PGN - INVESTIGACION DISCIPLINARIA - Irregularidades cometidas por miembros de la policía a

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-Irregularidades cometidas por Miembros de la Policía al incinerar una casa de habitación mientras se realizaba la búsqueda de cultivos ilícitos RECURSOS-Clases en materia disciplinaria El artículo 110 de la Ley 734 de 2002 establece que contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y queja; sin embargo la procedibilidad de la impugnación está condicionada a la sustentación y fundamentación del mismo, así se desprende del tenor literal del artículo 112 ídem: … RECURSO DE APELACIÓN-Competencia RECURSO DE APELACIÓN-Pronunciamiento de la Sala Disciplinaria frente a la procedibilidad del recurso La Sala Disciplinaria, frente a la procedibilidad del recurso, ha dicho que: […] el requerimiento de la sustentación del recurso de apelación como componente mínimo obligatorio de procedibilidad se encamina a que el recurrente exteriorice las razones y demostraciones por las cuales contradice las consideraciones tratadas en la providencia debatida, siendo éste el marco referencial de la segunda instancia.

En esa medida, quien recurre un fallo de primera instancia tiene la carga de manifestar los motivos que lo llevan a discrepar de la decisión tomada por el a quo y en particular, señalar cuál es el fundamento fáctico o jurídico que permite modificarlo o revocarlo. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA FALTA-Pronunciamiento de la Corte Constitucional/FALLO SANCIONATORIO-No se puede proferir sin que obre en el

proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta Frente al principio de legalidad de la falta la Corte ha expresado que «el investigador disciplinario dispone de un campo amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad» Y de cara a la decisión condenatoria, el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, reza: de ello se desprende que después de realizado un análisis valorativo de las pruebas arrimadas al proceso no se presenten dudas acerca de la existencia de la falta ni de la responsabilidad del implicado en su cometido, sino que conduzcan al juez, en grado de certeza, al establecimiento del reproche. ILICITO DISCIPLINARIO-No se estableció el nexo causal que exige la norma para concretarse como tal En el caso bajo estudio, cabe precisar que la conducta investigada se encuentra descrita en el tipo legal señalado en el numeral 18 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. No se logró establecer el nexo causal que exige la norma para que el ilícito disciplinario pueda Radicación n.° 1614797 concretarse, dado que no se desprende del análisis del material probatorio allegado al proceso, que el daño sucedió como consecuencia del exceso en el uso de la fuerza pública o de los demás medios coercitivos por parte de los investigados o que estos hayan permitido el uso excesivo de dicha fuerza. PRUEBA TESTIMONIAL-Por sí sola no da certeza del hecho ni de la

responsabilidad de los implicados De ahí que, las pruebas testimoniales por si solas no dan certeza del hecho ni de la responsabilidad de los implicados, como tampoco las documentales por cuanto si bien es cierto está probada la quema de la casa de habitación del quejoso (), de una parte, del acta de visita efectuada en las instalaciones de Antinarcóticos Compañía Operativa Zona Centro Comando Jungla ubicado en la Escuela de Carabineros de Facatativa el 23 de diciembre de 2008, y del Acta de visita especial practicada a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional ubicada en el aeropuerto El Dorado puerta 6 Catam de Bogotá D.C, se desprende que para el día 14 de junio de 2008 no se registró ninguna operación en jurisdicción del municipio de Fortul, como tampoco hubo aspersión aérea por mal tiempo en ese sector y que estas se hicieron los días 13, 16 y 17 de junio de 2008, en el municipio de Fortul, verificándose en el Boletín N° 168 del 16 de junio de 2008 de la sala de radio, que se desarrolló la operación FORTALEZA fase II, sobre el municipio de Fortul y Saravena, con la participación de la Compañía Jungla Zona Centro, el Grupo de Investigación Criminal Zona Centro y el Servicio Aéreo, donde se realizó la destrucción de 20 laboratorios para el procesamiento de coca (). FALTA-No está objetivamente demostrada/ARCHIVO DEFINITIVO-No se dieron los presupuestos para sancionar a los disciplinados Hecho un recuento de los hechos presentados en la queja por el señor quejoso y analizado

