PGN - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - Alcance de la competencia material y temporal

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia para concesión del beneficio de amnistía a quien participó como miembro de la FARC en conflicto armado interno SALA DE AMNISTÍA O INDULTO DE LA JEP-Tratamiento otorgado por esta a comparecientes ex miembros de las Farc-Ep frente a afectaciones por uso de carros bombas JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ-Alcance de la competencia material y temporal El artículo 62 de la Ley 1957 de 2019 desarrolló el alcance de la competencia material estipulado en el Acto Legislativo 01 de 2017 -artículo 5-, en el sentido de que la Jurisdicción Especial para la Paz solamente es competente para conocer de aquellas conductas o delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, ocurridos antes de 01 de diciembre de 2016. Para los miembros de las FARC-EP la competencia también se amplió para las conductas relacionadas estrechamente con el proceso de dejación de armas, incluso con posterioridad al 01 de diciembre de 2016, siempre y cuando se hubiera culminado este proceso, es decir, el 22 de septiembre de 2017; y se contempló a su vez un alcance especial para aquellas conductas relacionadas con la protesta social. Así, al haber ocurrido los hechos el 19 de octubre de 2006, se encuentra plenamente satisfecho el criterio de competencia temporal. SALA DE AMNISTÍA O INDULTO DE LA JEP-Se le ha otorgado competencia para realizar calificación jurídica propia de las conductas bajo estudio COMPETENCIA-Para la concesión del beneficio de la amnistía a quienes hayan participado

en el conflicto armado interno según regulación legal CONDUCTA-Requisitos esenciales para poder ser calificada como actos de terrorismo en el contexto de un conflicto armado CONDUCTA-Requisitos para establecer que esta constituye un crimen de guerra PRUEBAS OBRANTES-Evidencian acciones cuya gravedad configura dos crímenes de guerra Página 2 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 …considera la Procuraduría que el recaudo probatorio que realizó la Sala apuntó a establecer el grado de participación y el nivel de responsabilidad en el que incurrió la señora….., aunque se haya mencionado que esa no era la finalidad. Dicha advertencia, para este Delegado del Ministerio Público, resultó ineficaz para efectos de la instrucción del presente caso. Lo expuesto, en razón a que la justicia ordinaria condenó a la compareciente en calidad de coautora sobre los hechos estudiados, situación que no debería ser discutida en sede de SAI, por tres razones: (i) la amnistía se concede por condenas o investigaciones adelantadas en la justicia ordinaria y cuya veracidad no debe ser discutida en este trámite; (ii) en el trámite de amnistía no pude discutirse o refutarse la

valoración jurídico penal sobre el título de imputación de responsabilidad realizada por la justicia ordinaria sobre los comparecientes o los hechos legalmente probados; y (iii) el beneficio de la amnistía no responde a la persona sino a los hechos, esta es la razón por la que la aplicación de criterios de selección, que señala el artículo 19 de la Ley 1957 de 2019, se encuentra en cabeza de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas –en adelante SRVRDHC-.En el presente caso, encuentra el Ministerio Público que, de conformidad con los hechos, los autores no respetaron principios del DIH y del expediente de la justicia ordinaria y de las pruebas recaudadas no se evidencian acciones dirigidas a mitigar los riesgos, por lo que el umbral de gravedad es suficiente para configurar dos crímenes de guerra. PRUEBAS OBRANTES-No lograron evidenciar elementos nuevos para la concesión del beneficio de amnistía Ahora, si bien la Sala puede practicar las pruebas que considere pertinentes para los trámites de amnistía, le preocupa al Ministerio Público que se incurra en un exceso de ritual manifiesto y no se atienda a los principios de celeridad, eficacia y economía procesal, ya que de las pruebas recaudadas no se lograron evidenciar elementos esencialmente nuevos o determinantes para el objeto de la concesión del beneficio de amnistía de la señora….. La consecuencia de la extensión en el tiempo de las decisiones redundaría en un posible obstáculo en el proceso de reincorporación de los ex combatientes o milicianos, en la seguridad jurídica de las víctimas y comparecientes y en

la naturaleza célere de una justicia de índole transicional. CONDUCTA-Si no reviste la connotación de crimen de guerra se debe reconocer como infracción grave al derecho internacional humanitario lo cual lo hace hecho no amnistiable Página 3 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

