PGN - JEFE O REPRESENTANTE DE ENTIDAD - Debe adelantar las acciones pertinentes para resgu

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 077-3492/2006

Disciplinado: Duván Plazas Osorio

Cargo y Entidad: Alcalde de Valparaíso Caquetá Quejoso: Contraloría General de la República Fecha Queja: 26 de octubre de 2006

Fecha Hechos: 4 de agosto de 2003

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (A t. 171 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., junio 27 de 2008 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra DUVAN PLAZAS OSORIO, Alcalde de Valparaíso, Caquetá, quien fue sancionado por la Procuraduría Regional de Caquetá, mediante fallo del 3 de marzo de 2008, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses; sanción convertida en salarios devengados por el disciplinado en la época de los hechos, la cual ascendió a CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO

MIL SETECIENTOS OCHO PESOS ($4.924.708).

1. ANTECEDENTES El 26 de octubre de 2006, el Contralor departamental de Caquetá, Jaime Flechas Otálora, remitió a la Procuraduría Regional de Caquetá, el hallazgo No. 040 del 23 de octubre de 2006, relacionado con la celebración del contrato de prestación de servicios No. 002 del 4 de agosto de 2003, entre el municipio de Valparaíso y

Gonzalo Fierro Castillo, cuyo objeto contractual no había sido cumplido al momento de la auditoría desarrollada por la Contraloría y en el que, además, se aprobó una modificación el 12 de febrero de 2005, mediante la cual fue ampliado el plazo del contrato hasta el 30 de noviembre de 2005. Sobre la ampliación no se expidió póliza de garantía y la aportada en la suscripción tenía vigencia hasta el 22 de junio de 2004 (folios 1-3). Con fundamento en el traslado del posible hallazgo disciplinario remitido por la Contraloría, la Procuraduría Regional del Caquetá por auto del 30 de noviembre de 2006, ordenó iniciar indagación preliminar en contra de DUVÁN PLAZAS OSORIO, DEYANIRA RIVERA SALGADO y GONZALO FIERRO CASTILLO, en sus condiciones de alcalde y contadora del municipio de Valparaíso y contratista, con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si éstos son constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar a los presuntamente responsables y establecer si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad (folios 140-141). Mediante auto del 17 de abril de 2007, la Procuraduría Regional de Caquetá, ordenó abrir investigación disciplinaria en contra de DUVÁN PLAZAS OSORIO, en su condición de alcalde de Valparaíso, teniendo en cuenta que al parecer no ejerció el debido control en la ejecución de un contrato celebrado por el municipio, no exigió el cumplimiento del mismo, ni las pólizas adicionales (folios 151-152).

EXPEDIENTE 077-3492-2006 - MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1

FALLO SEGUNDA INSTANCIA Por otra parte, consideró que la señora DEYANIRA RIVERA no tenía responsabilidad en el proceso de control contractual; de igual forma, se indicó que no procedía la investigación disciplinaria contra el contratista, Gonzalo Fierro Castillo, por no tener la condición de servidor público, ni reunir las exigencias señaladas en el artículo 53 del estatuto disciplinario para ser sujeto disciplinable; en consecuencia, se ordenó el archivo de las diligencias en contra de estos dos investigados.

2. LOS CARGOS Mediante auto del 16 de octubre de 2007, la Procuraduría Regional de Caquetá, formuló auto de cargos contra DUVÁN PLAZAS OSORIO, en su condición de alcalde del municipio de Valparaíso, Caquetá, en los siguientes términos: (folios.192-198) No ejercer el debido control a la ejecución del contrato 002 de 2003 cuyo objeto era el saneamiento contable celebrado por el anterior mandatario con GONZALO FIERRO CASTILLO, por cuanto suscribió una prórroga de adición el día 12 de febrero de 2005, con vencimiento a noviembre 30 de 2005 y no exigió el cumplimiento a cabalidad del contrato sobre el cual se había cancelado un anticipo de $13.500.000, acorde a lo establecido en el artículo 4 de la ley 80 de 1993 le concurría la obligación de realizar las acciones pertinentes de verificación, control y seguimiento al desarrollo y ejecución idónea y oportuna de las actividades realizadas por parte del contratista, y exigir los informes sobre las actividades

