PGN - JEFE O REPRESENTANTE DE ENTIDAD - Omisión de cumplir con su deber funcional de exigi

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación N° 088-08546-03 Disciplinado Sixta Tulia Viáfara Ayala Cargo Rectora del colegio Cesar Conto de Bellavista Quejoso Januar Palcios Fecha Hechos 9 de octubre de 2002 Asunto fallo de segunda instancia Bogotá D.C., 28 de julio de 2006

I. ASUNTO Procede la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia del 18 de enero de 2006, dictado por la Procuraduría Regional del Choco.

II. ANTECEDENTES Agotado el trámite procesal, la Procuraduría Regional del Choco declaró responsable disciplinariamente y sancionó a la señora Sixta Tulia Viafara Ayala, en condición de rectora del Colegio Cesar Conto Bellavista, Bojayá- Chocó, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses e inhabilidad especial por el mismo término.

La anterior determinación fue recurrida oportunamente por el apoderado de la disciplinada, correspondiéndole conocer a esta Delegada en atención a lo dispuesto en el artículo 25 numeral 4 del Decreto 262 de 2000.

III. DEL CARGO FORMULADO La Procuraduría Regional del Chocó, formuló dos cargos a la disciplinada, en los siguientes términos: Primer cargo “…suscribió el contrato sin número del 2002, entre el citado colegio y el contratista señor JUCELINO RIOS HURTADO, identificado con la

cédula de ciudadanía No. 82’382.500, expedida en Istmina, quien se obligaba en cumplimiento del contrato a suministrar con destino al plantel educativo: A) La dotación de muebles escolares, así:… 1 conforme a ítems y descripciones que aparecen detalladas a folios 10 y 11 de este plenario. Ahora, se encuentra demostrado que el valor del contrato ascendió a la suma de cincuenta millones ($50.000.000) de pesos, suma que la parte contratante cancelaría al contratista, el ciento por ciento, una vez, la entidad pública docente hubiera recibido a entera satisfacción el objeto del presentado contrato. Sin embargo la rectora Viáfara Ayala, de manera irregular procedió los días: dos (2) y nueve (9) de octubre de 2002, a suscribir actas parciales de recibo de algunos elementos por valor de dos millones ($2.000.000) y treinta y cuatro millones novecientos noventa y nueve ($34’999.000) pesos respectivamente, cuando real y efectivamente tan sólo recibió elementos por la suma de diez y nueve millones ($19.000.000) de pesos, quedando pendiente el resto de la totalidad de la dotación, por valor de treinta y un millones ($31.000.000) de pesos, violando con su actuación las cláusulas, segunda y tercera del contrato, toda vez que estas se erigieron en ley para ambas partes. Segundo cargo “…al omitir dar cumplimiento a la declaratoria de caducidad una vez que se evidenciara el incumplimiento al contrato sin número de 2002 llevado a cabo entre el colegio Cesar Conto de Bellavista y el señor Jucelino Rios Hurtado, que por parte del contratista conduciría a la

afectación grave y directa de la ejecución del prementado contrato sin que usted adoptara medidas de control e intervención necesarias que garantizaran la ejecución del objeto del mismo, en punto a salvaguardar el interés colectivo de la institución educativa que dirige” La Regional precisó que con el anterior comportamiento, la disciplinada incurrió en falta disciplinaria prevista en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, por infracción a los artículos 6 y 209 de la C.N. 34 numerales 1º, 2º y 35 y el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La primera falta se calificó como gravísima con base en el artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo y la segunda como grave a título de culpa.

IV. DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional del Chocó, en providencia del 18 de enero de 2006, declaró responsable disciplinariamente a la señora Sixta Tulia Viáfara Ayala, en condición de rectora del Colegio Cesar Conto Bellavista, Bojayá - Chocó -, imponiéndole sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses e inhabilidad especial por el mismo término. (fls. 146 y ss.).

