PGN - JEFE O REPRESENTANTE DE ENTIDAD - Es el responsable de la actividad contractual pero

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación

Estatal Radicación: 165-123660/2005

Implicados: Eduardo Alvarado Santander y Carlos Ruales Guerrero Cargo y entidad: Alcalde de Pasto y Secretario General de la Alcaldía Quejoso: De oficio, Contraloría Municipal de Pasto Fecha Queja: junio 7 de 2005

Fecha Hechos: diciembre de 2002 a noviembre de 2003

Asunto: Irregularidades en la ejecución del contrato No. 023539 de

2002.

Actuación: Fallo de primera instancia

Bogotá, D.C. 9 de junio de 2008 Procede el Despacho a decir lo que en derecho corresponda respecto a las diligencias adelantadas contra los señores EDUARDO ALVARADO SANTANDER y CARLOS RUALES GUERRERO en su respectiva condición de Alcalde de la ciudad de Pasto, capital del Departamento de Nariño y Secretario General de la Alcaldía de Pasto

1. ANTECEDENTES 1.1. Tramite procesal Con fundamento en el hallazgo fiscal remitido por la Contraloría Municipal de Pasto (fls. 4 - 6 del cuaderno principal) en el cual se denunciaron presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de compraventa celebrado el 23 de diciembre de 2002, este Despacho en auto de 26 de octubre de 2005 (fls. 49 - 51 del cuaderno principal), dispuso abrir investigación disciplinaria contra los citados funcionarios públicos.

Agotada esa fase procesal, en proveído de 11 de mayo de 2007, se ordenó formular cargos en contra de los disciplinados, elevándose las siguientes

imputaciones: A EDUARDO JOSÉ ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de la ciudad de Pasto.

Primer cargo: “El implicado EDUARDO JOSÉ ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de la ciudad de Pasto, capital del Departamento de Nariño, suscribió con JAIME CASTRO Y/O MERCAMAQUINAS un contrato de compraventa, al parecer fechado el 23 de diciembre de 2002, para la adquisición de un cuarto frío dúplex (de congelación y refrigeración), con destino al proyecto de manejo de la trucha producida en el corregimiento de El Encano (Laguna de la Cocha), pactando y permitiendo el pago de un anticipo, del sesenta por ciento (60%), que excede al monto máximo permitido para los anticipos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”.

Segundo cargo: 165 – 123660 Fallo de primera instancia 1

Martha Patricia Añez Maestre “El implicado EDUARDO JOSÉ ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de la ciudad de Pasto, capital del Departamento de Nariño, suscribió sin la debida planeación un contrato de compraventa con JAIME CASTRO y/o MERCAMAQUINAS, al parecer fechado el 23 de diciembre de 2002, para la adquisición de un cuarto frío dúplex (de congelación y refrigeración), con destino al proyecto de manejo de la trucha producida en el corregimiento de El Encano (Laguna de la Cocha), puesto que el término de ejecución, inicialmente pactado por sesenta (60) días, se debió prolongar hasta el 26 de noviembre, debido a que no se habían

terminado las obras de adecuación de la infraestructura donde se alojaría el cuarto frío”.

Tercer cargo: “El implicado EDUARDO JOSÉ ALVARADO SANTANDER, en su condición de Alcalde de la ciudad de Pasto, capital del Departamento de Nariño, desatendió el deber de tutela que le correspondía sobre el óptimo cumplimiento del contrato respecto del óptimo cumplimiento del contrato de compraventa suscrito con JAIME CASTRO Y/O MERCAMAQUINAS para la adquisición de un cuarto frío dúplex con destino al proyecto de manejo de la trucha producida en el corregimiento de El Encano (Laguna de la Cocha), puesto permitió que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista, cubriera un valor menor al pactado contractualmente, e igualmente por que los términos de cobertura de la póliza Nº 1633989 entregada por el contratista, no se encontraban vigentes al momento de la entrega del cuarto frío adquirido y de cumplirse el objeto contractual, en el mes de noviembre del año 2003”.

A CARLOS ALBERTO RUALES GUERRERO, en su condición de Secretario General del Municipio de Pasto. Cargo único “El implicado CARLOS ALBERTO RUALES GUERRERO, en su condición de Secretario General de la Alcaldía de la ciudad de Pasto, capital del Departamento de Nariño, mediante acto de diciembre 18 de 2002 aprobó la póliza de cumplimiento, buen manejo del anticipo y calidad de los elementos suministrados, aportada por el contratista JAIME GONZALO CASTRO CAICEDO; a pesar de que la misma amparaba un valor inferior al pactado contractualmente”.

