PGN - JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - Competencia respecto al control de la pote

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto sancionatorio disciplinario PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Concepto/PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-El juez debe analizar en la demanda las circunstancias fácticas y posibilidades normativas Sobre la excepción genérica con base en el principio de “iura novit curia”, propuesta por la Procuraduría, que no es otra cosa que la obligación que tiene el Juez de manera general, sin excepción de jurisdicción o de la clase de proceso, de aplicar las normas y el desarrollo jurisprudencial acorde con el caso sobre el cual cae su decisión. Es decir que las partes no están obligadas a indicar el único o exclusivo régimen de responsabilidad o normas al respecto, sino que el juez debe analizar las circunstancias fácticas y las posibilidades que le ofrecen el campo normativo y el desarrollo jurisprudencial, considera esta Agencia Pública, que es un simple alegato de oposición, que al decidirse de fondo, quedaría resuelto. PROCESO DISCIPLINARIO-Deber de garantizar los derechos de defensa y debido proceso. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones Para ello, debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico constitucional prevé un sistema de responsabilidad personal e individual de los servidores públicos, conforme al cual, quienes se encuentren al servicio del Estado están obligados a observar la Constitución, las leyes, los reglamentos y atender las funciones y servicios públicos bajo parámetros de moralidad, eficiencia, eficacia y

con respeto por los derechos y las garantías de los asociados, debiendo responder tales servidores por las acciones, omisiones o extralimitaciones en que puedan incurrir en el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Referentes para precisar el grado de participación en la comisión de la falta PLIEGO DE CARGOS-Requisitos GESTIÓN ADMINISTRATIVA-Principios rectores SANCIÓN DISCIPLINARIA-Obligación de motivar la decisión en garantía al debido proceso Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°25253-2012 Alfonso Ricaurte Riveros vs. Procuraduría General de la Nación

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EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO-Su contratación se rige por el derecho privado con sujeción a los principios de la gestión administrativa y la contratación estatal El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué por ser empresa social del Estado del orden departamental y del sector Salud, tiene un régimen contractual que se rige por el derecho privado, tal como lo dispone el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993; no obstante, por ser una empresa estatal debe respetar el marco constitucional y legal y adelantar sus procesos de contratación con sujeción a los principios constitucionales de la función administrativa (artículo 209), a los principios legales de contratación (artículo 23 de la ley 80 de 1993), a los principios legales de la actuación administrativa (artículo 3º del CCA) y particularmente a su

propio reglamento de contratación (Acuerdo 142 de marzo 6 de 2003). RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Culpabilidad por ignorancia supina Así las cosas, teniendo en cuenta la sentencia C-818 del 2005, respecto del primer cargo, la profesión de médico del gerente investigado y la circunstancia de que el jefe de la Oficina Jurídica y Control Interno, Juan Carlos Mosquera Cardona, haya emitido su concepto verbal para algunos de los contratos, permitían variar la culpabilidad de dolo a culpa gravísima, por ignorancia supina, porque el gerente tenía el deber de instruirse, tener conocimientos básicos de los principios constitucionales de la función administrativa, de los principios legales en las actuaciones contractuales de las entidades estatales y de los principios legales de la actuación administrativa, a efectos de desempeñar la labor encomendada y sin embargo, decidió no hacerlo. FALTA GRAVÍSIMA-Por comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-No constituye una tercera instancia sobre aspectos decididos en la actuación administrativa Igualmente, los motivos de inconformidad que manifiesta los accionante en la demanda, son los mismos que plasmaron a lo largo de la actuación y en el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, luego de ninguna forma se ha vulnerado el debido proceso y no es esta acción una tercera instancia para controvertir los alegatos de la encartado, quien como se dijo, ya las ha discutido en la primera y segunda instancia del proceso disciplinario, ni para cuestionar los

