PGN - JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - El recluso a través de su apoder

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO SALA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO-Competencia para dirimir apelación y garantizar la instrucción y juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad en las actuaciones disciplinarias APELACIÓN FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Archivo de la indagación preliminar adelantada para establecer el presunto maltrato físico a un recluso por parte de personal del INPEC RECURSO DE APELACIÓN-Competencia para revisar los aspectos recurridos y los inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación INDAGACIÓN PRELIMINAR-Procedencia, fines y trámite En primer lugar, observa la Sala que en la presente actuación se encuentra vencido el término de indagación preliminar si se tiene en cuenta que fue ordenada mediante auto del 22 de febrero de 2019, sin que pudiera establecerse en esta etapa la ocurrencia de los hechos objeto de denuncia ni la identificación y/o individualización de los autores de las conductas irregulares, se infiere entonces, que no fueron cumplidos los fines de la indagación previstos en el artículo 154 de la Ley 734 de 2002 que dispone: CARENCIA DE PRUEBAS-No se cuenta con el presupuesto legal para fijar y definir el ámbito de investigación conforme al artículo 152 del C.D.U En el presente caso el afectado no indicó: quiénes fueron los guardianes y reclusos que lo golpearon, no recuerda si para la fecha ocurrió un hecho como el denunciado, tampoco señaló testigo alguno de esos hechos. Adicionalmente, considerando los informes allegados, tampoco se reportó ninguna

atención o situación particular los días 7 y 8 de febrero de 2019 frente al interno, ni aparece siquiera indicio de tal situación en esas fechas. JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Ejercerá la vigilancia sobre las condiciones de ejecución de la pena/JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-El recluso a través de su apoderado exigirá al juez de ejecución de penas correspondiente que ejerza la vigilancia sobre las condiciones de ejecución de la pena De igual manera, se advierte que mediante el artículo 5° de la Ley 1709 de 2014 se adicionó el artículo 7A en la Ley 65 de 1993, así: Artículo 7A. Obligaciones especiales de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria. Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la defensoría pública o de la Procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos 1 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos. La inobservancia de los deberes contenidos en este artículo será considerada como falta gravísima, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar.

El Consejo Superior de la Judicatura garantizará la presencia permanente de al menos un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos establecimientos que así lo requieran de acuerdo con solicitud que haga el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los demás establecimientos se garantizarán visitas permanentes. ARCHIVO DEFINITIVO-Fundamento legal Así mismo, de acuerdo con lo señalado por el artículo 164, ibídem, en los casos de terminación del proceso disciplinario previsto en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3º del artículo 156 del C.D.U., procederá el archivo definitivo de la investigación, decisión que hace tránsito a cosa juzgada. Analizados los argumentos del recurso frente a lo decidido por el a quo y lo constatado en el proceso, se evidencia que la primera instancia evaluó las pruebas practicadas en la indagación preliminar, conforme a las circunstancias fácticas en que se presentó la queja de marras, encontrando que la queja y las pruebas practicadas no aportan la información suficiente para encaminar la actuación disciplinaria y en aplicación a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 dispuso la terminación del proceso y el archivo definitivo, por no ser posible proseguir con la actuación. 2 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Aprobado en Acta de Sala N° 35 Radicación n.° IUS E-2019-057470, IUC-D-2019-1249903 (161-8109)

Implicados: POR DETERMINAR Cargo y entidad: Dragoneantes del INPEC adscritos al complejo COJAM Jamundí Quejoso: ROSA ELENA MORALES BONILLA Fecha queja: 7 de febrero de 2019

Fecha hechos: 7 de febrero de 2019

Resuelve recurso de apelación contra auto que archiva Asunto: indagación preliminar

PONENTE: SILVANO GÓMEZ STRAUCH

I. ASUNTO A TRATAR La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Rosa Elena Morales Bonilla, a través de defensor, contra el auto del 18 de octubre de 2009, por medio del cual la Procuraduría Regional del Valle del Cauca ordenó el archivo de la indagación preliminar adelantada para establecer el presunto maltrato físico a un recluso por parte de personal del INPEC.

