PGN - JUEZ DE TUTELA - Si carece de competencia para conocer la tutela también carece de e

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., septiembre veintiocho (28) de dos mil seis (2006). Aprobado en Acta de Sala No. 46

Radicación: 161-3235 (030-138631-05)

Disciplinado: GLORIA EDITH RAMIREZ ROJAS

Cargo y PROCURADORA REGIONAL DEL VALLE DEL

Entidad: CAUCA Quejoso: CARLOS ALBERTO VILLADA ESPINOSA Fecha queja: 28 DE FEBRERO DE 2006

Fecha 28 DE FEBRERO 2006

Hechos: Asunto: Apelación auto de archivo P.D. PONENTE: Dr. ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA En virtud del recurso de apelación interpuesto por el quejoso CARLOS ALBERTO VILLADA ESPINOSA, conoce la Sala Disciplinaria el auto del 2 de agosto de 2006 por medio del cual la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, resolvió ordenar la terminación del proceso disciplinario adelantado contra la doctora GLORIA EDITH RAMIREZ ROJAS, en su condición de Procuradora Regional del Valle del Cauca y en consecuencia dispuso el archivo definitivo de las diligencias.

ANTECEDENTES PROCESALES El señor CARLOS ALBERTO VILLADA ESPINOSA, por medio de escrito radicado en la oficina de correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, el 7 de marzo de 2005, dirigido al Procurador General de la Nación, solicita se investigue a la doctora GLORIA EDITH RAMIREZ ROJAS, Procuradora Regional del Valle de Cauca por cuanto, en el oficio No. 053 de febrero de 2006, dirigido a él en su calidad

de Juez Quinto Civil del Circuito de Palmira Valle, plasmó imprecisiones y términos graves, lo cual trascendió a la luz pública, toda vez que se allegó a los medios de comunicación dicho oficio, lo cual le causó perjuicio, pues ha dado pie para que la comunidad ponga en tela de juicio su integridad como persona y como Juez de la República .(Folios 3 al 4). 1 La Veeduría de la Procuraduría General de la Nación al recibir la actuación, por medio del auto de fecha 19 de abril de 2006, resuelve iniciar indagación preliminar (Fol. 35 a 37). En auto del 02 de agosto de 2006, la Veeduría ordena la terminación del proceso disciplinario adelantado contra la doctora GLORIA EDITH RAMIREZ ROJAS, y en consecuencia dispone el archivo definitivo de las diligencias. (Fol.47 al 49). DECISION DE PRIMERA INSTANCIA La Veeduría de la Procuraduría General de la Nación al ordenar el archivo de las diligencias, argumentó que “…Revisado el escrito, encuentra el Despacho que en el mismo, están los planteamientos de la Procuradora Regional, para solicitar la revocatoria de la decisión tomada por el Juez de Palmira…” “…Planteamiento que consideró el quejoso, que contenía términos imprecisos y graves acusaciones en su contra por parte de la Procuradora Regional del Valle del Cauca…”. Considera el a-quo que, del escrito no se desprenden inconsistencias ni graves acusaciones contra el quejoso, pues son los planteamientos escuetos y directos de la

tutela, que al final fueron reconocidos por el quejoso, en el auto de febrero de 2006, pero que además la interpretación de la ley no constituye falta disciplinaria, y cita la sentencia C-417 de 1993 de la Corte Constitucional. En tales términos concluye que la actuación de la doctora GLORIA EDITH RAMIREZ ROJAS, no constituye falta disciplinaria. (Folios 47 al 49). RECURSO DE APELACION El apelante, en su escrito de impugnación, entre otras cosas manifiesta que no entiende porque el señor Veedor manifiesta que del escrito de la señora Procuradora Regional del Valle no se desprenden inconsistencias, ni graves acusaciones contra el quejoso, si literalmente manifiesta dicha funcionaria que está infringiendo el artículo 7 del mismo Decreto. Expresa el recurrente que, si a éste como administrador de justicia se le dice tan escueta y directamente, como se plasma en la decisión de primera instancia, que esta infringiendo una norma, prácticamente, en otras palabras, se le está 2 manifestando que está prevaricando, y que ello solo se puede afirma cuando se le haya vencido dentro del procedimiento correspondiente. Agrega el apelante que, la servidora pública sin recato alguno, le endilga extralimitación de funciones, y estar vulnerando el ordenamiento jurídico y generando con ello consecuencias gravísimas, frente a decisiones legalmente proferidas, las cuales rechaza, pues solo se pueden hacer “…previo debido proceso y análisis profundo de la prueba y aquí sin siquiera fungir como disciplinado o sindicado, ya se le esta declarando culpable;”, manifestaciones, que incluso fueron enviadas a los medios de comunicación, por lo que se pregunta: ¿“…como el señor veedor, que

