PGN - IUR 36297

CASACION PENAL-Son suficientes las consideraciones que anteceden, para sugerir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que desestime los cargos formulados en la demanda y NO CASE la sentencia objeto de impugnación Sobre esta particular materia se debe observar cómo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 61 del régimen sustancial penal, constituyen los elementos propios a la determinación, en concreto, de la pena: “… la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.” En tanto que, consultado el particular tópico la determinación demandada se observa que, tras haber establecido el fallador como cuarto sancionatorio aplicable al particular asunto el primero de ellos, determinó el incremento en 10 meses sobre el límite inferior como producto de ponderar, a título de elementos para su establecimiento “… la modalidad y el contexto en que se desarrollaron los injustos.” Sobre lo cual anota: tanto el aprovechamiento de la posición empresarial para la comisión de las conductas como la conformación de esas empresas con una específica intención criminal y, finalmente, el origen enfocado a la atención de enfermedades catastróficas de los dineros involucrados en el apoderamiento. Nada de lo cual se observa ajeno a los precisos parámetros del prenotado artículo 61 sustancial penal pues, los factores descritos atienden, precisamente, tanto a la gravedad de la conducta como a la intensidad del daño producido.

INADMISION DE LA DEMANDA DE CASACION-Así las cosas, no obra la necesaria demostración de los elementos materiales fundantes del cargo y, en consecuencia, el mismo no se encuentra llamado a prosperar Por lo anterior, analizadas la demandas, admitidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia, considera este despacho que las mismas compartieron similares argumentaciones, los cuales se consideran contestados de manera conjuntas en este concepto, donde se considera que no le asiste razón a lo manifestado por los demandantes, por lo cual se debe dejar en firme la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de fecha 28, del 2021. RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN-Refleja un primer examen del material probatorio allegado a la investigación con base en el cual se pone fin a esta etapa, a partir del cual el Estado le formula de manera clara y concreta al sindicado un cargo acerca de su presunta participación en una conducta delictiva/CALIFICACIÓN JURÍDICA Allí impartida pues, el límite de la sentencia lo constituye es la congruencia específica entre la acusación y/o su variación y la declaración judicial que a dicho tenor se verifique Sobre el asunto hemos de señalar que, acorde lo establecido por la jurisprudencia Constitucional y la propia legislación, la resolución de acusación: “… como una de las formas de calificar el mérito sumarial, resulta ser una pieza medular dentro del proceso penal, por cuanto refleja un primer examen del material probatorio allegado a la investigación con base en el cual se pone fin a esta etapa, a partir del cual el Estado le formula de manera clara y concreta al sindicado un cargo acerca de su presunta Procurador Delegado de Intervención 1 1

Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. participación en una conducta delictiva del que tendrá la posibilidad de defenderse en la etapa de juzgamiento que se adelantará ante el juez competente.”, pero sin que el mismo resulta inmutable frente a la calificación jurídica allí impartida pues, el límite de la sentencia lo constituye es la congruencia específica entre la acusación y/o su variación y la declaración judicial que a dicho tenor se verifique. En tanto que, por su parte, la competencia del superior para desatar el recurso de apelación, está dada por los asuntos inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación y lo que en dicha materia haya sido objeto de dilucidación en la primera instancia. De donde, si la declaratoria de prescripción de la acción penal en la etapa instructiva constituyó la médula de la determinación opugnada y sobre la misma versó la impugnación, ostentado el ente acusador la correlativa posibilidad de variación de esa calificación jurídica provisional hasta la finalización del término probatorio del juicio, en atención a los precisos y particulares planteamientos que en la materia verificó uno de los impugnantes, dable era a la segunda instancia adentrarse en la definición de ese insular asunto, sin que ello conlleve la vulneración de garantía procesal alguna de los sujetos procesales finalmente afectados con esa determinación. Procurador Delegado de Intervención 1 2 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. Bogotá D.C., 29 de julio de 2022 Concepto PDI1PCP N.° 06