el acervo probatorio allegado al informativo, la Sala no encuentra que se den los presupuestos para sancionar a los disciplinados, ya que no está objetivamente demostrada la falta, como tampoco podemos afirmar que los investigados realizaron la conducta, ante la imposibilidad de encontrarse en el lugar de los hechos narrados en la queja, ya que se localizaban ese día en un municipio diferente a donde se hallaba ubicada la vivienda o finca del señor quejoso, por lo que no podemos endilgarle responsabilidad a los investigados, en consecuencia ha de procederse a la absolución de los mismos y al archivo definitivo de las presentes diligencias. DUDA RAZONABLE-Al operador disciplinario no le resta sino eximir de toda responsabilidad a los inculpados Pese a que la decisión que habrá de tomar la Sala coincide con la de la primera instancia, las razones que conducen a ésta difieren de la empleada por el a quo, en cuanto a darle aplicación a las reglas que la ley disciplinaria señala en el artículo 142, cuando se presenta la duda razonable, respecto de favorecer a los implicados, dado que ante la duda al operador disciplinario no le resta sino eximir de toda responsabilidad a los inculpados, ya que para la Sala, una vez analizado el acervo probatorio, existe la certeza de que los disciplinados no pudieron cometer la falta que se les enrostra en la medida en que no se realizaron operaciones, en la fecha de los hechos denunciados, en el municipio de Fortul, y aunque sí hubo sobrevuelos en ese municipio, las operaciones de quema de cultivo se dieron en el municipio de Tame (Arauca), lo cual deja excluidos de toda responsabilidad a los

investigados. 2 Radicación n.° 1614797 ACCIÓN DISCIPLINARIA-En este caso no opera dados los hechos relatados por el quejoso Respecto a la petición del recurrente de investigar a los responsables, si este considera que los disciplinados le causaron perjuicios económicos a él y a su familia y demanda de ellos la indemnización de los daños causados por la pérdida de su casa de habitación y los elementos que en ella se encontraban, debió interponer las acciones legales establecidas para tales asuntos y en ese momento, esgrimir y probar esas argumentaciones a fin de que sean tenidas en cuenta por la justicia competente para dirimir estas controversias, que no lo es la disciplinaria. 3 Radicación n.° 1614797

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil trece (2013) Aprobado en Acta de Sala n°. 51 Radicación N.°: 161 – 4797 (IUS 020 – 173714 – 2008) Disciplinados: Mayor WILLIAM VALERO TORRES, Comandante de la Base de Saravena, Mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, Líder de Vuelo, y

CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA

Comandante del personal Grupo Jungla Zona Centro de la Policía Antinarcóticos.

Entidad y cargo: Miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la

Policía Quejoso: ALFREDO TORRES VEGA Fecha de la queja: 17 de junio de 2008

Fecha de los hechos: 14 de junio de 2008

Asunto: Apelación fallo absolutorio P.D. PONENTE: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA Con base en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, la Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor ALFREDO TORRES VEGA contra la decisión del 19 de febrero de 2013, proferida por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, mediante la cual esa dependencia absolvió al Mayor WILLIAM VALERO TORRES, Comandante de la Base de Saravena, la Mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, Líder de Vuelo, y el CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA, Comandante del personal Grupo Jungla Zona Centro de la Policía Antinarcóticos, dentro de las diligencias seguidas en su contra, respecto a las presuntas irregularidades al incinerar una casa de habitación, así como los enseres, muebles y elementos de propiedad del quejoso, mientras se realizaba la búsqueda de cultivos ilícitos en la Vereda Gualanday del Municipio de Fortul (Arauca), el día 14 de junio de 2008, aproximadamente a las 9:00 a.m.

