PGN - IUR 39352

ARCHIVO EN INDAGACION PREVIA-Aplicar el artículo 90 del Código General Disciplinario, ordenando la terminación y el archivo definitivo de las diligencias, porque los implicados no incurrieron en la conducta indagada JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR-Competencia disciplinaria contra jueces de instrucción penal militar y fiscales penales militares La delimitación de competencia constituye un imperativo normativo para hacer realidad la garantía de juez natural y en ese orden de ideas el artículo 58 de la Ley 1765 de 2015, preceptúa: «Los servidores públicos que desempeñen cargos de jueces y fiscales de la Justicia Penal Militar y Policial, serán investigados disciplinariamente por conductas derivadas del ejercicio de sus funciones por la Procuraduría General de la Nación.». La competencia de los procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la justicia penal militar encargados de la instrucción y calificación (jueces y fiscales) conforme lo preceptuado en la Resolución N° 371 del 11 de octubre de 2010, que modificó el artículo 19, inciso 10 de la Resolución N° 017 del 4 de marzo de 2000, estuvo asignada a la entonces Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policial. Posteriormente, mediante Resolución N° 138 del 4 de abril de 2018, esas funciones fueron trasladadas a la otrora Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial. De esa manera, era claro que correspondía al citado despacho tramitar los procesos que se ventilaban contra los jueces y fiscales penales militares, independientemente que se tratare de funcionarios de instrucción o de

conocimiento, pues aquellos estaban expresamente referidos en las resoluciones citadas con antelación, y estos lo eran en virtud de lo estipulado en el literal i) del numeral 1) del artículo 25 del Decreto 262 de 2000. JUSTICIA PENAL MILITAR-Competencias para conocer de los procesos contra funcionarios de justicia penal militar Con la promulgación y entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019 -Código General Disciplinarioy la Ley 2094 de 2021, que la modificó, así como con la expedición del Decreto Ley 1851 de 24 de diciembre de 2021 que, a su vez, varió algunos apartes del Decreto Ley 262 de 2000, las competencias para conocer de los procesos contra funcionarios de justicia penal militar variaron, así: PROCURADURÍAS DELEGADAS DE INSTRUCCIÓN-Competencia disciplinaria El artículo 25 numeral 1 literal g) del actual Decreto 262 de 2000, señala que las procuradurías delegadas de Instrucción son competentes para: «1. Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables: g) Los Magistrados del Tribunal Superior Militar y demás funcionarios de la misma jerarquía que cree la ley h) Los jueces de conocimiento de la justicia penal militar y auditores superiores y principales de guerra...». PROCURADURÍAS PROVINCIALES Y DISTRITALES DE INSTRUCCIÓNConocen de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables:

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Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022 …e) Los jueces de instrucción penal militar, auditores principales y auxiliares de guerra Por su parte, en el artículo 76 de la misma normatividad dispone: «Las procuradurías provinciales y distritales de instrucción cumplen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones: Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables: …e) Los jueces de instrucción penal militar, auditores principales y auxiliares de guerra.». A su turno, la señora Procuradora General de la Nación, en virtud de sus funciones reglamentarias, para ajustar las competencias de la entidad al nuevo marco legal, expidió la Resolución N° 150 del 12 de mayo de 2022, que: LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Principios sobre los que está cimentada Es pertinente indicar que el proceso penal militar tiene autoridades de instrucción que son los jueces penales militares, de acusación que son los fiscales penales militares, y de instancia a cargo de los jueces de conocimiento, precisó la Codificación Penal Militar que la razón de un sumario es la de recaudar las pruebas necesarias para comprobar el delito, la individualización de los autores o partícipes y la determinación

