PGN - IUR 36372

ACCION DE NULIDAD-Expedición del Acuerdos por miembros del Consejo Superior Universitario que modificó mecanismo de elección mediante el voto electrónico no implica conflicto de intereses CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN-Conflicto de intereses, tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto/ CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN-Presupuestos jurisprudenciales para su procedencia MEDIDAS CAUTELARES-Suspensión provisional del acto administrativorequisitos para su procedencia – Inexistencia del impedimento en la implementación del voto electrónico AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Limite constitucional y legal VOTO ELECTRONICO-Cambio del esquema de los procesos electorales dentro de la autonomía universitaria De la lectura de lo anterior, se resalta, siguiendo la tesis de esta Agencia que, en principio, el hecho que motivó al Consejo Superior Universitario de la UTCH a implementar el voto electrónico en los procesos electorales al interior del mentado ente universitario, se acerca más al de garantizar el ejercicio al derecho de elegir y ser elegido de todos los estamentos y comunidad universitaria, sin colocar en riesgo a quienes los integraban, toda vez que el país – y el mundo entero – se encontraba afrontando la pandemia derivada del COVID 19. Así, todo parece indicar que las medidas adoptadas a través del Acuerdo demandado no estaban dirigidas a favorecer intereses personales de algunos miembros del Consejo Superior sino - conforme con la normativa extraordinaria vigente para esa época – a velar por la bioseguridad de los miembros de la universidad y a evitar la parálisis de la

institución, lo que en todo caso, será objeto de análisis y controversia en las etapas procesales subsiguientes. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 29 de julio de 2022 Concepto No. 2022-07-N-114 Doctor

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-24-000-2021-00349-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE: DHORTON PINO SERNA

DEMANDADO: ACUERDO 010 DE 2 DE JULIO DE 20211

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD

TECNOLOGICA DEL CHOCÓ – UTCH.

TRÁMITE: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: CONFLICTO DE

INTERESES EN EXPEDICION DE ACUERDOS POR

MIEMBROS DE UN CONSEJO SUPERIOR

UNIVERSITARIO.

Respetado Magistrado: En mi calidad de Agente del Ministerio Público, y en el término concedido por auto del pasado 18 de julio de 2022, intervengo en el trámite de la solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 0010 del 02 de julio de 2021 a través del cual, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó – UTCH – modificó

el Estatuto Electoral2 de la misma institución educativa.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos. 1 Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adiciona y derogan unos artículos. 2 Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.1. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó, expidió el Acuerdo 010 de 2 de julio de 2021, “Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adiciona y derogan unos artículos”. 1.1.2. En nombre propio, y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor DHORTON PINO SERNA presentó demanda3 contra el prenotado acto. 1.1.3. En el mismo escrito, solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del Acuerdo 010 de 2021. 1.2. Argumentos y normas en que se sustenta la solicitud de medida cautelar.

El actor justifica la solicitud de medida cautelar en el hecho que el Consejo Superior Universitario, es el máximo órgano de dirección y gobierno de la UTC4 y tiene a su cargo, entre otros, el expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución5, por medio

decisiones denominadas como Acuerdos6. En virtud de tal facultad, expidió el Acuerdo 010 de 2021 – acto demandado – con la participación de 5 consejeros que se encontraban presuntamente impedidos para tal fin, toda vez que 3 de ellos -representantes estamentos Docentes, Estudiantes y Egresadosse encontraban en conflicto de intereses, mientras que los otros 2 – representantes Exrectores y Directivas Académicasno se tiene registro de acto de posesión al momento de la expedición del acto en cuestión. Advierte que el motivo por el cual los 3 consejeros se encontraban en conflicto de intereses radicaba en que la manifestación del órgano directivo demandada, realizó algunas modificaciones al Estatuto Electoral de la UTCH, aplicables a los procesos de elección que se desarrollan dentro de la institución de educación superior, inclusive los que se 3 Inicialmente el asunto le fue asignado a la Sección Primera del Consejo de Estado, despacho del Honorable Magistrado Oswaldo Giraldo López, quien mediante auto de 23 de mayo de 2022 lo remitió por competencia a la Sección Quinta de la misma corporación. 4 Artículo 26. Acuerdo 0001 de 09 de agosto de 2017 5 Numeral 4 del artículo 29. Acuerdo 0001 de 09 de agosto de 2017 6 Artículo 33. Acuerdo 0001 de 09 de agosto de 2017 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 encontraban en curso, como lo era la escogencia de los representantes de los estamentos de los Docentes, Estudiantes y Egresados. Señala que el Consejo Superior Universitario está compuesto por 9 integrantes, y que para la toma de decisiones se requiere la presencia de mínimo 5 de ellos7, razón por la cual, al haber estado 5 miembros impedidos para participar y votar en la expedición del acto atacado, no se cumplió con las reglas de quórum establecidas, puesto que únicamente participaron legítimamente 4 consejeros.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