DOCTOR

M. P. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

SALA DE CASACIÓN PENAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ciudad.-

REF.: RADICADO No. 61125

DELITO: DELITO PECULADO POR APROPIACIÓN, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO

DE REQUISITOS LEGALES e INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE

CONTRATOS

PROCESADOS: MELBA LUCÍA FLÓREZ TORO, JOSÉ LAUREANO NOVOA GUEVARA,

ÉDGAR ANTONIO RICARDO GARCÍA, MARINA CONCEPCIÓN CARBONEL JIMENO,

JAIRO ALONSO ESTARITA MONROY, JORGE HUMBERTO CÉSPEDES IBARRA,

MANUEL HUMBERTO LEÓN AVELLANEDA y CARLOS ARTURO PARRA OROZCO,

LAUREANO NOVOA GUEVARA, MANUEL H LEÓN AVELLANEDA, Señor Magistrado, En mi condición de Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en defensa del orden jurídico y los derechos y garantías fundamentales de las partes, emito concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por la Defensa Técnica de

los señores MELBA LUCÍA FLÓREZ TORO, JOSÉ LAUREANO NOVOA

GUEVARA, EDGAR ANTONIO RICARDO GARCÍA, MARINA CONCEPCIÓN

CARBONEL JIMÉNEZ, JAIRO ALONSO ESTARITA MONROY, JORGE

HUMBERTO CÉSPEDES IBARRA, MANUEL HUMBERTO LEÓN AVELLANEDA y CARLOS ARTURO PARRA OROZCO, LAUREANO NOVOA, MANUEL H LEÓN Procurador Delegado de Intervención 1 3 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. AVELLANEDA, en contra de la sentencia del 28 de septiembre de 2021, emanada de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle), por medio de la cual confirmó, con modificaciones, el fallo de naturaleza condenatoria emitido el día 17 de julio de 2020 por el Despacho del Juzgado Doce Penal del Circuito de la misma ciudad, en virtud del cual dicha autoridad declaró penalmente responsable a los señores FLÓREZ TORO, NOVOA GUEVARA, RICARDO GARCÍA, CARBONEL JIMÉNEZ, ESTARITA MONROY, CÉSPEDES IBARRA, LEÓN AVELLANEDA y PARRA OROZCO a título de autores de los delitos de PECULADO POR APROPIACIÓN, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES e INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS y, en consecuencia, condenó a cada uno de ellos a las penas principales de 90 meses de prisión y multa por valor de $4.317.146.799,84, así como al pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud S.G.S.S.S., a

través de COOMEVA E.P.S., de igual suma de dinero. Para, en su lugar, ordenar que dicho pago final se verifique, debidamente indexado, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad ADRES, con la aclaración que el pago tiene como finalidad los contratos para la prestación de los servicios de salud a los pacientes con VIH SIDA y de prótesis articular que, en su momento, se prestaban a través de COOMEVA E.P.S..

1. HECHOS Acorde con lo que en el asunto es señalado en la materia en el fallo de Segunda Instancia1, los hechos materia de la actuación aparecen descritos, de la siguiente

manera:  Los señores MELBA FLOREZ TORO, LAUREANO NOVOA, JORGE CESPEDES IBARRA, MANUEL LEON AVELLANEDA y CARLOS PARRA OROZCO, trabajaban en la alta gerencia de Coomeva EPS y Coomeva Corporativa, quienes tuvieron una relación directa en la contratación efectuada con medicamentos de occidente. Por su parte, los señores JAIRO ALFONSO ESTARITA MONROY, MARINA CARBONELL JIMENO y EDGARRA. RICARDO GARCÍA, eran socios de medicamentos de 1 Páginas 2 y 3 de esa determinación Procurador Delegado de Intervención 1 4 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. occidente, quienes tuvieron relación para la época de los hechos, para obtener la contratación referida con Coomeva EPS.  Los acusados han sido considerados servidores públicos en la ejecución de