II. HECHOS La señora Diana Quintero Millán, sustanciadora de la Coordinación de las Procuradurías Judiciales Penales, remitió la queja suscrita por la señora Rosa Elena Morales Bonilla, madre del señor Luis Eduardo Cano Morales, contra dragoneantes del INPEC adscritos al Complejo de COJAMJamundí, en la que manifiesta: que el 7 de febrero de 2019 a las 7:40 a.m un compañero de su hijo la llamó a comunicarle que dos guardianes del INPEC en COJAM, golpearon con el bolillo a su hijo y lo dejaron sin poderse mover del maltrato1

III. ACTUACIÓN PROCESAL Mediante auto No. 0198 del 22 de febrero de 20192 se ordenó adelantar

indagación preliminar contra funcionarios por determinar adscritos al INPEC con funciones en el Centro penitenciario y Carcelario COJAM. Jamundí (V), con el fin de establecer los hechos objeto de queja. Con auto del 18 de otubre de 2019 el funcionario de primera instancia evaluó las pruebas practicadas en la indagación preliminar y dispuso la terminación y archivo de la actuación al no encontrar prueba que permitiera corroborar los hechos denunciados ni a sus presuntos autores3. 1 Folio 3 2 Folio 6 3 fl. 50 a 53 3 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables Esta decisión fue comunicada a la quejosa el 5 de marzo de 20214 y el 31 de marzo de 2021, la quejosa5 apeló la decisión de archivo, el cual fue concedido ante la Sala Disciplinaria el 23 de junio de 2021.6 El 30 de julio de 2021 se recibió el expediente en la Secretaría de esta colegiatura.7

IV. DECISIÓN DE ARCHIVO RECURRIDA La Procuraduría Regional del Valle del Cauca ordenó la terminación del proceso con respecto a servidores del INPEC por determinar, atendiendo a que no se encontró demostrada la ocurrencia de los hechos, ni prueba que permita identificar a posibles implicados en las lesiones propinadas presuntamente al recluso de la cárcel de Jamundí, Luis Eduardo Cano Morales, según lo denunciado por la señora Rosa Elena Morales Bonilla.

Con el fin de establecer los hechos denunciados se escuchó en testimonio al interno Luis Eduardo Cano Morales, quien manifestó:

“he sido lesionado tanto por internos como por personal del INPEC en diferentes partes del cuerpo como piernas, brazos, cabeza, espalda, columna, pero de las lesiones del 7 de febrero de 2019, no las recuerdo. No recuerdo los testigos, pues han sido varios los abusos por parte del personal del INPEC, pero testigos de lo sucedido el 7 de febrero de 2019, no los tengo pues no recuerdo si para esa fecha fui agredido o no”.8 La declaración del interno afectado, Luis Eduardo Cano Morales, no reporta información y/o dato alguno que permita corroborar la ocurrencia de los hechos denunciados por posibles golpes a él causados, según la queja, el 7 de febrero de 2019 por parte de los guardias del INPEC, pues como el mismo interno lo refiere no recuerda si para esa fecha fue golpeado o no. Adicionalmente, no existe reporte de atención médica por el área de sanidad para los días 7 y 8 de febrero de 2019 y tampoco informe o registro alguno en el grupo de la Policía Judicial del complejo. De acuerdo con lo informado por la enfermera del área de sanidad del complejo señora Lizet Viviana Uzurriaga, que revisada la historia clínica de la persona privada de libertad (PPL) Cano Morales, no se reportó ninguna atención para los días 7 y 8 de febrero de 2019. Igualmente, el DG. Christian Asprilla Lerma, Grupo de Policía Judicial COJAM certificó que revisado el aplicativo virtual de la Fiscalía, los libros de registro y archivos de la Unidad de Policía Judicial para el 7 de febrero de 4 Folio 55

