PGN - JURISDICCION DE PGN - JUSTICIA Y PAZ - Juez natural de salvatore mancuso

INTERVENCION ANTE SECCION DE APELACIONES DE LA JEP-Recurso contra rechazo de la SRVDHC a solicitud de sometimiento del señor Salvatore Mancuso Gomez SECCION DE APELACIONES DEL TRIBUNAL PARA LA PAZ-Razones para unificar como regla general rechazar solicitudes de sometimiento de paramilitares en la JEP COMPARECENCIA DE PARAMILITARES ANTE LA JEP-Interés superior de las víctimas justifican excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP TEST DE APORTE A LA VERDAD PARA COMPARECENCIA DE PARAMILITARES EN LA JEP-Criterios de acceso en beneficio de los derechos de las víctimas para casos que involucran Agentes del Estado JURISDICCION DE JUSTICIA Y PAZ-Juez natural de Salvatore Mancuso SECCION DE APELACIONES DEL TRIBUNAL PARA LA PAZ-Debe rechazar solicitud de sometimiento de Salvatore Mancuso Bogotá D.C., septiembre 18 de 2020 Señores MAGISTRADOS SECCIÓN DE APELACIÓNTRIBUNAL PARA LA PAZ Jurisdicción Especial para la Paz –JEPinfo@jep.gov.co Carrera 7 N° 63-44

Ciudad Asunto: Concepto no recurrentes apelación Auto No. 090 de 3 de junio de 2020 en el

caso de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ Honorables Magistrados, Como Agente del Ministerio Público, acudo ante esta instancia dentro del término legal de conformidad con la Ley 1922 de 2018, en mi condición de sujeto no recurrente para descorrer el traslado sobre el recurso de apelación interpuesto contra el Auto No. 090 de

3 de junio de 2020. El recurso fue presentado por (xxxx) apoderado judicial del señor

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

En el proveído impugnado, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabiliad y de Determinación de los Hechos y Conductas –SRVDHCrechazó por falta de competencia por el factor personal la solicitud de sometimiento del señor MANCUSO GÓMEZ, al considerar que no se logró demostrar con suficiencia que las conductas del solicitante corresponden a las de un tercero financiador o colaborador de los paramilitares. Por el contrario, la Sala encuentra probada la participación del peticionario como un “miembro organico de la estructura criminal, desarrolando una función continua de combate”. La complejidad que acompaña el presente caso hará necesaria la mención de argumentos que, además de representar la postura jurídica como interviniente especial de la Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 1

Procuraduría en el trámite como no recurrente, involucran consideraciones referidas a la teleología del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición -SIVJRNR-, a lo pretendido sustancialmente en la apuesta por la paz contenida en el Acuerdo Final y sobre todo, en relación con el

principio rector de centralidad de las víctimas. Se trata de un caso complejo porque más allá de las disertaciones de tipo jurídico y competencial que procederán a hacerse, se anticipa que el Ministerio Público reconoce el umbral superior de aporte en términos de verdad que el compareciente ofrece en beneficio de las víctimas de Colombia y desde la Procuraduría, se reconocen y se les confiere especial importancia a las solicitudes que las víctimas han elevado ante la SRVDHC en el caso concreto1. Sin embargo, de ello no se deriva que la Jurisdicción 1 Documento presentado por Consejos comunitarios víctimas de la violencia en la región del Urabá antioqueño, Córdoba y bajo Atrato del 8 de agosto de 2020, “Solicitud de conocimiento de aportes que pueda realizar Salvatore Mancuso, para la garantía de los Derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Comunidades de Tulpapas. Asociación de Mujeres Desplazadas en Turbo Clamores; Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica – CAVIDA; Zona Humanitaria Nueva Esperanza En Dios de Cacarica; Zona Humanitaria Nueva Vida de Cacarica; Cabildo Indígena Wounaan de la Comunidad Juin Phubuur de Cacarica; Zona Humanitaria Caño Manso de Curbaradó; Zona Humanitaria Costa Azul de Curbaradó; Zona Humanitaria Argénito Díaz de Curbaradó; Zona Humanitaria Caracolí de Curbaradó; Zona Humanitaria Andalucía de Curbaradó; Zona Humanitaria Camelias es Tesoro de Curbaradó; Zona

