PGN - JUEZ - Valoración de sus decisiones que pueden representar una afectación del buen n

0 Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: IUS-2007-301404-IUC-168498

Investigado: ALVARO ARCHBOLD NUÑEZ

Cargo: Gobernador Departamento de San Andrés, Isla Quejoso: Juez Segundo Civil del Circuito Fecha Queja: Noviembre 21 de 2007

Fecha Hechos: Abril 23 2007

Asunto: Fallo de Primera Instancia.

Bogotá, D.C. 24 de Agosto de 2009 ASUNTO A TRATAR No observándose causal de nulidad que pudiera invalidar la actuación, cumplidas a cabalidad las etapas procesales y con fundamento en las reglas de competencia consagradas en la ley 734 de 2002 y Decreto ley 262 de 2000, se procede a fallar la presente investigación disciplinaria contra el señor Álvaro Archbold Núñez, en su condición de Gobernador del Departamento de San Andrés, Isla, para la época de los hechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la ley 734 de 2002. ANTECEDENTES Mediante queja suscrita por la doctora Shirley Walter Álvarez, Juez Segundo Civil del Circuito de San Andrés contra el Gobernador de ese Departamento doctor Álvaro Archbold Núñez, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor Adalberto Castillo Román contra el Departamento de San Andrés, sentencia proferida por la Juez Segundo Civil del Circuito el 23 de abril de 2007, cuya inconformidad motivó al señor Gobernador de ese ente territorial a acudir a la cadena radial nacional la W

filial de Caracol Radio, el 27 de abril de ese mismo año en el horario de las nueve de la mañana a realizar falsas e injuriosas imputaciones en contra de la Juez Segundo Civil del Circuito, sosteniendo que las razones del sentido del fallo de tutela fueron intereses personales y políticos, el primero, por

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co haberse generado, según su dicho un tema casi de enemistad de la funcionaria hacia el Gobernador, y el segundo, por recibir influencias políticas del Grupo Gallardo. Mediante auto de fecha 31 de enero de 2008, esta Delegada profirió apertura de investigación contra el Gobernador de San Andrés, Isla, y comisionó a la regional de San Andrés para la práctica de las pruebas. III IDENTIFICACIÓN DEL IMPLICADO ALVARO ARCHBOLD NUÑEZ. Identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.241.292 de San Andrés, Isla, en su condición de Gobernador del Departamento de San Andrés, Isla, para el periodo de 2005 a 2007, habiéndose posesionado el 11 de agosto de 2005. IV DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS En las que se fundamentaron los cargos y la presente decisión, siendo debidamente allegadas de manera legal y oportuna a la presente investigación disciplinaria. 1) Diligencia de versión libre del doctor Álvaro Archbold Núñez, en la que manifestó sobre los hechos materia de investigación, que el señor Adalberto

Castillo Román en forman temeraria manifestando obrar en nombre propio y en el de la Asociación de Usuarios de CAJASAI en contra del Departamento que representaba, alegando que se le habían violado los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho a la defensa. El Juzgado Segundo Civil del Circuito con fecha 23 de abril de 2007, ordenó tutelar los derechos del accionante. El ente accionado impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue revocado en su integridad por el Honorable Tribunal Superior del Distrito

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co Judicial, teniendo como fundamento que el aquo no debió pronunciarse acerca de la tutela, porque el accionante Adalberto Castillo Román, actuó como persona natural y no como representante de la Asociación de Usuarios de CAJASAI, como tampoco actuó como agente oficioso de otras personas afectadas por decisión de cambiar de administrador; además, no se demostró trato indigno que le afectara la salud y el derecho a la vida digna, pues no manifestó el accionante padecer enfermedad o tratamiento en curso con negativa al suministro de medicina o sujeto a la larga espera para atención médica o que no halla sido atendido oportunamente por Caprecom EPS-S por lo que no hay amenaza actual o inminente de su derecho a la salud y a la vida digna debidamente probado. La afiliación forzosa obedeció al retiro voluntario de CAJASAI caso en el cual era procedente en términos del artículo 23 del acuerdo 244 de 2003, por lo que

