PGN - IUR 36430
Detalles
- Título
- PGN - IUR 36430
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
NULIDAD ELECTORAL-Resolución mediante la cual se designó a Decana de la Facultad de Educación. Adicionalmente, el argumento de la vulneración al debido proceso, con ocasión de la presunta inscripción extemporánea de su candidatura AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Límites/AUTONOMÍA UNIVERSITARIAFundamento legal y constitucional/AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio
fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 1993, relacionó esos límites, así: NOMBRAMIENTO DE DECANO-Proceso de elección del Decano para la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana Como se explicó, la autonomía universitaria faculta a los entes universitarios a darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Dicho aspecto fue desarrollado por la Ley 30 de 1992, que en sus artículos 28 y 29 reconoce a las universidades, entre otros, el derecho a darse y modificar sus estatutos, y adoptar sus correspondientes regímenes. En observancia a la precitada normatividad, la Universidad Surcolombiana expidió a través de su Consejo Superior, el Acuerdo No. 075 del 7 de diciembre de 1994 “Por el cual se expide el nuevo Estatuto general de la Universidad Surcolombiana”, el cual, en su artículo 43 establece los requisitos para ser Decano: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Institución consagrada en la ley procesal, que determina el tiempo dentro del cual es ejercitable el derecho de acción/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Para el ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el término de caducidad expira al cabo de treinta (30) días Según esta norma, para el ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el término de caducidad expira al cabo de treinta (30) días contados así: i) si la elección se declara
en audiencia pública, a partir del día siguiente al de su declaratoria, ii) en los casos en que la elección o nombramiento requiera de confirmación, desde el día siguiente de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 1 expedición de dicho acto y iii) en los demás asuntos de elección y nombramientos, a partir del día siguiente al de la publicación del acto, efectuada en la forma prevista en el inciso 1° del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.La apelante alega que, el demandante al incluir el argumento de la extemporaneidad de su inscripción como candidata a la decanatura, realizó una reforma de la demanda. Sobre esta opción procesal, el Ministerio Público destaca el contenido del artículo 278 del CPACA el cual reza:
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Página 2 Bogotá D.C., 5 de agosto de 2022 Concepto No. 2022-08-NE116 Doctor
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
EXPEDIENTE: 41001-23-33-000-2021-00229-01
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTE: MARCO ANTONIO CHALITAS GÓMEZ
DEMANDADO: ZULLY CUELLAR LÓPEZ – DECANA DE
LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIA.
TRÁMITE: APELACIÓN.
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: OPORTUNIDAD
PROBATORIA, REFORMA DE LA DEMANDA, LÍMITES A
LA SUBSANACIÓN.
Respetado Magistrado: Dentro del término concedido mediante auto del 12 de julio de 2022, intervengo como Agente del Ministerio Público ante esta Sección, en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos. 1.1.1. El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, en adelante USCO, expidió el Acuerdo No. 028 del 20 de mayo de 2021 “Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana”, fijando en el mismo acto el calendario electoral respectivo. 1.1.2. En dicho acuerdo se estableció que la fecha de inscripción de los candidatos sería del 27 de mayo al 3 de junio de 2021 en el horario de 8:00 a.m. a 12 p.m. y de 2:00
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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 p.m. hasta las 6:00 p.m. excepto el día 03 de junio, que se recibieron desde las 8:00
a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. 1.1.3. Por medio del Acta No. 001 del 04 de junio de 2021, se cerró la etapa de inscripción de aspirantes para ser Decanos de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. 1.1.4. El Consejo Superior de USCO realizó una sesión virtual el día 7 de julio de 2021 donde escuchó la sustentación de la propuesta programática de los aspirantes inscritos al cargo de Decano de la Facultad de Educación. 1.1.5. Posteriormente, en la misma sesión se realizó la elección e integración de la terna a través de un aplicativo virtual dispuesto por la USCO para la votación. Como resultado se obtuvo que la terna estaría integrada por los señores Ángel Miller Roa Cruz, Elías Francisco Amórtegui Cedeño y ZULLY CUELLAR LÓPEZ. 1.1.6. En sesión virtual extraordinaria del 15 de julio de 2021, el Consejo Superior de la USCO escuchó las propuestas programáticas de los 3 aspirantes. Seguidamente el colegiado procedió a la votación y eligió por mayoría absoluta como Decana de la Facultad de Educación, con 5 votos, a la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ. 1.1.7. El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana mediante Resolución No. 010 del 15 de julio de 2021, designó a la candidata ZULLY CUELLAR LÓPEZ, como Decana de la Facultad de Educación de dicha Universidad, para el período estatutario de tres años, que se contarían a partir de la fecha de su posesión ante el