Notificado en debida forma el pliego de cargos como consta en los documentos obrantes a folios 153 y 156, se presentaron los descargos correspondientes, los cuales corren a folios 158 - 167 y 168 – 178 del cuaderno principal. En el memorial de descargos presentado por el apoderado de EDUARDO ALVARADO SANTANDER, respecto al tercer cargo este argumentó que era la Secretaría General del municipio era la encargada de suscribir las resoluciones de aprobación de pólizas en los contratos del municipio, por lo tanto no existe razón para imputarle responsabilidad a su representado, por cuanto los actos relacionados con la aprobación y modificación de las garantías se iniciaron y culminaron en despachos administrativos diferentes a los del alcalde. En la versión libre rendida por ALVARADO SANTANDER (fl. 178 - del anexo uno), este manifestó que desde las administraciones anteriores se había delegado a la 165 – 123660 Fallo de primera instancia 2 Martha Patricia Añez Maestre Secretaría General para que esa oficina se encargara de hacer seguimiento a los contratos y revisara y a probara las pólizas presentadas por los contratistas, puesto que era imposible que el alcalde suscribiera y aprobara las póliza de los 3.000 contratos celebrados por la administración municipal. Concluida la fase de descargos, en auto de 7 de febrero de 2008 (fl. 241 del cuaderno principal), se ordenó correr traslado para alegar presentándose por parte del apoderado de ALVARADO SANTANDER, el escrito que corre a folios 297308 del cuaderno principal, en el cual se hizo mención a los mismos argumentos

expuestos en el pliego de cargos.

2. CONSIDERACIONES Estudio de las causales de nulidad En los escritos descargos presentados por los disciplinados se alegó nulidad respecto al proveído de inculpaciones, petición que fue resuelta el auto de 26 de septiembre de 2007 (fl. 197 – 218 del cuaderno principal), la cual se despachó negativamente. 2.2. De la declaratoria de prescripción Examinado el proveído de cargos proferido el 11 de mayo de 2007, advierte el Despacho que frente algunas de las conductas imputadas ha operado el fenómeno de la prescripción así: En el primer cargo formulado a EDUARDO JOSE ALVARADO SANTANDER, se le censuró haber pactado y permitido el pago del anticipo del 60% del valor del contrato celebrado, el 23 de diciembre de 2002, entre el municipio de pasto y JAIME CASTRO y/o MERCAMAQUINAS, cuyo objeto fue la adquisición de un cuarto frío dúplex.

Sobre el punto de las pruebas que obran en el proceso se advierte que efectivamente, en el mencionado acuerdo de voluntades, se estableció que el valor del consensual sería de $13.985.000, de los cuales el municipio se comprometió a girar el 60% (fl. 14 del cuaderno principal), que a folios 17 del cuaderno principal obra la orden de pago No. 22291 de 30 de diciembre de 2002, a través de la cual se dispuso el pago del 60% del monto total del acto consensual, por lo tanto se advierte que desde esta ultima fecha a hoy, han transcurrido los cinco años que dispone el artículo 30 de la Ley 734 de

2002, para adelantar la correspondiente acción disciplinaria, en consecuencia se decretará la prescripción de la acción. La misma decisión se adoptará respecto al segundo cargo, en el cual se cuestionó el haber celebrado el citado contrato sin la debida planeación, pues el plazo de 60 días inicialmente pactado fue prorrogado, por no haber terminado las obras de adecuación donde se instalaría el cuarto frío. En efecto, el hecho imputado como irregular se configura al momento de la suscripción del acto consensual, puesto ella hace relación a los requisitos previos que se deben tener en cuenta para la celebración de un contrato, lo cual ocurrió el 165 – 123660 Fallo de primera instancia 3 Martha Patricia Añez Maestre 23 de diciembre de 2002 y desde esa fecha a hoy han transcurrido los cinco años previstos para adelantar la correspondiente actuación disciplinaria. Lo mismo se advierte, sobre el cargo único imputado a CARLOS ALBERTO RUALEZ GUERRERO, a quien se le censuró la aprobación de la garantía única, a través del acto de 18 de diciembre de 2002, por cuanto la misma amparaba un valor inferior al pactado, toda vez que, desde la fecha de expedición del referido acto (fl. 23 del cuaderno principal) a hoy han transcurrido los cinco años que la ley disciplinaria establece para adelantar la investigación correspondiente, en consecuencia se decretará la prescripción. Respecto a la declaratoria de prescripción, no se advierte que se hubiese configurado una mora injustificada en el tramite de las presentes diligencias, pues de acuerdo con el reporte arrojado por el sistema de gestión disciplinaria GEDIS, el