elementos de convicción de la valoración que hizo la entidad demandada que se estima estuvo ajustada a la sana crítica. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-No tiene competencia para decretar nuevas pruebas o controvertir aspectos nuevos Cabe señalar que no es el proceso contencioso administrativo un medio, para allegar nuevas pruebas, ni para controvertir aspectos nuevos o diferentes a los Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°25253-2012 Alfonso Ricaurte Riveros vs. Procuraduría General de la Nación Página: 3 planteados por el imputado a lo largo del proceso disciplinario, pues la función del control jurisdiccional es sobre lo que obre en dichas actuaciones y lo alegado por las partes en su debida oportunidad, pues de lo contrario sería trasladar la discusión a otra instancia inexistente. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-Competencia respecto al control de la potestad disciplinaria SANCIÓN DISCIPLINARIA-Finalidad Sobre la finalidad de la sanción disciplinaria, que se desdobla en preventiva –para precaver futuros y eventuales reproches disciplinarios -, y, sancionatoria –para castigar la irregular conducta funcional -, pone de presente el faro al cual está destinada, y no es otro distinto que a la efectividad de los fines esenciales, entre los cuales, ha de resaltarse el de la mayor importancia: el de la vida. PROCESO DISCIPLINARIO-Tiene como objetivo el interés general

Si el proceso disciplinario adelantado en contra del accionante, en su calidad de Gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, tuvo como fin inmediato la de reprimirles su particular falla funcional consecuente y mediata era la tarea de la Procuraduría General de la Nación de reivindicar la eficacia de la función administrativa (art. 209 C. Po.); por lo que no hay fundamento para sustentar una infracción a normas de rango fundamental o de superior jerarquía, como lo estima los demandantes, pues está claro que el proceso disciplinario no tuvo como fin u objetivo diferente sino el del interés general, para lo que están concebidos los actos administrativos. CARGA DE LA PRUEBA-Deber de demostrar el perjuicio que se evitó No considera esta Agencia pública, que basta decir al operador disciplinario que se cumplió la orden de la Junta y que se garantizó la prestación continua del servicio público esencial, si de ninguna forma se probó o se presentó en realidad cual hubiera sido el perjuicio que se evitó, lo que simplemente constituye una opinión personal del encartado, que no le alcanza para separarlo del cumplimiento de su deber legal. CONCILIACIÓN PREJUDICIAL-Es mecanismo de procedibilidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa ante pretensiones económicas Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°25253-2012 Alfonso Ricaurte Riveros vs. Procuraduría General de la Nación

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 018/2014

IUS: 2014-14938

Bogotá D. C., febrero 3 de 2014

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA.- SUBSECCIÓN “B” CONSEJERA PONENTE: Dra. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ ( E )

E.S.D.

REFERENCIA : No. 110010325000200700783-00 (2553-2012) ACTOR : ALFONSO RICAURTE RIVEROS IDENTIFICACION : C.C. 19.241.368 de Bogotá

DEMANDADO : NACION-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ASUNTO : SANCION DISCIPLINARIASUSPENSION Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en única instancia.

1. Problema Jurídico La presente controversia se centra en establecer la legalidad de la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de dos (2) meses, impuesta al accionante como Gerente del Hospital

Federico Lleras Acosta de Ibagué.

2. Lo que se demanda El demandante solicita la nulidad de las decisiones de primera y segunda instancia de fechas 1 de agosto de 2008 y 23 de diciembre de 2009, proferidas por la Comisión Especial de la Procuraduría General de la Nación

y la Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal, respectivamente, mediante los cuales la Procuraduría General de la Nación le suspendió e inhabilitó en su condición de Gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, conmutada a salarios equivalentes a la suma de $12.746.446, sin perjuicio de la inhabilidad especial; y de la resolución No.0097 del 30 de abril de 2010 expedida por la Gobernación del Tolima que hizo efectiva la sanción. Como restablecimiento del derecho, pide la correspondiente desanotación de la sanción en los respectivos registros, los salarios y prestaciones dejados de percibir de la suspensión del cargo de Profesional Universitario Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°25253-2012 Alfonso Ricaurte Riveros vs. Procuraduría General de la Nación Página: 5 adscrito a la Secretaría de Salud Departamental (1 de octubre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2010), la devolución de la multa que le fue impuesta por valor de $12.746.446, el reconocimiento de perjuicios morales en cuantía equivalente a 100 smlmv, sumas debidamente indexadas, mas la condene en costas a la entidad demandada. 1 Como relación fáctica indicó que se desempañaba como Gerente de la E.S.E. Hospital Federico lleras Acosta de Ibagué y previa autorización de la junta directiva contenida en el acuerdo 191 del 13 de diciembre de 2005,