5 Folios 55 a 62 6 Folio 60 8 Folios 42-44 7 8 4 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables 2019 no se encontró ningún registro relacionado con el PPL Luis Eduardo Cano Morales. De otra parte, de los reportes que aparecen en el SPOA de la Fiscalía, donde obran 5 registros de los cuales, ninguno se encuentra relacionado con la fecha de los hechos aquí reportados, esto es el 7 de febrero de 2019.9 Concluyó el a quo que analizadas las probanzas allegadas en la etapa de indagación preliminar, no son suficientes para crear la convicción que conduzca a la certeza de los hechos a investigar, no existe prueba suficiente para decidir de fondo y dar continuidad a la acción disciplinaria desplegada por esa Regional que permita pasar a la siguiente etapa procesal, se cuenta solamente con lo dicho en el escrito de queja, sin que se cuente con prueba testimonial ni documental que permitan establecer la ocurrencia de los hechos y sus presuntos responsables.

V. RECURSO DE APELACIÓN La quejosa a través de apoderado presentó recurso de apelación contra la decisión de archivo proferida el 18 de octubre de 2019 por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca en el que argumentó lo siguiente: ▪ Que se vulneraron los derechos fundamentales del recluso Luis Eduardo Cano Morales; en especial lo previsto en el artículo 5° de la Ley 65 de 1993, por cuanto no se encuentra que se le haya notificado al juez de ejecución de penas para que se pronunciara respecto a la presente actuación.

▪ Que la duda sobre la identificación de los agresores del recluso no exonera al ente investigador para que continúe con la actuación, porque los hechos ocurrieron en el centro de reclusión, máxime cuando la víctima sufre de trastornos mentales generados dentro del establecimiento carcelario y no puede recordar lo sucedido. ▪ Que a raíz de la compulsa de copias ordenada en esta actuación fue trasladado el recluso a Popayán vulnerando el derecho a estar cerca de su entorno familiar más aun cuando se encuentra delicado de salud. ▪ Solicita se revoque la decisión de archivo por vulneración del artículo 5° de la Ley 65.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia Esta Sala avoca el conocimiento de la presente actuación en segunda instancia de conformidad con lo previsto en el artículo séptimo de la Resolución 207 de 2021, modificada mediante el artículo 1° de la Resolución 219 de 202110 proferidas por la Procuradora General de la 9 Folios 39-41 10 Artículo Séptimo. Competencia de la Sala Ordinaria de Juzgamiento... Asimismo, asumirá el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones adoptadas por los procuradores regionales y

5 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables Nación, con las cuales, entre otras, delegó y distribuyó funciones en la Sala Ordinaria de Juzgamiento, para garantizar la separación de la instrucción y juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad en las actuaciones disciplinarias. Hecha la anterior precisión, se entrará a estudiar el recurso interpuesto

aclarando que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. 6.2. Caso concreto Observa la Sala que la indagación preliminar objeto de la decisión de archivo aquí recurrida fue adelantada por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, con el fin de establecer los hechos reportados en la queja presentada por la señora Rosa Elena Morales Bonilla, madre del señor Luis Eduardo Cano Morales, contra Dragoneantes del INPEC adscritos al Complejo de COJAM - Jamundí, en la que indicó: el 7 de febrero de 2019 a las 7:40 a.m.; un compañero de su hijo la llamó a comunicarle que dos guardianes del INPEC en COJAM, lo cogieron y golpearon con el bolillo a su hijo, quien no se podía mover de los golpes. Al escuchar en declaración al afectado por los hechos denunciados refirió que no recordaba lo ocurrido el 7 de febrero de 2018, pero que lo que si puede manifestar es que todo el tiempo los guardianes de la cárcel de Jamundí y los compañeros reclusos lo golpearon y maltrataron, sin aportar dato y/o información alguna que permitiera establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia los acontecimientos denunciados, ni señalar testigo alguno de esos hechos. Esta instancia determinará, si con los elementos probatorios recaudados en la primera instancia, resulta viable confirmar la decisión o si por el contrario,