I. ANTECEDENTES PROCESALES Las presentes diligencias tuvieron origen en la queja presentada el 17 de junio de 2008, por el señor Alfredo Torres Vega, ante la Personería Municipal de Fortul

(Arauca), entidad que puso en conocimiento de este ente de control la conducta presuntamente irregular de los investigados, en sus calidades antes anotadas (folio 4

a 6 cuad. Original 1). El 22 de julio de 2008 la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, ordena abrir indagación preliminar en averiguación de responsables (folio 7 a 9 cuad. Original 1). 4 Radicación n.° 1614797 El 1 de abril de 2009, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional abre investigación disciplinaria contra el mayor WILLIAM VALERO TORRES, comandante de la Base de Saravena, la mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, Líder de Vuelo, el TC JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON, jefe del Área de Interdicción, y el CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA, comandante del personal Grupo Jungla Zona Centro de la Policía Antinarcóticos y ordenó la práctica de pruebas (folios 282 a 289 cuad. Original 2). El 8 de octubre de 2009 la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional decreta la prórroga de la investigación disciplinaria (folios 475 a 476 cuad. Original 2). Se notifica esta decisión personalmente (folios 477 y 490 cuad. Original 2) y mediante edicto (folio 487 cuad. Original 2). El 20 de abril de 2010, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional evaluó el mérito de la investigación y ordenó el archivo definitivo por no encontrar elementos probatorios que sustentaran la ocurrencia de los hechos denunciados (folios 508 a 522 cuad. Original 3). Se notifica esta decisión personalmente (folios 528 a 530 cuad.

Original 3) y mediante edicto (folio 529 cuad. Original 3). El 28 de mayo de 2010, fue apelado el auto de archivo de fecha 20 de abril de 2010 (folio 533 y 534 cuad Original 3). El 31 de marzo de 2011, la Sala Disciplinaria, resolvió la apelación, confirmando parcialmente la decisión del 20 de abril de 2010 a favor del TC JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON, en calidad de jefe del Área de Interdicción y dispuso revocar parcialmente el archivo de la investigación contra el Mayor WILLIAM VALERO TORRES, comandante de la Base de Saravena, la mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, líder de vuelo, y el CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA, comandante del personal Grupo Jungla Zona Centro de la Policía Antinarcóticos y en su defecto ordenó se formularan cargos en su contra (folio 528 a 536 cuad Original 3). El 6 de junio de 2012, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional formuló pliego de cargos contra el mayor WILLIAM VALERO TORRES, Comandante de la Base de Saravena, la mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, Líder de Vuelo, y el CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA, Comandante del personal Grupo Jungla Zona Centro de la Policía Antinarcóticos (folios 543 a 558 cuad. Original 3). Se notifica esta decisión personalmente (folios 563 a 565 cuad. Original 3) El 17 y 23 de julio de 2012, los apoderados de los implicados CT JHON ERNESTO

RODRÍGUEZ HERRERA y mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS presentaron descargos, en su orden (folios 573 a 579 y 584 a 624 cuad. Original 3). El 24 de julio de 2012 el apoderado del mayor WILLIAM VALERO TORRES, solicitó separadamente la nulidad de lo actuado a partir de la comunicación del auto que resolvió la solicitud de apelación del auto de archivo del 31 de marzo de 2011, o a partir del pliego de cargos inclusive, y subsidiariamente el decreto de algunas pruebas (folios 652 a 665 cuad. Original 3) El 9 de agosto de 2012, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional resolvió negativamente las peticiones de nulidad presentadas en los escritos de descargos y 5 Radicación n.° 1614797 se decretaron las pruebas solicitadas en los descargos, en autos separados (folios 669 a 690 y 691 a 712 cuad. Original 3). Se notifica esta decisión personalmente (folios 713, 755, 756, cuad. Original 3) y mediante edicto desfijado el 5 de septiembre de 2012 (folio 770 cuad. Original 4). El 18 de diciembre de 2012, se ordenó el traslado a las partes para alegar de conclusión (folios 1131 cuad. Original 4). Se notifica esta decisión mediante estado desfijado el 28 de diciembre de 2012 (folio 1143 cuad. Original 4). El 3 y 18 de enero de 2013, se presentaron los alegatos de conclusión de los disciplinados, mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, mayor WILLIAM