de la ausencia de responsabilidad de cada uno, por lo que no basta con abrir sumarios, sin cumplir las finalidades de ley, y ese recaudo de pruebas es lo que la ley determina como investigación integral, para lo que la Ley 522 de 1999 establece un término perentorio de 60 días, que son días hábiles en virtud del principio de ininterrupción de la actuación sumaria, y el juez de conocimiento realiza control de legalidad, fija fecha y celebra audiencia de acusación y aceptación de cargos estando el proceso a cargo del Fiscal, luego el juez de instancia convoca a audiencia de Corte Marcial, como lo expuso la señora CR. xxx, por lo tanto, el incumplimiento del deber de instrucción, incluido el incumplimiento de los términos para el perfeccionamiento de la investigación, genera la sanción de multa de uno a cinco salarios mínimos legales mensuales, en los siguientes términos de la norma ídem: CÓDIGO PENAL MILITAR-Ley 522 de 1999, sobre la prescripción establece Por lo tanto, los jueces de instrucción y de conocimiento Penal Militar están obligados a adelantar las acciones a su cargo de manera diligente y eficiente, en garantía del principio fundamental al debido proceso. De las anteriores normas se concluye que el término para proferir fallo o sentencia una vez realizada la audiencia de Corte Marcial en el proceso penal, militar es de dos (2) días, que esa audiencia se recoge en medios electrónicos, y que el acta no corresponde a una transliteracion total, sino a un resumen, que lleva las firmas de los intervinientes. JUEZ DE INSTRUCIÓN PENAL MILITAR-Informe de deserción de 11 de

agosto de 2016 del Infante de marina regular EXTINCION DE LA ACCION POR PRESCRIPCION-Queda probado que durante el tiempo en que se adelantó la instrucción, posteriormente en el despacho fiscal y luego ante el Juez de Primera Instancia, no se presentó dilación o mora injustificada en el trámite procesal

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Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022 TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO-Y el archivo definitivo de las diligencias, porque los implicados no incurrieron en la conducta indagada En consecuencia, el deber del despacho es el de aplicar el precepto del artículo 90 del Código General Disciplinario, ordenando la terminación y el archivo definitivo de las diligencias, porque los implicados no incurrieron en la conducta indagada, como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído COMPULSA DE COPIAS-Para que adelante la acción disciplinaria en contra del enunciado servidor en los términos de ley y establezca la eventual responsabilidad disciplinaria a que haya lugar Dependencia: Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, Segunda para la Vigilancia Administrativa

Radicado: IUS E-2019-444800 / IUC D-2019-1358494

Disciplinado: EN AVERIGUACIÓN Cargo: Juez de Primera Instancia de la Fuerza Naval del Caribe

Entidad: Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar Iniciación: Informe de servidor público en cumplimiento de su deber legal (Auto de compulsa de copias) Fecha informe: 30 de julio de 2019

Fecha hechos: 4 de marzo de 2019

Hechos: 30 de julio de 2002

Presunta mora injustificada en el trámite del proceso PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCIÓN 2 penal con radicado 159094 adelantado en contra del SEGUNDA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA señor IMAR® LANDAZURY JOHN ESTIVEN por el Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co delito de DESERCIÓN, dando lugar a la prescripción de Procesol:a D oacucmceióntnal | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022

Asunto: Auto que valora la indagación preliminar (Art. 90 C.G.D)

Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de 2023

1. ASUNTO Al despacho la indagación preliminar adelantada en averiguación de responsables en condición de Juez de Primera Instancia de la Fuerza Naval del Caribe, que se valora para adoptar la decisión correspondiente:

2. ANTECEDENTES PROCESALES 2.1El informe La secretaria del Tribunal Superior Militar y Policial libró el oficio n° 286 TSMP-S de 26 de julio de 20191, en cumplimiento del auto adiado el 18 de julio de 2019 anunció remitir algunas piezas procesales en 775 folios.

La providencia anotada corresponde al fallo que resolvió la apelación de sentencia condenatoria del 18 de febrero de 2019 del Juzgado de Primera Instancia de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada Nacional, que declaró la prescripción y cesó el procedimiento en el radicado 159094-XV-452 ARC., procedente del Juzgado de primera instancia de la fuerza naval del caribe seguido en contra del IMAR ®. JHON ESTIVEN LANDAZURY por el delito de deserción, recibido en el Tribunal el 8 de abril de 2019. La providencia anotó que los hechos datan del día 2 de agosto de 2016, cuando el infante de marina JOHN STIVEN LADAZURY, orgánico de la compañía de seguridad Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina N° 6 con sede en la base de entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, Sucre, se evadió de sus deberes sin presentarse dentro de los cinco días siguientes (8 de agosto de 2016) en unidad militar alguna, incurriendo en el delito de deserción en los términos del artículo 109, numeral 1 de la Ley 1407 de 2010. El Tribunal consideró que el Fiscal Penal militar decidió acusar al procesado IMAR. JHON STIVEN LADAZURY por el delito de deserción, por evadirse sin causa justificada de las instalaciones militares a las que pertenecía, condición en la que se mantuvo dentro de los cinco días siguientes, y el ilícito penal tiene un término prescriptivo de 2 años en los términos del artículo 83 de la Ley 522 de 1999, en concordancia con el canon 86 ídem, que se interrumpe con la