de Biodiversidad Isaac Tuberquia de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Caracolí de Curbaradó; Zona de Biodiversidad El Paraíso de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Los Robles de Curbaradó; Zona de Biodiversidad La Primavera de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Nueva Esperanza de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Walberto Hoyos de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Camerum de Curbaradó; Zona de Biodiversidad No Hay Como Dios de Curbaradó; Zona de Biodiversidad La Unión de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Lauriandrea de Curbaradó; Zona de Biodiversidad La Yuliana de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Nueva Ilusión de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Orlando Valencia de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Los Cuatro Hermanos de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Si Dios Quiere de Curbaradó; Zona de Biodiversidad El Molino de Curbaradó; Zona de Biodiversidad El Cerrao de Curbaradó; Zona de Biodiversidad El Paraíso de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Las Colinas de Curbaradó; Zona de Biodiversidad La Esmeralda de Curbaradó; Zona de Biodiversidad La Luz del Sol de Curbaradó; Zona de Biodiversidad La Esperanza de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Puerto Colón de Curbaradó; Zona de Biodiversidad Cariñito de Curbaradó; Familias Reclamantes de Tierras de Apartadocito de

Curbaradó; Cabildo Mayor Emberá del Resguardo Indígena Urada Jigumiandó – CAMERUJ de Jiguamiandó, y Cabildo Local Indígena de la Comunidad de Nuevo Cañaveral del Resguardo Indígena Urada Jiguamiandó – Resguardo Humanitario y Ambiental “So Bia Drua” de Jiguamiandó; Zona Humanitaria de Nueva Esperanza de Jiguamiandó; Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo de Jiguamiandó; Zona Humanitaria Centro Jigua de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Alto Borroso de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad No Te Pases de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad El Hábito de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Esperanza en Dios de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad La Esperanza de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad El Capricho de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad La Unión de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad El Hobo de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Nueva Fortuna de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Nueva Vida de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Eduardo Torres Causil de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad La Unión de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad La Victoria de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Mi Suerte de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad

Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 2

Especial para la Paz sea el juez natural de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ. Como pasará a argumentarse, a juicio de la Procuraduría, el éxito de la transición consistirá también en la capacidad de materializar el principio de integralidad, en su expresión intra-sistémica y en relación con los escenarios de justicia existentes. Con este fin la estructura metodológica del documento es la siguiente:

I. ARGUMENTOS DEL AUTO TP –SA 090 DE 2020 QUE RECHAZA A

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO TPSA 090 DE 2020.

III. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA.

a. PRELIMINARES

1. Cuestionamiento a la imparcialidad judicial del Magistrado (xxxx)

2. Sobre el principio de favorabilidad JEP – Justicia y Paz

b. SOBRE EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE DE LA SA.

1. No hay mutación de rol en el caso concreto. Mancuso fue miembro orgánico de grupos paramilitares desde 1988 hasta el año 2004 con su desmovilización de las AUC en el proceso de

Justicia y Paz.

c. SOBRE LA NECESIDAD DE VERDAD PARA LAS VÍCTIMAS “TEST

DE VERDAD”

1. La primera garantía para los Derechos de las víctimas es el funcionamiento célere y asertivo de la JEP. La existencia de vías de esclarecimiento dentro y fuera del SIVJRNR.

2. El caso concreto en Justitia y Paz. Juez Natural y optimizacón de esfuerzos estatales. i.

La Boca del Hobo de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Frío Galindo de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Las Marías de Jiguamiandó; Zona de Biodiversidad Playa Blanca de Pedeguita y Mancilla; Zona de Biodiversidad El Retorno de Pedeguita y Mancilla; Zona de Biodiversidad Mi Tierra de Pedeguita y Mancilla; Zona de Biodiversidad La Madre Unión; Zona de Biodiversidad Árbol del Pan; Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita de Dabeiba Zona Humanitaria El Paraíso de Dabeiba. Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 3 ii. La extradición no libera a los postulados de sus obligaciones con Justicia y Paz

d. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA VOLUNTAD Y EL

ASEGURAMIENTO DE COMPARECENCIA.

1. Solicitud de asilo y traslado a Italia.

III. CONCEPTO En ese sentido proceden a presentarse respetuosamente ante la Honorable Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz las siguientes consideraciones.