VALERO TORRES y CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA, a través de sus apoderados, respectivamente (folios 1161 a 1188, 1144 a 1157, y 1158 a 1160 cuad. Original 4). El 19 de febrero de 2013, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, profirió fallo de primera instancia absolviendo a los disciplinados (folio 1189 a 1201 cuad. Original 4). Se notifica esta decisión personalmente a los apoderados de los disciplinados mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, mayor WILLIAM VALERO TORRES y CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA (folios 1210 y 1211 y 1213 cuad. Original 4) y mediante edicto desfijado el 4 de abril de 2013 a los disciplinados mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, mayor WILLIAM VALERO TORRES y CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA y a su apoderado (folio 1212 cuad. Original 4). El quejoso se enteró de la decisión de absolución el 11 de abril 2013 (folio 1216 a 1217 cuad. Original 4) y, el 15 de abril 2013 interpuso recurso de apelación (folios 1218 a 1221 cuad. Original 4). El 8 de mayo de 2013, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, concedió el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria (folio 1224 cuad. Original 4).

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Los argumentos expuestos por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional en su decisión absolutoria (folios 1189 a 1201 cuad. Original 4), se resumen así: Una vez relacionados los antecedentes procesales, hecho un análisis del material probatorio arrimado al proceso, las versiones libres de los disciplinados y tomando en cuenta los alegatos de conclusión, frente a los cargos imputados, el a quo consideró que, para ese despacho no hay certeza que permita sustentar el cargo imputado respecto a que por descuido o negligencia en las actividades de interdicción desarrolladas por el grupo Jungla el 14 de junio de 2008, se produjo la destrucción de la vivienda del señor Alfredo Torres Vega, por lo que encuentra ausente uno de los requisitos esenciales en la adecuación del ilícito disciplinario, en cuanto a la tipificación de la conducta y ante la duda razonable debe resolver a favor de los investigados en aplicación del principio indubio pro reo, por lo que decide absolver a los investigados del cargo único endilgado y archivar de manera definitiva la actuación de conformidad con lo indicado en los artículos 73 y 164 de la Ley 734 de 2002. 6 Radicación n.° 1614797

III. RECURSO DE APELACIÓN El recurso de apelación interpuesto por el quejoso se puede abreviar de la siguiente manera (folios 1218 a 1219 cuad. Original 4): El señor Alfredo Torres Vega, consideró que la decisión del a quo es injusta ya que su casa de habitación no era un laboratorio de procesar hoja de coca y la Policía

Antinarcóticos la incineró. Según su hermano Daniel Torres y un obrero que estaba con él observaron unos helicópteros sobrevolar y aterrizar uno de ellos dejando siete policías en tierra por diez minutos, cuando salieron las llamas de su vivienda, y que ese mismo día realizaron varias quemas de laboratorios de procesamiento de hoja de coca en lugares aledaños a su casa. Demandó la dignificación de los derechos humanos, por ser él una persona trabajadora, padre de familia, sin antecedentes judiciales y de escasos recursos. Solicitó a la Policía Antinarcóticos que le indemnice los daños causados por la pérdida de su casa de habitación y los elementos que en ella se encontraban. Nuevamente pidió que se investigue a los responsables.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA De la competencia de la Sala Disciplinaria Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, la Sala Disciplinaria es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, señor Alfredo Torres Vega contra la decisión de absolución de los implicados y archivo definitivo del 19 de febrero de 2013, proferida por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional.