cumplió con la contratación de personal y medicamentos para los meses enero y febrero de 2006 para no paralizar el servicio público esencial de salud; sin embargo, la Procuraduría luego de una visita especial, designó una comisión especial quien decidió abrir indagación preliminar con el fin de establecer posibles irregularidades en la contratación, imputándole inicialmente tres cargos: primero, el no haber cumplido con los requisitos precontractuales de elaboración de términos de referencia, invitaciones a cotizar y su publicación en la página WEB, recepción de las propuestas e integración del comité técnico evaluador, incurriendo en falta gravísima; segundo, haber convalidado las invitaciones públicas a cotizar del 16 de mayo de 2005, en sus aspectos económicos y jurídicos utilizados por el hospital en la contratación del mes de junio de 2005 y de esta manera contratar de manera directa con los mismos contratistas que venían ejecutando las relaciones contractuales, manifestando que dicha conducta era a título de dolo; y tercero, la suscripción de actas adicionales y modificatorias de los contratos celebrados el 1 de enero de 2006; surtida la actuación se dispuso sancionarle con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, que fue modificado en la segunda instancia por la Procuradora Delegada para la Contratación Estatal, imponiendo una sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de dos meses, convertida a salarios por la suma de $12.746.446 al considerar que las conductas reprochadas en el primer y segundo cargo son inescindibles al

convalidar las invitaciones públicas del 15 de mayo de 2005, sin los estudios técnicos financieros y jurídicos previos que se requerían para la ejecución del contrato. Señala la parte actora que se desconoció la sentencia C-818 de 2005, respecto a la constitucionalidad del numeral 31 del artículo 38 de la ley 734 de 2002 y que la Junta Directiva del Hospital debió reunirse los primeros dos (2) meses para establecer las necesidades de la entidad, pero debido al cambio de Gobernador para el año 2006, solo se reunió hasta el 6 de marzo y no autorizó la apertura de la convocatoria pública para contratar, por lo que el demandante en calidad de Gerente, para no paralizar la prestación del servicio público esencial y los derechos a la vida, salud y seguridad social de la población, contrató con las mismas empresas que venían prestando los servicios a la entidad. Aduce que dicha omisión de la Junta Directiva le fue trasladad a él. 1 Ver adición y corrección de la demanda. Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°25253-2012 Alfonso Ricaurte Riveros vs. Procuraduría General de la Nación

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Hace referencia a que se le sancionó por incurrir en culpa grave, sin tener en cuenta que su obligación constitucional era la de sostener el servicio público esencial abierto al público y no “cercenar de contera los derechos constitucionales fundamentales a la vida, la salud y acceso a la prestación de servicios de salud a los pacientes que requieren de la atención, forman o

hacen parte de unos principios y objetivos primordiales del constituyente primario.”, en armonía con el artículo 194 de la ley 100 de 1993, reglamentado por el decreto 1876 de 1994, incurriendo en falsa motivación como vicio de ilegalidad. Cita como normas violada el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 44, 48, 49 y 50 de la Constitución Política; los artículos 194 y 195 de la ley 100 de 1995; el artículo 16 del decreto 1876 de 1994 y las sentencia de la H. Corte Constitucional que establecen que el servicio de salud es un derecho público esencial que no se puede paralizar. Afirma que su conducta no puede tildarse como dolosa, ni culposa, porque fue la misma Junta Directiva quien lo autorizó para contratar, cumpliendo con su deber funcional. Manifiesta que no se valoraron, ni tuvieron en cuenta todo el material probatorio del proceso, lo que genera un grave perjuicio.

Adujo que: “Al ser su régimen de derecho privado no era dable a la Procuraduría General de la Nación dar aplicación a los principios consagrados en la ley 80 de 1993; pues los contratos celebrados por el EXGERENTE DR. ALFONSO RICAURTE RIVERO, era precisamente para poder operar y prestar el servicio público esencial de salud; eran contratos cuyo objeto iba encaminado al cumplimiento misional, siendo su deber llevarlos a cabo, situación que desconoció por completo el ente sancionador.