era necesario la expedición de la Resolución 1528 de 2007 para garantizar la continuidad del servicio. El señor Gobernador se refiere al hecho de que esta tutela fue publicitada de manera permanente a través de los diferentes medios de comunicación radial, escrito y de televisión, tanto a nivel nacional como a nivel local. Este fallo fue considerado por el abogado el doctor Jaime Granados Peña como ostensiblemente prevaricador formulando denuncia penal contra la Juez Segundo Civil del Circuito de San Andrés, radicado en la Fiscalía en Bogotá. Ante este hecho la Juez interpuso tutela al no haber logrado que el exgobernador rectificase lo manifestado ante lo cual el Tribunal consideró que no era tutelable negando la petición de la doctora Shirley Walter Álvarez. Afirma que en ningún momento agredió a la Juez ni la violentó, y que simplemente tratándose de un hecho público tanto a nivel local como nacional respondió a los medios de comunicación que solicitaban sus explicaciones. Manifiesta que entre la doctora Shirley Walter Álvarez y el Gobernador existe enemistad grave desde el año 2002 cuando era Asesora Jurídica del Departamento y en virtud de la suspensión por parte de la Procuraduría del doctor Ralph Newball Sotelo, en el cargo de Gobernador y encontrándose encargado, se declaró insubsistente del cargo

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co que ocupaba la quejosa en la Gobernación, motivo por el cual ella ha debido declararse impedida en este y en todos los procesos en donde el

investigado tenga interés legitimo de la causa. 2) Copia de la acción de tutela proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Andrés, Isla, de fecha 15 de diciembre de 2006. 3) Copia de la acción de tutela del Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Andrés, Isla de fecha 23 de abril de 2007. 4) Declaración del señor Fernando Correa Echeverri, sobre la conducta de la quejosa. 5) Declaración Maximiliano Newball Escalona, exponiendo referencias sobre la conducta de la Juez Segundo Civil del Circuito. 6) Resolución emanada de la Fiscalía Quinta delegada ante el Tribunal de Cartagena, de fecha 18 de enero de 2008, por medio de la cual se dispuso inhibirse de abrir investigación contra la Juez Segundo Civil del Circuito, por inexistencia del hecho denunciado por el señor exgobernador. 7) Copia de la acción de tutela de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Andrés, en la que revoca la sentencia de fecha 24 de mayo de 2007, instaurada por la doctora Shirley Walter Álvarez, en contra del Gobernador del Departamento de San Andrés, Isla, doctor Álvaro Archbold Núñez, y en la que expuso en la parte considerativa que los “funcionarios judiciales siempre deben considerar que están expuestos a que la comunidad ejerza un control jurídico de sus decisiones, e incluso, si a su juicio consideran que las mismas son contrarias a la ley, pueden, y aún más, están en el deber de denunciar y no puede por ello concluir que se están atacando o degradando su buen nombre,

simplemente, se le está sometiendo al debido control legal que puede pedir la sociedad, y cada ciudadano como su miembro sobre sus decisiones; otra cosa es, que si se equivocan en sus juicios o apreciaciones sobre sus actuaciones deben correr con las consecuencias legales que acarea dicho

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co comportamiento o equivocación (acción penal por falsa denuncia contra persona determinada y acción civil indemnizatoria). Así las cosas, la sentencia de primera instancia deberá ser revocada al no existir un perjuicio inminente, grave o urgente que se deba contener con la acción de tutela y que no pueda ser dirimido por la vía ordinaria, que es la penal, a la cual puede acudir la accionante” ( fls. 48 a 60). 8) Transcripción a texto de un casete, por parte de la Dirección Nacional de Investigación Especiales de la Procuraduría General de la Nación, “respecto a su comunicación fechada el 30 de abril de 2007, en la cual solicita me retracte de mis declaraciones debo decirle lo siguiente: de ninguna manera accedo a su petición, toda vez que lo denunciado por mi en los medios de comunicación se funda en hechos absolutamente verdaderos, por ello mis denuncias no han sido solamente públicas y ante medios de comunicación sino también han sido penales y se han dirigido a la Fiscalía General de la Nación, entidad que determinará si como yo afirme usted prevaricó o por el

