PGN - IUR 39021

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Nulidad del auto que libró mandamiento de pago a favor del Municipio de Madrid y a cargo del ICBF y otros propietarios actuales o poseedores del predio ubicado en dicho municipio FALSA MOTIVACIÓN-Los actos administrativos demandados al haber establecido que el ICBF era deudor solidario de la obligación determinada en el mandamiento de pago, por concepto de impuesto predial DEUDOR SOLIDARIO-No es posible revivir discusiones en torno a la conformación del título, siendo sólo procedente controvertir los aspectos ligados con el estado de la cuenta de la deuda El actor, ICBF, señala que los actos administrativos demandados adolecen de falsa motivación y de infracción de las normas en que debían fundarse, y que, con la expedición de estos, se vulneró su derecho al debido proceso. Expone que, no podía ser considerado como deudor solidario del impuesto predial, pues la solidaridad no fue establecida en los actos administrativos demandados, y en todo caso, era copropietario del 0.4351% del bien identificado con folio inmobiliario No. 50C-127359 y cedula catastral 01-02-0004-0016-000. Así entonces, la obligación no podía ser ubicada en cabeza suya pues, tratándose de un predio sometido a comunidad, son sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota (artículo 13 ET de Madrid Cundinamarca), es decir, a prorrata de su participación. Así mismo, recuerda que efectuó pagos considerados como abonos, debiendo haberse declarado la extinción de la obligación, a haber pagado la suma

correspondiente a su porcentaje. OBLIGACIONES SOLIDARIAS-El acreedor se encuentra facultado para exigir a todos los deudores la totalidad de la deuda, independientemente de la cuantía del interés que pudiera tener dentro de la obligación. Así mismo, indica que debe seguirse las normas en materia de solidaridad en el contexto del impuesto predial, esto es, el art. 3 -Ley 44/90, que asigna la carga de este tributo a los propietarios de bienes inmuebles gravados o a los poseedores de los mismos. Para el caso, si el ICBF era propietario del bien, se convertía en sujeto pasivo del impuesto predial, siendo entonces solidariamente responsable al pago del mismo. Adicionalmente, recuerda que según el art. 794 ET, los comuneros responden solidariamente por los impuestos del ente sin personería jurídica del cual sean comuneros y que, si bien se hace referencia a que son responsables a prorrata de su participación, esto no es aplicable para dividir la obligación, sino que lo que permite es que el comunero que cancele toda la obligación pueda subrogarse en los derechos del acreedor, y repetir contra cada uno frente a lo pagado. COBRO COACTIVO-La efectividad de las obligaciones previamente definidas, no su declaración o constitución ELEMENTOS DEL TRIBUTO-No fue controvertido mediante el recurso procedente, medio idóneo para cuestionar los elementos del tributo

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co

25000-23-37-000-2019-00639-01 JADV/MAAM/5DCE IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748 determinado por lo que dicho acto administrativo se encuentra ejecutoriado, en los términos el art. 829 ET. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA-De esta forma, es claro que, el carácter solidario o no de la obligación y, en consecuencia, el monto a ser cancelado por el sujeto pasivo, son asuntos propios de la determinación de la obligación tributaria DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO-Para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos administrativos y judiciales que la parte demandante no ejerció

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01

JADV/MAAM/5DCE

IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2023 Doctor

WILSON RAMOS GIRÓN

Consejero Ponente – Sección Cuarta

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Concepto 23 - 386

Radicación: 25000-23-37-000-2019-00639-01

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho

Actor: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF

Demandado: Municipio de Madrid

Honorable Señor Consejero:

Actuando conforme a lo ordenado en la Resolución 217 de 14 de Julio de 2021, mediante la cual las funciones de la Procuraduría Sexta Delegada Ante el Consejo de Estado pasan a la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, que en su Artículo 4 dispuso: “Todas las funciones que estaban asignadas mediante Resolución No. 17 de 2000 y sus modificaciones a la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado se asignan a la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado.” Y teniendo en cuenta la nueva distribución de funciones, que mantiene la anterior vigencia, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 150 de mayo de 2022 Artículo 12,” TRANSITORIEDAD. La distribución de funciones y competencias aquí dispuesta únicamente se hará efectiva en la medida que los empleos de procurador delegado sean provistos y su titular se haya posesionado en el cargo” esta Agencia del Ministerio Público, procede a emitir concepto, dentro del trámite de la segunda instancia, en el asunto de la referencia.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01

