PGN - JEFE O REPRESENTANTE DE ENTIDAD - Convergencia en su persona de la calidad de discip

Bogotá, D.C. 4 de Julio de 2006 PAD C-199/06 Doctora

SANDRA HOYOS ACOSTA

Secretaria General y de Gobierno Coordinadora del Grupo Disciplinario

Alcaldía Cota-Cundinamarca Ref: Su oficio del 17 de mayo de 2006, radicado en esta oficina el 27 de junio del presente año.

En el oficio de la referencia, consulta usted si como Coordinadora del Grupo Disciplinario del Municipio: “es competente para conocer de las investigaciones disciplinarias que se susciten a los directores de Institutos descentralizados del orden municipal o el Grupo Coordinador del mismo?”. Ante todo, debo indicarle que en desarrollo de la función consultiva asignada a esta oficina (artículo 9, numeral 3 del Decreto 262 de 2000), no es posible absolver casos particulares o concretos; por esa razón, las respuestas en estos casos se concretan a suministrar elementos de juicio de carácter general que permitan ilustrar el tema materia de cuestionamiento. En las condiciones descritas y en orden a resolver las inquietudes plasmadas en el documento bajo referencia, se considera que es pertinente tener en cuenta, de una parte, la estructura y organización de la administración pública, en virtud de la cual existen diversas clases de entidades y organismos que se identifican por ser independientes y autónomos, sin sujeción funcional o jerárquica con las demás y, de otra, la forma como debe operar el control disciplinario interno. En relación con el primero de los aspectos mencionados, no puede olvidarse que al igual que a nivel nacional, en el orden seccional existe en la administración pública el sector central y el descentralizado, conformado este

último por los establecimiento públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas sociales del Estado, etc.,. (Artículo 38 de la Ley 489 de 1998). En cuanto a los organismos del sector descentralizado, se tiene que si bien hacen parte de la administración y están sujetas a control político y a la suprema dirección administrativa del organismo de la administración al cual estén adscritos o vinculados, lo cierto es que éstos son entidades independientes, con autonomía administrativa y financiera; supeditados a una estructura administrativa y unos órganos de dirección propios, entre los cuales se encuentra, un gerente, director o presidente, que entre otras facultades tiene la de nombrar y remover al personal de la misma . Frente a dicha organización administrativa, en relación con el segundo punto citado, se tiene que es obligación de todos los organismos del Estado implementar el control interno disciplinario, para disciplinar a sus propios servidores, y por lo tanto cada uno es único respecto de la entidad respectiva. En relación con la organización del control disciplinario interno, se tiene que la Ley 734 de 2002 prevé la obligación para todo organismo o entidad del Estado de implementarlo al más alto nivel, asegurando la autonomía y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. 2 Es así como, el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, establece que el control interno disciplinario estará a cargo de una oficina o unidad, que se encargará de “conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores”; se radica la segunda instancia en cabeza del

nominador. Sobre el particular, procede considerar las pautas consagradas en Circular Conjunta emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación (001 de abril 2 de 2002), en la que se consignaron algunos parámetros generales para la implementación u organización del control disciplinario interno, así: - De una parte, se indica que a efectos de garantizar tanto la autonomía de las citadas oficinas como el principio de segunda instancia, que corresponde al nominador, el mecanismo para cumplir la función disciplinaria debe ser la conformación de un grupo formal de trabajo “adscrito a una de las dependencias del segundo nivel jerárquico de la organización, coordinado por el Director de dicha dependencia”. Lo cual, puede efectuarse mediante un acto administrativo interno del Jefe del organismo. - En segundo término, se plantea como otra alternativa la posibilidad de que se cree una oficina disciplinaria dentro de la estructura de la entidad, para lo cual debe adelantarse el trámite administrativo correspondiente ante la autoridad competente (decreto nacional, ordenanza, o acuerdo), con la denominación que corresponda a la organización interna (subdirección, oficina división etc.). Además, se precisa: “En cualquiera de las alternativas que se adopte para organizar o implementar la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno, a la misma le compete adelantar tanto la indagación preliminar, como la investigación y el fallo de primera instancia, respecto de los servidores públicos del organismo o entidad correspondiente. Esta competencia cubre a todos los servidores públicos del respectivo organismo o 3 entidad, cualquiera sea la naturaleza del cargo (empleados públicos y trabajadores

oficiales así como empleados de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa o provisionales) y cualquiera sea el nivel al cual corresponda el empleo, salvo las competencias propias de la Procuraduría General de la Nación y de otras autoridades, según lo dispuesto en la Constitución Política y en el mismo Código Disciplinario único”. De la reglamentación vista, se colige que el poder disciplinario se concentra en una única autoridad interna, cual es la oficina de control disciplinario y en ella se radica la competencia para conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios, lo que implica que a éstas corresponde conocer de todas las etapas del proceso disciplinario hasta el fallo de primera instancia; facultad que debe operar en relación con todos los servidores de la entidad, pues no se hace ninguna distinción al respecto por concepto de rango o condición, esa la razón para que se requiera una dependencia “del más alto nivel”; Para ello y a fin de garantizar la segunda instancia ante el nominador, la circular en mención, que contiene los parámetros para la implementación de la misma, determina que la unidad, independientemente de la denominación o forma que adopte, se adscriba o pertenezca al segundo nivel jerárquico dentro de la estructura organizacional de la entidad y expresamente precisa que su competencia cobija a todo funcionario cualquiera sea la naturaleza del cargo y el nivel del empleo. Excepcionalmente no conoce la oficina de control interno cuando por razones de estructura organizacional no se puede garantizar la segunda instancia, evento en el que la competencia se asigna a la Procuraduría General de la Nación, según sus competencias, y cuando no se han implementado esas

oficinas, casos en los que actúa como autoridad disciplinaria el superior inmediato del investigado y el superior jerárquico de aquel, como primera y segunda instancia, respectivamente. Conforme a lo expuesto, se estima que tratándose de los representantes legales de los organismos o entidades oficiales, no podría operar la regla general que rige el ejercicio del control disciplinario interno, cual es la que los 4 procesos los conocen y fallan en primera instancia la oficina de control y en segunda, el nominador, toda vez que en su caso, siendo el nominador, converge en su persona la calidad de disciplinado y de autoridad disciplinaria, lo que implica un desconocimiento del principio de doble instancia. Por lo tanto, en esos eventos, al no poderse garantizar el principio aludido, deberá operar la regla de competencia establecida en el artículo 76, conforme a la cual el asunto debe conocerlo la Procuraduría. De acuerdo con las precisiones anotadas, se colige: primero que en la administración seccional, las entidades descentralizadas no son parte del sector central y en ese orden de ideas, la Alcaldía no es ni el superior funcional ni jerárquico de las entidades descentralizadas, pues, éstas son organismos independientes y distintos de dicho despacho. Segundo, que así las cosas, cada uno de estos organismos debe organizar su control interno disciplinario, el cual sólo puede operar respecto de sus propios servidores y no de los pertenecientes a otras entidades. Tercero, que en materia disciplinaria, siendo todos procesos de doble instancia, el no poder garantizar ese principio impone el conocimiento de las actuaciones por la Procuraduría, según el artículo 76 de la Ley 734 de 2002.

Por último, le informo que la presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5 de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARIA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (e)

C-199-06

MLRR-MPCM

5