E-2019-645987

SAI-AOI-T-LRG-284-2019 – 15/10/19

MARILU RAMÍREZ BAQUERO

Concepto DC-PGN-JEP-LMVM-CDHC48

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2019 Doctora

LILY ANDREA RUEDA GUZMAN

MAGISTRADA}

)(8qw SALA DE AMNISTÍA O INDULTO Jurisdicción Especial para la Paz –JEPinfo@jep.gov.co Carrera 7 N° 63-44

Ciudad Honorable Magistrada: Por medio del presente escrito y de la manera más respetuosa, este Delegado procede a conceptuar en los términos establecidos en el inciso 2 del artículo transitorio 12 del Acto Legislativo 01 de 2017, por la Corte Constitucional en su Sentencia C-674 de 2017 y de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política, en relación con el trámite de amnistía establecido por la Ley 1820 de 2016 en el caso de la señora MARILÚ RAMÍREZ BAQUERO, en atención a lo

señalado en la Resolución SAI-AOI-T-LRG-284-2019 del 15 de octubre de 2019.

I. HECHOS

1. De conformidad con el Informe Ejecutivo del CTI del 27 de noviembre de 2007 dirigido a la Fiscalía 251 Seccional Delegada ante las Fuerzas Militares, producto de la Operación Armagedón adelantada por el Ejército Nacional en contra del Frente 40 de las FARC, el 21 de septiembre de 2007, se halló una caleta con material de intendencia y 3 discos duros de esta organización.

2. El 22 de septiembre de 2010, en el marco de la operación (XXX), Página 4 de 43

Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 adelantada por el Ejército Nacional en el Departamento del Meta (municipio de Vistahermosa) se abatió al señor (XXX) “(XXX)”. En la misma operación se encontraron 15 computadores, 91 memorias y 13 discos duros extraíbles.

3. De la información extraída en los archivos recaudados por el Ejército Nacional se estableció que MARILÚ RAMÍREZ BAQUERO colaboró aportando información de inteligencia a las FARC en el ataque mediante el empleo de un carro bomba, en contra de la Escuela Superior de Guerra, el 10 de octubre de 2006, causando lesiones a más de 30 personas y

múltiples daños. Asimismo, se determinó que mantuvo vínculos académicos con la Universidad Militar Nueva Granada y con el Centro de Educación Superior para la Formación de Especialistas en Defensa y Seguridad Nacional.

4. En el proceso penal ordinario se logró establecer que la señora RAMÍREZ BAQUERO como miembro de las FARC se infiltró en el curso CIDENAL en el año 2005 y aprovechó esta situación e intervino en la colocación de un carro bomba en la sede de la Escuela Superior de Guerra, operación llamada “La Graduación”.

5. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 18 de diciembre de 2015, condenó a la señora MARILÚ RAMÍREZ BAQUERO Página 5 de 43

Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Página 6 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 como coautora de los delitos de terrorismo, lesiones personales agravadas en 30 personas y tentativa de homicidio. La defensa de la compareciente

recurrió el fallo condenatorio y el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión mediante sentencia del 19 de julio de 2016.

II. CONSIDERACIONES

(i) Problema Jurídico: Los hechos analizados en las sentencias de la justicia ordinaria, relacionados con el conflicto armado interno, deben valorarse en razón del ámbito normativo que regula la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-. Por este motivo, aunque se solicite la amnistía por un delito en concreto, la Sala de Amnistía o Indulto debe adecuar este hecho punible a las conductas que conoce la JEP, con el fin de ajustar los beneficios aplicables en esta jurisdicción conforme a las circunstancias específicas del caso. No obstante, los tratamientos y beneficios a los que puede acceder una persona en la Sala de Amnistía o Indulto –SAIno dependen de su participación en un caso o del título de imputación de responsabilidad penal seleccionado por la justicia ordinaria, ya que la aplicación de los criterios de selección tanto de hechos como de personas le corresponde a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. En este sentido, en el desarrollo del presente concepto una de las preguntas centrales que serán tratadas es: Página 7 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