JADV/MAAM/5DCE

IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar solicita la nulidad parcial del auto que libró mandamiento de pago 451-2018 de 31 de agosto de 2018, a favor del Municipio de Madrid y a cargo del ICBF y otros propietarios actuales o poseedores del predio con cédula catastral No 01200040016000, ubicado en dicho municipio; de la Resolución No 0247 del 20 de mayo de 2019, que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago, y de la Resolución No 761 del 27 de agosto de 2019, que liquidó el crédito y costas dentro de los trámites del cobro coactivo. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se le exonere del pago de la obligación solidaria, y se determine el pago solamente de acuerdo con el porcentaje de participación en el inmueble, y que, se ordene a la administración declarar la paz y salvo por las vigencias 2013 a 2018, respecto del inmueble en cuestión. 1.1.a. Fundamentos fácticos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan:

I. El 16 de junio de 2015, mediante escrito SH-T-476-2015, el municipio de Madrid profirió la liquidación oficial con relación al predio identificado con la cedula catastral

No. 01200040016000.

II. El 31 de agosto de 2018, la administración profirió auto de mandamiento de pago No 451-2018 respecto del bien mencionado. El 2 de abril de 2019, el ICBF dio respuesta, formulando excepciones.

III. El 20 de mayo de 2019, el municipio de Madrid profirió la Resolución No 0247,

resolviendo parcialmente las excepciones, declarando parcialmente probada la excepción de prescripción de la acción de cobro, por las vigencias 2011 y 2012, y negando las demás.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01

JADV/MAAM/5DCE

IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748

IV. El 27 de agosto de 2019, la administración profirió la Resolución No 761/19, liquidando el crédito y las costas dentro del trámite del cobro coactivo, por $339.016.000, en contra de todos los propietarios del bien en mención. 1.1.b. Fundamentos jurídicos y concepto de la violación Disposiciones vulneradas : Art. 29 CP; art. 2325 CC; arts. 715, 716, 717, 718 y 719 -Decreto 624/89; art. 163 -Ley 223/95; art. 54 -Ley 1430/12, modificado por el art. 177 -Ley 1607/12; art. 13 -Acuerdo Municipal 18/16 Estatuto de Rentas del municipio de Madrid.

Concepto de la violación: El ICBF alega que es co-propietario del 0.4351% del bien identificado con folio inmobiliario No. 50C-127359 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá, ubicado en la CL. 2E No. 16-85 del municipio de Madrid Cundinamarca y

cedula catastral 01-02-0004-0016-000. Alega que, tratándose de un predio sometido a comunidad, serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso (artículo 13 ET de Madrid Cundinamarca), es decir, a prorrata de su participación. En esa medida, alega que no es deudor solidario de la obligación contenida en los autos que libran mandamiento de pago, resuelven excepciones y liquidan el crédito. Señala que, el art. 163 -Ley 223/95 establece que los comuneros, responden solidariamente por los impuestos de la sociedad, a prorrata de sus aportes en la misma, el cual debe ser interpretado conjuntamente con el art. 54 -Ley 1430/12, modificado por el art. 177 -Ley 1607/12 según el cual, “son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto”. Recuerda además que, a través del acuerdo 18/16, mediante el cual se estableció el Estatuto de rentas, se plasmó en el art. 13, que tratándose de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del gravamen los propietarios, en proporción a su cuota, lo que denota que los actos administrativos demandados

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080

www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01 JADV/MAAM/5DCE IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748 adolecen de falsa motivación, desconociéndose además las normas superiores en que debían fundarse. Así mismo, denuncia la violación del debido proceso, pues en los actos administrativos demandados, no se indicó que el ICBF fuera deudor solidario, en estos se dijo que la obligación tributaria no podía ser dividida, pero no se especificó que se tratara de una obligación solidaria. De igual forma, la falsa motivación se evidencia en el hecho de que en los mismos se haya dicho que el ICBF era deudor de la totalidad de la obligación, sin hacer mención que era co-propietario del 0.4351% del bien y que los pagos efectuados constituían abonos, omitiendo, por el contrario, declarar la extinción de la obligación, a haber pagado la suma correspondiente a su porcentaje. 1.2. Contestación El municipio de Madrid, señala que en los términos del art. 1568 CC, en las obligaciones solidarias el acreedor se encuentra facultado para exigir a todos los deudores la totalidad de la deuda, independientemente de la cuantía del interés que pudiera tener dentro de la obligación. Así mismo, expone que la fuente normativa de la solidaridad en materia de impuesto predial esta en el art. 3 -Ley 44/90, que asigna la carga de este tributo a los propietarios de bienes inmuebles gravados o a los poseedores de los mismos, lo que implica que, al ser propietario del bien, el ICBF es sujeto pasivo del impuesto predial, y