ejecutoria de la resolución de acusación, cuando empezó a correr un segundo lapso prescriptivo por la mitad del tiempo inicial y dado que la pieza acusatoria cobró firmeza el 24 de mayo de 2018, el 24 de mayo de 2019 se presentó el fenómeno prescriptivo. 1 Fl. 776 C.O #4

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Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022 Entonces, arribado el proceso al Juzgado de Primera instancia de la fuerza naval del Caribe el 10 de julio de 2018, fijó fecha para audiencia de corte marcial que inició el 17 de agosto de 2018, fue suspendida para práctica de pruebas y reanudada el 1 de febrero de 2019, profirió sentencia condenatoria el 18 de ese mes y año, apelada y recibida en la secretaría del Tribunal el 5 de abril de 2019, recibida por el magistrado ponente el 10 de abril de 2019, enviado a concepto del Procurador al dia siguiente, retornando al despacho el 11 de junio de 2019, cuando ya se había cumplido el término prescriptivo, procedió a declararlo, solicitando a la Procuraduría competente determinar si hay lugar a determinar el ejercicio de la acción disciplinaria en contra de funcionarios que tuvieron a su cargo el proceso, por la mora que dio lugar a la

prescripción. 2.2Actuación surtida El informe fue recibido en la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, en donde con auto de 6 de agosto de 20192, resolvió remitirlo por competencia a la otrora Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, asignado a un servidor adscrito al despacho y reasignado el 15 de marzo de 2021 a otro. Con auto de 26 de marzo de 20213, se dispuso el inicio de indagación preliminar en contra del Juez de primera instancia de la Fuerza Naval del Caribe en averiguación, que no se notificó por no estar identificado el presunto autor de la falta indagada. 2.3Síntesis probatoria Es prueba el proceso penal militar con radicado inicial n°1565-J110IPM4 a cargo del Juzgado 110 de Instrucción Penal Militar, que pasó a la Fiscalía Penal Militar ante Juzgado de Primera Instancia de la Fuerza Naval del Caribe y Comando Específico de San Andrés y Providencia (E) con radicado n°951 FISFNC5; luego al Juzgado de Primera Instancia Fuerza Naval del Caribe como investigación penal n° 375-JIFNC6 y en el Tribunal Superior Militar y Policial como proceso n° 1590947, en cuatro cuadernos con 776 folios. También son pruebas el mensaje de correo electrónico de 3 de diciembre de 20218, que anexó el oficio 2-2021-129-UAEJPM-JIFNC-41.12 de 2 de diciembre de 2021 y auto de la misma fecha en respuesta a solicitud de esta Procuraduría. El oficio N° 2.2021-129/UAEJPMP-JIFNC-41.12 de 2 de diciembre informó que

al revisar el cuaderno original del expediente, no observa suspensiones de términos procesales, ni separaciones del juez de conocimiento, y según los 2 Fls. 778 a 779 C.O#4 3 Fls. 783 a 786 C.O#4 4 Fl. 2 C.O #1 5 Fl. 4 C.O #1 6 Fl. 3 C.O#1 7 Fl. 1 C.O#1 8 Fls. 793 a 816 C.O#4

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Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022 registros realizados en el libro radicador de ese despacho las actuaciones más importantes son: - El 18 de agosto de 2016 el Juzgado 110 de IPM inicio la investigación - El 27 de septiembre de 2016, resolvió la situación jurídica del sindicado IMAR ® JHON STEVEN LANDÁZURY, absteniéndose de impartir medida de aseguramiento, - Concluido el recaudo probatorio el 25 de septiembre de 2017, remitió el expediente a la Fiscalía Penal Militar ante ese Juzgado, - El 9 de octubre de 2017 la Fiscalía emitió auto de cierre que cobró firmeza el 14 de marzo de 2018 y - El 16 de marzo de 2018 se calificó el mérito sumarial profiriendo resolución de acusación,

