PGN - JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - Competencia para juzgar controversias de s

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 13 de Mayo de 2008 Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente. Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF. Concepto 08-32. Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación.

Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del

H. Consejo de Estado en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, adversa a sus pretensiones, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público, en su condición de 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563.

Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo, en los siguientes términos:

1. En ejercicio de la acción de controversias contractuales (art. 87 C.C.A.), la Compañía Central de Seguros S.A., presentó demanda en contra del Banco Central Hipotecario – En liquidación, pretendiendo que: “1.- Que se reconozca que el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACIÓN “BCH”, le adeuda a la COMPAÑÍA CENTRAL

DE SEGUROS S.A. la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES

TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS, ($205.320.000,00) por

concepto de descuentos en el pago de la prima de seguro que se encontraban sujetos a la verificación de una permanencia mínima de tres (3) años de la relación contractual. Esta cifra se descompone de la siguiente manera: Total descuento concedido que debe reembolsar $177.000.000.00 IVA $ 28.320.000.00 2.- Que la cifra anteriormente descrita se traiga a valor presente al momento de presentación de la demanda. 3.- Que como consecuencia del reconocimiento de las pretensiones descritas en los numerales anteriores se condene al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACIÓN al pago de la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS, ($205.320.000,00), debidamente actualizada a la fecha. 4.- Que se reconozcan y paguen los intereses moratorios causados desde el día en que se presenta la respectiva demanda hasta el momento en que se satisfaga de manera 2 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. íntegra la deuda reclamada de conformidad con las normas que regulan los topes máximos de intereses moratorios comerciales. 5.- Ordenar al Gerente Liquidador del BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACIÓN “BCH”, o a quien haga sus veces que pague las costas que pudiesen presentarse en el proceso.” (fl. 2 cdno. 1) Narra la demanda que el 14 de junio de 2000 la Compañía Central de Seguros S.A. y el Banco Central Hipotecario

celebraron el contrato de seguros “Póliza Global Bancaria”, tal y como consta en la póliza No. 98, pactándose que “Es entendido y acordado que los reaseguradores / aseguradores / corredores ofrecen un descuento por largo plazo del 7.50% con respecto a cada instalamento anual de prima”, (fl. 3 cdno. 1), estipulación con base en la que la aseguradora otorgó a la entidad bancaria el descuento acordado, en suma de $88’500.000. Mediante anexo de renovación 65 de 27 de julio de 2001, las partes convinieron que “Es entendido y acordado que los reaseguradores / aseguradores / corredores que suscriben e intermedian esta póliza, acuerdan otorgar un descuento por contratación a largo plazo del 7.5% (Base 3 años) con efecto desde el 14 de junio de 2000 en relación con cada instalamento anual de prima comenzando a la iniciación…” (fl. cit); por lo 3 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. tanto, la compañía aseguradora procedió a efectuar para esta vigencia el descuento pactado en suma de $88’500.000. A pesar de haberse pactado una vigencia mínima de tres años, el Banco Central Hipotecario optó por no renovar el contrato de seguros a partir del 14 de junio de 2002, de manera que como el descuento concedido para cada vigencia estaba sujeto a la permanencia mínima del vínculo contractual de tres años,

el Banco Central Hipotecario debe restituir a la aseguradora las sumas de dinero que de manera anticipada descontó a título de descuento.

2. El Banco Central Hipotecario, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de: (i) Falta de jurisdicción (ii) prescripción (iii) caducidad de la acción (iv) falta de legitimación en la causa por activa; e, (v) inexistencia de obligación.

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Banco Central Hipotecario en Liquidación del pago del valor concedido por concepto de descuento por contratación a largo plazo, correspondiente a la póliza global 4 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563.

Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. bancaria No. 098 de 2001 con la renovación No. 065 de 2000 y lo condenó a reembolsar a la Compañía Central de Seguros el valor descontado de la prima durante el periodo comprendido entre el 14 de junio de 2001 y el 14 de junio de 2002; dado que dicho descuento se hallaba condicionado a la duración mínima del contrato por 3 años, pues si el contrato terminaba antes debía cancelarse el valor total de la prima sin ningún tipo de reducción. Uno de los magistrados integrantes de la Sala, salvó el voto pues, a su juicio, esta jurisdicción no es la competente para decidir la litis dado que el contrato de seguro no es un

contrato estatal aún cuando una de sus partes sea una sociedad de economía mixta con capital público superior al 50%. Subsidiariamente considera que no existió incumplimiento por parte del BCH puesto que la no renovación de la póliza es imputable a un acto de autoridad ajeno a la voluntad del banco.