se obliga solidariamente al pago del mismo. Adicionalmete, indica que conforme con el art. 794 ET, los comuneros responden solidariamente por los impuestos del ente sin personería jurídica del cual sean comuneros y que, si bien se hace referencia a que son responsables a prorrata de su participación, esto no es aplicable para dividir la obligación, sino que lo que permite es que el comunero que cancele toda la obligación pueda subrogarse en los derechos del acreedor, y reperit contra cada uno frente a lo pagado. 1.1. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 18 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Señala que, en los términos del art. 13 del Acuerdo No 18 del 14 de diciembre de 2016, del Municipio de Madrid, es sujeto pasivo del impuesto predial, el propietario o

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01 JADV/MAAM/5DCE IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748 poseedor de predios ubicados en su jurisdicción, debiendo responder solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio. No obstante, para el caso concreto, la discusión planteada por la demandante va encaminada a controvertir la legalidad del título ejecutivo, pues se alega la ausencia de calidad de deudor solidario.

Recuerda que, el Consejo de Estado ha dicho que dentro del proceso de cobro coactivo no puede discutirse la validez del título ejecutivo, siendo esto una discusión del proceso de determinación del tributo, pues la finalidad de dicho proceso es la efectividad de las obligaciones previamente definidas, no su declaración o constitución. La Sala expone que, el título ejecutivo derivado de la Liquidación Oficial No 31 del 22 de marzo de 2018, que determinó el impuesto predial de los años 2011 a 2018 respecto del bien con matrícula inmobiliaria No 050-127359, por la suma de $785.924.500, no fue controvertido mediante el recurso procedente, medio idóneo para cuestionar los elementos del tributo determinado, por lo que dicho acto administrativo se encuentra ejecutoriado, en los términos el art. 829 ET. Así entonces, concluye que, que no es procedente abordar el estudio de la legalidad del título ejecutivo, en el marco del análisis de los actos de resolución de excepciones proferidos en el procedimiento de cobro coactivo, pues ello conllevaría a reabrir el debate de la determinación de un tributo, para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos administrativos y judiciales que la parte demandante no ejerció. Explica además que, según el art. 60 –Ley 1430/10 el impuesto predial es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, independientemente de quien sea su propietario, por lo que el municipio podrá perseguir el inmueble sea quien lo posea. Señala que el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de predios

ubicados en la jurisdicción del municipio, estando obligados a presentar la declaración del impuesto los propietarios o poseedores de los predios, y que, en caso de que pertenezca a varias personas, la presentación de la declaración por una, libra de dicha obligación a las demás, independientemente de la responsabilidad de cada una por el impuesto, intereses y sanciones en proporción a la cuota parte o derecho que tengan en la propiedad. Precisa además que, el propietario o comunero que cancele toda la obligación pueda subrogarse en los derechos del acreedor, y repetir lo pagado contra cada uno de los codeudores hasta concurrencia del interés que le asiste, de conformidad con el art. 1579 CC.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01 JADV/MAAM/5DCE IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748 1.2. Recurso de apelación El demandante, ICBF, reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Es materia de estudio la legalidad de la Resolución No 0247 del 20 de mayo de 2019, que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago No 451/18, y de la Resolución No 761 del 27 de agosto de 2019, que liquidó el crédito y costas dentro de los trámites del cobro coactivo.