dice haber estudiado el escrito, colige que no se desprenden graves acusaciones en mi contra…”? Señala el impugnante en su escrito, que aunque la interpretación de la ley no constituye falta disciplinaria, esta muy lejos pensar que hay una interpretación de la ley, cuando “…escueta y directamente…” se le hacen “señalamientos que fácilmente se podrían ubicarse en lo temerario…”. De otra parte replica el inconforme que, “…es inconcebible y delicado, que se diga en el pronunciamiento motivo de su inconformidad, que yo haya reconocido, en el auto de 24 de febrero de 2006, los planteamientos escuetos y directos de la tutelada, porque, en primer lugar, descabellado es que yo acepte que HE INFRINGIDO

NORMAS, QUE SE HE EXTRALIMITADO EN FUNCIONES Y QUE HE

VULNERADO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO GENERANDO CON ELLO

CONSECUENCIAS GRAVÍSIMAS FRENTE A DECISIONES LEGALMENTE

PROFERIDAS,”.

Finalmente manifiesta el impugnante que, “…no hay lugar para afirmar que no se desprenden inconsistencias y graves acusaciones en mi contra; puede estudiarse, pero detenidamente, el oficio No. 0251 de febrero 28 de 2006, dirigido por el suscrito a la señora Procuradora Regional del Valle, el cual parece que no se ha tenido en cuenta por el funcionario veedor.” (Folios 58 a 60). CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA De las pruebas que reposan, allegadas legalmente al proceso, los hechos denunciados como presuntamente irregulares disciplinariamente, los argumentos del

fallador de instancia para adoptar dicha decisión, y las alegaciones del recurso de apelación, se tiene: 3

1. La denuncia del señor Juez Quinto Civil del Circuito, doctor Carlos Alberto Villada Espinosa, instaurada contra la Procuradora Regional del Valle del Cauca, doctora GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS, se produjo como consecuencia del oficio No. 053 del 28 de febrero de 2005 que la investigada le remitió al quejoso oponiéndose al auto del 21 de febrero de ese mismo año en virtud del cual el quejoso en su condición de juez dispuso admitir una acción de tutela interpuesta por unos concejales de Palmira Valle que habían sido sancionados por la Regional con destitución e inhabilidad para ejercer cargos por diez años. En el auto además el señor juez, dispuso suspender la ejecutoria de la sanción impuesta por la Regional contra los tutelantes.

2. En el oficio dirigido al Juez, aquí quejoso, la denunciada dejó plasmado algunas expresiones que posteriormente se constituyen en la razón de la queja: “...ha tomado la decisión de decretar una medida provisional de suspensión, infringiendo el artículo 7 del mismo Decreto…el Despacho Judicial a su cargo, sin tener elementos de juicio ordena la suspensión…se profiere tal decisión sin motivación alguna…No es competente….actuando en extralimitación de funciones, con su actuar se está vulnerando el ordenamiento jurídico”.

3. Conforme con esas precisiones se debe establecer, si como lo dijo la instancia, tales expresiones plasmadas en el oficio de la Procuradora,

constituyen en el contexto que se produjeron, falta disciplinaria.