relacionadas con el contrato de auditoría a este proyecto Se indicó que con la conducta descrita pudo desconocer el mandato contenido en el artículo 4º de la ley 80 de 1993. Se tipificó la falta disciplinaria como una violación de los deberes contemplados en los numerales 1 y 2 en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que establecen la obligación para todo servidor público de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la ley y cumplir con diligencia y eficiencia el servicio que le sea encomendado, así como las prohibiciones establecidas en los numerales 7 y 24 del artículo 35 ibídem, que prohíben al servidor público omitir, negar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo e incumplir cualquier decisión administrativa en razón a su cargo u obstaculizar su ejercicio, además se dijo, que el investigado estaba incurso en la falta gravísima de que trata el numeral 31 del artículo 48 del CDU, por participar en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público o desconociendo los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplado en la Constitución y en la ley. La culpabilidad fue graduada a título de culpa grave. Se indicó que por ser la conducta investigada violatoria del numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, la falta es gravísima, pero por la graduación de la culpa como grave, en aplicación del numeral 9 del artículo 43 del CDU, se calificó la falta como grave culposa, por cuanto el disciplinado conocía el ámbito de sus funciones y las disposiciones que regulaban sus conductas y con su negligencia dejó de impulsar las acciones que

procuraban el cumplimiento del objeto del contrato, provocando que los recursos no se aplicasen eficazmente. Finalmente se dijo que se calificaba la falta como una omisión al deber de cumplir con la Constitución y la ley, situación agravada por la jerarquía y mando del funcionario disciplinado.

3. DESCARGOS EXPEDIENTE 077-3492-2006 - MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 2

FALLO SEGUNDA INSTANCIA La apoderada del señor Duván Plazas Osorio, presentó memorial de descargos, sin fecha, en el que expuso los siguientes argumentos de defensa (folios 208-211): Teniendo en cuenta que el cargo contra su defendido se basa en el hecho de que no ejerció el debido control a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 002 del 4 de agosto de 2003, se debe tener en cuenta que para dicha labor se había nombrado como interventor al señor Nicolás Gallego Londoño y por ello, era a éste a quien le correspondía velar porque el contratista cumpliera el cronograma de actividades pactadas, y que el objeto contratado se cumpliera en forma idónea y oportuna. Además, era el interventor quien debía requerir al contratista en caso de advertir fallas en la ejecución o incumplimiento parcial en las entregas de los servicios contratados. Por otra parte, dijo la defensa, que entre las responsabilidades del interventor, le correspondía informar al ordenador del gasto y a la oficina de contratación de los incumplimientos injustificados del contratista para que éstos adoptaran las acciones respectivas. Por lo que indicó, que los verdaderos responsables en este proceso eran el interventor y el contratista.

Adujo, que su representado no incurrió en falta gravísima, entre otras razones, porque tan pronto notó el incumplimiento del contrato en cuestión, declaró la nulidad del mismo. Solicitó como pruebas, los testimonios de Orfilia Guzmán Peña, Secretaria de Planeación de Valparaíso y de Luis Alberto Chacón, asesor contable del municipio y que se aportaran los siguientes documentos: copia de la resolución No. 089 por la cual se designó como interventor del contrato cuestionado al señor Nicolás Gallego Londoño; acta de iniciación del contrato; los cuatro informes de interventoría; certificación suscrita por Orfilia Guzman Peña; copia del decreto 009 de 2007, por el cual se decreta la nulidad del contrato 002 de 2003; copia del oficio dirigido a Gonzalo Fierro en donde se le comunica la declaratoria de nulidad del contrato.

4. PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante auto del 6 de diciembre de 2007, la Procuraduría Regional de Caquetá accedió a la solicitud de pruebas realizada por el apoderado del disciplinado en el memorial de descargos (folios 232-233).

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 31 de enero de 2008, la Procuraduría Regional de Caquetá, ordenó correr traslado a los sujetos procesales para que presentaran sus alegatos de conclusión previos al fallo (folio 239).

El disciplinado no presentó alegatos de conclusión, tal como se dejó constancia el 15 de febrero de 2008, mediante informe secretarial (folio 246).

6. DECISIÓN DE INSTANCIA EXPEDIENTE 077-3492-2006 - MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 3

FALLO SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto del 3 de marzo de 2008, la Procuraduría Regional del Caquetá dictó fallo de primera instancia, sancionando al señor DUVAN PLAZAS OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.640.561, en su condición de Alcalde de Valparaíso, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, la cual fue convertida en salarios devengados al momento de la comisión de la falta que ascendió a la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHO pesos, $4.924.708 (folios 250-254). Adujo el a quo, que el alcalde omitió el ejercicio de sus funciones de vigilar y salvaguardar los recursos del Estado, permitiendo que el contratista incurriera en forma sistemática en incumplimiento de lo pactado, ya que luego de advertir deficiencias en la etapa inicial del contrato, no adoptó las medidas pertinentes y en cambio procedió a realizar adiciones en el tiempo. Indicó el a quo, que la acusación en contra de DUVAN PLAZAS OSORIO, alcalde del municipio de Valparaíso, en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 002 del 4 de agosto de 2003, sobre el cual se canceló el 50%, el 16 de octubre de 2003, se concreta en el hecho de que el disciplinado aprobó una modificación con el mismo contratista, Gonzalo Fierro Castillo, el 12 de febrero de 2005, a pesar del

evidente incumplimiento de éste, porque había transcurrido un año y medio desde la suscripción inicial del contrato y no existían informes sobre los resultados de ejecución del mismo, ni justificación alguna de su incumplimiento. El alcalde investigado realizó la ampliación hasta el 30 de noviembre de 2005 y la póliza tenía vigencia hasta el 22 de febrero de 2004 y no se hicieron las ampliaciones respectivas, es decir, que durante la prórroga no hubo garantía de cumplimiento. No admitió el a quo, los argumentos de defensa, en cuanto a que la responsabilidad en la ejecución del contrato cuestionado recae sobre el interventor, puesto que la interventoría es el proceso de supervisión y control que deben realizar las entidades territoriales, incluso a través de los contratos de interventoría sobre aquellas funciones y competencias que les asigna la normatividad para que se verifique el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y calidad de los bienes y servicios contratados, sin que la función del interventor excluya las actividades de seguimiento y responsabilidad de los representantes legales de las entidades. Afirmó el a quo, que la falta de cuidado del disciplinado permitió un detrimento en el presupuesto del municipio en cuantía de $13.500.000. Se tipificó la falta como gravísima de las descritas en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002; se consideró que la falta se produjo por la falta de cuidado de parte del disciplinado en el seguimiento de la ejecución del contrato, por no exigir al contratista los resultados de su gestión, por lo que en concordancia con el numeral 9

del artículo 43 y el parágrafo del artículo 44 ibídem, calificó la falta como grave.

7. APELACION El 25 de marzo de 2008, la apoderada del señor DUVÁN PLAZAS OSORIO, presentó recurso de apelación contra el fallo disciplinario del 3 de marzo de 2008