2.1. Problema Jurídico

¿Los actos administrativos demandados incurrieron en falsa motivación, al haber establecido que el ICBF era deudor solidario de la obligación determinada en el mandamiento de pago, por concepto de impuesto predial, por el bien con folio inmobiliario No. 50C-127359 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá, y cedula catastral 01-02-0004-0016-000, no obstante ser co-propietario del 0.4351% del mismo? 2.2. Análisis jurídico y fáctico En concepto de esta Delegada, la sentencia de primera instancia debe ser confirmada. 2.2.1 Marco Jurídico y jurisprudencia aplicable Para el caso, debe tenerse en cuenta la sentencia del 20 de noviembre de 2019 (CP: Julio Roberto Piza, rad. 25000-23-37-000-2016-01451-01(23814), que establece que, en la fase de liquidación del crédito, no es posible revivir discusiones en torno a la conformación del título, siendo sólo procedente controvertir los aspectos ligados con el estado de la cuenta de la deuda; así mismo, existen otros pronunciamientos que establecen la imposibilidad de revivir discusiones propias de dicha etapa en el proceso de cobro coactivo (sentencia del 29 de septiembre de 2020. MP: Julio Roberto Piza, exp. 23906.)

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01

JADV/MAAM/5DCE IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748 2.2.2 Análisis del caso concreto El actor, ICBF, señala que los actos administrativos demandados adolecen de falsa motivación y de infracción de las normas en que debían fundarse, y que, con la expedición de estos, se vulneró su derecho al debido proceso. Expone que, no podía ser considerado como deudor solidario del impuesto predial, pues la solidaridad no fue establecida en los actos administrativos demandados, y en todo caso, era co-propietario del 0.4351% del bien identificado con folio inmobiliario No. 50C-127359 y cedula catastral 01-02-0004-0016-000. Así entonces, la obligación no podía ser ubicada en cabeza suya pues, tratándose de un predio sometido a comunidad, son sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota (artículo 13 ET de Madrid Cundinamarca), es decir, a prorrata de su participación. Así mismo, recuerda que efectuó pagos considerados como abonos, debiendo haberse declarado la extinción de la obligación, a haber pagado la suma correspondiente a su porcentaje. El Municipio de Madrid, por su parte, asegura que de acuerdo con el art. 1568 CC, tratándose de obligaciones solidarias el acreedor se encuentra facultado para exigir a todos los deudores la totalidad de la deuda, independientemente de la cuantía del interés que pudiera tener dentro de la obligación. Así mismo, indica que debe seguirse las normas en materia de solidaridad en el contexto del impuesto predial, esto es, el art. 3Ley 44/90, que asigna la carga de este tributo a los propietarios de bienes inmuebles gravados o a los poseedores de los mismos. Para el caso, si el ICBF era propietario del bien, se convertía en sujeto pasivo del impuesto predial, siendo entonces solidariamente responsable al pago del mismo. Adicionalmente, recuerda que según el art. 794 ET, los comuneros responden solidariamente por los impuestos del ente sin personería jurídica del cual sean comuneros y que, si bien se hace referencia a que son responsables a prorrata de su participación, esto no es aplicable para dividir la obligación, sino que lo que permite es que el comunero que cancele toda la obligación pueda subrogarse en los derechos del acreedor, y repetir contra cada uno frente a lo pagado. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, decisión que apoya esta Delegada. Señala que, tal como lo afirmó el Municipio de Madrid, el art. 13 -Acuerdo No 18 del 14 de diciembre de 2016, estableció como sujeto pasivo del impuesto predial, al propietario o poseedor del predio ubicados en su jurisdicción, debiendo responder solidariamente por el pago del impuesto. No obstante,

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01 JADV/MAAM/5DCE IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748 aclara que, más allá de esta discusión, en el caso concreto el demandante está planteado

la discusión con miras a cuestionar la legalidad del título ejecutivo, pues se alega la ausencia de calidad de deudor solidario; lo que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, no es susceptible de discusión dentro del proceso de cobro coactivo. En efecto, expone que en esta etapa no puede discutirse la validez del título ejecutivo, lo que correspondería a la etapa determinación del tributo, siendo la finalidad del proceso de cobro coactivo la efectividad de las obligaciones previamente definidas, no su declaración o constitución. Aunado a ello, recuerda que el título ejecutivo derivado de la Liquidación Oficial No 31 del 22 de marzo de 2018, que determinó el impuesto predial de los años 2011 a 2018 respecto del bien con matrícula inmobiliaria No 050-127359, por la suma de $785.924.500, no fue controvertido mediante el recurso procedente, medio idóneo para cuestionar los elementos del tributo determinado, por lo que dicho acto administrativo se encuentra ejecutoriado, en los términos el art. 829 ET. Dicha determinación es confirmada por el H. Consejo de Estado, el cual, en jurisprudencia reiterada, ha determinado qué actos administrativos son demandables en el proceso de cobro coactivo y en qué fases, asunto fundamental para saber si es procedente el análisis de los cargos esbozados por el ICBF: “2.1La Sala ha señalado que en lo que respecta al procedimiento administrativo de cobro coactivo, solo resultan ser demandables ante esta jurisdicción, los actos que deciden las excepciones contra el mandamiento de pago y ordenan seguir adelante con la ejecución, los correspondientes a la