• El 23 de abril de 2018 fue interpuesto recurso de reposición, - Con auto de 4 de mayo de 2018 se resolvió el recurso interpuesto, que quedó ejecutoriado el 24 de ese mes y año. - El 24 de mayo de 2018 la Fiscalía remitió al Juzgado de Instancia Fuerza Naval del Caribe - El JIFNC con auto del 10 de julio de 2018 avocó conocimiento y programó corte Marcial para el 10 de agosto de 2018 - Con auto de 12 de julio de 2018 por solicitud de la defensa, el JIFNC reprogramó la Corte Marcial para el 17 de agosto de 2018 - El 17 de agosto de 2018 se instaló la Corte Marcial en la que la Fiscalía solicita la práctica de pruebas fuera del despacho, coadyuvado por los demás sujetos procesales que atendiendo el criterio de utilidad fueron decretadas, suspendiendo la audiencia y comisionado al Juez 107 de IPM para la práctica de prueba testimonial; otras documentales y testimoniales a cargo del despacho. - La última prueba fue recibida el 17 de diciembre de 2018 - El 1 de febrero de 2019 se reanudó la audiencia de Corte Marcial - El 18 de febrero de 2019 se profirió sentencia condenatoria - El 18 de marzo de 2019 se recibió recurso de apelación - El 21 de marzo de 2019 se remitió al superior - El 18 de julio de 2019 el Tribunal Superior Militar declaró la extinción de la acción penal por prescripción ordenando la cesación del procedimiento - El 21 de agosto de 2019 es recibido el expediente por el JIFNC

• El 30 de agosto de 2019 se ejecutó la sentencia - El 12 de septiembre de 2019 se archivó definitivamente el expediente A folios 801 a 816 del C.O #4 obra copia del movimiento mensual de procesos y preliminares en el Juzgado de Instancia de la Fuerza Naval del Caribe entre enero de 2018 y mayo de 2018.

Con oficio n° 2-2021-008554/UAEJPM-GTH 1210 de 22 de diciembre de 20219 la Coordinadora Grupo Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, certificó que el Juez de primera instancia de la Fuerza Naval del Caribe para los años 2018 y 2019 era el Capitán de Navío LIBARDO JOSÉ ÁLVAREZ MARTÍNEZ identificado con la CC N° XXX trasladado mediante Resolución N° 000946 de 26 de diciembre de 2014, posesionado en el cargo el 6 de enero de 201510 y ocupó el cargo hasta el 16 9 Fls. 817 a 843 C.O #4 10 Fl. 822 C.O #4

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Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022 de julio de 2019 ante la terminación de su designación como consta en la Resolución N° 000365 de 16 de julio de 201911, y desde el 17 de julio de 2019

fue encargado el CR. EFRAIN CUSTODIO PACHÓN PIRAGAUTA por el término de seis meses. El CN. ÁLVAREZ MARTÍNEZ fue encargado de las funciones del Juzgado de Primera Instancia del Comando Específico de San Andrés y Providencia con sede en Cartagena, por el término de seis meses mediante Resolución N° 000413 de 31 de julio de 2017, y con Resolución N° 000066 de 7 de febrero de 2018 por el término de seis meses desde el 22 de febrero de 2018. El mismo funcionario con la Resolución 000072 de 9 de febrero de 201812 fue comisionado para adelantar audiencias de Corte Marcial entre el 19 y el 21 de febrero de 2018 en Bogotá, en cumplimiento del encargo dispuesto mediante Resolución 000696 de 1 de diciembre de 2017, por lo que se ausentó de su sede habitual de trabajo. Entre el 17 y el 19 de abril de 2018 el CN. LIBARDO JOSÉ ÁLVAREZ MARTÍNEZ por medio de la Resolución 000179 de 9 de abril de 201813 fue comisionado para realizar tres audiencias de Corte Marcial en Bogotá en cumplimiento de encargo conferido mediante Resolución 000696 de 1 de diciembre de 2017. Con la Resolución 000194 de 19 de abril de 201814, el Juez de Primera Instancia de la Fuerza Naval del Caribe con sede en Cartagena fue encargado por el término de 3 días a partir del 29 de mayo de 2018 de las funciones del Juzgado de comando Aéreo 122 con sede en Puerto Salgar, Cundinamarca,