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA proferido por la Procuraduría Regional del Caquetá, con el fin de que éste se revoque, argumentando lo siguiente: (folios 257-261) Considera la defensa que la sanción impuesta a su defendido en la providencia apelada, se basa en el hecho de que éste no ejerció el debido control sobre la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito entre el municipio de Valparaíso y Gonzalo Fierro Castillo y admitió una modificación al mencionado contrato, dos años después de haber sido suscrito. Indicó la defensa que la prórroga se hizo con el único fin de que se diera cumplimiento al saneamiento contable al que se comprometió el contratista y así no perder el 50% del valor del contrato que ya había sido cancelado. Expuso la defensa, que conforme a declaración de la Secretaria de Planeación, Orfilia Guzman Peña, una vez el alcalde recibió las observaciones por parte de la Contraloría decretó la nulidad del contrato. Alegó la defensa, que en el contrato cuestionado existía un interventor, Nicolás Gallego Londoño, a quien le correspondía controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, términos de referencia y las especificaciones del contrato,

velando por los intereses de la entidad contratante. Indicó, que la interventoría comporta una serie de responsabilidades jurídicas de carácter disciplinario y penal, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales se haya ejercido las funciones de interventoría. Conforme a lo expuesto, afirmó que era al interventor a quien le correspondía velar porque el contratista cumpliera los cronogramas y actividades pactadas, así como verificar que el objeto contratado fuera idóneo y oportuno. Adujo, que la responsabilidad del interventor es indelegable y en tal virtud le correspondía informar al ordenador del gasto y a la Oficina de Contratación de los incumplimientos injustificados del contratista, para que se adoptaran las acciones correspondientes de conformidad con lo previsto en la ley y en el contrato. Situación que no fue tenida en cuenta por el a quo, quien atribuyó la responsabilidad por el incumplimiento del contrato a la falta de cuidado de su patrocinado. Además, no analizó las diferentes pruebas documentales aportadas por la defensa, sin explicar las razones de fondo por las que no tuvo en cuenta dichas explicaciones. Por todo lo anterior, dijo que el proceso debió orientarse en contra del interventor y del contratista, porque ellos son responsables directos, mientras que la responsabilidad de su poderdante es genérica. Por otra parte, afirmó que no existe prueba de la responsabilidad del señor PLAZAS en los hechos materia de investigación y lo que se probó en el proceso fue la ocurrencia de los hechos, pero

no la responsabilidad del disciplinado, ya que no era su función el seguimiento del objeto del contrato, por cuanto ésta le correspondía al supervisor.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA No está demostrado que su defendido hubiese actuado con negligencia; no se le puede acusar de haber cometido falta gravísima, porque no realizó objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito; no incurrió en ninguna infracción del deber y no está demostrado que la conducta del investigado estuviera orientada a la realización de un resultado antijurídico. Para que la administración ejerza su potestad sancionatoria debe demostrar que los hechos en los que se basa la acción están probados y que la autoría en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado y hasta el momento en el caso sub-examine no ha ocurrido. El recurso fue concedido en el efecto suspensivo por la Procuraduría Regional del Caquetá, mediante auto del 27 de marzo de 2008 (folio 264).

8. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA 8.1 Competencia Conforme al numeral 2° del artículo 75 del decreto 262 de 2000, le corresponde conocer en primera instancia a los Procuradores Regionales los procesos disciplinarios cuya competencia corresponda a las Procuradurías distritales o provinciales, en las circunscripciones territoriales en donde éstas no existan.

Conforme al numeral 8.1 del artículo 3º de la resolución No. 0018 de 2000, la Procuraduría Regional de Caquetá tiene competencia, entre otros, en el municipio de

Valparaíso, por no existir provinciales en este departamento. Así las cosas, era competente el Procurador Regional de Caquetá para asumir la primera instancia del proceso disciplinario adelantado en contra del alcalde de Valparaíso, Caquetá. De acuerdo al numeral 4 del artículo 25 del decreto 262 de 2000, le corresponde a las Procuradurías Delegadas conocer en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean competencia de los Procuradores Regionales, y asumir esta competencia, a las Procuradurías Delegadas para la contratación, cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuestales, hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, conforme al inciso cuarto del artículo 19 de la resolución 0017 de 2000. 8.2 Análisis de la responsabilidad del disciplinado El señor DUVAN PLAZAS OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía No.17.640.561 de Florencia, Caquetá, fue elegido alcalde del municipio de Valparaíso, Caquetá el 15 de febrero de 2004, para el periodo comprendido ente el 1º de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2007. Cargo para el cual se posesionó el 26 de febrero de 2004, ante el Notario Único de Belén de los Andaquies, Caquetá, según acta No. 005 (folio 173, 178-179). De las pruebas obrantes en el expediente, se desprende, que efectivamente el