2.1. Problema Jurídico. Corresponde a la Sala Electoral8, determinar si es procedente la suspensión provisional del Acuerdo 0010 de 2 de julio de 2021 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó -Diego Luis Córdoba- “Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011, se adiciona y derogan unos artículos”. Para el efecto, será necesario analizar i) el mecanismo de la suspensión provisional; ii) las reglas de la autonomía universitaria y; iii) determinar si, en el caso concreto, se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar. 2.2. El mecanismo de la suspensión provisional y requisitos para su procedencia9. En el Capítulo XI del Título V de la Parte Segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se consagró la posibilidad de decretar

medidas cautelares dentro de todos los procesos declarativos que se adelanten ante esa jurisdicción, sin que dicho acto implique prejuzgamiento alguno. 7 Artículo 34. Acuerdo 0001 de 09 de agosto de 2017 8 De conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. “La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: 1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias. 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala” 9 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 1100103240020210014800. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. 03 de febrero de 2022. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 4 En materia de suspensión provisional, en su artículo 231 la Ley 1437 de 2011 fijó una serie requisitos en los siguientes términos: “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas

como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos…” La Sección Quinta ha aceptado que no necesariamente la medida cautelar debe presentarse en el texto mismo de la demanda, sino que puede ser presentada en escrito anexo a esta, pero siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad. De manera concreta, dicha Sección del Consejo de Estado, en posición de 2016 – reiterada en 202110 - estableció: “Entonces, las disposiciones precisan que la medida cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado -siempre que el/los cargo(s) estén comprendidos en la demanda y que se encuentre en término para accionaro en la misma demanda, pero en todo caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación y ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (…) En este sentido, según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los efectos jurídicos de los actos administrativos de naturaleza electoral, cuando se cumplan las siguientes exigencias: (i) que así lo pida la parte actora en la

demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; y, (iii) que para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado11”. Conforme con lo anterior, de la interpretación armónica de las normas que rigen la figura, se tiene que para que se pueda decretar la suspensión provisional de un acto administrativo, 10 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2021-00208-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 4 de noviembre de 2021. Nulidad 11 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 13001-23-33-000-2016-00070-01. Providencia del 3 de junio de 2016. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 debe realizarse un análisis del acto demandado frente a las normas superiores invocadas como vulneradas en la demanda o en la solicitud, según corresponda, para así verificar si hay una violación de aquellas con apoyo en el material probatorio con el que se cuente en ese momento procesal.

Lo anterior implica que el demandante debe sustentar su solicitud e invocar las normas que considera desconocidas por el acto o actos acusados y que el juez o sala encargada de su

estudio, realice un análisis de esos argumentos y de las pruebas aportadas con la solicitud para determinar la viabilidad o no de la medida. No obstante, resulta del caso precisar que no cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado por cuanto es claro que debe analizarse en cada caso concreto la implicación de este, con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y sobre todo su legalidad. Además, se hace necesario reiterar que el pronunciamiento que se emita con ocasión de una solicitud de medida cautelar en manera alguna implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente. En este orden de ideas, corresponde analizar los cargos en que se sustenta la solicitud de la medida cautelar y los documentos allegados, para determinar su procedencia, en aras de garantizar el objeto del proceso y la efectividad del fallo.12 2.3. Autonomía universitaria y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 12 Consejo de Estado, Sección Quinta, CP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. Nro. 17001-23-33-000-201900551-01, Sentencia del 27 de febrero de 2020. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Página 6 Para el efecto, la Ley 30 de 199213 tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 199614, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales.