los delitos por los que se les ha acusado.  Entre COOMEVA EPS Y MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE LTDA, entre los años de 2001 y 2004 se suscribieron diferentes contratos para la prestación de servicios de salud.  En concreto, se suscribió un contrato para la atención de pacientes con diagnóstico de VIH SIDA, no obstante que medicamentos de occidente no contaba con los requisitos de habilitación necesarios para prestar el servicio de salud, como tampoco era una IPS que pudiera prestar el servicio requerido, como tampoco se cumplieron con las normas de la contratación estatal.  Por otra parte, se firmó, entre Coomeva EPS y medicamentos de occidente una “carta acuerdo” para el suministro de reemplazos articulares, sin haberse realizado contratación alguna, por tanto, no se observaron las normas de la contratación estatal.  En la contratación referida, había un interés indebido en la celebración del mismo entre COOMEVA SPE y MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE, para que él último fuera beneficiado con la contratación, lo que se materializó con la concurrencia de los esfuerzos ilícitos de los funcionarios de la EPS y con la voluntad de los socios de medicamentos de occidente, quienes estaban al tanto que aún sin cumplir con los requisitos legales que imponían las normas de aquella época, el prestador iba a efectuar una labor de intermediación, la cual no era necesaria para la EPS, con dineros públicos, poniendo en riesgo el servicio de salud.  Con la concurrencia de estos hechos, se logró defraudar al SGSSS, esto es, los dineros parafiscales que estaban destinados a la atención de

pacientes de alto costo, mediante ganancias de la empresa medicamentos de occidente, de forma exorbitante, mediante el cobro de la atención por paciente a un precio más costoso que el de los prestadores de la región y con procedimientos para el pago de servicios de personas fallecidas, repetidas, etc., para lo cual se utilizaron dineros públicos.” Procurador Delegado de Intervención 1 5 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Los mismos fueron, sintetizados de la siguiente manera por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali: “El 2 de agosto de 2006, se emitió resolución de apertura de instrucción.

Mediante resolución de abril 15 de 2011, mediante el cual se avoca conocimiento y se resuelve situación jurídica. Y la resolución del 18 de mayo de 2011 resuelve sobre medidas cautelares. A través de resolución del 22 de junio de 2011 se resuelve solicitudes de la parte civil. El 21 y 14 de diciembre de 2011 se resuelve situación jurídica de los procesados. El 10 de noviembre de 2014, se profiere resolución de acusación. El 22 de marzo de 2017, la fiscalía 41 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual se resuelven los recursos de apelación en contra de la resolución de acusación. El proceso fue repartido al juzgado 12 penal del circuito de Cali, el día 3 de agosto de 2017, y se adelantó el trámite del artículo 400 de la ley 6000 de 2000.

Se emite auto interlocutorio del 23 de octubre de 2017 que niega solicitudes de nulidad y niega decreto de algunas pruebas, y auto interlocutorio 024 del 24 de octubre de 2017, mediante el cual decreta la prescripción de la acción penal. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto contra los mencionados autos, mediante decisión del 18 de diciembre de 2017. Se continúa con la etapa de juicio y por parte de la Fiscalía General de la Nación se varía la calificación jurídica, mediante escrito del 24 de mayo de 2017. El 17 de julio de 2020, el Juzgado Doce Penal del Circuito, profiere la sentencia No. 002 mediante la cual condena a los señores Laureano Novoa Guevara Carlos, Melba Lucía Flórez Toro, Jorge Humberto Céspedes Ibarra, Manuel Humberto León Avellaneda, Carlos Arturo Parra Orozco, Jairo Alfonso Estarita Monroy, Marina Concepción Carbonell Jimeno y el señor Edgar Antonio Ricardo García, Procurador Delegado de Intervención 1 6 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos…”

3. DE LAS DEMANDAS Después de identificar los sujetos procesales, la sentencia impugnada, resumir los hechos materia de juzgamiento y la actuación procesal procedió el defensor a exponer los argumentos en que sustentan las demandas, admitidas por la Corte

Suprema de Justicia.

