PGN - JUEZ - Deber de pronunciarse sobre todos los aspectos solicitados por los sujetos pr

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Bogotá D. C. REF. Concepto demanda de casación (Rad. 26.324) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira revocó el fallo de absolución que dictó el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal en favor de Juan Carlos Betancourth Gómez y, en su lugar, mediante el suyo del 9 de junio de 2006, lo condenó en relación con el delito de Homicidio. El defensor interpuso el recurso extraordinario de casación y admitida como fue la demanda por el Magistrado sustanciador, el Agente ordinario del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación, procede a rendir concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- SITUACIÓN DE HECHO.

El soldado regular Juan Carlos Betancourth Gómez prestaba el turno de centinela correspondiente al día 22 de agosto de 2004 en las instalaciones del Batallón de Infantería No. 23 “Vencedores” de la ciudad de Cartago (Valle), y en horas de de la madrugada se evadió del servicio llevando consigo el material de guerra asignado (fusil, proveedores, munición, chaleco) y su material de intendencia (camuflado). Requirió de los servicios de un vehículo de servicio público en las afueras de la guarnición militar, y cuando el taxista que atendió su solicitud de trasladarlo a la ciudad de Pereira intentó devolverse a su paso por la población de Santa Rosa de

Cabal, accionó el fusil causándole graves heridas que determinaron el fallecimiento del conductor. De inmediato emprendió la huída y su captura se produjo dos días después en la ciudad de Medellín por miembros de la Policía Metropolitana, donde manifestó que había desertado del Batallón “Vencedores” y tenía escondido en un Hotel el fusil calibre 5.56 con cinco proveedores.

2.- SINOPSIS PROCESAL.

Puesto a disposición del Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar, se lo vinculó mediante indagatoria y su situación jurídica provisional se resolvió con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por los delitos del Centinela y Peculado por Apropiación. A su turno, la Fiscalía Siete Local en Descongestión y Apoyo de Santa Rosa de Cabal, declaró el 6 de octubre siguiente la apertura de investigación penal por el delito de Homicidio, y escuchado también en indagatoria, se dictó en su contra detención preventiva, sin derecho a la libertad provisional, por esa conducta punible contra el interés jurídico de la vida contemplada en el artículo 103 del Código Penal de 2000, agravado conforme a la causal del numeral 2º del artículo 104 ibídem. Agotado el ciclo averiguatorio de esta última actuación, el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 10 de marzo de 2005, llamando a responder en juicio criminal a Juan Carlos Betancourt Gómez, en calidad de presunto autor del delito de Homicidio Simplemente Voluntario. Ejecutoriada la acusación en la misma primera instancia el 24 de marzo siguiente,

por no haber sido objeto de impugnación, el conocimiento de la etapa procesal del juzgamiento lo avocó el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, que abrió el juicio a pruebas, realizó la audiencia preparatoria, posteriormente concedió la libertad provisional con fundamento en la causal prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal, y cumplido el debate oral público dictó la sentencia del 24 de noviembre de 2005, por medio de la cual absolvió al acusado del delito de Homicidio, con fundamento en la causal de ausencia de responsabilidad prevista en el artículo 32, numeral 9, del Código Penal. En virtud del recurso de apelación que interpusieron la Fiscalía, el apoderado de la parte civil y el representante del Ministerio Público, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante la sentencia del 9 de junio de 2006 revocó el fallo de primera instancia y condenó al justiciable conforme los cargos imputados en la acusación, a la pena principal de trece (13) años y seis (6) meses de prisión, además de las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por idéntico lapso al de la pena principal, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego. También lo condenó a la pena de carácter civil de pagar a título de indemnización, la suma equivalente a ciento sesenta y nueve millones novecientos cuarenta mil pesos ($169.940.000.oo) por los perjuicios causados con la infracción penal.

3.- LA DEMANDA.

Contra la expresada sentencia de segunda instancia en nombre y representación

del procesado se interpone el recurso extraordinario de casación, y con fundamentó en la causal tercera de casación, esto es, por haber sido dictado el fallo dentro de un proceso viciado de nulidad, se solicita la invalidez de la decisión jurisdiccional que le puso fin al proceso, por un sólo motivo. Sostiene el actor que la sentencia incurre en una irregularidad sustancial que afecta el derecho de defensa, consistente en graves defectos de motivación, porque no cuenta con argumentación alguna que de respuesta a los planteamientos esgrimidos por la defensa, al punto que ni siquiera se los menciona. Tras la cita de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, al igual que del artículo 11, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, numeral 3, literal d, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 1 y 8 del Código de Procedimiento Penal, que considera son las normas infringidas, el recurrente afirma que durante todo el curso de la actuación la defensa mantuvo la propuesta en torno a la configuración de un Homicidio Culposo, lo cual implicó necesariamente que se renunciara a los beneficios por confesión o de la sentencia anticipada a título de dolo. Resaltó que los dictámenes de psiquiatría forense se limitaron a evidenciar el estado de imputabilidad del procesado cuando se evadió de las instalaciones militares, sin tener en cuenta su estado mental para el momento de ejecución del Homicidio, lo que en su sentir se traduce en la inexistencia de prueba pericial en torno a este aspecto, pero de todas formas el juzgador de primera instancia “se

