PGN - JURAMENTO - Posición del testigo e imputado frente a este mecanismo

Bogotá, D.C. 22 de marzo de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 337 de la Ley 600 de 2000 y 394 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

Actor: JESUS NELSON PRIETO GUERRERO

Magistrado Sustanciador: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA

PORTO Expediente No. D-6007 Concepto No. 4057 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución y por designación realizada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución No. 049 del 22 de febrero de 2006, al haberse aceptado su impedimento y el del Viceprocurador General de la Nación, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano JESÚS NELSON PRIETO GUERRERO, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1, de la Carta , quien ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad parcial de los artículos 337 de la Ley 600 de 2000 y del artículo 394 de la Ley 906 de 2004, cuyo texto es el siguiente: “ARTICULO 337. REGLAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA INDAGATORIA. La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a informar al sindicado el derecho que le asiste de guardar silencio y la prohibición de derivar de tal comportamiento indicios

en su contra; que es voluntaria y libre de todo apremio; no tiene la obligación de declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge, compañero o compañera permanente; le informará la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente y el derecho que tiene a nombrar un defensor que lo asista, y en caso de no hacerlo, se le designará de oficio. Pero si el imputado declarare Concepto Nº4057 contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo. Si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá por vinculada procesalmente y el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar de este medio de defensa. De todo esto se dejará expresa y clara constancia desde el comienzo de la diligencia” “ARTÍCULO 394. ACUSADO Y COACUSADO COMO TESTIGO. Si el acusado y el coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en este código.” (lo subrayado es lo acusado)

1. Planteamientos de la demanda El ciudadano PRIETO GUERRERO demanda la inconstitucionalidad de la expresión “pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo”, del artículo 337 de la Ley 600 de 2000 y de las expresiones “como testigo” y “comparecerán como

testigos y bajo la gravedad de juramento”, del artículo 394 de la Ley 906 de 2004, porque violan los derechos a la igualdad, al debido proceso y las garantías consagradas en los artículos 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporadas al ordenamiento interno por el artículo 93 constitucional, por las siguientes razones: 1.1. El legislador vulnera el principio de igualdad cuando reconoce al imputado que declara y al testigo, la misma posibilidad de servir de prueba válida contra un tercero, sin advertir que son distintos por su posición y atribuciones en la actuación penal. La diferencia se manifiesta en los siguientes aspectos: 1.1.1. El derecho a no autoincriminarse cobra mayor vigencia respecto del indagado o imputado, quien puede ocultar parcialmente lo ocurrido e incluso mentir como estrategia defensiva legítima para salir librado de las imputaciones que se le hagan, sin que por ello deba enfrentar consecuencias jurídicas negativas. Como el indagado puede callar parcial o totalmente la verdad, el juramento prestado no 2 Concepto Nº4057 garantiza la veracidad de su dicho “dicho apremio-garantía, de esta forma, se ve desnaturalizado en la figura del “coimputado testigo”. Además, el coimputado puede callar total o parcialmente cuando sea interrogado por el defensor del imputado acusado, bajo el amparo del artículo 33 constitucional. Distinta es la posición de quien acude como testigo al proceso, pues tiene la obligación de declarar todo cuanto sepa sobre los hechos investigados, so pena de

verse incurso en delitos contra la administración de justicia. Al prestar juramento el testigo, se obliga legalmente desde el inicio de la declaración a decir toda la verdad sobre el conocimiento que tenga de los hechos investigados, y no puede omitir total o parcialmente la información que posea. 1.1.2. No puede contra interrogarse al imputadodeclarante, en tanto que al testigo si, ya que pueden formularle preguntas todos los sujetos procesales. En este orden, ni el coimputado acusado ni su defensor pueden contra interrogar al otro imputado, en igualdad de condiciones a un testigo ordinario, dado que en el procedimiento fijado en la Ley 600 de 2000, el imputado no puede asistir a la indagatoria de otro, y tampoco puede llamarlo a declarar para tal fin, de acuerdo al artículo 342 íbidem. 1.1.3. Aunque en el trámite consagrado en la Ley 906 de 2004 el imputado declarante puede ser contra interrogado, conserva el derecho a guardar silencio o callar total o parcialmente la verdad para no comprometer su responsabilidad, de tal manera que en realidad el coimputado acusado no tiene la misma posibilidad de contra interrogar al imputado declarante como lo puede hacer frente a cualquier otro testigo. 1.2. Las expresiones acusadas violan el derecho a la defensa consagrado en el artículo 8, numeral 2º literal f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 numeral 3, ordinal e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque la persona acusada por el coimputado no puede llamarlo a declarar con el fin de contra interrogarlo sobre la imputación a él efectuada, pues

