PGN - JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ - Organización

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCION POPULAR-Protección de derechos e intereses colectivos a la seguridad social ACCION POPULAR-Naturaleza jurídica ACCION POPULAR-Consagrada en el artículo 88 de la constitución política de colombia JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Organización JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Importancia del dictamen, según la corte constitucional JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Son organismos del sistema de la seguridad Social del orden nacional Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12768 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero

CONCEPTO No. 1/ 2019

Bogotá, Enero 16 de 2019

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

E. S. D.

EXPEDIENTE: 850012333000201600269 02

Acción: Acción Popular

ACTOR: Defensoría del Pueblo.

DEMANDADO: Nación – Ministerio de la Protección Social.

Sentido del concepto: solicitud de confirmar la sentencia de primera instancia / Se vulneraron los derechos colectivos de la seguridad social / Los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el sistema de seguridad social en Colombia han sido vulnerados por parte

del Ministerio de Salud a los habitantes del Departamento del Casanare. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. De la demanda y su contestación 1.1.1. Actor La Defensoría del Pueblo, Regional Casanare, presentó acción popular en contra de la Nación - Ministerio de la Protección Social, con el fin de que se protejan los

2 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero derechos e intereses colectivos a la Seguridad Social. En el escrito de la demanda indicó el actor, que se están vulnerado derechos e intereses colectivos, toda vez que, la parte demandada no ha constituido la Junta Médica de Calificación en el Departamento, y la que venía funcionando, le modificó la Competencia a través de la Resolución No 4726 de 2011, cambiándola del Meta al Distrito Capital de Bogotá, generando traumatismo entre los asociados de dicha región y con ello, vulnerar el derecho e interés colectivo a la Seguridad Social. 1.1.2. Ministerio de Trabajo.

Se opuso a las pretensiones señalando que la demora en la creación de las Juntas de Calificación para el Casanare, no es responsabilidad del Ministerio por las siguientes razones:  Realizó el concurso para proveer los cargos de profesionales y en dicho departamento no se inscribió ninguno.  El Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad No 1100103250 – 2013 – 0177600, el 3 de febrero de 2015, dispuso medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los artículos 5, 6, 8 y 9 del Decreto 1352 de 2013, 1 por considerar que se excedió la potestad reglamentaria del Presidente de la República, motivo por el cual, no se pudo continuar con la implementación de la Junta de Calificación de Invalidez en el Casanare.  De igual modo, consideró que la acción es improcedente para atacar la legalidad de un acto administrativo y la Defensoría del Pueblo, no probó la vulneración del derecho colectivo de la población del Casanare, limitándose a atacar la legalidad de la resolución 4726 de 2011. 1 Reglamentó el funcionamiento de las Juntas calificadoras de invalidez. 3 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02

Jaime Castro Borrero 1.1.3. Concepto del Ministerio Público. El Procurador Judicial II ante el Tribunal del Casanare, Indicó que el Ministerio del Trabajo no ha tomado las medidas administrativas necesarias para atender las solicitudes de los usuarios del Casanare, agravando la situación de la población al tener que trasladarse a Bogotá para atender el dictamen de invalidez. Señaló que el artículo 16 de la Ley 1562 de 20122, ordenó que el Ministerio de Trabajo organizara en el término de 6 meses, la estructura y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. Así mismo, esta norma dispuso que el Ministerio tenga a su cargo la integración, administración operativa y financiera, el procedimiento para la expedición de dictámenes y regionalización, con el fin de poner en funcionamiento tales juntas. A su vez, el Decreto 1352 de 2013, reglamentó el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez. Por último, expresó que pese a existir la medida cautelar del Consejo de Estado, el Ministerio tiene la obligación constitucional y legal de brindar a la comunidad del Casanare, el servicio o peritaje de la mencionada junta. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del veintinueve (29) de noviembre de 2017, resolvió declarar que el Ministerio de Trabajo quebranta los derechos e intereses colectivos de los habitantes del Casanare, relacionados con la seguridad y salubridad pública; acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, así como a la seguridad social en salud y acceso efectivo a la