liquidación del crédito y, en general, los actos que deciden situaciones jurídicas de fondo, siempre que estén relacionados con el cobro y no con la determinación de la obligación ejecutada (Auto del 17 de febrero de 2005, exp: 15040, C.P. Dr. Héctor J. Romero; auto de 27 de marzo de 2014, exp: 20244 CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; auto del 12 de febrero de 2019, exp: 22635 CP: Jorge Octavio Ramírez; sentencia del 26 de julio de 2018, expediente: 22031, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Dentro del proceso de cobro coactivo, la fase de aprobación de la liquidación del crédito es posterior a aquella en la cual se discuten aspectos relativos a la conformación del título. Lo anterior supone que, habiéndose agotado la etapa inicial del proceso de cobro, cuyo nacimiento surge con la expedición del mandamiento de pago, y estando resueltas las excepciones formuladas en su

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01 JADV/MAAM/5DCE IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748 contra, le es dable a la Administración solicitar la liquidación del crédito y someterla a su aprobación. En virtud de esta fase procesal, la entidad ejecutada únicamente podrá controvertir aspectos relacionados con el estado de cuenta de la deuda, sin que le sea posible revivir discusiones propias de la

conformación del título o de su falta de ejecutoria.” 1 (Subrayado y negrilla fuera de texto) En pronunciamiento más reciente, el Consejo de Estado manifestó: “2El trámite del cobro coactivo implica, necesariamente, la preexistencia de un título que preste mérito ejecutivo, esto es, de un acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos por la ley. Los artículos 829-1, 831 y 835 del Estatuto Tributario limitan, en términos generales, las controversias que pueden surtirse entorno a los actos administrativos que se expiden dentro del procesamiento de cobro coactivo y, en concreto, de las que pueden adelantarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En efecto, el artículo 829-1 ibídem establece que durante el procedimiento de cobro coactivo no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa porque, para realizar el cobro forzoso de una obligación tributaria, es necesario que el acto que sirve de título ejecutivo esté en firme.”2 De esta forma, es claro que, el carácter solidario o no de la obligación y, en consecuencia, el monto a ser cancelado por el sujeto pasivo, son asuntos propios de la determinación de la obligación tributaria, que se salen de los asuntos a ser discutidos en el proceso de cobro coactivo. De esta forma, no sería procedente abordar el estudio de la 1 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de noviembre de 2019. CP: Julio Roberto Piza, rad.

25000-23-37-000-2016-01451-01(23814) 2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de septiembre de 2020. MP: Julio Roberto Piza, exp. 23906.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01 JADV/MAAM/5DCE IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748 legalidad del título ejecutivo, en el marco del análisis de los actos de resolución de excepciones proferidos en el procedimiento de cobro coactivo, y de la resolución que liquidó el crédito y costas, pues con ello, se reabriría el debate de la determinación del tributo, para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos administrativos y judiciales que la parte demandante no ejerció. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente, 2.3 Conclusión De conformidad con los documentos allegados a la presente actuación, con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia y teniendo en cuenta los cargos y argumentos presentados en el recurso de apelación, no existen elementos de juicio para que se revoque la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y

de las garantías y de los derechos fundamentales, presenta su concepto solicitando que la sentencia antes mencionada, sea confirmada. Del señor Consejero, atentamente,

JAIME ALEJANDRO DÍAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01

JADV/MAAM/5DCE

IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CARRERA 5 # 15 – 80 Tel. (+57 1) 5878750 – Extensión 12076-12077-12079-12080 www.procuraduria.gov.co 25000-23-37-000-2019-00639-01

JADV/MAAM/5DCE

IUC-I-2023-3234793 / IUS-E-2023-654748