PGN - IVA - Bienes exentos de impuesto

Bogotá, D.C., 3 de noviembre de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley 788 de 2002, que modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario

Actor: GUILLERMO CHAVES PÁEZ

Magistrado Sustanciador: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Expediente No. D-5980 Concepto No. 3979 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano GUILLERMO CHAVES PÁEZ, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1 de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley 788 de 2002, que modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario y que consagra los bienes exentos del IVA.

1. Planteamientos de la demanda El ciudadano CHÁVES PÁEZ, encuentra que como la normativa acusada no incluye la exención de los bienes e insumos adquiridos por las entidades de seguridad social para ejercer su actividad, se origina una omisión legislativa que vulnera el artículo 48 de la Constitución Política.

Procurador General

2. Problema jurídico Corresponde al Ministerio Público establecer si existe una omisión legislativa que implique la inconstitucionalidad del artículo 477 del Estatuto Tributario, por el hecho

de que no hayan sido cobijados en esta norma los bienes o insumos que se adquieran por parte de las instituciones de la seguridad social para los fines del cumplimiento de sus labores, siempre en atención a la estricta destinación de los recursos de la seguridad social a los fines que le son propios que está prevista por el artículo 48 de la Constitución y que ha reconocido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia. Al respecto, el Procurador General de la Nación, conceptuará lo siguiente:

3. Ineptitud sustantiva de la demanda. Existencia de omisión legislativa absoluta Dado que el único reparo que el actor plantea, versa sobre la inconstitucionalidad por supuesta omisión que afecta la norma demandada y que se presenta por la no exención del IVA de los bienes o insumos que adquieren las instituciones de la seguridad social para los fines del servicio, el Ministerio Público considera conveniente hacer las siguientes manifestaciones: 3.1. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la omisión legislativa es "todo tipo de abstención del legislador de disponer lo prescrito por la Constitución". Las aludidas omisiones, se identifican con la "no acción" o falta de actividad del legislador en el cumplimiento de la obligación de legislar que le impone expresamente el Constituyente. Para que se pueda hablar de omisión legislativa, es requisito indispensable que en la Carta exista una norma expresa que contemple el deber de expedir la ley que desarrolle las normas constitucionales y el legislador lo incumpla, pues sin deber no puede haber omisión. En consecuencia, la omisión legislativa no se puede derivar de la ausencia de leyes

por incumplimiento del Congreso del deber general de legislar" (sentencia C-543 de 1996). 2 Procurador General Desde esa perspectiva, el legislador puede violar los deberes que le impone la Constitución de las siguientes maneras: "- Cuando no produce ningún precepto encaminado a ejecutar el deber concreto que le ha impuesto la Constitución (omisión legislativa absoluta); - Cuando en cumplimiento del deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos grupos, perjudicando a otros (omisión legislativa relativa); - Cuando en desarrollo de ese mismo deber, el legislador en forma expresa o tácita, excluye a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga al resto (omisión legislativa relativa). A esta clasificación propuesta cabe agregar otra instancia: cuando el legislador al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v.gr.: si al regular un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa" (ibídem). En el mismo sentido, debe reiterarse que la Corte Constitucional carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta. 3.1.2. En el presente caso, el cargo de la demanda se refiere a una omisión legislativa absoluta en relación con los bienes, debido a que el artículo 477 del Estatuto Tributario, acusado, regula específicamente la exención de algunos productos para los fines del impuesto sobre las ventas, pero no enumera materias primas o insumos relacionados con la prestación de servicios de salud, por la razón de que la exclusión de dichos bienes se encuentra en otras disposiciones

del Estatuto Tributario, verbigracia el artículo 424, que no fueron mencionadas por el actor como violadas y respecto de las cuales se echa de menos la sustentación de la supuesta omisión legislativa, toda vez que los planteamientos de la demanda se circunscriben al artículo 31 de la Ley 788 que modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario. 3 Procurador General 3.1.3. Los bienes e insumos a que se refiere el ciudadano CHÁVES PÁEZ están excluidos del IVA expresamente por el artículo 424 (por ejemplo en las siguientes partidas: 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.06 y 30.06.00.00), esto quiere decir que, al igual que los bienes exentos, su venta no está sometida al impuesto. Como ya lo ha señalado este Despacho, la diferencia existente entre los bienes exentos y los excluidos, radica en que respecto de los primeros puede hablarse de una exoneración perfecta porque quien los produce está facultado para recuperar los impuestos repercutidos por sus proveedores de materias primas e insumos y prestadores de servicios, ya que se considera que estos bienes están gravados a la tarifa 0. No sucede lo mismo con los bienes excluidos, los cuales no comportan la posibilidad para el productor de recuperar los impuestos repercutidos, teniendo en cuenta que es un sistema de exclusión o no causación del impuesto. (Mauricio A. Plazas Vega, El Impuesto sobre el Valor Agregado, Editorial Temis, segunda edición, Bogotá 1998, páginas 291 a 378). Al respecto, vale la pena señalar que aun cuando doctrinariamente se ha

considerado que el sistema de exclusión o de exoneración imperfecta es antitécnico, y que por ello los productos y servicios de primera necesidad no deberían ser excluidos sino exentos del IVA, lo cierto es que en esta materia, el legislador tiene una amplia libertad de configuración, puesto que la Carta Política no delimita el ámbito de las exenciones y las exclusiones tributarias. 3.2. Las anteriores consideraciones son suficientes para explicar la procedencia de un fallo inhibitorio por parte de la Corte. El cargo del demandante no es susceptible de ser analizado mediante el trámite del control constitucional, pues no se evidencia un cargo de inconstitucionalidad en contra del contenido del precepto acusado, sino de la ausencia completa de regulación, lo cual, como ya se dijo, se explica en razón a que las exoneraciones tributarias que echa de menos el actor están consagrada en el artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual no fue objeto de acusación.

4. Conclusión

4 Procurador General En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación, solicita a esa Corporación declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalita del artículo 31 de la Ley 788 de 2002, que modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario. Señores Magistrados, CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU Procurador General de la Nación (E) SPTB/MRuiz 5