De la concesión del recurso de apelación. El recurso de apelación fue interpuesto y sustentado por el quejoso el día 15 de abril de 2013 (folios 1218 a 1221 cuad. Original 4). La Personería Municipal de Fortul (Arauca) notificó personalmente al quejoso el 11 de abril de 2013, de la decisión del 19 de febrero de 2013, por lo que el término para

la interposición del recurso de apelación expiraba el día 16 de abril de esta misma anualidad, entonces le asiste razón al fallador de instancia en cuanto a la concesión del recurso por reunir los requisitos de los artículos 111, 112 y 115 de la Ley 734 de 2002. Del estudio del asunto objeto del recurso La Sala procede a analizar los argumentos expuestos en el escrito de solicitud presentado por el quejoso Alfredo Torres Vega y que fue tenido como recurso de apelación por el a quo. 7 Radicación n.° 1614797 Insiste el apelante quejoso en que su casa de habitación no era un laboratorio de procesar hoja de coca y que la Policía Antinarcóticos la incineró, según la versión que le presenta su hermano Daniel Torres y un obrero que estaba con él. Nuevamente pidió que se investigue a los responsables. Finalmente requirió la dignificación de los derechos humanos, por ser él una persona trabajadora, padre de familia, sin antecedentes judiciales y de escasos recursos, solicitando a la Policía Antinarcóticos que le indemnice los daños causados por la pérdida de su casa de habitación y los elementos que en ella se encontraban. Al revisar la Sala Disciplinaria, el escrito presentado por el señor Alfredo Torres Vega, advierte la necesidad de referirse al tema de la sustentación, como requisito de procedencia del recurso de apelación. El artículo 110 de la Ley 734 de 2002 establece que contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y queja; sin embargo la procedibilidad de la impugnación está condicionada a la sustentación y

fundamentación del mismo, así se desprende del tenor literal del artículo 112 ídem: «Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar». Así mismo frente a la competencia para revisar los aspectos impugnados el parágrafo del artículo 171 del ibídem, indica que: «El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación». La Sala Disciplinaria1, frente a la procedibilidad del recurso, ha dicho que: […] el requerimiento de la sustentación del recurso de apelación como componente mínimo obligatorio de procedibilidad se encamina a que el recurrente exteriorice las razones y demostraciones por las cuales contradice las consideraciones tratadas en la providencia debatida, siendo éste el marco referencial de la segunda instancia. En esa medida, quien recurre un fallo de primera instancia tiene la carga de manifestar los motivos que lo llevan a discrepar de la decisión tomada por el a quo y en particular, señalar cuál es el fundamento fáctico o jurídico que permite modificarlo o revocarlo. En el caso bajo estudio, la Sala observa que el escrito del quejoso tomado como recurso de apelación, carece de sustento respecto del pronunciamiento concreto emitido por la Procuraduría Delegada Para la Policía Nacional en providencia del 19

de febrero de 2013, mediante la cual dispuso absolver y archivar de manera definitiva la actuación a favor de los disciplinados, mayor WILLIAM VALERO TORRES, Comandante de la Base de Saravena, mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS, Líder de Vuelo, y CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA, comandante del personal Grupo Jungla Zona Centro de la Policía Antinarcóticos, argumentando que no tenía certeza que le permitiera mantener el cargo endilgado 1 Sala Disciplinaria de la PGN. Rad. N° 161 - 5068 (D 2009-878-185209), aprobado en Acta de Sala N.° 20 del 21 de junio de 2012. P. D.P. Dr. Juan Carlos Novoa Buendía 8 Radicación n.° 1614797 respecto a que por descuido o negligencia en las actividades de interdicción desarrolladas por el grupo Jungla el 14 de junio de 2008, se produjo la destrucción de la vivienda del señor Alfredo Torres Vega. Como puede apreciarse, el recurso de apelación, carece de fundamentos contundentes, que permitan al ad-quem, contradecir la decisión de la primera instancia, máxime cuando las pruebas allegadas al proceso no permiten establecer con plena certeza la responsabilidad de los investigados en la conducta imputada, al punto que el mismo recurrente en su escrito manifiesta que su inferencia de que la Policía Antinarcóticos fue la que le incineró su casa, se da porque su hermano y un obrero que se encontraba con él fueron testigos, no de que los investigados