2 El operador disciplinario de primera instancia fundamentó su decisión principalmente en los siguientes argumentos: Está probado dentro del plenario que la señora Sixta, en calidad de rectora del colegio celebró un contrato en el año 2002 para la compra de elementos de dotación para la institución, con termino de duración de un mes, por valor de $50’000.000, que se cancelarían al contratista en un

100% una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato. Igualmente está demostrado que la investigada suscribió dos actas parciales de recibo de elementos por valor de $34.999.000 y $2.000.000 respectivamente. A través de vista practicada en las instalaciones del colegio el 21 de agosto de 2003, se estableció que se habían recibido elementos por valor de $19’000.000 y no por el valor que aparecen en las actas. Agrega que ante el incumplimiento del contrato que es ley para las partes, la investigada no actuó de manera oportuna, diligente y eficiente en la ejecución de dicho contrato, que era de gran importancia teniendo en cuenta la situación de orden público en que se encuentra esa zona, ya que con la dotación del colegio se facilitaría el aprendizaje de los estudiantes en la institución. Aduce que el contratista además de incumplir el contrato hizo incurrir error a la encartada, toda vez que firmó actas parciales de recibo de elementos por los valores señalados, siendo que solamente recibió elementos por valor de $19’000.000, consignando de esta manera una falsedad en documento público. Menciona que existe una contradicción en lo afirmado por la acusada en su versión y la declaración bajo juramento del contratista, porque la primera reconoció que recibió elementos por valor de $19’000.000 y que el contratista le hizo firmar las actas con el compromiso de entregarle los elementos, empero, el contratista en su declaración manifestó que la cantidad de elementos entregados son los que figuraban en las actas. Señala, que la investigada en la ampliación de versión libre expresó que

el contrato se había cumplido en su integridad el 30 de mayo de 2004, y que aportaría las actas de recibo, documentos que nunca llegaron al expediente. Dice, que se intentó practicar de nuevo visita a las instalaciones del colegio, para comprobar si los elementos habían sido recibidos, pero que 3 fue imposible porque las instalaciones de la institución se encontraban ocupadas por los desplazados del río Bojayá. Concluye exponiendo que del análisis de las pruebas, se dedujo que la señora Viáfara Ayala, consignó una falsedad en las actas de entrega de elementos por valores de $34.999.000 y 2.000.000 del 9 de agosto y 2 de octubre, suscritas con el contratista Jucelino Rios Hurtado, porque el 25 de agosto de 2003, sólo había recibido elementos por valor de $19.000.000. En cuanto al segundo cargo, afirmó que el contratista incumplió el contrato, ya que al mes de agosto de 2003, solo había entregado elementos por valor de $19.000.000 y había recibido al suma de $40.000.000, a pesar de que en el contrato se pactó que el termino de ejecución sería de un mes, contado a partir de la firma, mes de junio de 2002 y que se pagaría una vez que el contratista hubiese entregado al totalidad de los elementos. Realizó un examen de lo que es la caducidad en la Ley 80 de 1993. y posteriormente agregó que la encartada, frente a la situación concreta adoptó un comportamiento pasivo, contrario a como ha debido actuar en defensa de los intereses de la institución que representaba, de allí que la

consideró responsable. Se pronunció sobre la petición que hizo la investigada, relacionada con la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria establecida en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, en su numeral 6, que establece como causal, actuar con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria y manifestó que de acuerdo con pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el error exime de responsabilidad cuando es insuperable y que en el caso en estudio, la conducta de la implicada no reune estas características, toda vez que estaba en presencia de un comportamiento omisivo ante el incumplimiento del contratista y no hizo nada, por lo que no es aplicable la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Seguidamente analizó la definición de culpabilidad y mencionó la sentencia C-310 del 25 de junio de 1997 que habla sobre el tema, para ultimar que en el caso concreto se le endilgó responsabilidad a la señora Viáfara Ayala, a título de dolo en el cargo primero, pero que luego de estudiar las pruebas se concluyó que; “… más que el querer violentar las normas imputadas como violadas, la señora VIAFARA AYALA, lo que incurrió fue en error inexcusable, por la confianza que le tenía al contratista al consignar en las actas de recibo de elementos que recibió 4 bienes en cuantía de $36.999.000 cuando solo recibió elementos por valor de $19.000.000, en la creencia que el contratista le iba a entregar los elementos como lo habían acordado, sin embargo, el que actuó de manera contraria fue el contratista, cuando afirma en declaración visible

a folios 32 y 33 que la contratante recibió la cantidad de elementos que figuran en las actas, cuando solo recibió elementos por valor de $19.000.000 tal como se demuestra en las pruebas obrantes en la investigación y ante el incumplimiento del contratista de suministrar oportunamente los elementos en la forma pactada en el contrato, no fue lo suficientemente diligente y eficiente sino que adoptó un comportamiento pasivo, absteniéndose de declarar la caducidad , muy contrario al que de ella se esperaba como servidora pública ,…, sin que exista causal que justifique su comportamiento, ya que como servidora pública esta obligada a cumplir de manera eficiente las funciones a ella encomendadas.” Concluye diciendo que acorde a todo lo expuesto las faltas se califican definitivamente así: “…cargo primero gravísima culposa, en atención a que la investigada cometió una falta inexcusable no observando el debido cuidado al consignar en las actas de recibo de elementos de parte del contratista en cuantía de $36’999.000, cuando realmente recibió elementos en cuantía de $19’000.000./ En relación con el hecho dos se califica como grave culposa, debido a que la investigada actuó de manera negligente al no declarar la caducidad del contrato, ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

V. DE LA APELACIÓN El apoderado de la implicada, presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, solicitando que la providencia en cuestión sea revocada en su integridad.