3.1 DEMANDA DE LOS SEÑORES ÉDGAR ANTONIO RICARDO GARCÍA,

MARINA CONCEPCIÓN CARBONELL JIMENO y JAIRO ALFONSO ESTARITA

MONROY CARGO PRIMERO – PRINCIPAL: Nulidad por violación al debido proceso2, irrogada de la violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 9, 10, 12, 20, 29, 31, 409 y 410 del Código Penal, con falta de aplicación de los artículos 6 y 83 del mismo régimen. Esto por cuanto, conforme a lo establecido por el operador judicial en la sentencia demandada, los contratos suscritos entre las empresas privadas COOMEVA E.P.S. y MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE LTDA., fueron declarados de naturaleza pública3, sustrayéndose al criterio orgánico contenido en los artículos 13 y 32 de la Ley 80 de 1993, así como a lo establecido en el asunto por la Defensa Técnica, no obstante la naturaleza de servicio público del servicio de la salud4 pues, acorde al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 45 de la Ley 1122 de 2007, en concordancia con el artículo 16 del Decreto 874 de 1994 y la Ley 1150 de 2007, las Entidades Promotoras de Salud son entes particulares vigilados por autoridades públicas, que cuentan con un régimen contractual privado5, ajeno al estatuto público y por lo 2 Página 24 del escrito de demanda 3 Página 26 4 Página 30 5 Página 32 Procurador Delegado de Intervención 1 7

Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. que, en los contratos verificados el día 1° de diciembre de 2003 y 2004, respectivamente, la primera de dichas entidades ejerció una función que le era sustancialmente potestativa dentro del ámbito privado, por ende, no sujeta al principio de transparencia6. De donde, postura contraria, resulta violatoria de los principios de tipicidad estricta, igualdad y culpabilidad pues, lo que se pretende en el fallo es la aplicación de una interpretación surgida mucho tiempo después de acaecidos los hechos7 y que, así vista, se erigiría contraria a la ley. Tornando atípicos los comportamientos contractuales frente a los postulados de los artículos 409 y 410 sustancial penal. De donde, como quiera que los contratos reputados no son de naturaleza pública, sino de raigambre particular8, las conductas resultan atípicas frente a los postulados de los artículos 409 y 410 del estatuto sustancial penal pues, no están sujetos a las formalidades inherentes al contrato público, amén de la prescripción de la acción penal dado que, para el comento de ejecutoria de la acusación, ya habían transcurrido más de 12 años, computados desde el momento de ocurrencia de los hechos9. CARGO SEGUNDO – SUBSIDIARIO10: Nulidad por violación del debido proceso, por haber sido dictada la sentencia condenatoria para un momento del proceso en el cual la acción penal por los

delitos de PECULADO POR APROPIACIÓN, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO

DE REQUISITOS LEGALES e INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS se encontraba prescrita, con aplicación indebida del artículo 20 sustancial penal y falta de aplicación de los artículos 30.3 y 83 de la misma obra11, dada la condición que de intervinientes en los delitos tendrían los señores ÉDGAR ANTONIO RICARDO GARCÍA, MARINA CONCEPCIÓN CARBONELL JIMENO y JAIRO ALFONSO ESTARITA MONROY12, puesto que no ejercían funciones 6 Página 33 7 Página 37 8 Página 39 9 Páginas 41 y 42 10 Página 44 11 Ejusdem 12 Página 45 Procurador Delegado de Intervención 1 8 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. públicas permanentes o transitorias13. Producto, lo anterior, de la confusión entre servicio público y función pública, diferenciando entre los servidores de COOMEVA EPS y los de MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE LTDA. Respecto de su rol contractual14, dada la naturaleza del interés económico perseguido15, ya que las E.P.S. no desarrollan una función pública y, desde dicho punto de vista, MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE LTDA., tan sólo prestó un servicio público16. En consecuencia, habida cuenta de la condición de intervinientes de los encartados, como socios de la persona jurídica MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE LTDA., misma que fuera así primigeniamente decantada17, al momento de la calificación del mérito del acervo probatorio compilado, había