contrario su conducta es atípica, entretanto su solicitud resulta no solo desacertada sino sobre todo impertinente, pues como ciudadano que soy y como victima de un delito de prevaricato estoy en mi derecho de denunciar los hechos de los cuales fui victima como Gobernador y representante legal del Departamento de San Andrés, Isla” (fls. 157 y 158). PLIEGO DE CARGOS El auto de Pliego de Cargos, obrante a folios 167 a 174, contiene los siguientes aspectos: Cargo Formulado A folio 19 obra recorte del periódico el Archipiélago Press donde el investigado manifiesta “que a su juicio la Juez prevarico por que en ningún momento se negó el derecho a la salud del usuario”.

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co A folio 41 del cuaderno de anexos obra la diligencia de versión libre del investigado en la que manifiesta lo siguiente: “cuyos hechos puse en conocimiento ante la opinión publica por cuanto de bulto saltaba el prevaricato”. Las afirmaciones efectuadas por el investigado atentan contra los derechos fundamentales al buen nombre y honra, realizadas en varios medios de comunicaciones radiales, escritas y televisadas, frases que la tildan de una funcionaria judicial parcializada, además el escrito de respuesta negativa a la rectificación solicitada del 2 de mayo de 2007, que difundió en todos los medios de comunicaciones radiales y escritos en lo que no hizo otra cosa

que ratificar sus declaraciones de agresión contra la Juez. Normas Violadas Falta y Culpabilidad Constitución Política – Art. 4: “Es deber de los nacionales residentes en Colombia acatar la Constitución y las leyes”. Art. 6: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Art. 123: “Los servidores públicos están al servicio del estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y los reglamentos”. Art. 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad, eficacia”.

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co

DE LA LEY 734 DE 2002

Art. 23: Falta Disciplinaria – Constituye falta disciplinaria la incursión en conductas o comportamientos previstos en la ley que conlleven incumplimientos de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del C.U.D. Art. 34: Son deberes de todo servidor. Numeral 1: “Cumplir y hacer que se cumpla los deberes contenidos en la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales”.

Numeral 6: “Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”. Artículo 35 – Prohibiciones: A todo servidor público le está prohibido: Numeral 1: “Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes (…)” Numeral 28: “Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero”.

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co CULPABILIDAD La conducta se calificó provisionalmente en el pliegos de cargos de conformidad con los criterios establecidos para determinar la gravedad o levedad de la falta, indicados en el artículo 48, numeral 19 de la ley 734 de 2002 (…) agredir gravemente a las autoridades legítimamente constituidas en ejercicio o con relación a las funciones, razones que llevan al despacho a calificar de manera provisional la falta como Gravísima, a titulo de dolo, en razón a que el doctor ÁLVARO ARCHBOLD NUÑEZ, en su condición de Gobernador del Departamento de San Andrés y Providencia, aprovechando tal condición difundió por los medios radiales y televisivos frases

calumniosas en la que tilda de prevaricadora a la Juez por haberse pronunciado de manera adversa a los intereses del señor Gobernador. “Se entiende por culpabilidad o responsabilidad plena el juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa a la gente la realización de un injusto penal (ilícito disciplinario), pues dadas las condiciones de orden personal y social imperantes en el medio donde actúa se encuentra en posibilidad de dirigir su comportamiento acorde con los requerimientos del orden jurídico y no obra pudiendo hacerlo. Se trata, entonces, de un juicio de carácter eminentemente normativo fundado en la exigibilidad, idea que preside toda la concepción de la culpabilidad y en virtud de la cual el agente debe responder por su comportamiento (…) por no haber actuado conforme a la norma que determina el deber funcional”. Para que haya culpabilidad se necesita la imputabilidad, el dolo o la culpa y la exigibilidad, siendo esta última un aspecto normativo (Lecciones de Derecho Disciplinario, volumen 1, páginas 55 y 59).