Rector. 1.1.8. El señor MARCO ANTONIO CHALITAS GÓMEZ, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra la Resolución No.010 del 15 de julio de 2021, proferida por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, mediante la cual se designó a la Decana de la Facultad de Educación. 1.1.9. El actor fundamentó su solicitud en que la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ no cumple los requisitos mínimos de títulos académicos, ni la experiencia para ocupar el cargo de Decana de la Facultad de Educación. Adicionalmente, alega Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 irregularidades que se presentaron en el proceso de selección, respecto del carácter secreto del voto, la publicidad de los actos y la falta de competencia de quien la posesionó. Luego, al subsanar la demanda, incorporó un nuevo hecho, en relación con la presunta inscripción extemporánea de la candidatura de la demandada1. Por lo tanto, a su juicio, el acto acusado incurre en la causal genérica de nulidad establecida en el artículo 137 del CPACA. 1.2. Fallo en primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Huila con Sentencia del 25 de mayo de 2022, NEGÓ las pretensiones de la demanda de NULIDAD de la Resolución No. 010 del 15 de julio de
2021, que designó a la Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. El a-quo estableció el problema jurídico y fijó el litigio en los siguientes términos: “En particular corresponde determinar: i) Si la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ cumplió los requisitos mínimos de títulos académicos y experiencia regulados en la convocatoria para seleccionar Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana según consta en el Acuerdo 028 del 20 de mayo de 2021. ii) Si hubo violación del debido proceso respecto del incumplimiento en torno al carácter secreto del voto para la elección de Decano de la Facultad de Educación de la USCO. iii) Si se presentó Irregularidad por omisión de la publicación de la Resolución N° 010 del 15 de julio de 2021 y demás actos preparatorios. iv) La falta de competencia en cabeza de GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO, como Representante del presidente de la República para asumir la presidencia del Consejo Superior Universitario de la Universidad y proferir la Resolución 010 del 15 de julio de 2021. v) Si hubo extemporaneidad de la inscripción. Replicada por la parte demandada como cargo presentado cuando estaba caducado el medio de control por lo que se debe establecer si hay caducidad.”2 Al resolverlo, sostuvo como tesis que no había lugar a declarar la nulidad de la Resolución No. 010 del 15 de julio de 2021, por medio de la cual se designó a la señora ZULLY 1 Este punto es el sustento de la apelación presentada por la electa. 2Tribunal Administrativo del Huila, Sala tercera de Decisión. Rad. 41001233300020210022900. M.P. Enrique
Dussán Cabrera. Sentencia del 25 de mayo de 2022. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409
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Página 5 CUELLAR LÓPEZ como Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana para el período estatutario de 3 años, por cuanto no se configura ninguno de los cargos de nulidad invocados en la demanda. Frente al primer cargo, referente a la violación del numeral 5 del artículo 275 del CPACA por falta de requisitos para asumir la decanatura de la Facultad de Educación de la USCO, el Tribunal aduce que en el acta de verificación de aquellos, calendada el 11 de junio de 2021, quedó consignado que la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ cumple con las exigencias establecidas en el Artículo 43 del Acuerdo 075 de 1994 –Estatuto General de la Universidad Surcolombiana -, modificado por el Artículo 6° del Acuerdo 046 de 2013 y, en este mismo sentido, realiza un estudio donde verifica que la demandada efectivamente los cumple, exponiendo lo siguiente: Requisitos para ser Decano de la Universidad Cumplimiento de requisitos aspirante ZULLY Surcolombiana (Art. 43 del Acuerdo 075 de CUELLAR LÓPEZ para el cargo de Decano 1994, modificado por el Artículo 6° del de la Facultad de Educación la Universidad Acuerdo 046 de 2013) Surcolombiana
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o 1.Ciudadana colombiana identificada con C.C.
extranjero residente en Colombia. 38.943.401 expedida el 03 de octubre de 1977 en Cali.
2. Poseer título profesional universitario en el 2. Acredita el título de Licenciado en Biología área de conocimiento relacionada con la y Química de la Universidad Santiago de Cali.
Facultad a la que aspira a ser Decano
3. Poseer título de postgrado mínimo a nivel 3. Es Doctora en educación por la
de Especialización Universidad Autónoma de Madrid, España.
4. Acreditar experiencia docente universitaria 4. Refiere experiencia como docente mínima de cincuenta y dos (52) meses. Para universitaria por 6 años en la Universidad del efectos de la valoración de la experiencia, no Valle y desde el 01 de febrero de 2013 con la se tendrán en cuenta experiencias paralelas y Universidad Surcolombiana como docente de las mismas deberán ser equivalentes a tiempo plantatiempo completo, hasta la fecha. completo.