4. Para ello es menester, dejar sentado desde ya que con posterioridad al auto del 21 de febrero que dio lugar al oficio de la Procuradora, el quejoso profirió el auto del 24 de febrero en el que termina concluyendo que es, su despacho, incompetente para conocer del trámite de la tutela. Motivo por el cual remite el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

5. La decisión del juez, del 21 de febrero, sólo fue conocida por la quejada, el 28 de ese mes y año.

Cabe advertir que la Procuradora Regional del Valle del Cauca tenía legitimidad para impetrar del Juez, por una parte la revocatoria del auto del 21 de febrero de 2005, por cuanto era un decisión que ella misma había proferido, esto es, la decisión de sanción a los concejales fue proferida por el despacho a su cargo. Y de otra parte, le asistía razón en cuanto a la incompetencia del juez para fallar la tutela, situación que el mismo juez reconoció en el auto del 24 de febrero, también asistía razón a la denunciada cuando expresó en su oficio, que si el juez no era competente no tenía 4 entonces por que entrar a suspender la ejecutoria de la decisión. Este último tema es complejo, pues en realidad si el operador de la tutela carecía de competencia para conocer de ella, no se entiende por qué motivo entraba a suspender la decisión de la Procuraduría. La denunciada tenía clara la situación de incompetencia del juez, por ese motivo expresó en su oficio que entrar a suspender la decisión comportaba contrariedad al

derecho y una extralimitación de las funciones del jurisdiscente El aquí quejoso debe entender que las expresiones contenidas en el oficio no eran más que las apreciaciones jurídicas de la Procuradora, las que además de perseguir la revocatoria del auto, se convertían en una denuncia contra el Juez. Las expresiones contenidas en aquel oficio además que en cierta medida, sin que ello se constituya en un juicio de la conducta del servidor judicial, tienen asidero en el derecho, pues el juez en verdad era incompetente para el trámite de la tutela y no comunicó en forma oportuna el auto a la entidad perjudicada con su decisión, amen de que carecía de legitimidad para disponer la suspensión de la ejecutoria del fallo sancionatorio. De ahí que, tales expresiones además de lo dicho antes, deben ser valoradas en el contexto de la denuncia, pues la procuradora compulsó copias ante la Fiscalía y el consejo Seccional de la Judicatura para que se investigara la conducta del servidor judicial. Autoridades en la que recae la competencia para valorar la conducta del doctor VILLADA. Esas autoridades determinarán en su caso, si la denuncia oficiosa, compulsa de copias, tenía o no sustento, en caso contrario especificarán si hubo una falsa denuncia. Para esta Sala, las expresiones contenidas en el oficio referido no son constitutivas de falta disciplinaria, ellas son el producto de las apreciaciones jurídicas de un servidor público que estima que otro servidor público en la adopción de un auto estaría infringiendo la Ley. Apreciaciones jurídicas que tenían cierto respaldo en el derecho, en tanto el juez carecía de competencia para tramitar la tutela y

consecuentemente para disponer la suspensión de la decisión de la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas, la corporación impartirá confirmación a la providencia impugnada. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

5

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 2 de agosto de 2006, proferida por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, en cuanto ordenó la terminación del procedimiento adelantado en contra de la doctora GLORIA EDITH RAMIREZ ROJAS, y en consecuencia ordeno el archivo de las diligencias conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, COMUNICAR esta determinación a los sujetos procesales, teniendo las direcciones registradas en el proceso, Advirtiéndoles que contra la misma no procede ningún recurso por la vía gubernativa (inciso segundo artículo 109 de la Ley 734 de 2002).

Al Doctor CARLOS ALBERTO VILLADA ESPINOSA, en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira Valle. A la Doctora GLORIA EDITH RAMIREZ ROJAS, en la Avenida 5ª. A Norte No. 20 No. 08 edificio Fuente de Versalles piso 8º.Cali (Valle).

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

Procurador Primero Delegado

DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ

Procuradora Segunda Delegada EMSH /.DACR /ACC. Exp.161-3235 (030-138631-06) 6