convenció de la anormalidad mental del implicado, que obró bajo un miedo insuperable que lógicamente también desvirtúa el dolo”, y frente a la absolución carecía de interés jurídico para impugnar la sentencia. Mencionó que con fundamento en el informe del investigador del Laboratorio del Instituto de Medicina Legal, también fue esgrimida como estrategia defensiva la trayectoria del proyectil en el cuerpo de la víctima según el cual el orificio de entrada se presenta a nivel supraclavicular con orificio de salida más alto, evidencia que concuerda con las explicaciones ofrecidas por su representado respecto a la forma accidental en que se disparó el fusil, pese a lo cual el Tribunal Superior insiste en que el disparo “se hizo a quemarropa y en forma horizontal”. Alude a que el fallo de condena se basó únicamente en la ausencia de credibilidad otorgada a las intervenciones del implicado, pasando por alto el Tribunal Superior que en la indagatoria rendida ante la justicia penal militar no estaba siendo interrogado por el delito de Homicidio ni por funcionario competente, por cuanto para ese momento se desconocía su ocurrencia, circunstancia que imposibilitó ejercer su defensa. Por tal motivo, estimó el Letrado que se trataba de una prueba nula de pleno derecho que debía ser excluida de la actuación. Aseguró que el desconocimiento de los planteamientos en mención, esgrimidos en desarrollo del debate oral, dio lugar a un fallo adverso a los intereses del justiciable y, en virtud de esa trascendencia, reclama que se decrete la nulidad para que se dicte el fallo de reemplazo o se disponga del envió de la actuación al

Tribunal de origen con el fin de que reponga la actuación.

4.- CONCEPTO.

El reproche finca exclusivamente en defectos de motivación de la sentencia de condena. En la actualidad no existe un precepto superior de contenido idéntico al del 163 de la Constitución de 1886 que de manera perentoria exigía la motivación de las sentencias, pero es indiscutible que esa obligación para el operador jurídico nace del principio republicano, es propia del Estado Social de Derecho, y según el Órgano jurisdiccional de la casación, Sala Civil, surge del principio de publicidad de la actuación judicial, explícitamente reconocido por los artículos 29 y 228 de la Constitución Política de 1991 . Ninguna duda existe que una de las expresiones del debido proceso en materia penal es la motivación de las decisiones que se adopten en su desarrollo, pues, la función jurisdiccional sólo se justifica cuando expresa con lógica racional el ejercicio del poder con que actúa, posibilitando su control a través de los recursos en ejercicio del derecho de contradicción, es decir, dejando de lado la arbitrariedad, de modo tal que cuando esta motivación resulta incompleta, ilógica e incoherente acarrea el remedio de la nulidad para precaver el derecho del afectado. La manifestación concreta de las razones claras, adecuadas y suficientes por las que se emite una providencia en un sentido determinado, otorga a las partes la oportunidad de establecer si se ajusta o no a la ley, o si armoniza o no con los fines señalados en la misma, así como de obtener información que les permita fundadamente acudir a los mecanismos de impugnación encaminados a su control

jurídico y a la defensa de sus derechos, en caso de ser necesario, de manera que toda determinación debe estar razonablemente motivada. En el orden legal, el artículo 170 del Código de Procedimiento Penal que rigió el asunto, entre los requisitos que señala toda sentencia, exige no sólo el resumen de la acusación y la calificación jurídica de los hechos sino también la síntesis de los alegatos presentados por los sujetos procesales, su análisis y valoración jurídica de la prueba en la que ha de fundarse la decisión. También el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) dispone que las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados por los sujetos procesales. De este plexo normativo se deriva el deber de los jueces de pronunciarse sobre todos los aspectos solicitados por los sujetos procesales, porque no se puede desconocer que la motivación de la sentencia legitima la función jurisdiccional, ya que ésta sólo se justifica en cuanto no es arbitraria, sino que expresa con lógica racional el ejercicio del poder que actúa, posibilitando su control a través de los recursos en ejercicio del derecho de contradicción, de modo tal que cuando esta motivación resulta incompleta, ilógica e incoherente viola el debido proceso y acarrea el remedio de la nulidad para precaver el derecho del afectado. Sin embargo, no es esto último lo que ocurre en este concreto particular porque la sentencia objeto de impugnación es irrefutable que cuenta con la precisión y claridad de las razones de orden probatorio y jurídico que soportan la decisión de