según el artículo 394 de la Ley 906 de 2004, el testimonio del imputado se recibe 3 Concepto Nº4057 cuando éste se ofrece a declarar más no cuando sea llamado por el coimputado acusado. 1.3. Lo anterior conduce a una inversión inconstitucional de la carga de la prueba por cuanto ante la imposibilidad de efectuar el contra interrogatorio, el defensor del imputado acusado debe buscar la prueba que demuestre que el procesado testigo no dijo la verdad, y que su defendido es inocente, cuando constitucionalmente la carga de la prueba corresponde al Estado.

2. Problemas jurídicos Al Ministerio Público corresponde determinar lo siguiente: 2.1. Si los artículos 337 de la Ley 600 de 2000 y 394 de la Ley 906 de 2004, otorgan el mismo tratamiento jurídico y valor probatorio al testigo y al coimputado que declara y, de ser así, si ello vulnera el principio de igualdad. 2.2. Si las disposiciones acusadas limitan el ejercicio del derecho a la defensa de la persona contra la cual se formulan las imputaciones, e invierte en su contra la carga de la prueba.

Al respecto la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales considera:

3. Aclaración previa: Existencia de cosa juzgada constitucional relativa Se procede analizar los cargos formulados en esta ocasión contra el artículo 337 de la Ley 600 de 2000, pues aunque en sentencia C-621 de 1998 la Corte Constitucional declaró exequible el contenido normativo ahora demandado, pero incluido en ese momento en el artículo 357 del Decreto 2700 de 1991, el tema

estudiado en esa ocasión dista del ahora planteado por el actor. 4 Concepto Nº4057 Así mismo, aunque las expresiones acusadas del artículo 394 de la Ley 906 de 2004 fueron examinadas y declaradas exequibles por esa Corporación en la sentencia C-782 de 2005, también lo es que en esta oportunidad, los cargos por los que se vuelven a demandar las mencionadas expresiones difieren de los que fueron estudiados en el fallo reseñado. No obstante lo anterior, las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional constituyen un parámetro ineludible para resolver los problemas que plantea en esta oportunidad el actor.

4. Alcance de las normas demandadas. 4.1. Artículo 337 de la Ley 600 de 2000

El artículo 337 de la Ley 600 de 2000 dispone que dentro de la diligencia de indagatoria, si el imputado, informado de sus derechos, decide declarar en contra de otra persona, el funcionario judicial deberá volver a interrogarlo sobre el punto bajo juramento como si se tratara de un testigo. La disposición acusada consagra, de esta forma, el deber excepcional de tomar juramento cuando el imputado formula acusaciones a terceros, el cual tiene por finalidad, de una parte, revestir de credibilidad esas imputaciones o señalamientos que el vinculado realice contra otra persona y, de otra, proteger, a través de la responsabilidad que se asume por el juramento, la honra y el buen nombre de aquel otro a quien le ha sido atribuido un comportamiento ilícito. Como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C616 de 1997, la intención del legislador al consagrar el juramento en casos como el presente es “ exhortar de

manera especial al juramentado, para que su buena fe en la declaración de la verdad sea especialmente observada … es un arbitrio que propende a aumentar la garantía de veracidad en las declaraciones de las partes vinculadas a las causas judiciales, o, en general, de aquellas declaraciones de los individuos que los vinculan jurídicamente frente a terceros”. Y, como lo indicó en la sentencia C-782 se 2005, el juramento “constituye como acto previo una promesa 5 Concepto Nº4057 solemne de sujetarse a la verdad y declararla completa, so pena de la sanción penal que el quebranto de ese juramento traiga consigo” Es decir, mediante el juramento, el imputado que hace sindicaciones contra terceros también compromete su responsabilidad, de tal manera que, al reiterar la sindicación formulada bajo juramento -si así lo haceasume las consecuencias penales que se deriven de la acusación formulada faltando a ese compromiso frente a la verdad. (sentencia C-621 de 1998). El juramento se consolida, entonces, como el mecanismo utilizado por el legislador para garantizar que los imputados, ya sea con el ánimo de exculparse o movidos por sentimientos de odio o por una contraprestación económica, no acudirán en forma indiscriminada e irresponsable a acusar a otros, arrasando impunemente con su honra y buen nombre, derechos igualmente protegidos por la Constitución Política, en el artículo 21. La expresión “ Pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquél punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo” del artículo 337