DESCARGOS Y ALEGATOS

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co El disciplinado Álvaro Archbold Núñez presenta las siguientes exculpaciones, obrantes a folios 39 a 46 del cuaderno de anexos, así: “Con motivo del retiro voluntario de CAJASAI EPS-S de la prestación del servicio de aseguramiento en el Departamento y al haber ordenado la redistribución de afiliados a otras aseguradoras presentes en el

Archipiélago, y obrando y respetando el debido proceso tal como lo certifica la Superintendencia de Salud en visita de inspección efectuada en San Andrés, de manera temeraria el señor ADALBERTO CASTILLO ROMAN, manifestando obrar en nombre propio y en el de la Asociación de Usuarios de CAJASAI en contra del departamento que representaba, alegando que se le habían violado los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho a la defensa, el Juzgado Segundo Civil del Circuito con fecha 23 de abril de 2007, bajo la titularidad de la doctora SHIRLEY WALTERS ALVAREZ, ordenó tutelar los derechos del accionante”. “El ente accionado impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue revocado en su integridad por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial, teniendo como fundamento lo siguiente: 1) Que el aquo no debió pronunciarse acerca de la Tutela, porque el accionante ADALBERTO CASTILLO ROMAN, actuó como persona natural y no como representante de la Asociación de Usuarios de CAJASAI, como tampoco actuó como agente oficioso de otras personas afectadas por la decisión de cambiar de administrador. 2) Que no se demostró trato indigno que le afectara la salud y el derecho a la vida digna, pues no manifestó el accionante padecer enfermedad o tratamiento en curso con negativa al suministro de medicina o sujeto a larga espera para atención médica o que no halla sido atendido oportunamente por Caprecom EPS-S por lo que no hay amenaza actual o inminente de su derecho a la salud y a la vida digna debidamente probado.

1. Que el derecho a la libertad de afinación no se conculco porque la afiliación forzosa obedeció al retiro voluntario de CAJASAI caso en el cual era procedente en términos del artículo 23 del acuerdo 244 de 2003, por lo que era necesaria la expedición de la Resolución 1528 de 2007 para garantizar la continuidad del servicio”.

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co “El fallo proferido por la doctora SHIRLEY WALTERS ALVAREZ fue considerado por mi abogado el doctor JAIME GRANADOS PEÑA como ostensiblemente prevaricador formulando denuncia penal contra la Juez Segundo Civil del Circuito de San Andrés y Providencia radicado en la Fiscalía de Bogotá cuyos hechos puse en conocimiento ante la opinión pública por cuanto de bulto saltaba el prevaricato, ante una tutela que no debió ni siquiera ser admitida por la Juez”. El doctor DAVID ESPINOSA ACUÑA, en escrito de descargos, (obrantes a folios 182 a 187) y en representación del doctor ALVARO SEGUNDO ARCHBOLD ALVAREZ, se permite disentir de los criterios expresados en el auto de formulación de cargos por varias razones así: “La presente investigación se inicia por la queja que presentara en contra de mi defendido la doctora SHIRLEY WALTER ALVAREZ, por unos hechos que fueron ya conciliados con ella ante la Fiscalía General de la Nación, a la espera de una publicación que materializara la extinción de la acción penal.

Sobre el pliego de cargo aunada a una declaración testimonial que termina no testificando sino dando una opinión respecto de lo que el testigo “cree”, la Procuraduría procede a proferir pliego de cargos contra de mi defendido al considerar que él, con su conducta, vulneró los artículos 4, 6, 123 y 209 de la Constitución Política, así como los artículos 23, 34 numerales 1 y 6 y 35, numerales 1 y 28… Mi representado nunca tuvo “animus injuriando” en contra de la doctora Shirley Walter Álvarez (por lo que su conducta no puede ser dolosa). Cuando el manifestó que existía una enemistad manifiesta, esa era su verdad (verdad moral) pues eso era lo que él entendía respecto de un episodio del pasado, pero nunca lo dijo con la intención de influir una decisión.