administración de justicia (ley 472 de 1998, art 4), por omitir poner en funcionamiento o cubrir con otras medidas eficaces, el servicio de la Junta Regional de Calificación 2 Modificó el sistema de riesgos laborales y se dictaron otras disposiciones en materia de salud. 4 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero de Invalidez, de conformidad con la ley 1562 ibídem, las pretensiones de la acción, bajo los siguientes argumentos:  El Tribunal dictó una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Trabajo la adopción y aplicación de soluciones para sortear la imposibilidad de conformar una Junta en Casanare, dada la condición impuesta por el Consejo de Estado, que vino a suspender provisionalmente las reglas de la convocatoria del concurso para integrar las juntas regionales pendientes de tal integración. Las medidas decretadas fueron:  Expedir un acto administrativo de habilitación transitoria para que la Junta de Calificación de Invalidez del Meta atienda los requerimientos de los usuarios del Casanare que puedan y quieran ir a Villavicencio, sin perjuicio de continuar atendiendo en la sede Bogotana.  Adoptar medidas de tipo administrativo, con el fin de que se coordine el desplazamiento de los calificadores y con ello, la logística, para que puedan

desempeñar sus funciones, para que los integrantes de cualquiera de otros departamentos, a elección del Ministerio, se desplacen cada tres meses a Yopal, para que evacúen los casos de aquellos ciudadanos que no quieran acudir a la Regional del Meta o a la ciudad de Bogotá. En caso de programarse sesiones en Yopal, al interesado se le debe informar con anticipación no menor a 15 días hábiles y publicarlos en los portales del Ministerio, de las dos juntas, la Defensoría Regional del Casanare y en las carteleras físicas de la Oficina de Apoyo Judicial de Yopal. Para programar alguna sesión, bastará con una solicitud, motivada y justificada de imposibilidad de traslado Bogotá o Villavicencio, para que la misma deba realizarse. Si el número es menor a 5, alternativamente el Ministerio de Trabajo podrá acordar con los interesados subsidiariamente, sus desplazamientos y alojamiento de al menos un día, junto con un acompañante, si las condiciones de edad y salud lo ameritan.  Sostuvo que la Ley 1562 ordenó que en el término de los 6 meses el Gobierno Nacional debía reglamentar la estructura y funcionamiento de las juntas de calificación, incluyendo la regionalización del país, lo que no implica que en cada 5 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Jaime Castro Borrero capital de departamento se tenga que tener una junta, sino, que debía fijar los criterios para definir su operación, por qué, cuáles y cómo deben seleccionarse sus miembros para ejercer funciones públicas por habilitación legal directa. Así mismo, el Tribunal señaló que la sentencia C – 194 de 2013 declaró inexequible la habilitación para que se reglamentara la designación de los integrantes de las aludidas juntas, de manera que, la regionalización del país no se ha excluido del ordenamiento legal. Indicó que el Consejo de Estado cuando suspendió algunos de los artículos del decreto 1352 de 2013, no impidió la regionalización del país, es decir, la definición sobre las ciudades y las jurisdicciones territoriales de las respectivas juntas.  La calificación institucional de la invalidez de los proponentes, es un requisito indispensable para resolver los conflictos obrero - patronales, y los pronunciamientos que hagan estos organismos necesariamente interesan al núcleo esencial de la seguridad social en pensiones y el derecho a la salud. Se trata de un servicio público cuya existencia la ordenó el legislador y como tal, el gobierno debe ejecutar acciones para el funcionamiento, con una distribución razonable de las cargas públicas, de la mano con los principios de necesidad y proporcionalidad. 1.4. Argumentos de la apelación. El Ministerio de Trabajo presentó recurso de apelación contra la sentencia de instancia contraria a sus pretensiones, argumentando para ello lo siguiente:  Una indebida valoración probatoria, pues no existe en el expediente un caso que requiera que los gastos de traslado sean asumidos por los usuarios y en