expediente fue sometido a reparto en varias oportunidades siendo asignado a distintos funcionarios quienes atendiendo el volumen y la complejidad de los expedientes que se maneja en esta Delegada, impidió dar el impulso procesal correspondiente. 2.3. Lo que está probado del tercer cargo imputado a EDUARDO JOSE ALVARADO SANTANDER, en su condición de alcalde de la ciudad de Pasto. Respecto al tercer cargo imputado al mencionado servidor público, consistente en haber permitido que la póliza de cumplimiento aportada por el contratista cubriera un menor valor al pactado y porque al momento de la entrega del objeto contractual, en el mes de noviembre de 2003, no se encontraba vigentes, de las pruebas que obran en el proceso se advierte:

1. Que el 23 de diciembre de 2002, se suscribió entre el entonces Alcalde de Pasto EDUARDO ALVARADO SANTANDER y el señor JAIME CASTRO CAICEDO, el contrato de compraventa para la adquisición de un cuarto frío dúplex, de congelación y refrigeración, de dos metros de ancho por tres metros de largo y dos metros con treinta centímetros de alto; por un valor de $13’985.000.oo (fls. 13 a 16 del cuaderno principal).

2. Que en el valor del contrato se a acordó en la suma de $13.985.000, de los cuales se girarían inicialmente el 60% (fl. 14 del cuaderno principal).

3. Que en la cláusula séptima del acto consensual se acordó que el contratista constituiría una garantía para amparar los siguientes riesgos (fl. 14 del cuaderno

principal): - 100% del valor del anticipo, con vigencia igual a la del contrato - Cumplimiento equivalente al 10% del valor del contrato por un tiempo igual a su vigencia y cuatro ( 4) meses. - Calidad de los bienes por el 20% del monto del contrato, con vigencia igual al contrato y doce meses mas contados a partir del recibo de la obra.

3. Que con ocasión del referido contrato, se constituyó la póliza No. 1633989 expedida por la compañía de seguro la Confianza, en la cual se ampararon los siguientes riesgos así (fl. 22): 165 – 123660 Fallo de primera instancia 4

Martha Patricia Añez Maestre - Cumplimiento por valor de $ 1.398.500, con vigencia del 19 de diciembre de 2002 hasta el 20 de junio de 2003. - Anticipo, por la suma de $6.992.500, con vigencia del 19 de diciembre de 2002 hasta el 20 de febrero de 2003. - Calidad de los elementos suministrados, por la suma de $2.797.000, con vigencia del 19 de diciembre de 2002 hasta el 20 de febrero de 2004.

4. Que mediante resolución No. 02070 de 18 de diciembre de 2002, se aprobó por parte del Secretario General de la alcaldía la póliza No. 1633989 expedida por la compañía de seguro la Confianza (fl. 23 del cuaderno principal).

5. Que el certificado No. 1635029 de 15 de enero de 2003 (fl. 21), se modificó la garantía única No. 1633989 expedida por la compañía de seguro la Confianza, en lo elación a monto asegurado del buen manejo del anticipo, por la suma de

$8.391.000.

6. Que a folios 105 del cuaderno principal reposa el acta de recibo final del contrato en el cual se advierte que en dicho acto intervino en representación de la alcaldía la Secretaria de Agricultura y Mercadeo del municipio.

7. Que a folios 107 del cuaderno principal, reposa oficio de 17 de enero de 2006, firmado por el Secretario de Agricultura y Desarrollo del municipio, en el cual se indica que un vez revisado el archivo del contrato, no se encontró ningún oficio en el que se le solicitara al contratista la ampliación de las pólizas.