El régimen de contratación de las entidades hospitalarias está enmarcada por el

mismo legislador y es el marco jurídico sobre el cual se llevó a cabo toda la contratación que ha dado lugar en los fallos de marras a decisiones contrarias a la normatividad jurídica. La ley establece entonces que la contratación se debe llevar de manera efectiva a pesar de la OMISION DE LA JUNTA DIRECTIVA de la ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE LA CIUDAD DE IBAGUE, de no autorizar al gerente para llevar a cabo el proceso contractual a sabiendas de la parálisis del servicio público esencial en el centro hospitalaria (sic) de referencia de todo el Departamento del Tolima.”

3. La nulidad declarada La demanda de acción de nulidad y restablecimiento del proceso fue presentada el 1 de febrero de 2011, correspondiéndole por reparto al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, quien rechazo la demanda por caducidad (22 de febrero de 2011), decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima (24 de mayo de 2011), pero que mediante acción de Tutela, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en amparo al debido proceso y acceso a la administración de justicia, declaró sin efecto alguno las anteriores decisiones y dispuso que se decidiera sobre su admisión (27 de octubre de 2011).

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Posteriormente el Juzgado de conocimiento (6 de septiembre de 2012,

declaró la nulidad de todo lo actuado, por falta de competencia funcional y dispuso su remisión al Consejo de Estado-Sección Segunda. (fls. 350-352) La Alta Corporación en auto del 10 de diciembre de 2012, admitió la demanda y ordenó notificar al Procurador General de la Nación, al Director General de la Policía Nacional, y al Ministerio Público (fls.357-361).

4. Contestación de la demanda Una vez notificado el ente de control accionando, por intermedio de la Jefe de la Oficina Jurídica, se confirió poder para la defensa de la entidad, cuyo apoderado solicita que se desestimen en su totalidad las pretensiones al considerar que no hay ningún elemento de juicio para considerar la nulidad alegada, cuando en los fallos en su contra se respetaron los lineamientos legales y se realizó un análisis probatorio con respeto al debido proceso.

Sostiene que de la lectura de la demanda no se encuentra causal nugatoria de los actos administrativos sino que pretende revivir el debate procesal y probatorio referente a la valoración de las pruebas y de la adecuación de sus conductas, que no generan censura dentro de las causales propias de nulidad sino pretendiendo volver la presente acción otra instancia dentro del debate propio del proceso disciplinario, además de ser apreciaciones estrictamente subjetivas y personales. Reitera que el control de legalidad no se puede constituir en una tercera instancia, sino que tiene dentro de su funcionalidad, única y exclusivamente la verificación del adelantamiento del mismo bajo las preceptivas de los derechos al debido proceso y el derecho de defensa, y la aplicación de la normatividad correspondiente, dirigida hacia

una valoración formal del proceso. Cita como excepción genérica, el uso del principio “Iura Novit Curia”. (fls. 374-380)

5. Alegatos de Conclusión La parte demandante, reitera que la última reunión de la Junta Directiva del Hospital se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2005, donde se aprobó el presupuesto para el año 2006 y se autorizó la Gerente para contratar durante los meses de enero y febrero del año siguiente. Señala que de conformidad con el decreto 1876 de 1994, las reuniones de junta directiva deben ser convocadas por su Presidente, que es el Gobernador departamental, quien solo nombró su delegado hasta febrero de 2006, luego en enero y febrero de 2006 no se podía realizar la junta porque los miembros estaban incompletos. Señala que el Gerente actúa como secretario, con voz pero sin voto, y como se realizarían elecciones presidenciales y entraba en vigencia la ley de garantías, solo hasta el 25 de julio de 2006 la Junta Directiva le autoriza llevar a cabo la licitación, previa revisión y aprobación de los términos por la Secretaría de Salud.