contrato de prestación de servicios profesionales No. 002 del 4 de agosto de 2003, celebrado entre el municipio de Valparaíso, representado por su alcalde, LUIS EXPEDIENTE 077-3492-2006 - MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 6 FALLO SEGUNDA INSTANCIA CARLOS BECERRA VARGAS y el señor Gonzalo Fierro Castillo, con el objeto de realizar el proceso de saneamiento contable del municipio en los términos establecidos por la ley 716 de 2001, por un término de 6 meses y un valor de $27.000.000, no fue ejecutado totalmente, dado que a 31 de diciembre de 2007, no se había efectuado el saneamiento contable o la depuración de los estados financieros del municipio y existían partidas no identificadas, registros con saldos diferentes a la naturaleza de la cuenta que afectaban el resultado final de los estados financieros, tal como lo informó, en su declaración juramentada, el señor Luis Alberto Chacón, contador público con contrato de prestación de servicios con el municipio de Valparaíso (folios 53-56, 237-238). Por otra parte, se determinó que para respaldar el contrato No. 002 de 2003, el contratista hizo entrega de la póliza No 7787350 expedida el 22 de agosto de 2003 por la compañía de seguros El Cóndor S.A., la cual garantizaba el cumplimiento, el buen uso del anticipo y los salarios, amparos exigidos en el mencionado contrato (folio 117). Dicha póliza fue aprobada por resolución No. 033 del 23 de agosto de 2003 (folios 119-120). El 4 de febrero de 2004, se ampliaron las vigencias de las

pólizas de cumplimiento, anticipo y salarios, otorgadas por El Cóndor S.A., del contrato No. 002 de 2003, así: cumplimiento hasta el 22 de junio de 2004, anticipo hasta el 22 de mayo de 2004 y salarios hasta el 22 de mayo de 2006 (folio 51). El contrato de prestación de servicios profesionales No. 002 de 2003 inició su ejecución el 23 de agosto de 2003, fecha en que se suscribió la respectiva acta (folio 132). Según informes de interventoría No. 001 del 30 de septiembre de 2003, No. 002 del 31 de octubre de 2003 y No. 003 del 4 de diciembre de 2003, se dejó constancia por parte del interventor del contrato Nicolás Gallego Londoño (asesor contable del municipio y Secretario Técnico del Comité Técnico de Saneamiento Contable), nombrado por resolución No. 039 del 23 de agosto de 2003 (folio 121), que el contratista Gonzalo Fierro Castillo contaba con la disponibilidad de personal suficiente para ejecutar el contrato, así como de que hizo entrega del proyecto del decreto para el nombramiento del Comité, del proyecto de su reglamento y el proyecto de las políticas y procedimientos para el saneamiento contable; que el contratista hizo entrega, además, del plan de saneamiento contable, formulado en coordinación con el contador del municipio (folios 46-47) y de las actividades desarrolladas por el contratista en ejecución del contrato No. 002 de 2003, durante el mes de noviembre de 2003. Además, el interventor informó acerca del incumplimiento del municipio del

Valparaíso de entregar al contratista el inventario físico, debidamente valorado, de los bienes que conformaban la propiedad, planta y equipo y los bienes de uso público del municipio, debido a razones de orden público (folios 44-45). Mediante informe de interventoría No. 004, sin fecha, el interventor, informó que el contratista en ejecución del contrato 002 de 2003, durante diciembre de 2003, abordó la reconstrucción de los libros auxiliares de avances y anticipos, inventarios, propiedad, planta y equipo y bienes de beneficio y uso público. Y recomendó la ampliación del contrato por un término mínimo de cuatro (4) meses (folios 42-43).