Arguye frente al primer cargo que su prohijada es una educadora que ha

dedicado muchos años de su vida a educar varias generaciones chocoanas, y que de acuerdo con la declaración rendida por la profesora Lida Rosa Moreno, es una persona activa en el desarrollo de la institución y la ha sacado adelante; realiza un recuento de la consecución de los recursos para poder dotar al colegio de los elementos necesarios. Agrega que no tiene experiencia contractual ya que su formación es de tipo académico y que incluso le tocó actuar de tesorera y almacenista, por cuanto el colegio carece de estos cargos y funciones, situación que era conocida por el Ministerio de Educación Nacional, ya que el 14 de mayo de 2002 le envió certificación en tal sentido. 5 Agrega que de buena fe y en aras de conseguir los elementos procedió a firmar contrato en Quibdó con la firma suministros Supermicros, por valor de $50’000.000, el cual indicaba en su cláusula tercera la forma de pago que era 100% una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato. A renglón seguido trascribe lo dicho por la Corte Constitucional sobre la buena fe en los contratos. Hace notar que si bien en la cláusula tercera se expresa como forma de pago el 100% a la entrega de los elementos, no es menos cierto que en la cláusula sexta, se dejó la posibilidad de modificación o interpretación unilateral del contrato y en razón a ello debido a la dificultad no solo de la consecución de los elementos de laboratorio, sino a la dificultad para el transporte de los elementos al centro docente debido a los problemas de orden público que tiene la zona en el cual no se mueve nada sin la autorización de los grupos al margen de la ley se dio la modificación de

tipo verbal, razón por la cual acogiéndose al principio de buena fe, procedió a aceptarle entregas parciales al contratista hasta cubrir la totalidad de los elementos iniciando el 9 de agosto de 2002 y por eso se solicitó en el memorial de descargos que se practicara una visita al colegio con el fin de verificar que todos los elementos fueron recibidos a satisfacción y reposan en el centro docente. Dice que la anterior prueba se realizó, pero según lo manifestado en la constancia, no se pudo llevar a cabo la diligencia de verificación del recibo a satisfacción de los elementos del contrato, porque el colegio no estaba funcionando normalmente porque se encontraba ocupado por personas desplazadas de río Bojayá. Arguye, que así las cosas, no entiende por qué si la Procuraduría Regional no tenía los elementos de juicio suficientes para determinar si los elementos se entregaron a satisfacción, procedió a sancionar a su prohijada, cuando según su propia versión, no pudieron llevar a cabo la diligencia de verificación porque el colegio estaba ocupado por desplazados. Expone que no acepta el anterior argumento, porque en primer lugar, después de haberse desplazado por más de cuatro horas por el río Atrato hasta llegar a Bellavista, a pesar de que el colegio no estuviese funcionando normalmente había muchos medios para comprobar, ya que nadie se lo impedía, y en segundo lugar, sin esta prueba fundamental para la defensa, no es posible legalmente sancionarla por cuanto se estaría violando su derecho a la defensa y el debido proceso, ante la 6 duda debió abstenerse de ello, es decir, si la Procuraduría Regional no