I. ARGUMENTOS DEL AUTO TP-SA 090 DE 2020 QUE RECHAZA A SALVATORE MANCUSO GÓMEZ En la decisión que se apela, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVDHC), en ejercicio de sus facultades constitucionales y reglamentarias, procedió a rechazar por falta de competencia la solicitud de sometimiento del señor SALVATORE MANCUSO GOMEZ. Lo anterior, puesto que según la Sala, el compareciente tenía la obligación de probar que las conductas estuvieran enmarcadas como un tercero financiador o colaborador y no lo hizo.

Por el contrario, se determinó que el peticionario fue un miembro orgánico paramilitar desarrollando una función continua de combate. Las principales, consideraciones fácticas y jurídicas objeto de la decisión fueron las siguientes: a. El Auto no pretendió examinar la calidad y cantidad de información referente a los hechos y conductas del señor MANCUSO GOMEZ. Por el contrario, el análisis se enfocó en la competencia personal de la JEP sobre el solicitante, o la ausencia de la misma, dada su participación en el conflicto armado. Si bien, las circunstancias de reclusión impuestas por las autoridades de los E.E.U. podrían afectar la preparación de la cantidad y calidad de la documentación presentada por el señor MANCUSO GOMEZ el 14 de enero de 2020, la información presentada fue

suficiente para tomar una decisión sobre la competencia. b. La Sala no fundamentó su decisión en el “Compromiso concreto, programado y claro para ajustarse a los principios constitutivos de este sistema”, el cual debe Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 4 expresar el tercero civil que desea someterse la la Jurisdicción Especial de Paz. Por el c. contrario, la Sala baso su decisión en el analisis y estudio del rol del peticionario.

Encontrando innecesarias consideraciones accesorias. d. La Sala de Reconocimiento ha manifestado que la JEP no tiene competencia personal sobre los miembros de los grupos paramilitares. Por lo tanto, la Sala considera que la jurisdicción no es competente para recibir la solicitud del señor

SALVATORE MANCUSO.

e. Frente al asunto de la función continua de combate la Sala reitera que “…es el criterio diferenciador entre un miembro de los grupos paramilitares y un tercero civil financiador o colaborador”. Para la Sala de Reconocimiento, la participación del solicitante dentro del fenómeno del paramilitarismo antes y después del año de 1997 constituyen formalmente una “función continua de combate”. Su trascendental contribución, desde los inicios de la decada de los 90’s hasta el

periodo de su desmovilización, sumado a su evidente vocación de permanencia, transformaron al peticionario en un miembro orgánico de las autodefensas.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO TP-SA 090 de

2020 El abogado del señor SALVATORE MANCUSO solicita que se revoque la decisión proferida por la SRVDHC mediante el Auto No. 090 de 3 de junio de 2020 a través del cual resuelve rechazar por falta de competencia la solicitud de sometimiento. Lo anterior al considerar que el ingreso de manera excepcional a la JEP por parte del peticionario debe ser en la condición de tercero civil colaborador o financiador y su caso se encuentra amparado en el precedente jurisprudencial de la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz. Adiciona a su argumentación que el aporte del peticionario favorece los derechos a las víctimas, a la verdad, justicia y reparación integral. Entre otras cosas el apelante alega que: Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 5 a. “Existe una omision de valoración del precedente establecido por la Sección de Apelación en relación con el análisis de comparecencia de los miembros de grupos paramilitares”.

b. “El insuficiente análisis de los roles realizados por el señor SALVATORE MANCUSO en el periodo comprendido entre 1988 y 1997. (…) y la relación con la participación directa en hostilidades y la función continua de combate”. c. “La omisión de valoración del Compromiso Concreto, Programado y Claro. (…) en el que la Sala consideró excepciones que implican la realización de un test de aporte a la verdad, en consideración con el interés superior a las víctimas, especialmente el de conocer la verdad”. d. “La SRVR no tuvo en cuenta la responsabilidad del Estado en la creación de grupos paramilitares, lo cual permite considerar una función de ágente del Estadó de las personas que integraron a partir de su colaboración, posterior vinculación a dichos grupos, el cuerpo estatal. Las Autodefensas de Colombia fueron parte de una Política Estatal.

II. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA.

a. PRELIMINARES

1. Cuestionamiento de la imparcialidad judicial del Magistrado (xxxx).

El recurso de alzada inicia haciendo consideraciones sobre el nulo valor que, a juicio del defensor, debe darse por parte de la Sección de Apelaciones a la providencia aclaratoria de voto hecha por uno de los Magistrados de la SRVDHC. Al respecto, sugiere en aras de “brindar las garantías procesales en el marco del presente recurso (…) anular del análisis de la Sección de Apelación, los considerandos expuestos por parte del Magistrado (xxxx)”2. Subraya propia. Aun cuando es claro que este no es el escenario idóneo para presentar este tipo de censuras que cuestionan la independencia e imparcialidad de los jueces, pues el apelante

2 Sustentación del recurso de apelación contra el auto No. 090 de 3 de junio de 2020. Ref.: 202003001876 presentado por el abogado Jaime Alberto Paeres Jaramillo en el caso de

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 6 ha podido hacer uso de la figura de la recusación en caso de considerarlo pertinente con el estándar de argumentación necesario, es inevitable que el Ministerio Público, como garante del ordenamiento jurídico y de las garantías procesales de víctimas y comparecientes ante la JEP, se manifieste sobre el reproche elevado, a efectos, tal como solicita el apelante, de imprimir transparencia en el proceso restaurativo.

El apelante llama la atención respecto a que “el mencionado magistrado fungió como apoderado del ex gobernador de La Guajira el doctor (xxxx), conocido como (xxxx) (…)” y además refiere que pone en duda su imparcialidad por cuanto es “el tío del doctor (xxxx) abogado actual del ex presidente (xxxx) y desde hace mucho tiempo, del señor (xxxx) empresario (…)”. Sin que la pretensión de la Procuraduría sea profundizar en este tema, pues no es el escenario procesal destinado para ello, en esta oportunidad basta reiterar como se ha

hecho en otros pronunciamientos3, que conforme a los estándares internacionales que guían este tipo de cuestiones, no es viable objetar la independencia e imparcialidad judicial con base en “La religión, origen étnico o nacional, género, edad, clase, medios económicos u orientación sexual de un juez” estos “no pueden normalmente constituir por sí mismos una base adecuada para una objeción. Tampoco puede una objeción basarse ordinariamente en forma adecuada en los antecedentes sociales, educacionales, de servicio o empleo de un juez; su pertenencia a órganos sociales, deportivos o de caridad; sus fallos judiciales anteriores; sus expresiones ajenas a sus funciones4”. Tampoco es viable poner en duda la imparcialidad judicial en abstracto por lo que, la duda frente a dicha imparcialidad que surja, además de ser razonable, tiene que estar objetivamente justificada5. En tanto el reproche elevado por el apelante se basa en antecedentes laborales del Magistrado (xxxx), que como se ha dicho no pueden ser tenidos en cuenta para poner en duda su relacionamiento con el caso, y en tanto no se demostró objetivamente por parte del apelante que la imparcialidad del juez-en relación con el caso concretoesté en riesgo. 3 Procuraduría General de la Nación Concepto DC-PGN-JEP-MJHM40 del 30 de julio de 2020 en el caso de la magistrada SDSJ Claudia Rocío Saldaña Montoya. 4 Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).Véase página 66 de los principios de Bangalore

5 Mogens Hauschildt vs. Dinamarca. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH (24 de mayo, 1989). Véase sentencias del TEDH : Christian Piersack v. Bélgica. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH (1 de octubre, 1982)// 18 Albert de Cubber vs. Bélgica. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH (26 de octubre, 1984). Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 7

2. Sobre el principio de favorabilidad JEP – Justicia y Paz Para terminar esta etapa de argumentación preliminar, debe decirse que las consideraciones del Ministerio Público parten del siguiente entendimiento frente al principio de favorabilidad aplicable al caso concreto.