que implicó desplazamiento al sitio del encargo. El 1 de noviembre de 201815 la antes Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar profirió la Resolución 000643 que autorizó varios disfrutes de vacaciones y encargó al entonces Juez de Primera Instancia de la Fuerza naval del Caribe, CN. LIBARDO JOSÉ ÁLVAREZ MARTÍNEZ, como Juez de la Segunda División durante treinta días contados desde el 1 de noviembre de 2018, quien también estaba encargado del Juzgado de Primera Instancia del Comando Específico de San Andres y Providencia mediante la Resolución 000440 de 3 de agosto de 2018, por lo que para ese momento quedó a cargo de tres despachos de la Justicia Penal Militar. Según la resolución 000483 de 28 de agosto de 201816, de la Direccion Ejecutiva de la Justicia Penal Militar autorizó el disfrute de vacaciones del personal de la planta de empleados públicos al servicio de esa jurisdicción, que encargó al Juez de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, CR. EFRAÍN CUSTODIO PACHÓN PIRAGAUTA, como Juez de Primera Instancia de la fuerza Naval del Caribe encargado y de Juez de Primera Instancia del Comando Específico de San Andrés y Providencia y encargo. 11 Fl. 821 y vto. C.O #4 12 Fl. 824 C.O #4 13 Fl. 825 C.O #4 14 Fl. 826 y vto a 827, 828 y vto. a 829 C.O #4 15 Fls. 830 a 831 C.O #4 16 Fls. 832 a 839 C.O #4

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Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022 La hoy Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar adjuntó el formato único de hoja de vida diligenciado a nombre del señor LIBARDO JOSÉ ÁLVAREZ MARTÍNEZ17, identificado con la CC N° XXX nacido el 1 de septiembre de 1967 en Cartagena, residente en la misma ciudad, de profesión abogado especialista en derecho penal, con experiencia laboral desde el 10 de junio de 1994 hasta 30 de agosto de 1995, cuando ocupó el cargo de Secretario Judicial II en la Fiscalía General de la Nación; posteriormente como asesor jurídico de la Armada Nacional desde el 1 de septiembre de 1995, juez de instrucción penal militar en Mahates, Coveñas; juez de Brigada o base aérea o grupo aéreo o escuela de formación o departamento de policía en Corozal; Fiscal ante Juez de División o de fuerza naval o Comando Aéreo o policía metropolitana en Bogotá. El 16 de julio de 201918, la antes Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar mediante la Resolución 000365, tuvo en consideración que el 12 de agosto de 2000 por medio de la Resolución Ministerial 1217, el entonces teniente de fragata LIBARDO JOSÉ ÁLVAREZ MARTÍNEZ fue destinado en comisión

permanente del servicio en el Ministerio de Defensa Nacional, que fue incorporado para desempeñar el cargo de Juez 104 de Instrucción Penal Militar, quien tomó posesión el 14 de agosto de 2000, quien posteriormente fue designado en el cargo de Juez de Primera Instancia de la fuerza Naval del Caribe adscrito a la Armada Nacional con sede en Cartagena, ante la solicitud de retiro voluntario de la institución armada por parte del CN. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, quien estaba desempeñando el cargo de juez de primera instancia en la jurisdicción penal militar, resolviendo terminar la designación en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la Justicia Penal Militar a partir del 17 de julio de 2019.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 3.1Competencia disciplinaria contra jueces de instrucción penal militar y fiscales penales militares La delimitación de competencia constituye un imperativo normativo para hacer realidad la garantía de juez natural y en ese orden de ideas el artículo 58 de la Ley 1765 de 2015, preceptúa: «Los servidores públicos que desempeñen cargos de jueces y fiscales de la Justicia Penal Militar y Policial, serán investigados disciplinariamente por conductas derivadas del ejercicio de sus funciones por la Procuraduría General de la Nación.» La competencia de los procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la justicia penal militar encargados de la instrucción y calificación (jueces y fiscales) conforme lo preceptuado en la Resolución N° 371 del 11 de octubre de 2010, que modificó el artículo 19, inciso 10 de la Resolución N° 017 del 4 de

marzo de 2000, estuvo asignada a la entonces Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policial. 17 Fls. fls. 840 a 841 C.O#4 18 Fls. 842 a 843 C.O#4