4. Inconforme con esta decisión, el apoderado del Banco Central Hipotecario – En liquidación la apeló con miras que sea revocada pues, y en su lugar declarar probada la excepción de falta de jurisdicción dado que si bien el Banco Central 5 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563.

Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. Hipotecario es una entidad de carácter estatal, se trata de un establecimiento de crédito cuyas operaciones dentro del giro de las actividades propias de su objeto social deben ser conocidas por la justicia ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de

1993. Considera que no se presentó incumplimiento contractual sino que, en razón de su disolución y liquidación

(Decreto 20 de 12 de enero de 2001), el BCH cesó en sus operaciones o sea que dejó de ejercer su objeto social. La parte demandante presentó escrito de apelación adhesiva orientado a que en esta instancia se le reconozca el valor del descuento otorgado por el periodo comprendido entre el 14 de junio de 2000 y el 14 de junio de 2001. EL CONCEPTO Competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Pretende el Banco Central Hipotecario que en esta instancia se declare probada la excepción de falta de jurisdicción pues a pesar de ser una entidad de carácter estatal, las operaciones 6 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. de crédito que realiza obedecen al giro de las actividades propias de su objeto social, por lo tanto es la justicia ordinaria la competente para dirimir las pretensiones incoadas por la demandante. El literal a) del numeral 1º del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, estableció que, se denominan entidades estatales: “a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.” (Resaltado fuera de texto). El Decreto 20 de 12 de enero de 2001 dispuso la disolución y liquidación del Banco Central Hipotecario, sociedad de economía mixta, sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado (art. 1º).

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 12 de septiembre de 2002, expediente 11001032400020000648701-6933, con ponencia del Consejero Manuel Santiago Urueta Ayola, al decidir la demanda de 7 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. nulidad propuesta en contra del Decreto 20 de 12 de enero de 2001, sostuvo: “2. 1. En cuanto al primer argumento, el cargo implica precisar el carácter del BCH en el momento de la expedición del acto enjuiciado, y su consecuente relación con la Administración Pública Nacional o la Rama Ejecutiva. Al respecto se tiene que según certificación de la Superintendencia Bancaria de Colombia, aportada por los actores y visible a folio 14 del expediente, la entidad era una Sociedad Anónima de Economía Mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y así se indica en el transcrito artículo 1º del acto administrativo enjuiciado. Es decir, era una sociedad de economía mixta. Por su parte, el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 establece la integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional señalando que está conformada por los sectores central y descentralizado por servicios, y dentro de este último incluye a las sociedades de economía mixta, así: “ART. 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder en el orden

nacional está integrado por los siguientes organismos y entidades: 1. 1. Del Sector Central: a) La Presidencia de la República; b) La Vicepresidencia de la República; c) Los Consejos Superiores de la Administración; d) Los ministerios y departamentos administrativos; c) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 2. 2. Del sector descentralizado por servicios: a) Los establecimientos públicos;. b) Las empresas industriales y comerciales del estado; c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica; 8 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; e) Los institutos científicos y tecnológicos; f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta; g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público” Vista la norma transcrita, se observa que el legislador trata como entes de carácter administrativo los mencionados en dicho artículo, por lo cual se puede decir que ese carácter se determina en virtud de un criterio de definición legal, con fundamento en la pertenencia del ente a la Rama Ejecutiva. En ese sentido, amén de la inclusión como organismos y entidades integrantes de la citada Rama, es muy diciente el literal g) del numeral 2, al hablar de “las demás entidades administrativas

nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la misma”, sin distinguir la función o actividad que realicen ni la forma como se originen, puesto que alude tanto a las creadas como a las autorizadas por la ley, como justamente son las sociedades de economía mixta. Con la expresión subrayada se está diciendo que las enunciadas en el artículo son entidades administrativas. Así las cosas, el BCH, por ser sociedad de economía mixta en el momento en que se dispuso su disolución y liquidación tenía el carácter de entidad administrativa, en virtud del criterio orgánico, de allí que para el efecto no interesa la actividad que realizaba. Lo anterior se explica por el hecho de que no obstante el carácter comercial de su actividad y, por tanto, la sujeción al derecho privado en relación con tal actividad, esas sociedades son instrumentos del Estado para cumplir su función y potestad de intervención en la economía, como supremo director de la misma. Son una de las varias formas del intervencionismo estatal, en la cual el Estado actúa como gestor directo de negocios económicos, dentro de la perspectiva de los cometidos relacionados con la economía, como son los de fomento, desarrollo, estabilidad, optimización de los recursos, pleno empleo, etc. 9 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. Conviene agregar que a 2 de febrero de 2000, la participación de la Nación en el capital de dicha sociedad, a través del Fondo de

Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, era de 99.9758222%, lo cual hace que de acuerdo con el artículo 97, parágrafo, de la Ley 489 de 1998, deba tratarse como empresa industrial y comercial del Estado en cuanto a las actividades que desarrolla y a sus servidores, organismo que está expresamente instituido como parte de la Rama Ejecutiva, y también lo está en el artículo 115, inciso último, de la Constitución Política, y su creación es por ley, según el artículo 150, numeral 7, ibídem.” (Negrillas y subrayas del texto) De la normatividad y jurisprudencia citadas, se infiere que el Banco Central Hipotecario es una sociedad de economía mixta con capital público superior al 50%; que el régimen jurídico aplicable a ella es el mismo de las empresas industriales y comerciales del Estado, y que, por ende, las controversias y litigios originados en su actividad deberán ser juzgados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal como lo dispone el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo1, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006; reforma frente a la que esa H. Corporación se pronunció en reciente 1 “Art. 82. Objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Modificado Decreto 2304 de 1989, Art. 12. Modificado. Ley 446 de 1998, Art. 30. Modificado. Ley 1107 de 2006, Art. 1º. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las

entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. (…) ” (Resaltado fuera de texto). 10 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. jurisprudencia, de la que es oportuno traer a colación los siguientes apartes: “Las modificaciones, introducidas en el artículo primero, tienen que ver con los siguientes aspectos: De un lado, se definió que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo consiste en “... juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas...”, en lugar de “... juzgar las controversias y litigios administrativos...”, como disponía el artículo modificado. De otro lado, incluyó, en forma expresa, a las sociedades de economía mixta, siempre que el capital estatal sea superior al 50%. La primera modificación da respuesta a una realidad, cada vez más aguda: que la prestación de los servicios públicos, en sentir de la Sala, no constituía cumplimiento de función administrativa, de manera que, por este aspecto, las entidades públicas que desempeñan estas actividades quedaban por fuera del control de esta jurisdicción2. La razón por la cual estas entidades no harían parte del objeto de esta jurisdicción, radica en que ella controla, al decir del art.

82 original del CCA., las “controversias y litigios administrativos”, no los que surjan por el cumplimiento de otro tipo de actividades. 2 En el auto de esta sección, de febrero 17 de 2005 -CP. Alier E Hernández Enríquez. Exp. 27.673se dijo que “Así, los principios que rigen la función administrativa, como especie de la función pública, se aplican también a la prestación de los servicios públicos, a condición de que fueren compatibles con su naturaleza y régimen; ello implica que la prestación de los servicios públicos no es una función pública y que el legislador debe determinar, en cada caso concreto, si considera que los principios mencionados les son o no aplicables. “Se puede concluir, entonces, que el constituyente y el legislador colombianos han entendido que la prestación de los servicios públicos no debe ser considerada como función pública. Esta concepción se explica si se tiene en cuenta que la Constitución, apartándose de la visión clásica de los servicios públicos, reseñada atrás, estableció que la prestación de los mismos debe ser desarrollada por entidades oficiales, mixtas y privadas, en condiciones de competencia y con la aplicación de un régimen de igualdad.” 11 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. No obstante, el anterior criterio ha tenido no pocos contradictores, pues, de conformidad con él, la educación, por ejemplo, no es función administrativa, mientras que para otros sí, lo mismo puede decirse de los servicios públicos domiciliarios, entre otros servicios públicos. De manera que la