8. Que a folios 100 y 101 del cuaderno principal, reposan los oficios de 7 de marzo y 20 de noviembre de 2003, suscrito por el Secretario de Agricultura y Mercadeo del departamento, a través de los cuales se le informa al contratista sobre la fecha en que la administración recibirá el objeto del contrato. 2.4. Análisis del tercer cargo El numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece que el contratista debe constituir una garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgida del contrato, las cuales se mantendrían vigentes durante su vida y liquidación. Por su parte, el artículo 17 del Decreto 679 de 1994, señalaba que los porcentajes a cubrir en relación a los amparos de la garantía sería los siguientes: - Anticipo o pago anticipado, el 100% del monto recibido por tal concepto. - Cumplimiento, el 10% del valor del contrato - Estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los equipos debía determinarse con sujeción al valor final de la obra, bien o

servicio. Y debería cubrir el término que de acuerdo con el contrato y la legislación civil y comercial establecen para responder por vicios ocultos, buen funcionamiento de los bienes entre otros. 165 – 123660 Fallo de primera instancia 5 Martha Patricia Añez Maestre En el caso materia de estudio se advierte que efectivamente en la cláusula séptima del contrato de compraventa se acordó que el contratista debía constituir la garantía única, para amparar los siguientes riesgos: anticipo por el 100% del monto a recibir, con vigencia igual a la del contrato, cumplimiento equivalente al 10% del valor del contrato por un tiempo igual a su vigencia y cuatro ( 4) meses y calidad de los bienes por el 20% del monto del contrato, con vigencia igual al contrato y doce meses mas contados a partir del recibo de la obra (fl. 14 del acto consensual), es decir que el porcentaje de la garantía en el texto del contrato se exigió conforme lo establecía la ley contractual. Que con ocasión del referido contrato, se constituyó la póliza No. 1633989 expedida por la compañía de seguro la Confianza, en la cual se ampararon los riesgos de cumplimiento, anticipo y calidad de los elementos, sin embargo respecto al amparo del anticipo se observa que el valor asegurado fue de $6.992.500, lo cual corresponde al 50% del valor del contrato, pese a que el monto girado por el anticipo fue del 60% del valor del contrato, tal como se pactó en la cláusula cuarta del acto consensual (fl. 14 del cuaderno principal), lo cual equivalía a la suma de $8.391.000, en consecuencia para la constitución de la garantía no se

observó lo pactada en el contrato ni lo previsto en la ley contractual para esos efectos. No obstante lo anterior frente a esta conducta, no es posible atribuir responsabilidad disciplinaria alguna al disciplinado, por cuanto de acuerdo con lo previsto en el Decreto No. 442 de 14 de mayo de 1993, la facultad de aprobar y fijar las pólizas estaba en cabeza del secretario general de la alcaldía (fl. 240 del cuaderno principal) y fue este funcionario quien expidió el acto mediante el cual se aprobó la correspondiente garantía (fl. 23 del cuaderno principal), es decir, que el deber funcional de revisar que la garantía constituida se ajustara a lo previsto en el contrato y a lo contemplado en la ley era del Secretario General de la alcaldía. En consecuencia se ordenará su absolución. Lo mismo ocurre frente al otro hecho cuestionado en el cargo, respecto a la cobertura de las pólizas No. 1633959, por no encontrarse vigente al momento de la entrega del objeto del contrato, puesto que de acuerdo con las pruebas que reposan en el plenario se advierte que el término de vigencia de los amparos previstos en la garantía iban hasta el 23 de junio de 2003, el de cumplimiento, 20 de febrero de 2003 el de anticipo y 20 de febrero de 2004 el de calidad (fl. 21 del cuaderno principal) sin que la mismas hubiesen sido renovadas tal como se concluye del texto del oficio de 17 de enero de 2006 suscrito por el Secretario de Agricultura de la entidad, en el cual se indica que no se encontró en el archivo del contrato ningún oficio donde se solicitara la ampliación de las pólizas (fl. 107 del

cuaderno principal), sin embargo, el recibo final del contrato estuvo a cargo de la Secretaria de Agricultura y Mercadeo, tal como consta en el acta que reposa a folios 105 del cuaderno principal y fue esta la dependencia encargada de efectuar el seguimiento del acto consensual, conforme se desprende del contenido de los oficios que corren a folios 100 y 101 del cuaderno principal. De acuerdo con lo anterior, no es posible imputarle al disciplinado responsabilidad alguna, por cuanto de las pruebas que reposan en el expediente lo que se observa es que la vigilancia de la ejecución del acto consensual estuvo a cargo de la Secretaría de Agricultura del municipio, quien de acuerdo a las mismas 165 – 123660 Fallo de primera instancia 6 Martha Patricia Añez Maestre probanzas no hizo ningún requerimiento al respecto, ni informó sobre dicha decisión al jefe o representante de la entidad para que se adoptarán las decisiones a que hubiere lugar. Sobre el tema de la responsabilidad de los jefes de la entidad en materia contractual, el Consejo de Estado en sentencia de 18 de octubre de 2007, expresó: “En ese sentido, en el examen de la responsabilidad disciplinaria que se atribuye a los servidores públicos acorde con las previsiones del artículo 51 de la Ley 80 de 1993, 1 le compete a la autoridad disciplinaria determinar los límites de la competencia delegada en orden a establecer si el funcionario delegante necesariamente perdía la competencia para actuar en el control de la conducta ejecutada por el delegatario y que posteriormente resulta materia de juzgamiento disciplinario. Lo anterior, en orden a evitar la burla de las responsabilidades que le