practicó esta prueba que es fundamental para establecer si los elementos fueron recibidos a satisfacción en el centro educativo, se estarían escogiendo de una manera por demás arbitraría las pruebas que motivan la decisión, lo cual es irregular e ilegal y en este caso, mal podría entonces sancionarse a su defendida. Argumenta que otra fuente de información probatoria es el MEN, que en su calidad de aportante de los recursos con los que se celebró el acuerdo de voluntades, a través del contrato No. 045/2004, contrató a la firma ING. Ingenieros S.A., para el proceso de seguimiento y cierre de los proyectos financiados con recursos de Ley 21, entre los que se encuentra el caso que nos ocupa y el 17 de octubre de 2005, la subdirectora de cobertura del MEN, envió a su defendida el oficio No. 2005SEE4991401, mediante el que se envió copia del acta de cierre o finiquitó de los recursos asignados en la que se dice: “a pesar de que por problemas de orden público la institución esta ocupada por personas desplazadas y los elementos guardados y sin uso alguno. Se considera pertinente el CIERRE O FINIQUITO del presente proyecto en razón a que se pudo evidenciar la ejecución física del proyecto.” El MEN desplazó personal al centro educativo con el fin de verificar la ejecución física de los recursos, y encontró el colegio ocupado, pero a diferencia de la procuraduría regional, si verificó la ejecución física del proyecto y constató que los elementos se encontraban guardados y sin uso alguno debido a la ocupación del centro educativo, por lo cual no hizo objeción alguna a la ejecución física, sino que consideró pertinente

dar por cerrado el proyecto por haber comprobado que se cumplió a satisfacción con el mismo. Frente al segundo cargo, manifestó que no acepta lo que dice la Procuraduría, en cuanto al comportamiento pasivo y/o omisivo con el contratista al no declarar la caducidad, por cuanto ella luchó por muchos años para conseguir esos elementos y conocedora de que éstos se encontraban en Quibdó, lo que hizo fue requerir verbalmente en varias oportunidades al contratista para que transportara los elementos al centro educativo y transcribe apartes de la versión libre. Dice, que de no haberse confiado en la buena fe del contratista, sino que por el contrario se hubiese declarado la caducidad del contrato, a pesar de estar conciente de que los elementos se encontraban en Quibdó, se hubiese perdido tan gran oportunidad para el colegio de contar con unos elementos que le hacían falta, dificultándose el proyecto de enseñaza. 7 Además aclara que fue el contratista en unión con su defendida fueron quienes presentaron el proyecto al MEN, por lo tanto él era el más interesado en que este se realizara y concluyera cumplidamente, como en efecto se hizo. Transcribe lo que es la caducidad y dice que en el presente caso no se observó paralización del contrato, puesto que como se dijo la contratante observó y constató en casa del contratista el resto de los elementos faltantes para el cumplimiento del objeto contratado y solo era cuestión de tiempo y la anuencia de los grupos armados para su transporte al destino final. Anexa la prueba por la que el MEN certifica que los elementos se entregaron en su totalidad. Añade que se debe considerar el principio de buena fe y el de inocencia, tal como lo dice en su declaración la profesora Moreno, la profesora

Viafara lo único que ha demostrado ha sido su gran compromiso con su institución y con la comunidad beneficiaria de sus actuaciones, por lo cual se debe dar aplicación a la causal de exclusión de responsabilidad del numeral 6 del artículo 28 del CDU.

VI. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Procede la Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto, revisando únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, para ello se ocupará el Despacho en primer término (i) de analizar lo relativo a la competencia que le asiste a ésta Delegada para conocer de la actuación; posteriormente (ii) se analizarán los hechos imputados de acuerdo con el material probatorio recaudado, y a las normas invocadas como vulneradas; (iii) analizará los argumentos expuestos por el apelante, para finalmente (iv) tomar la decisión que corresponda, ya sea confirmando, modificando o revocando el fallo de primera instancia.

De la competencia Dispone el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262/00, que las Procuradurías Delegadas conocerán en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean de competencia de los Procuradores Regionales. En el presente caso tenemos que la decisión de primera instancia la profirió el Procurador Regional del Chocó, motivo por el cual ésta Delegada es competente. 8 Del asunto a tratar Del primer cargo Para entrar en el análisis de la conducta descrita en el primer cargo, se debe realizar un estudio de la calificación tanto en el auto de cargos como en el fallo de primera instancia, teniendo en cuenta que existió una

variación en la clase de responsabilidad, porque en el auto de cargos se había calificado como falta gravísima a título de dolo y en el fallo de primera instancia se calificó igualmente falta gravísima pero a título de culpa. De acuerdo al artículo 42 del CDU las faltas disciplinarias se clasifican en gravísimas, graves y leves; las faltas gravísimas son taxativas y están descritas en el artículo 48 ibídem, las graves y leves se deducen a partir de la violación o desconocimiento del catálogo de los deberes y prohibiciones consagrados en los artículos 34 y 35 de la mencionada ley. Para que un servidor público, incurra en una falta gravísima, como se dijo antes, su conducta se debe encuadrar estrictamente en la descripción legal, por eso es indispensable estudiar el caso en concreto, para poder establecer si la conducta que se está juzgando se adecúa a la norma citada como violada. En el auto de cargos, al redactar el cargo primero, se dijo: “…la rectora Viáfara Ayala, de manera irregular procedió los días: dos (2) y nueve (9) de octubre de 2002, a suscribir actas parciales de recibo de algunos elementos por valor de dos millones ($2.000.000) y treinta y cuatro millones novecientos noventa y nueve ($34’999.000) pesos respectivamente, cuando real y efectivamente tan sólo recibió elementos por la suma de diez y nueve millones ($19.000.000) de pesos, quedando pendiente el resto de la totalidad de la dotación, por valor de treinta y un millones ($31.000.000) de pesos, violando con