como se solicita en la impugnación, se encuentran establecidos los elementos que conlleven a la revocatoria de la decisión de archivo, para tal efecto se analizarán los argumentos presentados por el apelante referidos a: (i) que se vulneraron los derechos fundamentales del señor Luis Eduardo Cano Morales estando recluido en el complejo carcelario Complejo de COJAM – Jamundí; (ii) Que no obstante las dudas surgidas en el testimonio rendido por el recluso este Organismo de Control debió seguir la investigación disciplinaria; (iii) Que se omitió el deber de notificar sobre la actuación disciplinaria al juez de ejecución de penas; (iv) Que como consecuencia de la compulsa de copias dispuesta en esta actuación el recluso fue trasladado del Complejo de COJAM - Jamundí a Popayán vulnerando el derecho a estar cerca de su entorno familiar. distritales de Bogotá, D.C…” 6 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables 6.2.1. De las pruebas obrantes en el proceso Durante la etapa de indagación preliminar se allegaron las siguientes pruebas:

1. Mediante Oficio 2426 –COJAM-CVdel 12 de abril de 2019 el doctor Guillermo Andrés González Andrade, director del Complejo Carcelario y Penitenciario Jamundí, allegó copia de los siguientes documentos: - Acta de servicios de fecha 30 de enero de 2019 y libro de servicios de la Compañía Santander para el mes de febrero de 2019. - Minuta de anotaciones del pabellón 1 del bloque 3 donde se encontraba ubicado el PPL Cano Morales Luis Eduardo.

• Copia del folio 165 del libro de servicios de la Compañía Santander correspondiente al 7 de febrero de 2019. - Certificación firmada por la enfermera jefe Lizet Viafara Uzurriaga, mediante la cual informa que en la historia clínica del PPL Cano Morales Luis Eduardo no reposa soporte de atención medica realizada para los días 7 y 8 de febrero de 2019. - Copia del oficio de fecha 3 de abril de 2019 mediante el cual la Unidad de Policía Judicial informa que revisados los archivos y base de datos de la Fiscalía NO encontró ningún registro

relacionado con el PPL Cano Morales Luis Eduardo.

2. La Personería Municipal de Jamundí, atendiendo comisión enviada por este organismo de control recepcionó declaración al PPL Cano Morales Luis Eduardo, quien manifestó: “No tengo bien presente la fecha del 7 de febrero de 2019, pues estuve in mínima y de ahí a alta, si he sido lesionado tanto por internos como por personal del INPEC en diferentes partes del cuerpo como piernas, brazos, cabeza, espalda, columna, pero de lesiones del 7 de febrero de 2019, no las recuerdo. No recuerdo los testigos, pues han sido varios los abusos por parte del personal del INPEC, pero testigos de lo sucedido el 7 de febrero de 2019, no los tengo pues no recuerdo si para esa fecha fui agredido o no”.

Más adelante dijo que quería dejar constancia que hace como dos meses se encontraba en el bloque 1 patio 4B y de allí si recuerda que fue agredido por unos internos y tuvo la oportunidad de informarle por teléfono a la mamá y ella vino con un funcionario de la Personería de