de la Ley 600 de 2000, no tiene alcance distinto a incorporar el juramento dentro de la diligencia de indagatoria, única y exclusivamente, cuando el imputado ha formulado acusaciones contra terceros que deben ser ratificadas bajo este apremio para ser consideradas y valoradas por el juzgador, en cuanto el juramento se convierte en prenda de veracidad. Es así como, hecha la sindicación por el indagado, como lo dispone el artículo 269 ibidem, “Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento”, e informado de las consecuencias e implicaciones del acto, el procesado nuevamente será interrogado sobre la declaración hecha contra otro, para que bajo la gravedad de juramento la ratifique o no. 4.2. Interpretación constitucional del artículo 394 de la Ley 906 de 2004. 6 Concepto Nº4057 El artículo 394 de la Ley 906 de 2004 permite al acusado o coacusado ser testigo en su propio juicio, en tal evento deberá prestar juramento y será interrogado conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. La Corte Constitucional al abordar el examen constitucional de la disposición acusada en la sentencia C-782 de 2005 señaló que es exequible “en el entendido que el juramento prestado por el acusado o coacusado declarante no tendrá

efectos penales adversos respecto de la declaración sobre su propia conducta; y que, en todo caso, de ello se le informará previamente por el juez, así como del derecho que le asiste a guardar silencio y a no autoincriminarse. Ni del silencio, ni de la negativa a responder, pueden derivarse consecuencias penales adversas al declarante.” En la sentencia referida se dejó en claro que la interpretación constitucional de la norma acusada debe hacerse bajo la perspectiva de que el juramento prestado por el acusado o coacusado genera consecuencias distintas, dependiendo del contenido de su declaración, así: 4.2.1. Cuando la declaración verse sobre su propia conducta, el juramento es una formalidad previa a la declaración, un llamamiento solemne a decir la verdad del cual no pueden derivarse consecuencias jurídico-penales adversas al acusado o coacusado declarante, pues sólo así desaparece la coacción que priva de libertad y espontaneidad a su dicho y queda libre del temor a incurrir en otro delito a propósito de haber prestado el juramento y rendido su propia versión sobre los hechos que se le imputan, aunque calle total o parcialmente en pro de su defensa material, pues el acusado tiene libertad para declarar como lo desee, en cuanto se relacione con su propia conducta y “es legítima su negativa a responder total o parcialmente, ya sea a las preguntas que se le formulen por el juez o a las que se le hagan por la Fiscalía y la defensa en el interrogatorio cruzado propio de un proceso adversarial y de partes, como el que establece el sistema penal acusatorio.”. 7 Concepto Nº4057

4.2.2. Pero " si en el curso de un proceso el acusado o el coacusado deciden declarar sobre hechos criminosos atribuidos a un tercero, tal declaración será recibida como un testimonio, sujeta a las formalidades y excepciones propias del mismo, conforme a la Constitución y a la ley, y con las consecuencias jurídicopenales que correspondan en caso de faltar a la verdad o de callarla total o parcialmente.” (resaltado fuera del texto)

5. El legislador no violó el principio constitucional de igualdad, pues cuando el procesado declara en su propio juicio sobre hechos punibles imputados a un tercero no puede excusarse en el artículo 33 constitucional para faltar a la verdad o callarla total o parcialmente. 5.1. Partiendo de la interpretación anterior, el primer cargo no está llamado a prosperar, por cuanto el juramento y las consecuencias jurídico penales derivadas de faltar a la verdad, callarla total o parcialmente, son las mismas para el testigo o para el procesado que imputa conductas delictivas a terceros, de tal manera que ambos tienen la obligación de declarar todo cuanto sepan sobre los hechos atribuidos a terceros, y no pueden faltar a la verdad ni callarla total o parcialmente. 5.2. El juramento en estos casos atiende a la necesidad de revestir de credibilidad esos señalamientos que el enjuiciado realice contra otra persona y de proteger, a través de la responsabilidad que se asume al prestarlo, los derechos constitucionales a la honra y al buen nombre de aquel otro a quien ha sido atribuido un comportamiento ilícito.