En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 199315, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. 13 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 14 M.P. Hernando Herrera Vergara 15 M.P. Alejandro Martínez Caballero Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio16, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de servicios públicos,

entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 199917). En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 201018 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 201819, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) auto-organización “darse sus directivas” y la de ii) auto-regulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal constitucional,

“esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”20, ya que encuentran limitaciones derivadas de la propia Constitución. Exponiendo, entre esas limitaciones, las siguientes: 16 Sentencia T-1010 de 2010. 17 M.P. Hernando Herrera Vergara 18 M.P. María Victoria Calle Correa 19 M.P. Alejandro Martínez Cantillo 20 Sentencia C-491 de 2016. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (Art. 67 de la C. P.), (ii) la competencia atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art. 69 de la C. P.), (iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (Art. 150-23 de la C. P.) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (Título II, Capítulo II de la Constitución)” (C-168 de 200821) De donde se sistematiza entonces, en referencia a los límites de la autonomía universitaria, que i) “encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal”22 y ii) “esta

capacidad de autodeterminación está limitada por la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, de los estudiantes y la legislación”23. De ese contexto normativo y de interpretación constitucional, traídos a colación, se destaca lo siguiente: i). La autonomía universitaria es una garantía institucional que tiene una definición legal y encuentra su mayor desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ii). La autonomía universitaria implica dos ámbitos esenciales para su materialización: el de i) auto-organización “darse sus directivas” y el de ii) auto-regulación “regirse por sus propios estatutos”. iii). El alcance de la autonomía universitaria implica que las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales de cara a cumplir con los derechos de toda la comunidad académica y administrativa. 21 M.P. Humberto Sierra Porto 22 Sentencia C-829 de 2002. 23 Sentencia T-097 de 2016. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 iv). Los estatutos y/o reglamentos de las universidades se convierten en la primera expresión genuina y auténtica de la autonomía universitaria, por lo que resultan de obligatorio cumplimiento, tanto para las directivas como para el estudiantado, y todo el sector administrativo, en general. v). La autonomía universitaria no se constituye en un criterio absoluto de libertad de la universidad, como ente autónomo, frente a las políticas y definición del Estado. Sus límites están en el orden constitucional y legal –libertad de configuración del Legisladory, en especial, en los derechos fundamentales. 2.4. Proceso de designación de los miembros del Consejo Superior de la Universidad

Tecnológica del Chocó. La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” es una institución pública de educación superior, del orden nacional, con régimen especial y naturaleza de ente universitario, creada por la Ley 38 de 1968, definida como Universidad mediante la Ley 7ª de 1975 y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional por Resolución 3274 de junio 25 de 197324. De conformidad con el Acuerdo 001 de 09 de agosto de 2017Estatuto General –, expedido por el Consejo Superior del mismo ente educativo, la dirección de la UTCH25 está a cargo del Consejo Superior Universitario26, el Consejo Académico y el Rector, como órganos de dirección y gobierno. El Consejo Superior Universitario es el “máximo órgano de dirección y gobierno”27 de la UTCH, y se encuentra conformado de la siguiente manera: “1. El Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado quien lo presidirá.

2. Un miembro designado por el Presidente de la Republica, que haya tenido vinculo con el sector universitario.

3. El Gobernador del departamento del Chocó.

4. Un (1) representante de las directivas académicas de la Universidad elegido mediante votación universal, directa y secreta; entendiéndose por tales, los 24 De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 30 de 1992. 25 Artículo 25 26 En concordancia con el artículo 28 de la Ley 30 de 1992. 27 Artículo 26.

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Página 10 Vicerrectores de Docencia, Extensión y Proyección Social, de Investigaciones, los Decanos y los Directores de Programas.

5. Un (1) representante de los docentes elegido mediante votación universal, directa y secreta

6. Un (1) representante de los estudiantes elegido mediante votación universal, directa y secreta, con matricula vigente en un programa académico.

7. Un (1) representante de los Egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, de los programas académicos, elegido mediante votación universal, directa y secreta.