Cali y con la Distinguida Nancy de derechos Humanos, se dieron cuenta de lo ocurrido y lo llevaron donde la Policía Judicial, siendo entrevistado y lo cambiaron de patio, en donde se encuentra 7 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables actualmente, o sea en el bloque 3 patio 5ª de máxima seguridad. Es lo que recuerda.11 6.2.2. Lo que indican las pruebas Sobre los hechos materia de indagación solo se cuenta con lo mencionado en la queja y en la declaración rendida por el afectado de las lesiones denunciadas, sin que se haya precisado allí las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, por cuanto la presunta víctima no recordó cuándo ni quiénes lo agredieron y en los registros clínicos y de novedades del centro carcelario no se encontró anotación alguna de estos hechos, tampoco se hizo referencia de la identidad de algún testigo que pudiera contribuir a esclarecer lo sucedido. 6.2.3. Frente a los argumentos del recurso - Se alega en el recurso que le fueron vulnerados los derechos fundamentales al recluso LUIS EDUARDO CANO MORALES en la cárcel de Jamundí y que este ente de control no podía atenerse a las dudas surgidas del testimonio del citado recluso sino que debió investigar. En primer lugar, observa la Sala que en la presente actuación se encuentra vencido el término de indagación preliminar si se tiene en cuenta que fue ordenada mediante auto del 22 de febrero de 2019, sin que pudiera establecerse en esta etapa la ocurrencia de los hechos objeto de denuncia

ni la identificación y/o individualización de los autores de las conductas irregulares, se infiere entonces, que no fueron cumplidos los fines de la indagación previstos en el artículo 154 de la Ley 734 de 2002 que dispone: Artículo 150. Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo. En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses. Para el cumplimiento de éste, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que 11 Folio 42-44 8 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados. La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

Aunque para esta sala es claro que la carga de la prueba en la actuación disciplinaria corresponde al Estado, el presupuesto probatorio y procesal para que proceda la apertura de investigación disciplinaria es que esté identificado el posible autor o autores de la falta disciplinaria. Y, se pretende determinar con ella, si la conducta imputada existió, si es típica y esclarecer las circunstancias en que se cometió, demostrando el perjuicio sufrido por parte de la administración, así como determinar el grado de responsabilidad de la persona vinculada a la investigación. En el presente caso el afectado no indicó: quiénes fueron los guardianes y reclusos que lo golpearon, no recuerda si para la fecha ocurrió un hecho como el denunciado, tampoco señaló testigo alguno de esos hechos. Adicionalmente, considerando los informes allegados, tampoco se reportó ninguna atención o situación particular los días 7 y 8 de febrero de 2019 frente al interno, ni aparece siquiera indicio de tal situación en esas fechas. Así las cosas, no se cuenta con el presupuesto legal para fijar y definir el ámbito de investigación conforme a lo previsto en el artículo 152 del C.D.U que señala: Artículo 152. Procedencia de la investigación disciplinaria. Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria. Al no estar determinado en la queja ni en la indagación las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, dado que estos datos no

fueron suministrados en la queja ni en la declaración rendida por el afectado, como tampoco en las demás pruebas practicadas en la indagación, no se encuentra mérito para proseguir con la actuación, por lo que resulta procedente dar por terminada la actuación y disponer el archivo de la misma, como en efecto lo ordenó el funcionario de primera instancia. - Frente al argumento referido a que se le vulneraron los derechos fundamentales al recluso Luis Eduardo Cano Morales; en especial lo previsto en el artículo 5° de la Ley 65 de 1993 por cuanto no se encuentra que se le haya notificado al juez de ejecución de penas para que se pronunciara respecto a la presente actuación, encuentra la Sala que el artículo 5 de la Ley 65 de 1993 dispone: Artículo 5°. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a 9 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto. La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. De igual manera, se advierte que mediante el artículo 5° de la Ley 1709 de 2014 se adicionó el artículo 7A en la Ley 65 de 1993, así:

Artículo 7A. Obligaciones especiales de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria. Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la defensoría pública o de la Procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos. La inobservancia de los deberes contenidos en este artículo será considerada como falta gravísima, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar. El Consejo Superior de la Judicatura garantizará la presencia permanente de al menos un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos establecimientos que así lo requieran de acuerdo con solicitud que haga el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los demás establecimientos se garantizarán visitas permanentes. Observa la Sala, que la norma aludida en el recurso consagra obligaciones y deberes de los jueces de ejecución de penas, pero en ninguno de sus apartes se encuentra que el legislador hubiese dispuesto que el operador disciplinario deba notificar al juez de ejecución de penas las decisiones de archivo de las actuaciones disciplinarias adelantadas por denuncias de agresiones y maltrato por parte del personal de guardia del INPEC contra

personas privadas de la libertad. Aclara la Sala, que la decisión de terminación y archivo de la actuación disciplinaria por no haberse concretado la ocurrencia de los hechos denunciados ni la individualización e identificación de los presuntos implicados, no obsta, para que el recluso a través de su apoderado exija al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad correspondiente que ejerza la vigilancia sobre las condiciones de ejecución de la pena que se encuentra purgando el señor Luis Eduardo Cano Morales, conforme lo dispone la disposición transcrita. Es de precisar que la actuación disciplinaria se tramita a partir de distintas etapas y en cada una de éstas se debe contar con un mínimo de elementos 10 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables que ofrezcan mérito para proseguir su trámite; y es así, que para que se inicie se requiere: (i) contar con información que amerite credibilidad12; (ii) para pasar de la etapa de indagación a la de investigación es necesario conocer por lo menos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia los hechos denunciados y la información que permita individualizar e identificar a los presuntos responsables13 para poder encaminar y proseguir con la actuación disciplinaria, elementos que se encuentran ausentes en el presente caso. 6.2.3. De la decisión Observa la Sala que el funcionario de primera instancia ordenó indagación preliminar, practicó y allegó las pruebas que consideró necesarias para establecer los hechos objeto de denuncia y la individualización e identificación de los presuntos responsables, pero no fue posible el establecimiento de estos aspectos, ante lo cual adoptó la decisión de

terminación y archivo de la actuación, dado que no fue posible contar dentro del término de indagación con el mínimo de elementos que hiciera procedente disponer la apertura de investigación. Es de precisar que el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, consagra que en cualquier etapa de la actuación en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. Así mismo, de acuerdo con lo señalado por el artículo 164, ibídem, en los casos de terminación del proceso disciplinario previsto en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3º del artículo 156 del C.D.U., procederá el archivo definitivo de la investigación, decisión que hace tránsito a cosa juzgada. Analizados los argumentos del recurso frente a lo decidido por el a quo y lo constatado en el proceso, se evidencia que la primera instancia evaluó las pruebas practicadas en la indagación preliminar, conforme a las circunstancias fácticas en que se presentó la queja de marras, encontrando que la queja y las pruebas practicadas no aportan la información suficiente para encaminar la actuación disciplinaria y en aplicación a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 dispuso la terminación del proceso y el archivo definitivo, por no ser posible proseguir con la actuación. En mérito de lo expuesto, la Sala Ordinaria Disciplinaria de Juzgamiento, en

ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, 12 Artículo 69 de la Ley 734 13 Artículo 150 Ibidem 11 Radicación n° 161-8109 En averiguación de responsables RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la providencia del 18 de octubre de 2019, por medio de la cual Procuraduría Regional del Valle del Cauca ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada contra servidores por establecer del INPEC - Centro Carcelario de Jamundí, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria, comunicar la presente providencia a la quejosa, señora Rosa Elena Morales Bonilla y a su apoderado dándoles a conocer que contra lo decidido no procede recurso alguno; para ello, remitirá la correspondencia a las direcciones y correo electrónico visibles a folio 62 del cuaderno original N° 1.

No se dispondrá la notificación de la presente decisión por cuanto se adelantó contra implicados por establecer.

TERCERO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, previos los registros y anotaciones correspondientes, devolver el expediente a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca para el archivo definitivo de las diligencias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Segundo Delegado Presidente

LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

Procuradora Primera Delegada

EXPEDIENTE: (161-8109), IUS E-2019-057480, IUC-D-2019-1249903

LEGF/ SGS/YRN

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