su actuación las cláusulas, segunda y tercera del contrato, toda vez que estas se erigieron en ley para ambas partes.” Y en el capítulo del CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, se estableció: “… y el artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, toda vez que consignó una falsedad en documento público, ya que expresó en las actas de recibo de elementos suscritas con el contratista los días 2 y 9 de octubre de 2002, haber recibido elementos en cuantía de $36’999.000 y solo recibió bienes por valor de $19’000.000…” Ahora, en el fallo de primera instancia, en el numeral 6. CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y ANÁLISIS DE LA CULPABILIDAD. Se argumentó que: “…incurrió en la violación del artículo 34, numeral 1º de la Ley 734 9 de 2002, a título culposo, toda vez que incurrió en falta al consignar una inexactitud en actas de recibo de elementos al expresar en las mismas que recibió elementos en cuantía de $36’999.000 de parte del contratista, cuando solo recibió elementos en cuantía de $19’000.000 y ante el incumplimiento del contratista RÍOS HURTADO, no declaró la caducidad del contrato…, faltas estas que se califican definitivamente así: en relación al cargo primero se califica como gravísima culposa, en atención a que la investigada cometió una falta inexcusable no observando el debido cuidado al consignar en las actas de recibo de elementos de parte del contratista en cuantía de $36’999.000,00 cuando realmente recibió elementos en cuantía de $19’000.000,00.

Por tanto, para realizar la disertación mencionada, se debe cotejar la descripción de la falta disciplinaria junto con la calificación definitiva dada en la última providencia, frente a la redacción del numeral 1 del artículo 48 del Código Disciplinario Único que dice: “Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.” (Resaltado fuera de texto) Obsérvese que para que haya una conducta catalogada como falta disciplinaria gravísima, se deben cumplir varios supuestos:  Descripción típica consagrada en la ley como delito.  Sancionable a título de dolo.  Se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

En el caso en estudio, la conducta se calificó como gravísima, ya que incurrió en el delito de falsedad en documento público, porque se consignó en las actas de recibo parcial de los elementos objeto del contrato, un hecho contrario a la realidad, como se ha indicado. Por lo que se cumpliría el primero de los supuestos. Se cometió con ocasión del cargo que desempeñaba la implicada, rectora del colegio Cesar Conto Bellavista, Bojayá - Chocó -. También se cumple este requisito. En cuanto a que el delito debe ser sancionable a título de dolo, no se cumple esta exigencia, toda vez que en el fallo de primera instancia se

10 calificó definitivamente la responsabilidad a título de culpa, por ende, adolece de un requisito esencial para que se pueda hablar de esta clase de falta disciplinaria. Por lo dicho anteriormente, este primer cargo quedaría sin poderse acoplar en la descripción legal de la referida falta gravísima. De otra parte, ni en el auto de cargos, ni en el fallo se realizó el estudio del concepto de la violación del numeral 1 del artículo 34 de la mencionada ley, por lo que no se le puede endilgar responsabilidad en el primer cargo, ya que uno de los requerimientos en decisión de cargos de acuerdo al numeral 2 del artículo 163 es que contenga: “... 2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.” Para cumplir el anterior requisito se debe describir o hacer un nexo causal, entre el deber funcional que dejó de cumplir frente a una ley o decreto o reglamento específico, y así poder en segunda instancia efectuar el estudio correspondiente a su responsabilidad, por lo que ante la falta de tal exigencia se deberá absolver de responsabilidad a la implicada. Del segundo cargo En cuanto al segundo cargo endilgado: “… omitir dar cumplimiento a la declaratoria de caducidad una vez que se evidenciara el incumplimiento al contrato sin número de 2002 llevado a cabo entre el colegio Cesar Conto de Bellavista y…” El apelante argumenta no estar de acuerdo con el cargo de omisión, entre otras cosas, porque su prohijada era la más interesada junto con el contratista en cumplir el objeto contratado, ya que los dos presentaron el proyecto al Ministerio de Educación Nacional, para que les dieran los