dado caso, existe la obligación legal de que las EPS y las ARL, asuman los gastos de traslado.  Considera que se vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, en la medida que, no se estudiaron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión, donde se dijo que se estaba atacando vía acción popular, la legalidad de un acto administrativo. 6 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. ¿Con la presente acción popular, se está atacando la legalidad del decreto reglamentario 1352 de 2013, o se está promoviendo para amparar los derechos de una comunidad relacionados con la seguridad social? ¿Las medidas adoptadas por el Tribunal de Casanare en desarrollo de esta acción popular amparan los derechos colectivos a la seguridad social de los habitantes del Casanare? 2.1.1. Problemas jurídicos planteado por el actor popular:  ¿El actuar del Ministerio de la Protección Social, se aleja de la finalidad de los principios Constitucionales y transgrede los derechos colectivos de la seguridad social, afectando de esta manera los derechos a la salud, acceso a la justicia y al

bienestar social? 2.1.2. Problema jurídico planteado por el Ministerio Público:  ¿El Ministerio de la Protección Social, se encuentra facultado para que por medio de un acto administrativo regule la organización de las juntas calificadoras de invalidez, disponga que los usuarios de un departamento sean atendidos por la Junta regional de otro ente territorial? 2.2. Marco teórico 7 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero Se tiene el siguiente: 2.2.1. Acción popular Se encuentra consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, por medio de la cual se expresó que por medio de la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza. En ese orden de ideas, por medio de la Ley 472 de 1998, se reguló todo lo relativo a la acción, definición, competencia y el procedimiento aplicable, allí se dispuso la acción popular como un medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, es decir instituida para evitar el daño contingente y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio de un derecho o interés colectivo

para restituir las cosas a su estado anterior siempre que sea posible. 2.2.2. Derecho colectivo vulnerado. Según el estudio del caso se trata de la “seguridad social”, la cual tiene consagración constitucional en los siguientes términos: “ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. 8 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su

cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones. En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos. Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin

perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo. Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. “ 9 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero Desde el punto de vista legal, la seguridad social se plasmó en la Ley 100 de 1993, y se calificó como un sistema integral en los siguientes términos: “ ARTICULO. 1º- Sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro. Así mismo, se consagraron unos principios rectores, que deben tenerse como referente

en su aplicación y regulación, así: “ ARTICULO. 2º- Principios. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación: a) Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente; b) Universalidad. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida; c) Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el sistema de seguridad social mediante su participación, control y dirección del mismo. Los recursos provenientes del erario público en el sistema de seguridad se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables; d) Integralidad. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta ley; e) Unidad. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, y f) Participación. Es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto. PARAGRAFO.-La seguridad social se desarrollará en forma progresiva, con el

objeto de amparar a la población y la calidad de vida. Así mismo, se plasmó como un derecho, de carácter irrenunciable, así: ARTICULO. 3º- Del derecho a la seguridad social. El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. Este servicio será prestado por el sistema de seguridad social integral, en orden a la ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los términos establecidos por la presente ley.” 10 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero Y la misma disposición, la calificó como un servicio público de carácter obligatorio, de esta manera: ARTICULO. 4º- Del servicio público de seguridad social. La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. Este servicio público es esencial en lo relacionado con el sistema general de seguridad social en salud. Con respecto al sistema general de pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. A su vez, la Ley 1562 de 2012, vino a plasmar lo relacionado con las Juntas de

Calificación de Invalidez, de la siguiente manera: “ Artículo 42. Naturaleza, administración y funcionamiento de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo. Será conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo, la integración, administración operativa y financiera, los términos en tiempo y procedimiento para la expedición de dictámenes, funcionamiento y la inspección, vigilancia y control de estos aspectos, así como la regionalización del país para los efectos de funcionamiento de las Juntas, escala de honorarios a sus integrantes, procedimientos operativos y recursos de reposición y apelación. Parágrafo 1°. Los integrantes de las Juntas Nacional y Regionales de Calificación de Invalidez se regirán por la presente ley y su reglamentación, actuarán dentro del respectivo período y, en caso necesario, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los nuevos integrantes para el período correspondiente, serán designados de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo. (subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional

mediante Sentencia C-914 de 2013.) Parágrafo 2°. Las entidades de seguridad social y los integrantes de las Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen, serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado. Es obligación de los diferentes actores de los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales la entrega oportuna de la información requerida y de la cual se disponga para fundamentar la calificación del origen, entre las entidades competentes para calificar al trabajador. Parágrafo 3°. El Ministerio de Trabajo deberá organizar dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la estructura y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez como parte de la estructura del Ministerio de Trabajo.” Con respecto al alcance y concepto de los derechos colectivos, el Consejo de Estado ha establecido mediante sentencia de la Sección Tercera.3 “Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley”. De esta manera, la Sala considera que asistió razón al Tribunal al limitar el 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 2003-00861(AP), M.P.: German Rodríguez, del 19 de abril de 2007. 11 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero estudio de la demanda a los derechos colectivos relacionados con un ambiente sano y la salubridad pública, porque “la diversidad étnica y cultural, el territorio, la participación y consulta de las comunidades indígenas” no es un derecho o interés colectivo, susceptible de protección por vía de la acción popular. No sucede lo mismo con el amparo del derecho a la salud declarado por el Tribunal, pues resulta innecesario decretar una orden de protección sobre el mismo cuando se está protegiendo a su vez el derecho a la salubridad pública, atendiendo al concepto de este último, es decir, derecho de la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que garanticen su salud.” Por su parte, la Corte Constitucional mediante fallo de tutela T – 349 del 9 de junio de 2015, reiteró la naturaleza de la seguridad social como un servicio, en los siguientes términos: “…En desarrollo del artículo 47 superior, el Estado está en la obligación de adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, con el fin de prestar atención especializada. Sin que para ello se exija, con sustento en una norma constitucional, una capacidad económica mínima a quienes se encuentran en tales circunstancias, ni que paguen para tener derecho a la evaluación requerida. De los anteriores enunciados normativos se colige que los honorarios de los miembros de las Juntas

Regionales de Calificación de Invalidez y los de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez serán pagados, en todo caso, por la entidad de previsión o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante. Por lo tanto, según la Ley 100 de 1993, no resulta conducente obligar a los ciudadanos a sufragar dichos costos o suspender el trámite del dictamen por dicho concepto. Máxime, si se tiene en cuenta que de la lectura integral de la Constitución se desprende que el servicio a la seguridad social debe ser prestado inmediatamente, por lo que surge la necesidad de evaluación sin que medie condición alguna..” En torno a la importancia del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, la Corte Constitucional, en su fallo también de tutela T – 671 de 2012, señaló lo siguientes: “…Así las cosas, teniendo en cuenta la importancia de la valoración, este tribunal ha determinado que la afectación de los derechos fundamentales de la persona, se da tanto por la negación del derecho a la valoración, así como por la dilación de la misma, ya que, si no se practica a tiempo, puede conllevar en algunos eventos la complicación en el estado físico o mental del sujeto. De esta forma, ambas circunstancias pueden someter a quien requiere de la calificación a una condición de indefensión,[14] pues se requiere de la valoración para conocer cuáles son las causas que determinan la disminución de la capacidad laboral. Se puede concluir entonces, que la calificación de la pérdida de capacidad es una garantía de gran importancia para proteger al trabajador que se ve inmerso en alguna contingencia a causa de su

actividad laboral, la cual debe ser ajustada a los preceptos legales establecidos para ello, y que al no realizar la valoración de la persona cuando su situación de salud lo requiere, por parte de las entidades obligadas a ello, se presenta la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución, entre otros, al no permitir determinar el nivel de afectación de la salud y de la pérdida de capacidad laboral del trabajador…” Con relación a la naturaleza jurídica de la Acción Popular frente a derechos colectivos, el Consejo de Estado4 4 Consejo de Estado, sección tercera, 5 de octubre de 2005, MP: Ramiro Saavedra Becerra, número 15.880. 12 Jaime Castro Borrero Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 12. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO EXP. No 850012331000201600269 02 Jaime Castro Borrero “ El artículo 1 de la Ley 472 de 1998 al señalar el objeto de la ley prescribe que “estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos”; a tiempo que el artículo 2 define las acciones populares como “los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos” y agrega que ellas se “ejercen para evitar el daño contingente, hacer ce