discusión, acerca del objeto de esta jurisdicción, se tornó bastante problemático e inestable, lo que ameritaba una respuesta legislativa clara. Por esta razón, la ley 1.107 de 2006 dijo, con absoluta claridad, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce dé las controversias originadas en litigios donde sean parte las “entidades públicas”. Con este nuevo enfoque, ahora, el criterio que define quién es sujeto de control, por parte de esta jurisdicción, es el “orgánico”, no el “material”, es decir, que ya no importará determinar si una entidad ejerce o no función administrativa, sino si es estatal o no. De esta manera, se simplificarán, en buena medida, los conflictos de jurisdicción, recurrentes entre la justicia ordinaria y la contencioso administrativa, que se reflejará en mayor seguridad jurídica para las partes procesales, así como para la propia administración de justicia. Así es como ha dado respuesta la ley a la problemática surgida en torno a la materia, de la cual la doctrina señalaba que “... la realidad jurisdiccional colombiana está fundada sobre el principio de atribución legal de competencias, motivo por el cual este tema demanda una respuesta rápida, coherente y oportuna a las dudas normativas sobre el conocimiento de las controversias en que hagan parte las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas.”3 La otra modificación, introducida por la ley 1.107, tiene que ver con la determinación, de manera expresa, que las sociedades 3 Alberto Montaña Plata. “Implicaciones del régimen normativo de las empresas de servicios públicos domiciliaros mixtas con ocasión del conocimiento de sus

controversias por parte de la jurisdicción contencioso administrativa”. Artículo publicado en el libro colectivo denominado “Naturaleza Jurídica de las Empresas de Servicios Públicos Mixtas”, editado por la empresas ISA SA. ESP. Medellín. 2.006. Pag. 51. 12 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. de economía mixta, con capital público superior al 50%, también son sujetos de esta jurisdicción. Esto significa, por lo menos, lo siguiente: Que las sociedades mixtas, con capital igual o inferior al 50%, tendrán, como juez natural, al ordinario, sin importar el tipo de acción, acto, hecho o situación que dé lugar al proceso donde sean parte. Lo anterior debe tener como excepción, aunque no la prevea la ley, que si el conflicto versa sobre actos administrativos, la jurisdicción competente es la de lo contencioso administrativo, pues, en tal caso, el único juez que puede controlarlos es éste, en virtud de la reserva jurisdiccional que el artículo 238 de la CP. consagra en su favor. Esta posición la ha sostenido esta Corporación, y también la Corte Constitucional4. 4 En la sentencia C-1436 de 2000 dijo la Corte Constitucional que la "Presunción de legalidad que encuentra su contrapeso en el control que sobre él puede efectuar la jurisdicción. Así, la confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, a efectos de

determinar su correspondencia con éste, tanto por los aspectos formales como por los sustanciales, la ejerce, entre nosotros, el juez contencioso, que como órgano diverso a aquel que profirió el acto, posee la competencia, la imparcialidad y la coerción para analizar la conducta de la administración y resolver con efectos vinculantes sobre la misma. Esta intervención de la jurisdicción, permite apoyar o desvirtuar la presunción de legalidad que sobre el acto administrativo recae, a través de las acciones concebidas para el efecto, que permiten declarar la nulidad del acto y, cuando a ello es procedente, ordenar el restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los daños causados con su expedición. (...) “Dentro de este contexto, considera esta corporación que la facultad que tiene el Estado, a través de la jurisdicción, para confrontar las actuaciones de la administración con el ordenamiento constitucional y legal normativo, a efectos de determinar si éstas se ajustan al principio de legalidad que les es propio, es competencia exclusiva de la jurisdicción, que los particulares no pueden derogar a través de la cláusula compromisoria o el pacto arbitral. “Los particulares, investidos de la facultad transitoria de administrar justicia, en su calidad de árbitros, no pueden hacer pronunciamiento alguno que tenga como fundamento determinar la legalidad de la actuación estatal, por cuanto corresponde al Estado, a través de sus jueces, emitir pronunciamientos sobre la forma como sus diversos órganos están desarrollando sus potestades y competencias. En este orden de ideas, esta potestad no puede quedar librada a los particulares, así éstos estén

investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia, por cuanto a ellos sólo les compete pronunciarse sobre aspectos que las partes en conflicto pueden disponer, y el orden jurídico, en este sentido, no es objeto de disposición, pues se entiende que 13 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. (…) A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera: i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo En consecuencia, en cuanto tiene que ver con las entidades y empresas prestadoras de SPD, quedaron derogados, parcialmente, los arts. 132.5 y 134B.5 del CCA. - reformados por la ley 446 de 1998-, los cuales disponían -se resalta lo derogadoque: Art. 40. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. El artículo 132117 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: (...) “Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por

entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

Art. 42. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS.