quemaran su casa, sino de que sobrevolaron unos helicópteros y uno de ellos aterrizó bajando siete policías y después salieron llamas de su morada, así como que ese mismo día, 14 de junio de 2008, se realizaron varias quemas a laboratorios de procesamiento de coca en lugares aledaños a su residencia (folio 1218 cuad. Original). Cargo único endilgado. A los Srs. mayor WILLIAM VALERO TORRES, C.C. 7.309.438 piloto del helicóptero PNC - comandante de la Base de Saravena, mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS,C.C. 52.211.331, piloto del helicóptero 0720 - líder de vuelo, y CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA, C.C. 79.064.282, comandante del personal Grupo Jungla Zona Centro de la Policía Antinarcóticos – Policía Nacional, mediante providencia del 6 de junio 2012, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, les profirió el siguiente cargo, que no fue confirmado en el fallo recurrido: Para el día 14/06/2008, los Srs. mayor WILLIAM VALERO TORRES, C.C. 7.309.438 piloto del helicóptero PNC - comandante de la Base de Saravena, mayor EMILSE YANNETH GARCÍA CUBILLOS,C.C. 52.211.331, piloto del helicóptero 0720 - líder de vuelo, y CT JHON ERNESTO RODRÍGUEZ HERRERA, C.C. 79.064.282, comandante del personal Grupo Jungla Zona

Centro de la Policía Antinarcóticos – Policía Nacional, teniendo la responsabilidad de teniendo la responsabilidad de orientar, coordinar y prestar apoyo en la ejecución de las actividades2, señaladas en la orden de operaciones N° 128 DIRAN ARECI del 21 de mayo de 2008, posiblemente permitieron se incurriera en el error de incinerar la vivienda del Sr. ALFREDO TORRES VEGA, misma que se ubicaba en las coordenadas3 N.08°01’55’’,43179’’ W.71°35’04,56567 que no están incluidas en la orden de operaciones N° 128 DIRAN ARECI de 21/05/2008 y por lo mismo se entiende como una actividad no autorizada, causando daño a la integridad de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de la fuerza o de los demás medios coercitivos. En efecto, los hechos a investigar guardaban relación con que los encartados, teniendo la responsabilidad de orientar, coordinar y prestar apoyo en la ejecución de las actividades , señaladas en la orden de operaciones N° 128 DIRAN ARECI del 21 de mayo de 2008, posiblemente permitieron se incurriera en el error de incinerar la vivienda del Sr. ALFREDO TORRES VEGA, la cual se encontraba ubicaba en las coordenadas N.08°01’55’’,43179’’ W.71°35’04,56567 que no estaban incluidas en la orden de operaciones N° 128 DIRAN ARECI de 21/05/2008, por lo que se consideró como una actividad no autorizada, que causó daño a la integridad de los bienes del 2 Actividades de aspersión e interdicción de cultivos ilícitos – grupo operativo jungla Antinarcóticos