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co El nunca manifestó que el fallo de la quejosa obedecía a influencias políticas del grupo Gallardo. El nunca llamó a los medios de comunicación. A él lo llamaron… Así pues, se recuerda que con motivo del retiro voluntario de la Caja de Compensación de San Andrés, CAJASAI EPS-S, un ciudadano interpuso una acción de tutela que fue resuelta por la hoy quejosa Shirley Walter Álvarez, ordenando proceder en un sentido que, según criterio de mi representado, no solo violaba frontalmente la ley, sino que, además, comprometía de manera seria el orden social del Departamento por poner

en riesgo el servicio esencial de la salud de los habitantes de la Isla… Es de mencionarse que esa decisión judicial, estaba acompañada de un plazo perentorio para su cumplimiento de 48 horas, so riesgo de ser declarado en desacato y arrestado… Dada la trascendencia del tema de la salud, los medios de comunicación se comunicaron con mi representado y éste, para darles un parte de tranquilidad, les manifestó (sin animo de ofender a nadie) lo que sus abogados le habían indicado, que se impugnaría y que se denunciaría penalmente por prevaricato por tratarse de una decisión que contradecía abiertamente la ley… Retomando entonces los elementos estructurales del delito de calumnia que se proponen como base de la falta imputada a mi poderdante, deviene en evidente que la conducta de mi representado es objetivamente ATIPICA, pues cuando el refirió que la doctora Shirley Walter Álvarez había cometido el delito de prevaricato, él no tenía animo alguno de ofender a la quejosa en su honra y dignidad y para mi representado (su creencia subjetiva) la conducta delictuosa atribuida no era falsa pues, por el contrario consideraba tener suficientes argumentos normativos y jurisprudenciales”.

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co VALORACIÓN PROBATORIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO El Despacho procede al análisis de las exculpaciones, mediante los

siguientes argumentos: El ente accionado impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue revocado en su integridad por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial, teniendo como fundamento que el aquo no debió pronunciarse acerca de la tutela, porque el accionante Adalberto Castillo Román, actuó como persona natural y no como representante de la Asociación de Usuarios de CAJASAI, como tampoco actuó como agente oficioso de otras personas afectadas por decisión de cambiar de administrador; además, no se demostró trato indigno que le afectara la salud y el derecho a la vida digna, pues no manifestó el accionante padecer enfermedad o tratamiento en curso con negativa al suministro de medicina o sujeto a la larga espera para atención médica o que no halla sido atendido oportunamente por Caprecom EPS-S por lo que no hay amenaza actual o inminente de su derecho a la salud y a la vida digna debidamente probado, la afiliación forzosa obedeció al retiro voluntario de CAJASAI caso en el cual era procedente en términos del artículo 23 del acuerdo 244 de 2003, por lo que era necesario la expedición de la Resolución 1528 de 2007 para garantizar la continuidad del servicio (fls. 204 a 215). Estos hechos puso en conocimiento ante la opinión pública por cuanto de bulto saltaba el prevaricato, ante una tutela que no debió ni siquiera ser admitida por la Juez. Ante este hecho la Juez interpuso tutela al no haber logrado que el investigado rectificase lo manifestado ante lo cual el Tribunal consideró que no era tutelables negando la petición de la doctora Shirley

Walter Álvarez (fls. 48 a 60 ). Sobre la Calumnia-, indicó el apoderado del implicado que tal delito tiene especial característica que la Procuraduría no puede ignorar. La primera, que no puede hablarse del punible sin que la víctima acuse el efecto que le ha producido a su honra la declaración que juzga injuriosa y la proponga