5.3. En este orden, las expresiones acusadas, no tiene alcance distinto a incorporar el juramento y las consecuencias nocivas que devienen de callar o faltar a la verdad, única y exclusivamente, cuando el indagado, acusado o coacusado atribuye conductas delictivas a otro (coacusado o tercero) al declarar ante la autoridad judicial, en la indagatoria o en su propio juicio. 5.4. No son las normas impugnadas las que permiten al procesado hacer imputaciones contra terceros en su propio juicio, ya sea que se encuentren o no vinculados a la misma o a otra actuación penal, pues el indagado o acusado tiene esa potestad independientemente de que se le imponga el apremio del juramento y, 8 Concepto Nº4057 puede acudir a ella como medio idóneo y perfectamente admisible de defensa; además, porque no existe una disposición que le prohíba en forma expresa al acusado declarante hacer esta clase de señalamientos en la indagatoria ni en el juicio; por el contrario, tanto el ordenamiento interno como en el internacional sobre garantías procesales pregonan el derecho del vinculado a expresarse libremente, a ser oído, en ejercicio del derecho a la defensa. Lo que en realidad consagran los preceptos cuestionados, como lo advirtió la Corte Constitucional, es que si se atribuye una conducta punible a otro, el juramento sea prenda de garantía de la verdad y faltar a él, ya sea mintiendo o callando total o parcialmente respecto de ese específico señalamiento, la persona deberá asumir las consecuencias jurídicas adversas. 5.5. Así las cosas, el primer aspecto que argumenta el actor, referido a la

protección que le brinda al procesado el derecho a no autoincriminarse y que impide darle igual tratamiento que al testigo, está completamente desvirtuado y, en este sentido, la supuesta violación del principio de igualdad. Tampoco puede olvidarse que testigo e imputado asumen con el juramento el mismo compromiso de decir la verdad y la misma salvedad, por disposición constitucional, exonera tanto al testigo como al indagado de decir todo aquello que comprometa su propia responsabilidad y la de los parientes señalados en el artículo 33 constitucional, como quiera que el derecho a no autoincriminarse es de todo ciudadano y no ampara exclusivamente a quien se encuentre vinculado a un proceso penal.

6. La norma no restringe el derecho de contradicción y el ejercicio del derecho a la defensa 6.1. El ciudadano PRIETO GUERRERO afirma que el tercero o el coacusado contra el cual declara el procesado, carece de la posibilidad real de contrainterrogarlo, como quiera que éste puede excusarse en el artículo 33 constitucional para faltar a la verdad o callarla total o parcialmente.

9 Concepto Nº4057 6.2. Dentro del contexto del procedimiento fijado en la Ley 600 de 2000, el legislador ha establecido la indagatoria como medio de vinculación y defensa, que se rinde en forma voluntaria y libre de apremio, y en el que por excepción y únicamente en cuanto toca con la declaración en contra de otra persona, debe prestarse juramento, si se quiere dar validez jurídica y credibilidad a la misma; de tal manera que, si efectuada la imputación el indagado decide no prestar el juramento para ratificarla, es decir, decide no avalar su veracidad mediante el

juramento, tiene todo el derecho a proceder de esa forma, aunque ello incida naturalmente en la valoración probatoria que haga el funcionario judicial de su dicho, en cada caso concreto. De acuerdo con el texto acusado del artículo 337 de la Ley 600 de 2000, en el momento en que el indagado formula una acusación contra otro, presta el juramento y absuelve los interrogantes en torno a tal sindicación, no pierde su condición de sujeto procesal, destinatario de la acción penal y por tanto titular de los derechos y garantías constitucionales, sino que concurren en él, de una parte, el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse como procesado que es y, al mismo tiempo, el deber ciudadano de prestar juramento para ratificarse de la declaración que hace contra otro y de asumir las consecuencias de ello, no siendo éste el escenario para definir la controversia doctrinal sobre cómo debe ser calificado o categorizado en ese evento, dentro del esquema procesal de la Ley 600 de 2000. Lo que importa señalar para el análisis del cargo es que la norma sin desconocer su condición de indagado, también impone al procesado la obligación consagrada respecto de los testigos, como es el juramento con el fin de dar validez a las sindicaciones que se formulan contra terceros y comprometer la responsabilidad de quien las hace, sin que por este hecho pueda concluirse, como lo hace el actor, que la ley da el mismo valor a la acusación que hace un indagado y a la que formula un testigo. Simplemente, ante un mismo supuesto de hecho que es la imputación de una conducta delictiva a otro, se exige el mismo requisito a indagado y a testigo: el