Tal como ha sostenido la Corte Constitucional, en los procedimientos adelantados ante la JEP no puede llevarse la interpretación del principio de favorabilidad de manera que justifique privar de contenido a los derechos de las víctimas6. Como se expondrá profundamente más adelante, la garantía de estos derechos -por parte de la JEPrequiere inexorablemente la operación funcional del sistema de justicia. Una de las formas mediante las cuales el sistema podrá ser funcional en el reducido tiempo de operación con el que cuenta, será la puesta en marcha plena del principio de integralidad, en su

expresión intra-sistémica y en su relación con los demás componentes de justicia existentes. De hecho, siguiendo las palabras de la Corte al referirse a la naturaleza de este principio en el esquema transicional, es claro que aunque el principio de favorabilidad es una garantía del derecho penal (…), es importante indicar que este debe interpretarse y aplicarse mediante ejercicios de armonización y sistematización de los órdenes normativos7. énfasis añadido. En consecuencia, será necesario en casos como el que nos convoca, ponderar entre la favorabilidad llana del derecho penal y la interpretación más favorable como garantía de los derechos de las víctimas en la JEP. Esta situación puede exigir, incluso, el desarrollo de complejos principios de ponderación por parte de los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz8, pues debe evaluarse la funcionalidad del sistema como una herramienta necesaria para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y 6 Corte Constitucional Sentencia C 007 de 2018 Revisión automática de la Ley 1820 de 2016 “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos especiales y otras disposiciones. 7 ibídem 8 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018, párrs. 419, 420 y 431. Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

pág. 8 garantizar acciones reparadoras sin daño, lo que implica, evitar elevar desproporcionadamente las legítimas expectativas de las víctimas. En lo relativo puntualmente a la favorabilidad aplicable entre el sistema de Justicia y Paz y la JEP, es claro para esta Delegada del Ministerio Público que, tal como se expone en múltiples providencias de la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, entre ellas la TP-SA 150 del 24 de abril de 2019: “[e]n lo que respecta al principio de favorabilidad (…), la SA reitera que este se aplica frente a supuestos de hecho similares regulados de manera diferente. (…) La Ley 975 de 2005 y la Ley 1820 de 2016 no regulan los mismos supuestos de hecho; por el contrario, cada una de ellas establece un régimen transicional diferente, (…) no resulta válido afirmar que los combatientes paramilitares pueden recibir por favorabilidad los beneficios propios del componente de justicia del SIVJRNR, cuando no cumplen con las condiciones normativamente establecidas para ello. (…) para que proceda la aplicación del principio de favorabilidad deben existir dos normas sucesivas que regulen un mismo objeto. (…)”. Esta indicación resulta complementada con la Aclaración de voto que hace a dicha providencia la Magistrada (xxxx) al indicar que: “…el principio de favorabilidad sólo puede tener lugar al interior de una jurisdicción específica y por consiguiente no es procedente su aplicación respecto de regímenes u ordenamientos que son esencialmente diferenciables, como es el caso de la JEP y la JPO, así como el procedimiento penal especial de Justicia y Paz (…) la JEP constituye un sistema con características y lógicas diversas del

procedimiento penal especial de Justicia y Paz y de la JPO (...)”9

B. SOBRE EL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE DE LA SA.

Por regla general los paramilitares están excluidos de la competencia de la JEP. Se trata de una interpretación de la normativa transicional pacífica pues, aunque la redacción de la normatividad pareciera ser indeterminada para todos los actores del conflicto armado, no es pertinente tal indefinición o abstracción en tanto la misma – normatividadseñala a quiénes resultan aplicables los tratamientos penales diferenciados. Esa destinación es 9 ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA RUBIANO AL AUTO DE LA

SECCIÓN DE APELACIÓN TP-SA 150 DEL 24 DE ABRIL DE 2019 Bogotá D.C., 31 de mayo de

2019 Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 9 puntualmente delimitada a los Agentes del Estado; terceros civiles; y acreditados o acusados de ser parte de las FARC-EP10.

El componente de justicia, si bien es aplicable a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, al referirse a la competencia específica aplicable al fenómeno paramilitar, limita su alcance a conductas de financiación o colaboración con

grupos paramilitares que no sean resultado de coacciones11, dejando excluidos los casos de pertenencia orgánica a los mismos. Este es un tema que además ya ha sido plenamente establecido por la Jurisprudencia de la Sección de Apelaciones en múltiples pronunciamientos12 y frente al cual no se presenta discusión en el presente escenario de alzada. Lo anterior además de obedecer al principio de juez natural, tiene razón de ser en que impide que los mandatos de la JEP se conviertan en una tercera instancia para asuntos judiciales en los que perpetradores de delitos graves, que ya tuvieron una oportunidad transicional para contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas13 y no lo han hecho por diversas razones (vg. procesos de extradición), o fueron inadmitidos o 10 Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Decisión AP 2445-2017, M.P. Luis Hernández, 19 de abril de 2017. 11 Punto 5.1.2. Justicia: II. CONTENIDOS, ALCANCES Y LÍMITES DE LA CONCESIÓN DE AMNISTÍAS E INDULTOS, ASÍ COMO DE OTROS TRATAMIENTOS ESPECIALES. “32.- El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. (…) También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, o con cualquier actor del conflicto, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo

establecido en el numeral 40, salvo que previamente hubieren sido condenadas por la justicia por esas mismas conductas. Los órganos de la JEP decidirán, según el caso, el procedimiento apropiado. De conformidad con el numeral 48 (t) y el 58 (e) serán llamados a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, por parte de la Sección de Revisión del Tribunal, aquellas personas que hubieran tenido una participación determinante en una de las conductas de que trata el numeral 40 y no hubieren comparecido previamente ante la Sala de Verdad y Reconocimiento (…)”. 12 Jurisdicción Especial para la Paz. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación, TP-SA-57 de 2018 (31 de octubre de 2018, en el asunto de Duván HURTADO HENAO; TP-SA103 de 2019 (17 de enero, en el asunto de Jorge Iván Correa, entre otros). 13 Tales como los mecanismos dispuestos en el Decreto 4760 de 2005 para el recaudo de bienes utilizados por grupos al margen de la Ley para la Reparación a las víctimas; diferentes alternativas para sometimiento a Justicia y Paz de manera individual o colectiva como lo dispuso el Decreto 3391 de 2006; el conocimiento que las víctimas podían participar en los procedimientos y así contribuir a la verdad conforme a lo dispuesto por el Decreto 315 de 2007; regulaciones especiales que modulaban la pertenencia y voluntad de una persona de someterse a Justicia y Paz como lo fue el Decreto 4719 de 2008, entre otros.

Procuraduría Primera Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750. Ext: 15241 - 15234 - 15332 -15236.

Correo: quejas@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 10 excluidos del sistema transicional creado para ellos por dudas respecto de tales cumplimientos, obtengan nuevos beneficios judiciales en este limitado – en términos de tiempoescenario transicional.

Tal como indicó la Corte Suprema de Justicia en su momento, “los desmovilizados de los grupos paramilitares no son destinatarios de los beneficios previstos en la nueva normatividad transicional, que no modifica o sustituye la ley 975 de 2005, sino que establece una nueva jurisdicción con autoridades, institutos y beneficiarios diferentes”14. Abrir las puertas de la JEP a nuevas “voluntades” de sometimiento a personas que encuentran en la jurisdicción de Justicia y Paz su Juez natural, configuraría a juicio de esta Delegada, un escenario oportunista que congestionaría el sistema y no se corresponde con la naturaleza del Acuerdo Final de Paz; el cual: “(…) es producto del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC E-P. Tanto así que fue elaborada conjuntamente por las partes y aprobadas por el Congreso de la Republica con escasas modificaciones. Sus destinatarios, por tanto, son los desmovilizados de esa agrupación y no los de otras estructuras armadas organizadas al margen de la ley, pues si el propósito

de la ley hubiese sido incluir a todos los actores del conflicto armado, así lo habría indicado sin preocuparse por enumerar, clasificar y distinguir a las personas que menciona en su articulado15” Esta regla general de rechazo a los paramilitares en la JEP ha sido unificada por parte de la Sección de Apelaciones en ocho razones principales: 1) los paramilitares están excluidos del Acuerdo Final por las partes firmantes en forma expresa; 2) no hay una norma expresa que faculte a la JEP para recibirlos; 3) la JEP aplica para estructuras rebeldes y los paramilitares no lo son; 4) no hubo un acuerdo final de paz con los paramilitares (Ralito fue un arreglo previo y parcial de desmovilización); 5) no ha habido un acuerdo de dicha naturaleza después del 24 de noviembre de 2016; 14 Sala Penal Corte Suprema de Justicia. M.P Luis Antonio Hernández Barbosa. AP205-2017. 9 de agosto de 2017. 15 Sala Penal Corte Suprema de Justicia. M.P Luis Antonio Hernández Barbosa