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA El 30 de diciembre de 2003, el alcalde de Valparaíso, Luis Carlos Becerra Vargas, suscribió contrato adicional al contrato de prestación de servicios No. 002 de 2003, con el objeto de ampliar el término del contrato inicial en 3 meses (folios 49-50). El 15 de febrero de 2004, se suspendió en forma indefinida la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 002 de 2003, por parte del alcalde de Valparaíso, Luis Carlos Becerra Vargas; el contratista, Gonzalo Fierro Castillo y el interventor, Nicolás Gallego Londoño, debido a que el municipio no había cumplido su obligación de realizar el levantamiento físico de los bienes inmuebles debidamente valorados, porque la situación de orden público imposibilitó el desplazamiento de los

funcionarios (folio 41). Se determinó que por concepto de anticipo del contrato No. 002 de 2003, se canceló al contratista la suma de $13.500.000, según orden de pago No. 00716 del 16 de octubre de 2003, pago que fue autorizado por el alcalde de Valparaíso, Luis Carlos Becerra (folio 127). Está demostrado, también, que el 12 de febrero de 2005, el señor Duván Plazas, en su condición de alcalde de Valparaíso, Caquetá, suscribió el contrato adicional en tiempo al contrato No. 002 de 2003, con el objeto de ampliar los términos de vigencia y ejecución del contrato inicial hasta el 30 de noviembre de 2005. La ampliación se realizó teniendo en cuenta que desde el 15 de febrero de 2004, el contrato se encontraba suspendido y se hacía necesario reanudar y ampliar el plazo para que pudiera dársele cumplimiento a las obligaciones derivadas del mismo. En la cláusula tercera de la ampliación se exigía que el contratista modificara la póliza original de cumplimiento conforme a los términos del contrato adicional (folios 27-28). De acuerdo a los argumentos de defensa y a la declaración rendida por la señora Orfilia Guzmán Peña, quien se desempeñaba como Secretaria de Planeación en la época de los hechos, el alcalde DUVAN amplió el término del contrato 002 de 2003, con el fin de que se cumpliera su objeto contractual También dijo la señora Orfilia Guzman Peña, que bajo la administración de DUVAN PLAZAS se realizaron dos reuniones con el contratista, Gonzalo Fierro y los

funcionarios, en las que se solicitó información a la Tesorería, a Planeación y al Almacén para continuar con la ejecución del contrato. Los funcionarios presentaron la información requerida en tiempo oportuno. Dijo también, que se requirió de parte del alcalde DUVÁN, el inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio y el alcalde elaboró dicho informe. Indicó finalmente, que en vista de que el contratista no volvió al municipio el alcalde DUVÁN declaró la nulidad del contrato y que el contratista nunca presentó informe a la alcaldía sobre su gestión contable (folios 235-236). Al señor Duván Plazas, en su condición de alcalde de Valparaíso, Caquetá, se le reprochó haber omitido el control y seguimiento sobre la ejecución del contrato 002 del 4 de agosto de 2003 y haber suscrito el 12 de febrero de 2005 un contrato adicional que amplió el término de ejecución del mencionado contrato, hasta el 30 de noviembre de 2005, sin tener en cuenta el incumplimiento del contratista y no exigir el cumplimiento a cabalidad del contrato, sobre el cual se había cancelado el 50% del EXPEDIENTE 077-3492-2006 - MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 8 FALLO SEGUNDA INSTANCIA anticipo por $13.500.000, porque conforme al artículo 4º de la ley 80 de 1993 tenía la obligación de realizar las acciones pertinentes de verificación, control y seguimiento de la ejecución oportuna e idónea de las actividades contratadas y exigir informes sobre las actividades relacionadas con la auditoría del proyecto.