juramento y con igual finalidad: garantizar que lo dicho por el indagado se ajuste a la verdad, en cuanto implica una afectación de la honra de quien es acusado y que, 10 Concepto Nº4057 además, el indagado asuma la responsabilidad de lo que sobre este específico punto llegue a declarar. 6.3. Ahora bien, para desvirtuar este cargo en relación con el artículo 394 de la Ley 906 de 2004, bastaría con señalar que, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia CC-782 de 2005, el acusado o coacusado que declara contra otro, no tiene derecho a faltar a la verdad o callarla en relación con el hecho atribuido, ya que, al igual que el testigo, de hacerlo debe asumir las consecuencias jurídico penales de ello, es decir, podría incurrir en un delito. Sin embargo, en punto al derecho de contradicción, es relevante señalar que la norma tiene un escenario de aplicación concreto: el juicio oral, y, en desarrollo de éste, como lo dispone el artículo 393 de la Ley 906, aplicable por disposición expresa del mismo artículo 394 ibidem, la parte afectada, es decir, el coacusado contra el cual se declaró, tiene la posibilidad de contrainterrogar al coacusado declarante y de solicitarle la aclaración o adición de su testimonio, y éste debe responder la verdad. Aún en el evento en que las imputaciones fueran realizadas contra un tercero que no acuda al juicio y no sea parte del proceso, dentro del esquema procesal elaborado a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, la Ley 906 de 2004 le garantiza

el derecho a la defensa, dentro de la acción penal que se derive de esas sindicaciones, toda vez que esa declaración debe ser reiterada en el juicio oral celebrado dentro de este nuevo proceso, pues a diferencia del trámite previsto en la Ley 600 de 2000, no impera en el nuevo esquema el principio de permanencia de la prueba, por el contrario, el principio de inmediación impone su producción o reproducción frente al juez de conocimiento en la audiencia de juicio. 6.4. De otro lado, cuando el imputado o acusado decide formular una acusación contra otra persona, debe hacerlo bajo juramento y al ser interrogado sobre este punto, al igual que el testigo, no puede callar total o parcialmente aquello que le conste sobre la imputación efectuada a ese otro, salvo en cuanto comprometa su propia responsabilidad, la de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, por expresa disposición constitucional (artículo 33). 11 Concepto Nº4057 6.5. De esta forma, el derecho a la defensa del acusado contra el cual rindió declaración el coacusado, en manera alguna se ve cercenado o menguado, pues el ordenamiento procesal le brinda la posibilidad de llamarlo a declarar para contrainterrogarlo y de ejercer el derecho de contradicción. 6.6. Es inadmisible desde el punto de vista constitucional imponer al indagado la obligación de renunciar al derecho fundamental a no autoincriminarse, reconocido en el artículo 33 superior y los artículos 14.3 ordinal g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2. ordinal g) de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, para garantizar el derecho a la defensa de la persona contra la cual declara, como parece sugerirlo el ciudadano PRIETO GUERRERO, así como tampoco es de recibo restringirle al acusado el derecho reconocido en los artículos 14.1. y 8.1. de los citados instrumentos internacionales, a ser oído dentro de la acción penal que se sigue en su contra, de modo que pueda, en ejercicio de su defensa, hacer declaraciones contra otra persona, sólo para privilegiar la protección malentendida del derecho a la defensa de ese otro acusado, el cual conserva todos los derechos, garantías y mecanismos para desvirtuar las imputaciones formuladas por el procesado declarante. Por las razones anteriores, debe desestimarse la demanda presentada por el ciudadano PRIETO GUERRERO contra el artículo 394 ídem por violación de las garantías procesales que integran el debido proceso.

7. No hay inversión de la carga de la prueba 7.1. Aunque a juicio del Ministerio Público es viable dictar fallo inhibitorio por inepta demanda, en relación con este cargo, toda vez que no expone un concepto de la violación de la norma superior que consulte la lógica y se desprenda del contenido material de la disposición impugnada, se expondrán brevemente las razones para desechar tan infundada impugnación constitucional.