Aduce que se encuentra probado que en la reunión del 13 de diciembre de 2005 se aprobó el presupuesto y se autorizó al Gerente para contratar por Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°25253-2012 Alfonso Ricaurte Riveros vs. Procuraduría General de la Nación

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los meses de enero y febrero de 2006, por un valor de $7.239.425.350, y como la licitación superaba los catorce mil millones de pesos, la Junta Directiva solicitó conocer los términos de la licitación del recurso humano, insumos y medicamentos para autorizarla. Señala que para la contratación realizada en los meses de enero y febrero de 2006, se hizo bajo la orientación del asesor jurídico. Señala que los testimonios de MARTHA MARIN, WALTER GARCIA PAVA Y JUAN CARLOS BASTO TROCHEZ, confirman que ante la no aprobación y revisión de los proyectos de licitación por la Junta Directiva, el Gerente del Hospital actuó con el fin de proteger los derechos constitucionales a la salud y a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida y poder cumplir con los contratos que el ente hospitalario tenía con la red pública departamental, EPS contributivas y subsidiadas. (fls.442-449) La parte demandada guardó silencio.

6. Del caso concreto Sobre la excepción genérica con base en el principio de “iura novit curia”, propuesta por la Procuraduría, que no es otra cosa que la obligación que tiene el Juez de manera general, sin excepción de jurisdicción o de la clase de proceso, de aplicar las normas y el desarrollo jurisprudencial acorde con el caso sobre el cual cae su decisión. Es decir que las partes no están obligadas a indicar el único o exclusivo régimen de responsabilidad o normas al respecto, sino que el juez debe analizar las circunstancias fácticas y las posibilidades que le ofrecen el campo normativo y el

desarrollo jurisprudencial2, considera esta Agencia Pública, que es un simple alegato de oposición, que al decidirse de fondo, quedaría resuelto. Respecto a la parte sustancial de la inconformidad que plantea el accionante, respecto a la vulneración de normas superiores, para la imposición de una sanción de carácter disciplinario, se ha sostenido que en el adelantamiento de dicho proceso, el funcionario encartado debe tener la oportunidad de desvirtuar los cargos que se le formulen, por lo que en este evento debe determinarse, si la decisión se tomó con fundamento en la ley, y si se garantizaron sus derechos de defensa y al debido proceso. Para ello, debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico constitucional prevé un sistema de responsabilidad personal e individual de los servidores públicos, conforme al cual, quienes se encuentren al servicio del Estado están obligados a observar la Constitución, las leyes, los reglamentos y atender las funciones y servicios públicos bajo parámetros de moralidad, eficiencia, eficacia y con respeto por los derechos y las garantías de los asociados, debiendo responder tales servidores por las acciones, omisiones o extralimitaciones en que puedan incurrir en el ejercicio de las funciones públicas que tienen encomendadas. 2 Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2000 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°25253-2012 Alfonso Ricaurte Riveros vs. Procuraduría General de la Nación

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Cabe anotar que en materia de responsabilidad objetiva, las normas no

hacen distinción en cuanto al carácter del nombramiento que ostente el servidor público, la duración del mismo o el nivel jerárquico, solo basta que el operador jurídico observe el incumplimiento de deberes, el abuso o extralimitación de derechos y funciones o la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, para que proceda de conformidad con el ordenamiento disciplinario; no obstante, dichos referentes sirven para precisar el grado de participación en la comisión de la falta.3 Igualmente, vale precisar que en materia disciplinaria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, pues las faltas cometidas por los servidores públicos solo serán sancionables a título de dolo o culpa, como lo establece la norma disciplinaria. Descendiendo al caso en concreto, y examinados los actos administrativos y las pruebas documentales allegadas, como quiera que obra copia de los actos sustanciales del proceso adelantado en contra del accionante, se tiene que, el pliego de cargos que en su oportunidad procesal se le libró, cumplió con las exigencias legales: es así como se determinó la identidad del investigado y su condición laboral administrativa; se indicaron los hechos y omisiones presuntamente irregulares, cometidas en ejercicio o con ocasión del desempeño del empleo respecto a las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación en los meses de enero y febrero de 2006, desde su responsabilidad como Gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué; se les citaron las normas sustantivas y disciplinarias que se consideraron desconocidas e infringidas; se hizo la relación probatoria que