recursos y que ella requirió en varias oportunidades verbalmente al contratista para que lo ejecutara, como efectivamente ocurrió por lo que no se dan los supuestos de la caducidad establecidos en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Con el fin de examinar esta defensa, es forzoso establecer que se entiende por plazo del contrato. Como el tema no esta definido en la Ley 80 de 1993, nos debemos remitir al artículo 1551 del C.C., que estipula que: “el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación”, lo cual significa que en 11 la obligaciones a plazo el cumplimiento esta supeditado a la llegada de esta fecha Ahora, dentro de los contratos estatales hay dos plazos, uno para la ejecución del objeto y otro para la liquidación del contrato, estos plazos jurídicamente no tienen el mismo alcance, pues una cosa es el contrato vencido y otra es el contrato extinguido. Con el contrato vencido, la Administración tiene la potestad de exigir las obligaciones a cargo del contratista y evaluar su cumplimiento, en tanto que si el contrato esta extinguido, se entiende que está liquidado. Por lo anterior, en reiteradas ocasiones se ha considerado que vencido el plazo del contrato, este se coloca en la etapa de liquidación, es decir vencido el plazo del contrato es cuando la Administración puede exigir su cumplimiento y por ende ante el incumplimiento del contratista le toca calificar la responsabilidad que le incumbe al contratado. Aplicando lo anterior al caso en estudio, se tiene que el plazo de ejecución era de un mes, contado a partir de la suscripción del acuerdo

de voluntades, que se dedujo había sido el 30 de junio de 2002, por lo que el contratista tenía plazo para cumplir hasta el 31 de julio del mencionado año, y solo entregó parte de los elementos, los días 9 de agosto y 2 de octubre, por fuera del plazo de ejecución, sin embargo se recibieron los elementos por parte de la ordenadora del gasto, en principio y en gracia de discusión, hasta aquí no habría problemas jurídicos, porque se encontraba vigente el contrato, ya que estaba dentro de los 4 meses que da la ley para su liquidación de común acuerdo. La irregularidad radica en que se venció el mes de ejecución, se venció el plazo de liquidación, que por no haberse pactado contractualmente, legalmente es de 4 meses, y se vencieron los 2 meses que también da la ley para la liquidación unilateral y la rectora del colegio, señora Viáfara Ayala, no declaró la caducidad del contrato ante el incumplimiento manifiesto del contratista, es decir, perdió la oportunidad legal para tomar la medida adecuada y finiquitar el contrato que quedó en el limbo jurídico por aproximadamente dos años, hasta que el contratista de buena fe, entregó el faltante de los materiales, según su dicho, ya que esto no se pudo verificar físicamente, prueba que además no sería conducente ni pertinente para cambiar o atenuar la conducta cuestionada, ya que los plazos y las facultades legales no se reviven con el cumplimiento extemporáneo del objeto contractual. De otra parte, el apoderado refiere que si se hubiese declarado la caducidad se habría perdido una gran oportunidad para el colegio de 12 contar con unos elementos que le hacían falta, dificultándose el proyecto

de enseñaza. Este argumento tampoco es de recibo para esta instancia, ya que como se ha dicho y él mismo lo afirmó, el colegio tenía la imperiosa necesidad de la dotación contratada, ya que no había material para que los alumnos aprendieran, por eso la administración pacto un término de 1 mes, que no fue prorrogado, ni suspendido para la satisfacción de esta insuficiencia y tuvo que pasar un período aproximado de dos años para que se cumpliera por pura buena voluntad del contratista, ya que la Administración había perdido toda facultad legal para exigir su cumplimiento. Por lo dicho anteriormente se configura la omisión de cumplir con su deber funcional de exigir el cumplimiento del objeto contractual dentro del término legal y velar por los intereses del colegio, máxime como se estableció, se le había entregado dinero estatal no debido al contratista. De otro lado, solicita que se exima de culpa a su defendida por haber incurrido en una causal de exoneración de responsabilidad tipificada en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002. El numeral 6 del artículo 28 estipula que esta exento de responsabilidad quien realice la conducta: (…). “6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.” Para que el error sea considerado como causal de exoneración debe ser invencible, requisito que no se presenta en la conducta de la señora Viáfara Ayala, porque el presunto error no era invencible, pues sólo le basta con leer las cláusulas del contrato y concluir que el contrati