12 Concepto Nº4057 7.2. El Ministerio Público no encuentra la razón por la cual, la imposición del juramento cuando el indagado hace imputaciones contra otro, produce una inversión en la carga de la prueba como lo indica el demandante, toda vez que la simple sindicación que haga el imputado, como puede hacerla cualquier

denunciante, tiene como efecto accionar el aparato investigador del Estado en orden a demostrar si lo afirmado por esa persona bajo juramento (ya sea indagado, imputado, acusado, denunciante, o el testigo cuando formula una nueva acusación contra otro), es cierto o no, de tal forma que se establezca, más allá de toda duda razonable, tanto la existencia de la conducta punible atribuida, como la responsabilidad de quien ha sido señalado como autor o participe de la misma. 7.3. Por cuanto la expresión demandada en ningún momento ni expresa ni tácitamente consagra una presunción de culpabilidad o releva al Estado de esa función investigadora, es desacertado afirmar que la declaración del indagado (Ley 600 de 2000) o enjuiciado (Ley 906 de 2004) contra otro es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a éste y trasladar la carga probatoria al coacusado o al tercero contra el cual se hizo el señalamiento. Al margen de lo antes expuesto, el Ministerio Público considera que la valoración de la declaración del imputado contra otro, corresponde a cada juzgador frente al caso concreto, no siendo la exclusión total de este medio de conocimiento, el mecanismo para prevenir una posible mala o inadecuada apreciación probatoria. Además, riñe con la razón que para proteger los derechos de las personas que puedan ser acusadas por el indagado o enjuiciado, el demandante solicite excluir del ordenamiento la norma que precisamente busca garantizar los derechos fundamentales de aquellas, con lo cual quedarían totalmente desprotegidas frente a

señalamientos temerarios que pudiera hacer el procesado en la diligencia de indagatoria del procedimiento de la Ley 600 de 2000, o el acusado o coacusado en el juicio oral que dispone la Ley 906 de 2004.

8. Otras razones para desestimar la demanda:

13 Concepto Nº4057 El cargo presentado contra el artículo 337 de la Ley 600 de 2000 resulta confuso y carece en sí mismo de racionalidad, por varias razones:

1. Se solicita la inexequibilidad de la norma que impone el juramento excepcional al indagado que declara contra otro, con fundamento en las dificultades para el acusado de ejercer su defensa, ya que no puede solicitar la ampliación de indagatoria o citar al procesado como testigo, como si tales restricciones fueren impuestas por la disposición demandada, o surgieren de su existencia, cuando lo que hace es simplemente someter cualquier acusación al apremio del juramento en defensa de los derechos de terceros que pueden verse afectados en su honra.

2. El actor censura el precepto que establece este juramento excepcional, en la medida en que otra disposición, el artículo 342 de la Ley 600 de 2000, no permite al apoderado de quien fue acusado solicitar la ampliación de la indagatoria de quien hizo la imputación, con el fin de interrogarlo sobre la acusación efectuada. Es decir, ataca un contenido normativo que en manera alguna se desprende o depende en mínima medida de la existencia dentro del ordenamiento jurídico de la norma demandada.

3. El cargo se fundamenta en que la imputación que realiza el indagado siempre se

refiere a los mismos hechos a él atribuidos, de tal forma que el tercero acusado se convierte en coimputado dentro del mismo proceso, cuando en realidad el imputado bien puede declarar vinculando a otra persona con los hechos a él imputados, o referirse a comportamientos punibles distintos, evento en el cual el indagado podrá ser llamado posteriormente como testigo en el proceso en donde se investiguen esos hechos atribuidos al tercero, ya sea por el defensor de éste o por el funcionario judicial competente.

4. La argumentación del cargo cae en el absurdo, toda vez que con el ánimo de proteger los derechos de las personas que pueden ser acusadas por el indagado, solicita excluir del ordenamiento una disposición que pretende precisamente garantizarle los derechos fundamentales, ya que de darse el alcance solicitado a

14 Concepto Nº4057 las expresiones acusadas, el juramento no disuadiría al indagado para que se abstuviera de hacer imputaciones contrarias a la verdad (motivado tal vez por sentimientos de odio, con el ánimo de exculparse o por dinero) pudiendo afectar la honra de cualquiera impunemente y, dando lugar incluso a la movilización del Estado para la investigación de conductas delictivas inexistentes, sólo con el fin de perjudicar a terceros.

9. Conclusión Por lo expuesto, se solicitará a la Corte Constitucional declarar EXEQUIBLES las expresiones “ pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo” del 337 de la Ley 600 de 2000, y “como testigo” y “comparecerán como testigos y bajo la

gravedad del juramento”, contenidas en el artículo 394 de la Ley 906 de 2004, por