condena. El demandante alega la indebida motivación, porque la considera incompleta; sostiene que en ejercicio del derecho de una defensa eficaz y adecuada insistió durante el curso de la actuación en la configuración de un Homicidio Culposo en lugar del doloso por el que finalmente fue condenado su asistido, y se queja de la falta de pronunciamiento respecto a dicha hipótesis delictiva porque no fue respondida ni sus argumentos específicamente examinados y calificados “al punto de no mencionarlos siquiera”. No se requiere de mayor examen, para advertir en contra del planteamiento del Letrado, que la sentencia del Tribunal Superior abordó el eje central de la discusión que echa de menos, toda vez que al ofrecer las razones por las cuales consideró que se estaba ante la ejecución del delito de Homicidio Doloso, en oposición a lo que había dispuesto el sentenciador de primer grado, descartó de manera expresa y enfática la posibilidad de que el deceso del taxista se hubiera producido de manera accidental. Son estas las razones que expuso: “Asegurar, como lo hizo, en el sentido de que al lanzarse del vehículo se le disparó el arma, cuando probado está que el disparo se hizo a quemarropa y en forma horizontal, es la actitud propia de quien pretende defenderse mintiendo…” (fl. 12 cuaderno del Tribunal) En idéntica forma se refiere el Juez Colegiado al alcance de la prueba técnica de balística, en lo siguientes términos: “La segunda prueba está representada en el dictamen de balística con el cual se demuestra que la trayectoria del proyectil es completamente horizontal, la que jamás se daría con proyectil de arma disparada al azar, a corta distancia y desde

un plano completamente inferior a aquel en el cual está la víctima y según la versión amañada del procesado”. El casacionista cuando discrepa de dicho análisis y valoración, no hace más que desconocer las orientaciones del principio lógico de no contradicción, en cuanto pone en evidencia que en realidad no hubo falta de pronunciamiento respecto a ese concreto particular, y en su afán de señalar el yerro no hace cosa distinta a la de ahondar sus propias conclusiones sobre el alcance de ese específico medio probatorio, lo cual implica la mezcla de argumentos propios de la causal primera, con total desapego a la autonomía de cada causal conforme se exige en sede de casación. Para llegar a la convicción de la certeza de la configuración del ilícito de Homicidio doloso y descartar por completo la estructuración de su modalidad culposa, el sentenciador de segunda instancia se refirió párrafos más adelante a la misma situación en los términos que se precisan a continuación: “Ahora bien; si ese miedo insuperable motivo de no responsabilidad penal y eximente de sanción no existió, aparentemente quedaría el homicidio sin una motivación seria. Pero no es así, frente a lo siguiente: “El acusado resolvió dejar el servicio militar a como diera lugar y, conciente de que la evasión le traería más problemas, tuvo la idea de irse muy lejos, pues, era mentira aquello de ir a un batallón cercano a entregarse. Para lograrlo, no tenía otro medio que el servicio que pudiera prestarle el taxista y está bien establecido que éste, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, pretendió no colaborar y esa fue su desgracia. No hay duda, entonces, que el procesado llevó a cabo actos

intimidatorios para lograr su objetivo y, ante la resistencia, desaseguró el arma y disparó. Ya frente al Juez Penal Militar lo había admitido. Con la suficiente claridad aseguró que, al ver que el taxista se resistía a continuar, le advirtió que no se arriesgara ya que el necesitaba continuar. En estos términos lo manifestó: ‘…yo le dije que no fuera a hacer eso que yo no sabía que era lo que estaba haciendo y que lo podía lastimar, lo único que hice fue disparar el Fusil sin mirar a donde le pegué…’. La forma como esta Sala valora la prueba deja claro el actuar del procesado, esto es, que accionó el arma y, con el proyectil de la misma, produjo la herida mortal. Así mismo, que el soldado actuó de manera intencional, pues pretendía, que el taxista continuara el viaje a Medellín, ciudad de destino según se deduce del contenido de las actas de las diligencias practicadas. Ha insistido el hoy absuelto que no quería, ni quiso matar al taxista; que desaseguró el fusil y lo disparó sin mirar; versión que riñe con lo probado en relación con el poco espacio, escenario del crimen, pues, los dos protagonistas solo estaban separados por centímetros y, además, la longitud de un fusil, llena esa distancia. Y si se admitiera que en su mente no existió esa idea de acabar con la vida del señor Jaime Humberto Gómez Gómez, la verdad es que el solo hecho de disparar esa clase de arma y a esa distancia, lo llevaba a asumir los resultados. Es lo que se ha conocido como dolo eventual…” Dos son las maneras que se pueden distinguir sobre la manera de dar respuesta a

los cuestionamientos y pretensiones de las partes, la más ortodoxa de carácter explícita, y otra que suele denominar la doctrina “implícita” cuando la argumentación del Tribunal para expresar su convicción sea de tal naturaleza que la haga incompatible con la pretensión deducida por las partes, y en el evento objeto de estudio, conforme a las consideraciones del juzgador de segunda instancia transcritas, ninguna incertidumbre existe en torno a que el planteamiento defensivo del Letrado obtuvo una clara y contundente respuesta explicita. Establecido que el requisito de la motivación que se exige de toda sentencia fue suficiente y no incompleto tan sólo por la insatisfacción de las expectativas del defensor, el cargo se debe rechazar.

5.- PETICIÓN.

Son suficientes las consideraciones que anteceden, para sugerir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que desestime el único cargo de la demanda y NO CASE, por consiguiente, la sentencia objeto de impugnación. Atentamente,

ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA

Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá D. C., 15 de diciembre de 2006 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 29 de abril de

1988. M.P. Hector Marin Naranjo.