departamentos pero agrupados en región, esto significa que en esencia estos departamentos tengan total similitud en costumbres y culturas sociales, y los procesos se enmarcan en esa característica como componente esencial; procesos que ha desarrollado el DPS entre años 2007 y 2018. Como se puede observar, este tipo de procesos contractuales no son iniciativas propias de un departamento o una entidad territorial, son lineamientos que siguen las instituciones de las directrices expuestas por el gobierno nacional y las entidades encargadas de este tipo de programas 8 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento

Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co Frente a las solicitudes de nulidad invocadas en sus descargos, por auto del 18 de junio de 202110, la Procuraduría Regional de Risaralda se pronunció por cada una de ellas, así: 4.7.1.- Análisis de la primera solicitud de nulidad. Afirmó el abogado de la investigada que el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones EspecialesDNIE no correspondía a lo ordenado en el auto de apertura de investigación disciplinaria, lo cual atentaba contra el debido proceso. A lo cual la Procuraduría de instrucción señaló que, en el contenido del auto de apertura de investigación disciplinaria del 22 de septiembre de 2016, la misma se encauzó a fin de determinar si se dio cumplimiento a cabalidad de todas las actividades a cargo de la entidad sin ánimo de lucro y que fueron objeto del contrato y en consecuencia se ordenó la práctica de la prueba técnica en los siguientes términos: Solicitar apoyo técnico a la Dirección de Investigaciones Especiales para que conforme al análisis de los documentos que contienen el estudio previo y la propuesta presentada por el contratista, certifiquen si la modalidad de contratación era ajustada a la ley y si aquellos reúnen los requisitos, además si la modificación del grupo de familias a beneficiar no implica modificación del proyecto y por ende del objeto contractual, sumado a lo anterior, se establezca con una labor de verificación en forma aleatoria, el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Fue por lo anterior, que la Procuraduría Regional de Risaralda afirmó que el apoyo técnico solicitado desde el principio hizo referencia a dos aspectos fundamentales: a la modalidad de selección empleada por parte de la entidad contratante y el cumplimiento de las obligaciones contractuales inmersas en el convenio en cuestión. En respuesta a lo anterior, la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, precisó que, respecto al primer aspecto relacionado con la modalidad de la contratación empleada, no haría pronunciamiento alguno y en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones, requirió a la Procuraduría Regional mencionada para que concretara si la verificación del cumplimiento se realizaría respecto a las obligaciones administrativas y/o de seguridad social y parafiscales. Una vez rendido dicho concepto en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción, mediante auto del 4 de septiembre de 2017 se corrió traslado del mismo, respecto del cual la disciplinada a través de su apoderado solicitó aclaración y la misma se surtió a través del informe del 18 de octubre de 2017 suscrito por el Director de Investigaciones Especiales y el profesional designado para el informe, del cual se corrió traslado, pero los sujetos procesales guardaron silencio. Respecto al señalamiento del apoderado por violación al debido proceso por desconocimiento de los trámites propios de la cadena de custodia de la documentación analizada y examinada por el perito, se señaló que la cadena de custodia no era aplicable para el caso de autos. 10 Folios 402 a 415 del expediente. 9 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento

Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co Y en cuanto, a que el informe técnico carece de certeza, dado que el perito señaló un presunto incumplimiento, mas no indicó directamente sí se incurrió o no en irregularidad disciplinaria. Ante lo cual, la Procuraduría Regional consideró que el informe técnico simplemente era el resultado de una actividad de apoyo técnico-científico que concluyó con un concepto, del cual se le corrió traslado a los investigados para salvaguardar su derecho de defensa y contradicción, ya que quien finalmente lo valora como prueba es el operador disciplinario. 4.7.2.- Análisis de la segunda nulidad planteada. Respecto al reparo del apoderado en relación con las normas señaladas como violadas en el pliego de cargos, estimó que no podían fundarse los diez cargos en las mismas normas, sin manifestar la razón por la cual esta tipificación conllevaba violación al debido proceso; sumado a ello consideró la Procuraduría Regional que tales manifestaciones constituían argumentos de defensa mas no de nulidad, los cuales deberían ser analizados en la decisión de fondo. 4.7.3.- Corrección error de transcripción. La Procuraduría Regional de Risaralda indicó que le asistía razón al apoderado de la investigada en torno al error formal en que incurrió en la enunciación de los numerales del ítem 6.2. FACULTADES DE INTERVENTORÍA que contiene solamente 5

numerales, pero por digitación se referenció unos que no existían, aunque el contenido material si era el correcto. 4.8.- Recurso de reposición en contra de la anterior decisión. Siendo notificado el auto del 18 de junio de 2021 a través del correo electrónico, dentro del término legal el apoderado de la investigada interpuso el recurso de reposición11. 4.9.- Asignación de competencia al Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado. En la Resolución No. 217 del 14 de julio de 2021 -artículo tercero-, la señora Procuradora General de la Nación asignó funciones de juzgamiento disciplinario a la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución No 207 del 7 de julio de 2021. Acto seguido, mediante Auto del 2 de agosto de 2021, la Procuraduría Regional de Risaralda remitió por competencia el expediente de la referencia en medio físico. Por lo anterior, la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con funciones de juzgamiento es competente para conocer de este expediente, habida cuenta de que: 11 Folios 419 a 427 del expediente. 10 Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co

1. Fue remitido por parte de la Procuraduría Regional de Risaralda

2. Fue recibido en debida forma por esta Delegada en físico, así mismo, cuenta con

acta de recibo.

3. El expediente cuenta con pliego de cargos debidamente notificado a los sujetos procesales y estos corresponden a la competencia de la Delegada.

Ante dichas competencias, esta Delegada con función de juzgamiento disciplinario emitió auto 024 del 10 de septiembre de 2021, mediante el cual avocó conocimiento, confirmó el recurso de reposición contra la decisión que negó la nulidad deprecada en descargos y denegó las pruebas solicitadas por el apoderado de la investigada. Decisión que fue confirmada por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento mediante proveído del 5 de octubre de 2021, en torno a la decisión que negó las pruebas solicitadas, ante el recurso de apelación que interpuso el apoderado de la investigada. 4.10.- Traslado para alegatos de conclusión. Mediante auto 074 del 8 de octubre de 2021 se corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran sus alegatos de conclusión, adiado el 8 de octubre de 2021. Como quiera que en la etapa de descargos el apoderado de la investigada solicitó que fuese escuchada en versión libre a su prohijada, esta Delegada le comunicó para el 25 de octubre de 2021 de dicha diligencia mediante oficio No. 360. El 25 de octubre de 2021, la disciplinable solicitó nueva fecha y hora para la recepción de la versión libre mediante correo electrónico. Finalmente fue escuchada el 3 de noviembre de 2021 a las 8:30 a.m. a través de la plataforma de Microsoft Teams.

4.11.- Solicitud de Nulidad. Mediante correo electrónico del 25 de octubre de 2021, el apoderado de la investigada solicitó nulidad del auto 074 del 8 de octubre de 2021, mediante el cual se ordenó correr traslado para que los sujetos procesales presentaran los alegatos de conclusión, al señalar que de manera concurrente el 22 de octubre de 2021 se recibió comunicación electrónica a través del correo habilitado por este Despacho, con el objeto de escuchar a la disciplinable para que rindier