Como se desprende de las pruebas relacionadas, la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 002 de 2003, se encontraba suspendida por término indefinido desde el 15 de febrero de 2004, debido a que el municipio no había cumplido su obligación de realizar el levantamiento físico de los bienes inmuebles debidamente valorados, porque la situación de orden público imposibilitó el desplazamiento de los funcionarios de la alcaldía. En esas condiciones, encontró el alcalde DUVÁN PLAZAS OSORIO, el contrato en cuestión, al momento en que comenzó a ejercer el cargo de alcalde de Valparaíso, el 26 de febrero de 2004. No se determinó en el expediente, que sucedió durante el primer año de administración del señor PLAZAS OSORIO, respecto de este contrato, dado que solo hasta el 12 de febrero de 2005, se suscribió el contrato adicional con el objeto de extender el término del contrato No. 002 de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2005. Lo que si está claro para este despacho, es que el contrato 002 de 2003 fue suspendido por una causa imputable al municipio, y no al contratista, (la falta del levantamiento físico del inventario de inmuebles). Es decir, que en el momento en que el disciplinado decide suscribir un contrato adicional para ampliar el término de ejecución del contrato, no estaba en un evento de incumplimiento del contratista, porque en términos reales, dicho incumplimiento no se había presentado. Así las cosas, resulta entendible que la nueva administración municipal, en cabeza del señor PLAZAS OSORIO, dirigiera su interés a impulsar la ejecución del saneamiento

contable, concertado mediante el contrato No. 002 de 2003. La reactivación del Comité de Saneamiento contable se hizo por parte del alcalde DUVAN PLAZAS OSORIO, el 11 de abril de 2005, en reunión de esa fecha se programaron una serie de actividades para el saneamiento (folios 24-26). En el acta de Comité de Saneamiento Contable del 23 de agosto de 2005, el contratista dejó constancia que el avance del saneamiento contable estaba afectado, por la falta de entrega de la información que él había solicitado. Se comprometieron a entregarle información: para sanear el efectivo, Héctor Pérez; inventario de bienes muebles para el 8 de septiembre de 2005, por parte de Fredy Guzmán; el listado de escrituración por parte de la Jefe de Planeación, Orfilia; la legalización de escuelas, colegios, centros de salud, calles, vías, puentes, parques, redes eléctricas, cementerio, polideportivos, edificaciones, acueductos, alcantarillados, terrenos, matadero y galería, se comprometió el alcalde a realizar la primera entrega en 45 días y el señor Lider Antonio Fajardo, para el 30 de agosto, se comprometió a entregar el listado de los funcionarios vigentes para el cálculo de las prestaciones sociales. El contratista hizo entrega, por su parte, del inventario de bienes inmuebles que constaba de 47 folios y de la liquidación de prestaciones sociales con 181 folios (folios 8-11). Durante los meses de agosto y septiembre de 2005, se hizo entrega al contratista de la información requerida y a la cual se habían comprometido los funcionarios del

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA municipio de Valparaíso, tal como se desprende de los oficios Nos. 208, 216 (folio 6, 12-22). De las fechas anteriormente relacionadas, en adelante, no se allega información sobre la ejecución del contrato, ni sobre el cumplimiento del mismo por parte del contratista. Solamente hacen referencia al incumplimiento del contratista la secretaria de Planeación, Orfilia Guzman Peña, en su declaración, en la que afirma, que en vista de que el contratista no volvió al municipio, el alcalde DUVÁN declaró la nulidad del contrato y por su parte, el señor Luis Alberto Chacón, contador público con contrato de prestación de servicios con el municipio de Valparaíso, informó que a 31 de diciembre de 2007, el saneamiento contable del municipio no se había realizado. También está establecido que el alcalde de Valparaíso, Duván Plazas Osorio, por resolución No. 009 del 30 de marzo de 2007, declaró, lo que se viene llamando, la nulidad del contrato de prestación de servicios profesionales No. 002 de 20