obrado la prescripción de la acción penal por los delitos de INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS y CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, cambio que ostentó por cometido, precisamente, impedir la producción del instituto jurídico en cuestión18. Reitera la condición de intervinientes en la conducta de los socios de la empresa MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE LTDA. Pues, no sólo por cuanto así fue reconocido en el curso del plenario porque, ni la aludida empresa, ni sus socios, ostentaron la función de administración de recursos públicos19, limitando su actuación al deber de prestación del servicio, como producto de la compra de servicios de salud, a voces del artículo 4 de la Resolución 4747 de 200720, con indebida aplicación extensiva del artículo 20 del estatuto sustancial penal En tanto que, de otro lado, al momento de calificación del mérito del plenario, habían transcurrido más de 12 años desde la ejecución de la conducta, los cuales superaron el extremo punitivo superior de los artículos 409 y 410 del libro de las penas, concitando la aplicación del artículo 83 de la misma obra en el curso de la 13 Página 48 14 Página 49 15 Página 53 16 Página 54| 17 Página 57 18 Ídem 19 Página 60 20 Ibídem Procurador Delegado de Intervención 1 9 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. etapa instructiva21, dada la calidad que de intervinientes en los delitos se podría

atribuir a los Encausados. CARGO TERCERO - SUBSIDIARIO22: Violación indirecta de la ley sustancial por sendos falsos juicios de existencia e identidad, con aplicación indebida de los artículos 9, 10, 12, 20, 29, 397 y 410 del régimen sustancial penal, con inaplicación de los artículos 29.4 constitucional y 6, 7 y 232 del compendio procesal penal – Ley 600 de 200023. Lo anterior por cuanto, al no ostentar los contratos suscritos entre COOMEVA E.P.S. S. A. y MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE LTDA., las características y requisitos legales reclamables del contrato público, no se puede pretender el cumplimiento de los requisitos inherentes a estos últimos24. De donde, conforme al artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el aún vigente –para tal momentoartículo 32 de la Ley de la Ley 1150 de 2007, el contrato no habría estado a factores de transparencia pues, como lo refiere el concepto aportado por el Dr. CARLOS BERNAL PULIDO25, tal opera es para la Empresas Sociales del Estado y, en lo restante, son contratos de naturaleza privada, conforme lo señala el artículo 16 del Decreto 876 de 1994 y lo refrenda el concepto en cuestión, medio probatorio, el inicial, que fue así tergiversado26. Atinente al testimonio del Dr. JULIO MARIO OROZCO AFRICANO precisa, fue cercenado su dicho, generando falso juicio de identidad27, pese a la duda razonable que el mismo generaba en el aspecto medular, bajo el único argumento

de no contrarrestar el mandato legal y jurisprudencia vigente en la materia28, con desconocimiento del principio de estricta legalidad. 21 Página 63 22 Página 65 23 Ejusdem 24 Página 71 25 Página 72 26 Ídem 27 Página 73 28 Página 74 Procurador Delegado de Intervención 1 10 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Se adentra en el estudio de la naturaleza de los recursos del Sistema para señalar que los mismos corresponden a parafiscales, que no se integran al presupuesto nacional29, contando con una destinación específica acorde al parágrafo del artículo 1° del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, gozan de libertad económica conforme a la jurisprudencia constitucional –C-978 de 2000-, siendo contractualmente destinados a la finalidad legal para ellos establecida30. Corolario de lo cual, respecto de sus representados se desfiguró los supuestos fácticos del reato de PECULADO POR APROPIACIÓN, atribuyéndoles la condición de servidores públicos, respecto de quienes lo atribuible sería el delito de Abuso de Confianza Calificado31, con violación de las garantías contenidas en los artículos 29 Constitucional y 232.2 procesal penal, en concordancia con el artículo 10° sustancial penal, por no obrar la demostración del aludido reato, la cual está atada a la disponibilidad jurídica que de los recursos debe ostentar el