5. Presentar un Programa de desarrollo de la 5. Presentó el “Programa de Desarrollo de la Facultad. en concordancia con el Plan de Facultad de Educación 2021-2024” con Desarrollo de la Universidad y con los propuesta denominada “Pioneros en desarrollos científicos y académicos de la educación para un país incluyente y Facultad a la cual aspira, comprometiéndose democrático”. Fechado el 03 de junio de 2021. con su ejecución.
6. No estar incurso en inhabilidades e 6. Manifiesta bajo la gravedad de juramento incompatibilidades establecidas en la que no se encuentra dentro de las causales de Constitución Política o la Ley. PARÁGRAFO: inhabilidad e incompatibilidad del orden
Las áreas del conocimiento corresponden a las constitucional o legal para ejercer el cargo, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 definidas por el Sistema Nacional de visto en el punto 5° del formato hoja de vida.
Información de la Educación Superior -SNIESNo registra sanciones disciplinarias, fiscales o judiciales y una vez revisadas las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley y la Constitución Política no se evidencia que el aspirante se encuentre incurso en alguna de ellas. De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal coligió que la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ cumple con los requisitos exigidos para ser Decana de la Universidad Surcolombiana, por lo tanto, desestima el primer cargo invocado por el demandante. Respecto del segundo cargo, relativo a la violación al debido proceso por el incumplimiento al carácter secreto del voto en el proceso de elección de la Decana de la Facultad de Educación, el Tribunal de forma argumentativa indicó que ante la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional por la pandemia del COVID 19, las entidades del Estado debieron adecuar su procedimiento interno para la toma decisiones, entre los que se destaca, la implementación de herramientas tecnológicas. En el caso de la USCO, obra dentro del plenario prueba documental y el testimonio rendido por la Secretaria de la Facultad de Educación, que se implementó la herramienta ZOOM para
llevar a cabo la elección de los diferentes estamentos y sus delegados, herramienta implementada y adecuada para dichos efectos por el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones3. En torno a estas consideraciones, el Tribunal determina que el carácter secreto del voto debe adecuarse a la implementación de la virtualidad en cada escenario, lo que en efecto ocurrió, además que de las pruebas recaudadas se evidenció que cada consejero realizó su voto de manera individual y sin interferencias, por lo tanto, el mencionado despacho judicial encuentra que no existe prueba que desvirtué el hecho de no haber sido secreto y en consecuencia, no accede al cargo. 3 Según el Acuerdo 059 del 18 de Diciembre de 2017 “Por el cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana", el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, pasa a ser un proceso transversal que depende directamente de la Rectoría y se modifica el nombre como “Centro de Información, Tecnologías y Control Documental”. Tomado de https://www.usco.edu.co/es/la-universidad/dependencias/citcd/ Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409
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Página 7 Frente al tercer cargo, relacionado con la irregularidad por omisión de la publicación de los actos administrativos dentro del proceso de designación de la Decana de la Facultad de
Educación, el Tribunal, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, consideró que la no publicación del acto acusado no afecta su validez y, en consecuencia, la Resolución No. 010 de 2021 es totalmente legal y ajustada a derecho. En cuanto a la falta de competencia en cabeza del Representante del Presidente de la República, para asumir la presidencia del Consejo Superior Universitario y proferir la Resolución No. 010 del 15 de julio de 2021, el despacho de conocimiento desestimó este cargo basándose en el numeral 3 del artículo 5 del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, el cual preceptúa que ante la ausencia del Ministerio de Educación o su delegado, será un miembro designado por el Presidente de la República quien presidirá el Consejo. Finalmente, en lo concerniente al último cargo invocado en la demanda referente a la extemporaneidad de la inscripción de la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ, el Tribunal concluyó que este cargo carece de vocación de prosperidad porque no existe prueba que desvirtúe el hecho de que la aspirante haya realizado su inscripción fuera del término establecido en el calendario electoral. 1.3. Recursos de Apelación El señor MARCO ANTONIO CHALITAS GÓMEZ en calidad de demandante interpone recurso de apelación solicitando que se revoque en su integridad la sentencia de primera instancia calendada el 25 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y como consecuencia, no se declaró la nulidad de la Resolución No. 010 del 15 de julio de
2021. De igual forma, la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ en calidad de demandada, a través de apoderado, interpone recurso de alzada solicitando que se revoque el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el que se negó la caducidad de la pretensión relativa a la extemporaneidad de la inscripción de su candidatura.