competen a los representantes de las entidades públicas en la ejecución del contrato quienes so pretexto de la delegación de funciones, fácilmente se exonerarían de la carga de responsabilidad aludiendo que la materia contractual objeto de juzgamiento fue delegada haciendo cómoda la función de éstos servidores pues bastaría alegar que se trasladó a otro el cumplimiento de funciones eludiendo la intervención que les compete cumplir. Las aseveraciones precedentes son consecuencia de las previsiones del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 al estatuir los fines de la contratación estatal siendo del mismo tenor el artículo 26 ibídem que contempla el principio de responsabilidad, con fundamento en el cual se busca poner en cabeza de los servidores públicos la obligación de procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. De ahí que en el tema de la delegación de funciones, es dable observar que el ámbito de control del funcionario delegante tiene unos límites sobre la materia delegada y ejecutada por el delegatario y en ese sentido, es dable señalar que en materia contractual el límite de control se ejerce hasta el momento en que surjan actuaciones donde impere la autonomía del funcionario delegatario porque allí este último funcionario ejerce su actividad dentro del poder de actuar que le brindan sus competencias las cuales se entienden comprendidas en el marco de la buena fe, siempre que tengan como medio de convicción actuaciones creíbles, confiadas y convincentes al punto que sean determinantes para gobernar espontáneamente la

voluntad de la autoridad delegante. Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que fue desproporcionado el cargo disciplinario que se endilgó al demandante, esto es el de haber suscrito la Liquidación del Contrato 68-0221-0-98 como si se hubiera ejecutado la totalidad de la obra cuando ello solamente fue parcialmente, porque no tuvo en cuenta el ente de 1 “Artículo 51 ibídem. De la responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.” 165 – 123660 Fallo de primera instancia 7 Martha Patricia Añez Maestre control disciplinario que la voluntad del demandante se vió influenciada por el informe rendido por el interventor quien certificó, al momento de suscribir el Acta Final, que se había ejecutado la obra por la totalidad de los ítems contratados. (…) Resalta la Sala que aunque correspondía al Director del FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES, función que recaía en el actor, la delegación de la ejecución de la actividad contractual “….sin perjuicio de reasumir estas funciones cuando lo crea conveniente”, 2 no era para el sub-júdice, imperativo para el demandante en razón a la autonomía de la materia delegada reasumir las funciones materia de delegación, puesto que de manera coordinada cada uno de los mencionados servidores presentaron el resultado final de su gestión el cual en su contenido no requería de una comprobación diferente al propio informe entregado en el Acta Final de Entrega de Obra. Una tesis diferente, solamente podría tener recibo admitiendo

que el representante legal de la entidad debía desplazarse al propio sitio de la obra a efectuar una labor de mediación física. El resaltado es del texto. (…) Adicionalmente, se observa que la mencionada revisión frente a la enfática afirmación del interventor de haberse realizado por el contratista la totalidad de la obra, permite concluir que aún en el evento de no haberse realizado, ello no habría cambiado el curso de las cosas, puesto que en el Acta de Recibo Final se dejó expresa constancia de la cantidad de la obra realizada y del cumplimiento de los requisitos.3 No puede pasar desapercibido que aunque el demandante era el directamente encargado de la ejecución del contrato, la delegación de funciones implica autonomía y ésta es dable predicarla cuando de la rendición de informes se trata. La tesis de la entidad demandada, así se niegue a aceptarlo implicaba para el actor la labor de medir, pesar y comprobar con sus propios ojos la realización de la obra, lo cual resulta imposible de realizar en la coyuntura contractual de una entidad como el FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES que realiza disímiles obras públicas y cuya marcha se vería gravemente afectada en espera de la comprobación física del representante legal de realización de las obras”. De acuerdo con lo anterior, es oportuno señalar que pese a que por disposición legal el jefe de la entidad es el responsable de la actividad contractual, no es posible que este responda por todas las actuaciones que en desarrollo de la misma se desarrollen, ello sería hacer nula o deficiente la figura de la delegación y el de la división de funciones desconociendo de paso el principio de confianza que orienta