sirvió de respaldo a la acusación; se determinó el grado de culpabilidad, según la jerarquía del cargo ocupado y las obligaciones que tenía como servidor público; se le concedió el derecho a presentar descargos, a controvertirlos y a presentar pruebas; señalando término para ellos; y, en fin, se le brindó el derecho a tener una defensa técnica, con lo cual puede decirse que por ese aspecto ninguna ilegalidad se advierte. Mediante auto del 28 de mayo de 2007, la Comisión Especial disciplinaria formuló cargos en contra del señor ALFONSO RICAURTE RIVEROS, en su condición de Gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE, en los siguientes términos: (folios 777-796) 2.1 Primer cargo No haber realizado, ni cumplido con los requisitos precontractuales de elaboración de términos de referencia, invitaciones a cotizar, publicación en la página Web de las invitaciones, recepción de propuestas e integración del Comité Técnico – Económico de Evaluación. Incurriendo posiblemente en la falta gravísima tipificada en el numeral 31 del art. 48 de la Ley 734 del 2002. 3 Ver sentencia del 12 de marzo de 2009, Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, Consejero Ponente Dr. Alfonso Vargas Rincón, N° de referencia 110010325000200300444-01 (6209-2003), Jairo Hernán Benjumea vs. Procuraduría General de la Nación Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público

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Esta conducta la desplegó a título de dolo el Gerente del Hospital al suscribir los contratos de suministro, de prestación de servicios general (sic), de prestación de servicios de salud y de prestación de servicios personales administrativos, el día 1º de enero del 2006, con diferentes Cooperativas y por el término de dos meses. Específicamente al suscribir los contratos suficientemente relacionados e identificados en los hechos, en las pruebas y en el análisis probatorio que hacen parte del presente pliego de cargos. Se señaló que al haber omitido la etapa precontractual, el Gerente del Hospital desconoció abiertamente el principio de igualdad de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, ya que adjudicó directamente todos los contratos a las mismas Cooperativas y empresas que prestaron los servicios en el segundo semestre del año 2005, impidiendo que los demás contratistas tuvieran la posibilidad de concursar o hacer propuestas que fueran tenidas en cuenta por el Comité Técnico Económico de Evaluación. No existió imparcialidad en el procedimiento aplicado por el Representante Legal del Hospital porque favoreció a los contratistas que ya venían vinculados a través de contrato anterior, en detrimento del derecho de postulación de los demás contratistas, incluyendo a los proveedores registrados previamente. También se consideró violado el principio de publicidad, como quiera que no efectuó ninguna publicación de tales procesos de contratación en la página Web del Hospital, ni por ningún otro medio que llevara al conocimiento de la comunidad

y de los posibles oferentes o proponentes. Se consideró que con el actuar reprochado el señor Ricaurte Riveros violó el artículo 23 de la ley 80 de 1993, así como el principio de economía de que trata el numeral 1 del artículo 25 ibídem, por cuanto no elaboró términos de referencia para escoger a los contratistas, ni cumplió con los procedimientos precontractuales que permitieran asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. También se consideró que con su irregular conducta el Gerente del Hospital violó el artículo 17 del acuerdo No. 142 del 6 de marzo de 2003 (reglamento interno de contratación del Hospital Federico Lleras Acosta). 2.2 Segundo cargo Haber convalidado, las invitaciones públicas a cotizar del 16 de mayo del 2005, en sus aspectos económicos y jurídicos, utilizados por el Hospital en la contratación de junio 1º del 2005; aplicando un mecanismo extraño e inadmisible para la contratación estatal, y de esta manera adjudicar directamente los contratos, suscribiéndolos el 1º de enero del 2006 con los mismos contratistas. Esta conducta irregular desarrollada a título de dolo por el Dr. ALFONSO RICAURTE RIVEROS puede constituir la falta gravísima tipificada en el numeral 30 del Art. 48 de la ley 734 del 2002, en la medida en que tramitó y celebró los contratos relacionados suficientemente en esta providencia, omitiendo los estudios técnicos financieros y jurídicos previos, que se requerían para la ejecución de cada uno de ellos. Se determinó que con la conducta imputada en el segundo cargo, el Gerente

del Hospital desconoció los principios de igualdad e imparcialidad de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, porque adjudicó directamente los contratos a las empresas y Cooperativas que venían prestando los servicios por haber sido contratados el 1º de junio del 2005, impidiendo que otros Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°018-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°25253-2012 Alfonso Ricaurte Riveros vs. Procuraduría General de la Nación Página: 11 proveedores, oferentes o proponentes tuvieran la posibilidad de concursar o parti