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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 1.3.1. Recurso de apelación interpuesto por el demandante MARCO ANTONIO CHALITAS GÓMEZ Expone el recurrente como argumentos de su apelación, los siguientes: En primer lugar, manifiesta que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en la sentencia del 25 de mayo de 2022, incurrió en una violación del debido proceso probatorio y la unidad de la prueba, debido a que el a quo al momento de fallar no tuvo en cuenta la constancia expedida por la Secretaría General el 2 de marzo de 2022, entregada en virtud del derecho de petición que dirigió el actor a la Universidad Surcolombiana y que fue enviada al Tribunal el día 7 de marzo de 2022.
En segundo lugar, aduce que el Tribunal valoró de manera subjetiva un pantallazo donde se muestra que la demandada realizó su inscripción el día 3 de junio de 2021 a las 14:51 p.m., teniendo en cuenta que en dicho pantallazo no aparece la dirección de correo
completa del destinatario, sino que aparece solo “SECRETARIA”. Para el recurrente, el Tribunal asumió que el correo fue enviado correctamente al e-mail: secretariageneral@usco.edu.co, al cual debían remitir las inscripciones los candidatos; no obstante, considera que dentro del sumario no existe prueba que dé certeza que la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ envió la inscripción al correo correcto. Por último, señala que el Tribunal Administrativo del Huila al momento de fallar adoptó la decisión violentando las garantías mínimas del derecho al debido proceso probatorio y el principio de unidad de la prueba, lo que a juicio del recurrente hace incongruente el fallo. 1.3.2. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada ZULLY CUELLAR LÓPEZ. En el escrito de apelación, la recurrente reitera los mismos argumentos planteados en la contestación de la demanda, los cuales de manera sucinta corresponden a: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409
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Página 9 Alegó que, sobre los nuevos hechos presentados en el escrito de subsanación de la demanda relativo a la inscripción extemporánea de su candidatura, ya había operado el fenómeno de la caducidad. Así mismo, afirmó que en la demanda inicial no se hizo referencia a una presunta inscripción extemporánea y, por consiguiente, esta acusación se formuló por fuera del término de caducidad. De igual forma, arguyó que, si bien es cierto, sí es posible reformar
la demanda y corregirla, ello no amplía el plazo de la caducidad para formular nuevas acusaciones contra el acto administrativo que declara la elección. Finalmente, expresa que es desacertado por parte del Tribunal Administrativo del Huila, señalar que, por haberse presentado la demanda en término, no opera la caducidad para nuevos hechos y solicita que se revoque el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 25 de mayo de 2022 que resolvió sobre el particular. Expuesto lo anterior, esta Delegada procede a rendir el concepto correspondiente.
II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE
EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema Jurídico. Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o modifica la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en Sentencia del 25 de mayo de 2022, que negó la nulidad de la Resolución No. 010 del 15 de julio de 2021, por la cual se designó como Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana a la señora ZULLY CUELLAR LÓPEZ. Para resolver dicho problema jurídico, este Ministerio Público considera necesario referirse a (i) la autonomía universitaria; (ii) Proceso de elección del Decano para la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, (iii) analizar el caso concreto. 2.2. La autonomía universitaria y sus límites Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.
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Página 10 El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional, en la sentencia C-337 de 19964, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes,
científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 19935, relacionó esos límites, así: 4 M.P. Hernando Herrera Vergara 5 M.P. Alejandro Martínez Caballero Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.
Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio6, al ser estos, las
regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 19997). En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 20108 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-137 de 20189, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) autoorganización “darse sus directivas” y la de ii) autorregulación “regirse por sus
propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal Constitucional, 6 Ver sentencia T-1010 de 2010. 7 M.P. Hernando Herrera Vergara 8 M.P. María Victoria Calle Correa 9 M.P. Alejandro Martínez Cantillo Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12 “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”10, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia Constitución.
Exponiendo, entre esas limitaciones, las siguientes: “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (Art. 67 de la C. P.), (ii) la competencia atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art. 69 de la C. P.), (iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (Art. 150-23 de la C. P.) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (Título II, Capítulo II de la Constitución)” (C-168 de 200811) De donde se sistematiza entonces, en referencia a los límites de la autonomía universitaria,
que i) “encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal”12 y ii) “esta capacidad de autodeterminación está limitada por la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, de los estudiantes y la legislación”13. De ese contexto normativo y de interpretación constitucional, traídos a colación, se destaca lo siguiente: i). La autonomía universitaria es una garantía institucional que tiene una definición legal y encuentra su mayor desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ii). La autonomía universitaria implica dos ámbitos esenciales para su materialización: el de i) autoorganización “darse sus directivas” y el de ii) autorregulación “regirse por sus propios estatutos”. iii). El alcance la autonomía universitaria implica que las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores 10 Ver sentencia C-491 de 2016. 11 M.P. Humber
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