Adiciónase el Título 14 del Libro 3o. del Código Contencioso Administrativo con un Capítulo III del siguiente tenor: cuando la administración dicta un acto administrativo lo hace en uso de las potestades que la Constitución y la ley le han asignado, sin que a los particulares les pueda asistir la facultad de emitir fallos sobre ese particular. El pronunciamiento en este campo, es exclusivo de la jurisdicción, por tratarse de aspectos que tocan con el orden público normativo, que no es susceptible de disposición alguna.” 14 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. “Artículo 134B122. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los Jueces Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

Dado que la nueva ley extiende la competencia a toda clase de entidades, sin consideración a la función que ejercen ni al objeto de los contratos, entonces la segunda parte del

numeral 5, resaltado en negrilla, quedó derogada por la nueva ley, porque no pueden subsistir, al menos en los aspectos a que se refiere la ley, criterios materiales y criterios orgánicos, sin excluirse. ii) Debe conocer de las controversias y litigios de responsabilidad extracontractual, en los que sea parte una entidad pública, sin importar el tipo de órgano, ni la función que ejerza, basta con que se trate de una entidad pública, con la excepción del numeral siguiente. iii) Las materias a que se refieren los numerales anteriores, las juzga esta jurisdicción, inclusive, tratándose de sociedades donde el Estado posea un capital superior al 50%. Si el capital público es igual o inferior a este porcentaje, la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria. iv) En materia laboral, esta jurisdicción sigue conociendo de los asuntos que tenía asignados, excepto los previstos en la ley 712 de 2001, la cual continúa vigente, en los términos del parágrafo del art. 2 de la ley 1.107 de 2006. v) También debe conocer de las controversias y litigios de las personas privadas “... que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado” -art. 1, ley 1.107 de 2006-, incluidas las contrataciones de las empresas privadas de 15 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. SPD, donde se pacten y/o ejerciten los poderes exorbitantesart. 31 ley 142, modificado por la ley 689 de 2001-, y las materias a que se refiere el art. 33 de la misma ley. vi) Esta jurisdicción no conoce, sin embargo, de los proceso de ejecución que reúnan las características descritas, salvo los que están asignados por normas especialesejecutivos contractuales (art. 75, ley 80) y de sentencias dictadas por esta jurisdicción (art. 132.7 del CCA)-, que prevalecen sobre las disposiciones generales. Este tipo de procedimiento no es de conocimiento de esta jurisdicción, porque la ley 1.107 dispone que ésta juzga “... las controversias y litigios...” de las entidades públicas y, técnicamente hablando, los procesos ejecutivos no constituyen controversia ni litigio, luego no hacen parte de esta jurisdicción5. Se repite, excepto en los dos temas a que se refiere el párrafo anterior.” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 8 de febrero de 2007, expediente 05001233100019970263701-30903. Unión Temporal de la Montaña y otros Vs. Sociedad Aguas de Rionegro S.A. E.S.P., Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero) Entonces, habiéndose determinado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para decidir las pretensiones de las partes, procede entonces el estudio del 5 En este mismo sentido, dice NELSON R. MORA G. que “La acción ejecutiva se dirige contra el Estado por intermedio del juez, a fin de solicitar de este la tutela jurídica para

obligar al deudor al pago o ejecución de una obligación contenida en un título ejecutivo, título que por su sola apariencia se presenta como indiscutible para el juez y contiene un derecho reconocido previamente, a favor del acreedor y a cargo del deudor; por ello, el órgano jurisdiccional del Estado puede actuar coercitivamente contra el deudor y sus bienes, imponiéndole la obligación de pagar, dar, hacer o no hacer.” (Procesos de ejecución. Ed. Temis. Bogotá. 1972, pág. 31) Agrega que “El juicio ejecutivo, más que un juicio, es un procedimiento por el que se trata de llevar a efecto, mediante embargo” 16 5aCdeE/GEMM/napn Expediente 25000232600020040173301-34563. Compañía Central de Seguros S.A. Vs. Banco Central Hipotecario – en liquidación. asunto de fondo, como en efecto el Ministerio Público procede a realizarlo: Caso concreto El conflicto puesto a consideración de la jurisdicción se concreta en establecer si el Banco Central Hipotecario se halla en la obligación de reintegrar a la Compañía Central de Seguros S.A., las sumas de dinero que, a título de descuento, le fueron deducidas por la sociedad actora del valor total de la prima a pa