autor32, de la cual carecía la empresa MEDICAMENTOS DE OCCIDENTE LTDA., al tenor del artículo 14 de la Ley 1122 de 200733, concitando un estado de duda que debe resolverse en pro de los Encausados. Reseña resultar contrario a la realidad procesal la manifestación acorde a la cual, los dineros del sistema terminaron en manos de terceros pues, conforme a su aducción probatoria, se allegaron al plenario los listados de los beneficiarios de los servicios34 y, de haber mediado apropiación alguna, ella sería constitutiva del reclamado ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO de los artículos 249 y 250.3 del estatuto sustancial penal35. En tanto que postura procesal en contrario, conlleva la necesaria suposición del medio probatorio que así lo denote36.

CARGO CUARTO - SUBSIDIARIO37:

29 Ídem 30 Página 75 31 Página 76 32 Página 78 33 Página 79 34 Página 80 35 Página 81 36 Página 82 37 Página 84 Procurador Delegado de Intervención 1 11 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del inciso tercero del artículo 63 sustancial penal, producto de la declaratoria de coautoría impartida en contra de los procesados respecto del reato de PECULADO POR APROPIACIÓN, toda vez que el acto de imposición de la pena se verificó en los 82 meses de prisión, sin haber consultado los elementos considerativos establecidos en la prenotada disposición, concitando un incremento indebido

sobre la pena base del concurso delictual, con ausencia del requerido proceso de individualización de la sanción38. Señala cómo, no obstante, no haber sido el quantum punitivo establecido el objeto de la inicial impugnación, ello no obsta para su actual reclamación, dada la ausencia de motivación en la materia39 pues, tal se limitó a señalar: la naturaleza reprochable del comportamiento, la especial condición del servidor público, la apropiación de los efectos y el número de autores40. Factores de ponderación que resultan ajenos a los señalados por el Legislador en la disposición para ese particular. No teniéndose en cuenta, tampoco, los particulares aspectos de atenuación sancionatoria establecidos en la norma para el mismo cometido, tal el caso de la ausencia de antecedentes. Todo lo cual denota una sustentación sofística y que implicó un aumento punitivo de 10 meses para el reato de PECULADO POR APROPIACIÓN, ausente de la debida consideración legal, pues el extremo superior del primer cuarto de movilidad es de sólo 72 meses41. 3.2 DEMANDA A FAVOR DE CARLOS ARTURO PARRA OROZCO PRIMER CARGO Con fundamento en la causal primera de casación, denuncio el casacionista, la violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida de los tipos penales por falso juicio de selección de los mismos al elegirlos con base en que el sujeto activo de la acción es calificado, considerando que su defendido servidor público 38 Páginas 84 a 87 39 Página 87 40 Página 88 41 Páginas 89 a 92 Procurador Delegado de Intervención 1 12

Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. para efectos de poder endilgarle conductas delictivas, siendo que se demostró en el juicio, en alegatos, en apelación, que tal calidad es especialísima y no puede suponer de un particular, sin especificar y no puede suponerse de un particular sin especificar el tiempo, modo y circunstancia en las que ejercen transitoriamente la función pública o servidor público. Manifiesta el censor, que adolecen ambos fallos de dicha demostración y basan las condenas en suponer tal calidad, al presumir que las EPS por prestar un servicio público, hacen que sus funcionarios sean trabajadores estatales o que ejercen función pública transitoria. Por lo cual, anotó que la transitoriedad, para efectos de poder considerarlo sujeto activo calificado, debe enmarcarse y definirse. No se hizo esta definición en ninguna de las dos sentencias. Anotó que el cargo que su representado ostenta en la empresa privada Coomeva, no es suficiente elemento para atribuirle funciones públicas. Para el censor, no hay ninguna pieza procesal en la que obre esa delegación formal, ni este reglamento, ni esta definición de funciones públicas para el caso del doctor Carlos Parra. Consideró que la violación, no solo ocurrió al desconocimiento de la calificación del sujeto sino a los tipos penales Contrato sin Cumpliendo de los requisitos legales previsto en el artículo 410 y el de interés indebido en la celebración de contratos del Código Penal. Concluyó el recurrente, que, existe una causal para considerar atípicas hoy