3 Coordenadas Geográficas Origen Magna 9 Radicación n.° 1614797 quejoso, como consecuencia del actuar de los disciplinados. Entonces, el escrito de impugnación debería dirigirse a fundamentar las razones por las cuales, en concepto del recurrente, los investigados sí eran responsables de la conducta endilgada; pero en lugar de ello el quejoso recurrente se refirió a la afectación que le generó la incineración de su vivienda, al dicho de su hermano que señala como posibles causantes del daño a siete policías que bajaron de un helicóptero a la zona donde estaba ubicada la casa presuntamente afectada, sin especificar de quiénes se trataban, y señaló lo injusto del fallo de la primera instancia; pero no expuso ningún argumento dirigido a infirmar el fundamento de la decisión; por tanto, ante la ausencia de argumentos enderezados a atacar el fallo del 19 de febrero de 2013, se haría necesario declarar desierto el recurso. Sin embargo, la Sala avizora que las razones que expone el fallador de instancia para absolver a los disciplinados giran en torno a la falta de certeza de que los daños ocasionados a la vivienda del quejoso hayan sido producidos en cumplimiento de la orden de operaciones N° 128 DIRAN ARECI del 21 de mayo de 2008, aun cuando se agotó toda la prueba documental y testimonial necesaria al momento de evaluar la responsabilidad de los inculpados, argumento que es plenamente válido como resultado de la valoración en conjunto de las pruebas arrimadas al proceso y de la realización del proceso de racionalización basado en dicha prueba.

Además se observa que el sentenciador de instancia indicó en el fallo del 19 de febrero de 2013, que el reproche se encuadró en la conducta descrita en el numeral 18 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 como comportamiento de los miembros de la Policía Nacional, que se erige en falta disciplinaria, por « causar daño a la integridad […] de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso […] de la fuerza o de los demás medios coercitivos», y como otro argumento de su decisión expuso que «no existiendo la certeza que evidencie el nexo entre la conducta del personal Grupo Jungla y el supuesto daño acaecido, se encuentra ausente uno de los requisitos esenciales en la actuación del ilícito disciplinario, cual es el de la tipificación de la conducta, dando al traste con la certeza necesaria para emitir fallo sancionatorio». Frente al principio de legalidad de la falta la Corte4 ha expresado que «el investigador disciplinario dispone de un campo amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad» Y de cara a la decisión condenatoria, el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, reza: «No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado »; de ello se

desprende que después de realizado un análisis valorativo de las pruebas arrimadas al proceso no se presenten dudas acerca de la existencia de la falta ni de la responsabilidad del implicado en su cometido, sino que conduzcan al juez, en grado de certeza, al establecimiento del reproche. En el caso bajo estudio, cabe precisar que la conducta investigada se encuentra descrita en el tipo legal señalado en el numeral 18 del artículo 34 de la Ley 1015 de

2006. No se logró establecer el nexo causal que exige la norma para que el ilícito disciplinario pueda concretarse, dado que no se desprende del análisis del material probatorio allegado al proceso, que el daño sucedió como consecuencia del exceso 4 Corte Constitucional Sentencia C-124 de 2003

10 Radicación n.° 1614797 en el uso de la fuerza pública o de los demás medios coercitivos por parte de los investigados o que estos hayan permitido el uso excesivo de dicha fuerza. Pues bien, para que se subsuma la conducta de los disciplinados en el tipo disciplinario señalado en el pliego de cargos, era necesario esclarecer si en realidad existió el daño en la integridad de los bienes del quejoso y si este fue consecuencia del actuar excesivo en el uso de la fuerza por parte de los disciplinados. En aras de dar claridad al apelante sobre la responsabilidad disciplinaria por la falta investigada, la Sala Disciplinaria precisa que: No podemos atenernos a las afirmaciones hechas por el apelante en su escrito del 15 de abril de 2013 (folios 1218 a 1221 cuad. Original 4), y en la queja presentada ante la Personería Municipal de Fortul – Arauca el 17 de junio de 2008 (folios 4 a 6

cuad. Original 1), por cuanto de las pruebas halladas en el informativo, no se desprende la certeza de las mismas, ya que el quejoso manifiesta que se enteró de los hechos por un vecino y su hermano, y al interrogarlos, el vecino señor Marco Delio Salamanca informó acerca de los policías que dice vio descender del helicóptero antes del incendio y del lugar donde se encontraba, que « En el momento de los hechos estaba en la finca del señor Daniel Torres […], no se quienes serán salieron otra vez, se fueron en el hel