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co como tal ante los jueces de conocimiento, para referir que una tutela no es una instancia penal; tanto la Procuraduría como el juez de tutela expresaron que la providencia no era sancionatoria y que él no había sido condenado por dichos reatos, por lo que a falta de acción penal del calumniado, nadie puede, ni siquiera esta entidad, sostener la tesis de que cometió el delito. Sin lugar a dudas, el disciplinable no actuó con el ánimo de injuriar, pues en su calidad de Gobernador emitió aquélla expresión en contra de la providencia de la Juez de la Tutela; la demanda que interpone la señora funcionaria manifiesta que el demandado realizó falsas e injuriosas imputaciones en su contra, sosteniendo que las razones del sentido del fallo de tutela en mención, fueron intereses personales y políticos. Sin embargo, el investigado se funda en hechos absolutamente verdaderos, por lo que insiste que sus denuncias no han sido solamente públicas y ante medios de comunicación sino que también han sido penales y se han dirigido a la

Fiscalía General de la Nación, entidad que determinará si con lo afirmado se prevaricó o por el contrario su conducta es atípica. Como lo afirma el investigado, por haber sido víctima de un delito de prevaricato le daba el derecho de denunciar los hechos como Gobernador y representante legal del Departamento de San Andrés y Providencia por todas las vías que se consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés y Providencia, lo dijo en su providencia que revocó la sentencia del 24 de mayo de 2007 instaurada por la doctora Shirley Lolita Walter Álvarez, contra el Gobernador del Departamento de San Andrés, Isla, doctor Álvaro Segundo Archbold Núñez, (fls. 48 a 60) “los funcionarios judiciales siempre deben considerar que están expuestos a que la comunidad ejerza un control jurídico de sus decisiones, e incluso, si a su juicio consideran que las mismas son contrarias a la ley, pueden, y aún más, están en el deber de denunciar y no pueden por ello concluir que se está atacando o degradando su buen nombre, otra cosa es, que si se equivocan en sus juicios o apreciaciones sobre sus actuaciones deben correr con las consecuencias legales que acarrea dicho comportamiento o equivocación (acción penal por falsa denuncia contra persona determinada y acción civil indemnizatoria)”.

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En el proceso penal llevado ante la Fiscalía se llegó a una conciliación entre ambas partes, a la espera de una publicación que materializará la extinción de la acción penal. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la falta imputada inicialmente es inexistente tanto en el campo objetivo como subjetivo, por lo tanto el fallo a proferir es absolutorio. También es del caso analizar, que para que sea procedente la aplicación de una sanción disciplinaria, es requisito fundamental que obre prueba dentro del proceso que conduzca a la certeza de la falta y a la responsabilidad del disciplinado, es decir deben demostrarse objetivamente los presupuestos que estructuren una conducta esto es, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Dada la inexistencia de instrumentos probatorios para demostrar la existencia de la falta disciplinaria en que presuntamente hubiere incurrido el funcionario investigado; pues la prueba se erige como un instrumento jurídico fundamental en la búsqueda de la verdad real o material de los hechos que le interesan y sirven de sustento. En este orden de ideas, encuentra el despacho que no existe merito para seguir con la investigación disciplinaria en el presente asunto contra el doctor, Álvaro Archbold Núñez razón por la cual es dable aplicar lo establecido en el articulo 170 de la ley 734 de 2002, en el sentido de dar por terminado el proceso. En mérito de lo expuesto, la PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, RESUELVE: PRIMERO.- ABSOLVER disciplinariamente al doctor, Álvaro Archbold Núñez (C.C. 15.242.292), en su calidad de Gobernador del Departamento

de San Andrés, para la época de los hechos, en razón a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

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Carrera 5 No. 15-80. Piso 8 Fax 5878750 Ext 10896 WWW.procuraduria.gov.co SEGUNDO: Por Centro de Notificaciones, notificar de esta decisión al doctor ALVARO ARCHBOLD NUÑEZ, domiciliado en la avenida 20 de Julio al lado del Colegio Cajasai de esa localidad.

TERCERO: No se comunica esta decisión al quejoso por tratarse de un funcionario público.

CUARTO: Por secretaría de este despacho líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFIQUESE, Y C Ú M P L A S E

ALBA CRISTINA GRUESO SANCHEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Exp: IUC-168498-07-IUS-2007-301404

A.C.G.S L.. O. S.

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