reprochadas a su cliente, en ninguna parte consta en un manual escrito cuáles funciones le corresponden como Jefe de Alto Costo y por ende no se puede asumir que se haya tramitado un contrato en razón a ellas. SEGUNDO CARGO Con fundamento en la causal primera de acusación, denuncio la violación indirecta de la ley sustancial, por desconocimiento de las reglas de apreciación y valoración Procurador Delegado de Intervención 1 13 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. de las pruebas, error de hecho derivado de un falso juicio de identidad por tergiversar, mutilar y le agrega contenido a unas pruebas testimoniales. Para el defensor, son cargos de absolución dado que demuestra que los hechos que se le reprochan no están probados y que se constitutivo de una sentencia condenatoria ilegal. Para el demandante, el error recayó en la indagatoria de MELBA LUCIA FLÓREZ

TORO, WILLIAM GONZÁLEZ CAMELO, ÁLVARO ENRIQUE BUSTOS MEJÍA,

GUSTAVO GONZÁLEZ GONZÁLEZ AURA NELLY DE JESÚS VINUEZA,

MANUEL HUMBERTO LEÓN AVELLANEDA, CARLOS ARTURO PARRA

OROZCO.

TERCER CARGO Denunció la violación indirecta de la ley sustancial por el manifiesto desconocimiento de las reglas de apreciación de las pruebas que deriva den un error de hecho por falso raciocinio por falta de la lógica en la conclusión plasmada

y establecer la responsabilidad individual de CARLOS ARTURO PARRA OROZCO, toma para afirmar su posición un aparte de la acusación, es decir, de la teoría de la fiscalía en la que por su supuesto concluye el ente acusador que, de nuevo, por su cargo directivo, Carlos Parra Orozco era parte de un equipo encargado de efectuar labores previas a la contratación tales como la consecución de prestadores de servicios de salud, la verificación del cumplimiento de los requisitos legales financiaros. Por lo cual, anotó que ningún testigo lo señaló directamente de haber estado él recomendando consiguiendo el contrato con medicamentos de occidente, porque su defendido no conocía a los socios de esa entidad. Ningún testigo lo afirmó y sin embargo, ni obtento mando o control sobre esta o ninguna otra contratación. DEMANDA DEL SEÑOR JORGE HUMBERTO CÉSPEDES IBARRA Procurador Delegado de Intervención 1 14 Primero para la Casación Pena Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Cargo primero - Principal42: Haber sido dictada la sentencia en un juicio viciado de nulidad, con violación a las garantías contenidas en el artículo 29 Constitucional y en aplicación del artículo 306 procesal penal, devenido de haberse abrogado la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle), oficiosamente y fuera del momento procesal pertinente, la facultad para variar la calificación jurídica provisional previamente impartida, a lo que procedió al momento de resolver la opugnación formulada contra el auto No. 043 del 24 de octubre de 2017, que resolvió unas

solicitudes probatorias presentadas43. Es así que, emitida la resolución de acusación en contra de los señores

ESTARITA MONROY, CARBONELL JIMENO y RICARDO GARCÍA, por los

delitos de PECULADO POR APROPIACIÓN, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES e INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, a título de intervinientes, la misma fue materia de impugnación y confirmación. Luego de lo cual, producido el acto de reparto con miras a la etapa de la causa, tras el