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Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022 Posteriormente, mediante Resolución N° 138 del 4 de abril de 2018, esas funciones fueron trasladadas a la otrora Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial. De esa manera, era claro que correspondía al citado despacho tramitar los procesos que se ventilaban contra los jueces y fiscales penales militares, independientemente que se tratare de funcionarios de instrucción o de conocimiento, pues aquellos estaban expresamente referidos en las resoluciones citadas con antelación, y estos lo eran en virtud de lo estipulado en el literal i) del numeral 1) del artículo 25 del Decreto 262 de 2000. Con la promulgación y entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019 -Código General Disciplinarioy la Ley 2094 de 2021, que la modificó, así como con la expedición del Decreto Ley 1851 de 24 de diciembre de 2021 que, a su vez, varió algunos apartes del Decreto Ley 262 de 2000, las competencias para

conocer de los procesos contra funcionarios de justicia penal militar variaron, así: El artículo 25 numeral 1 literal g) del actual Decreto 262 de 2000, señala que las procuradurías delegadas de Instrucción son competentes para: «1. Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables: … g) Los Magistrados del Tribunal Superior Militar y demás funcionarios de la misma jerarquía que cree la ley h) Los jueces de conocimiento de la justicia penal militar y auditores superiores y principales de guerra...» Por su parte, en el artículo 76 de la misma normatividad dispone: «Las procuradurías provinciales y distritales de instrucción cumplen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones:

1. Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables: … e) Los jueces de instrucción penal militar, auditores principales y auxiliares de guerra.» A su turno, la señora Procuradora General de la Nación, en virtud de sus funciones reglamentarias, para ajustar las competencias de la entidad al nuevo marco legal, expidió la Resolución N° 150 del 12 de mayo de 2022, que: En el artículo 15 derogó expresamente la Resolución 017 de 2000, que como se indicó en párrafo anterior, era la norma que servía de sustento para la asunción de competencia de la Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, respecto de asuntos relacionados con la totalidad de funcionarios (jueces de instrucción, fiscales y jueces de conocimiento)

de la justicia penal militar. Extinguió la Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, en tanto pasó a ser Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, Segunda para la Vigilancia Administrativa (artículo 2) cuya competencia es

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Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Proceso: Documental | Código: DO-F-23 | Versión: 2 | Fecha: 01/11/2022 residual respecto de las demás Delegadas, pero con un ámbito de conocimiento idéntico a las Delegadas de Instrucción 1, 3 y 4. Lo que significa que, se eliminó la especialidad para tratar asuntos propios de la justicia penal militar. En ese nuevo marco normativo, si bien el despacho carece de competencia para conocer procesos disciplinarios que se sigan en contra de los Jueces de Instrucción Penal Militar, en este caso dado que son disciplinadas Jueces 11 de Brigada, que son jueces de conocimiento, en virtud del principio de unidad de queja o de informe, que conlleva el factor de conexidad en materia disciplinaria, como lo consagra el artículo 11319 del Código Disciplinario Militar20, vigente a partir del 4 de febrero de 2018, en concordancia con el artículo 8121 de la Ley 734 de 2002, aplicables para el momento de las conductas, en virtud del principio de legalidad, dado que en el mismo proceso son disciplinados las

Jueces de instancia o de conocimiento 11 de Brigada en propiedad y en encargo por licencia de maternidad de la primera, y el juez Instructor, esta Delegada es competente para conocer. 3.2Jueces penales de instrucción y de juzgamiento Es necesario destacar los preceptos constitucionales en la materia, así: «Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.» «Artículo 228. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.» (Subrayas fuera de texto) En el mismo orden de ideas, la Ley Estatutaria de la Administración de

Justicia22, está cimentada en los siguientes principios: 19 Artículo 113. Competencia por razón de conexidad. En los procesos disciplinarios hasta antes del auto de citación a audiencia el funcionario competente podrá adelantar la investigación disciplinaria utilizando la conexidad sustancial o procesal. La conexidad sustancial se puede presentar cuando se cometa una o varias faltas disciplinarias atribuibles a una o varias personas, conforme alguno de los siguientes criterios: teleológico, consecuencial, ocasional o cronológico. La conexidad procesal surge por razones de conveniencia o economía procesal, bien sea por comunidad de medio probatorio, unidad de sujeto o unidad de denuncia. No se podrá alegar nulidad por la conexidad que escoja el operador disciplinario. 20 Ley 1862 de 4 de agosto de 2017 21 Artículo 81. Competencia por razón de la conexidad. Cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán y decidirán en un solo proceso. Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y decidirán en el