8. Un (1) Ex Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” elegido mediante votación universal, directa y secreta entre quienes hayan ejercido el cargo en propiedad.

9. Un (1) representante del sector productivo elegido mediante votación universal, directa y secreta, entre quienes integren dicha agremiación en el Departamento del Chocó.

10. El Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, quien participa en las deliberaciones con voz, pero sin voto.”28

De lo anterior se advierte que el Consejo Superior Universitario de la UTCH, si bien registra que tiene 10 miembros, solo 9 de ellos tienen derecho a voto – se excluye al Rector – de los cuales 6 se eligen “mediante votación universal, directa y secreta”, siendo estos los representantes de (i) las directivas académicas; (ii) los docentes; (iii) estudiantes; (iv) egresados; (v) ex rectores; (vi) sector productivo, para un periodo institucional de tres años los cuales inician a contarse a partir del momento de su posesión. Para la realización de certámenes electorales internos de la UTCH, el Consejo Superior Universitario, en el año 2011, expidió el Acuerdo 021, que contiene el Estatuto Electoral de dicho ente universitario, a fin de reglamentar tales eventos democráticos, disponiéndose entre otros, que el Consejo Superior Universitario constituiría la “máxima autoridad de la Organización Electoral de la Universidad”. Sin embargo, le confirió al Comité Electoral29 la labor de determinar el cronograma de la elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que representen a los estamentos básicos de la universidad – docentes y estudiantes – y a los sectores – Directivas Académicas, Egresados, Ex Rectores y Sector Productivo30, como requisito previo para adelantar la convocatoria.

28 Artículo 26. 29 Artículo 2. Órgano democrático encargado de la inspección, vigilancia y control de los diversos procesos electorales que adelanta la UTCH. 30 Artículo 30. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 11 En el año 2021, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 0010, modificando el Acuerdo 021 de 2011, estableciendo, entre otros, la implementación del voto electrónico en los diferentes eventos y certámenes electorales al interior de la UTCH. 2.5. Análisis del caso concreto. 2.5.1. Presupuestos formales que viabilizan el estudio de la medida. Observa esta Delegada que se satisfacen los requisitos para el análisis de la solicitud de medida cautelar, en razón a que se realizó a petición de parte y fue debidamente sustentada, como expresamente lo prescribe el artículo 233, en concordancia con el 277 del CPACA. 2.5.2. Estudio de la solicitud. En criterio del demandante, los efectos del Acuerdo 010 de 2021 deben ser suspendidos provisionalmente, toda vez que fue expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó, en contravención del Estatuto General del mismo ente educativo, al haberse permitido que 5 miembros que integraban dicho órgano de dirección y gobierno, que se encontraban impedidos, participaran en su aprobación, hecho por el cual,

no se reunió el quórum exigido para adoptar la decisión demandada. Considera que los 5 consejeros inhabilitados eran los representantes de los docentes, estudiantes, egresados, exrectores y directivas académicas, en donde los 3 primeros tenían conflicto de intereses, y los otros 2 no existe registro del acto de posesión en sus respectivos cargos. El conflicto de intereses en que se encontrarían los consejeros representantes de los docentes, estudiantes y egresados, radicaría en el hecho que los procesos eleccionarios de dichos estamentos se encontraban en trámite o próximos a realizarse, por lo que, a juicio del demandante, modificar normas de carácter electoral, que aplicaban para dichas elecciones, constituiría interés directo o indirecto que aquellos tenían y que configura la causal de impedimento. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 12 Frente al tema del conflicto de intereses, el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que el mismo se origina “[c]uando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”. La misma disposición normativa señala 16 causales diferentes en las que se configuraría esta figura, resaltándose para el presente asunto la indicada en el numeral 1, esto es “[t]ener interés particular y directo en la regulación”.

Sobre este asunto, el Consejo de Estado, en su Sala Electoral, ha indicado31: “[E]l conflicto de intereses podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia deesa motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial. El Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, ha interpretado el conflicto de intereses “como la concurrencia de intereses antagónicos en quien ejerce funciones públicas, por lo cual puede afectarse la transparencia de las decisiones que le competen y llevarlo a adoptar de