el desarrollo de las funciones de la administración pública. 2 Resolución No. 0060 del 2 de febrero de 1998. 3 En el referido documento visible al folio 285 del cuaderno tres (3) se dijo: “Las obras relacionadas a continuación cumplen con los diseños, planos, cantidades y especificaciones técnica del Fondo Nacional de Caminos Vecinales……”….. “CONSTRUCCIÓN DE 1.363,60 METROS LINEALES DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO”. 165 – 123660 Fallo de primera instancia 8 Martha Patricia Añez Maestre Sobre el principio de confianza la responsabilidad de los jefes de las entidades el Despacho del señor Procurador en providencia de 6 de febrero de 2007, emitida dentro del radicado No. 001 - 138126 expresó: “Conforme a los principios generales de la función administrativa, la responsabilidad de todos los procesos administrativos de una entidad, no pueden recaer en cabeza de su director, Gerente, Presidente o como se denomine, y los resultados eventualmente negativos no pueden ser atribuibles de acuerdo con la regla de imputación objetiva, cuando se demuestre que el servidor obró mediado por el principio de confianza. La Corte Suprema de Justicia, en decisión de fecha 4 de agosto de 1994, aclaró que no hay lugar a efectuar un juicio de responsabilidad o reproche jurídico a quién se apoya funcionalmente en las competencias de las dependencias que tiene a su cargo, pues en tales casos cobra vigencia el principio de confianza, advirtiendo que este no es absoluto y debe analizarse frente a cada caso concreto. Ha sido evidente la evolución jurisprudencial, tanto así que se acogieron figuras

como la delegación de funciones, la división del trabajo, la desconcentración de funciones, el principio de confianza, entre otros, porque resultaba verdaderamente injusto atribuir responsabilidad a directivos o gerentes cuando no eran responsables directos de los procesos previos como selección, evaluación, o de la radicación de documentos, más aún cuando no son profesionales en la actividad o área asignada a sus asesores o a las diferentes dependencias técnicas que hacen parte de la organización administrativa. En materia administrativa funciona el principio de distribución de funciones o división de trabajo, de tal manera que todos aquellos que intervienen en un proceso, como el contractual, o procesos complejos administrativos que no se agotan en un solo trámite, son responsables de lo que en ese rol se les exige; es absurdo extender toda la responsabilidad a quién está en cabeza de una institución y quien por sí mismo debe cumplir con un sin número de funciones”. Así las cosas, es claro que para determinar responsabilidad al jefe de la entidad, es necesario determinar la existencia de situaciones que permitan inferir que el Jefe de una entidad pudo tener conocimiento de una situación irregular en desarrollo de la celebración o ejecución de un contrato y no adelantó las actuaciones correspondientes, lo cual no se advierte en este caso concreto, por lo tanto, se procederá a absolver al disciplinado. De estas diligencias se no se dará aplicación a lo previsto en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002, por cuanto las mismas se iniciaron con fundamento en el informe presentado por funcionario público. En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, RESUELVE, PRIMERO: Decretar la prescripción dentro del radicado No. 165 – 123660, del

primer y segundo cargo imputado a EDUARDO JOSÉ ALVARADO SANTANDER y el único cargo imputado a CARLOS ALBERTO RUALES GUERRERO en su 165 – 123660 Fallo de primera instancia 9 Martha Patricia Añez Maestre respectiva condición de Alcalde de la ciudad de Pasto y Secretario General de ese ente municipal, conforme lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Absolver a EDUARDO JOSÉ ALVARADO SANTANDER en su condición de Alcalde de la ciudad de Pasto, respecto al cuestionamiento hecho en el tercer cargo, dentro del radicado No. 165 – 123660de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO: Notificar esta decisión a los disciplinados haciéndoles en los términos previstos en el C.D.U.

CUARTO: Por intermedio de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal efectuar las anotaciones y comunicaciones de rigor, y expedir las copias correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ Procurador Delegado 165 – 123660 Fallo de primera instancia 10 Martha Patricia Añez Maestre