¿Cuál debería ser el tratamiento otorgado por la Sala de Amnistía o Indulto a personas comparecientes ex miembros de las Farc-Ep, frente al uso de carros bomba que produjo afectaciones tanto en bienes como en personas, civiles y militares, en el marco del conflicto armado interno? (ii) Síntesis del caso en concreto y solución al problema jurídico: De conformidad con los hechos del caso y la imputación realizada por la justicia ordinaria, el Ministerio Público evidencia que la condena a título de coautoría por el delito de terrorismo no refleja la naturaleza de la conducta de competencia de la JEP. Por tal razón, desde ya, el Ministerio Público advierte que en este caso considera que se presentaron crímenes de guerra, por lo que estos hechos requieren ser recalificados. Aunado a lo anterior, considera la Procuraduría que el recaudo probatorio que realizó la Sala apuntó a establecer el grado de participación y el nivel de responsabilidad en el que incurrió la señora MARILÚ RAMÍREZ BAQUERO, aunque se haya mencionado que esa no era la finalidad. Dicha advertencia, para este Delegado del Ministerio Público, resultó ineficaz para efectos de la instrucción del presente caso. Lo expuesto, en razón a que la justicia ordinaria condenó a la compareciente en calidad de coautora sobre los hechos estudiados, situación que no debería ser discutida en sede de SAI, por tres razones: (i) la amnistía se concede por condenas o investigaciones adelantadas en la justicia ordinaria y cuya veracidad no debe ser discutida en este trámite; (ii) en el trámite de amnistía no pude

discutirse o refutarse la valoración jurídico penal sobre el título de imputación de responsabilidad realizada por la justicia ordinaria sobre los comparecientes o los hechos legalmente probados; y (iii) el beneficio de la amnistía no responde a la persona sino a los Página 8 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 hechos, esta es la razón por la que la aplicación de criterios de selección, que señala el artículo 19 de la Ley 1957 de 2019, se encuentra en cabeza de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas –en adelante SRVRDHC-. En el presente caso, encuentra el Ministerio Público que, de conformidad con los hechos, los autores no respetaron principios del DIH y del expediente de la justicia ordinaria y de las pruebas recaudadas no se evidencian acciones dirigidas a mitigar los riesgos, por lo que el umbral de gravedad es suficiente para configurar dos crímenes de guerra. Estos crímenes se presentan por la utilización de métodos y medios ilícitos de guerra por parte de las FARC-EP, así como por el propósito de aterrorizar a la población civil a través de acciones violentas. Estas circunstancias fueron demostradas ante la justicia ordinaria y se evidenció que MARILÚ RAMÍREZ

BAQUERO tuvo una participación determinante. Así las cosas, esta Delegada le solicitará a la Sala que no conceda la amnistía por estos hechos y remita el presente caso a la SRVRDHC, por las razones que se expondrán a continuación: (iii) Fundamentos generales de derecho: En atención al Acto Legislativo 01 de 2017, le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición, conocer de manera preferente y exclusiva de las conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, evaluando los criterios generales de acceso a Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 esta justicia especial y las conductas susceptibles de amnistía u otros tratamientos penales especiales. La Ley 1820 de 2016 reguló el alcance, competencias y requisitos para acceder al beneficio de la Amnistía contemplado en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estale y Duradera”. En la cual se señaló que los requisitos para el otorgamiento de estos beneficios responden a los factores de competencia: personal, temporal y material. Adicionalmente, se estipularon las conductas por las cuales los comparecientes no pueden ser sujetos

de este beneficio (parágrafo de artículo 23 y artículo 46). De igual manera, es importante señalar que la Ley 1820 de 2016 debe interpretarse en congruencia con lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1957 de 2019 así como con los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia, tales como las sentencias C-674 de 2017, C-007 de 2018 y C080 de 2018. Por lo anterior, el Ministerio Público considera necesario que se analice con precisión los hechos por los cuales fue condenada la compareciente, a la luz del alcance normativo de las prerrogativas a las que puede acceder a la JEP. En ese sentido, se iniciará el análisis sobre la competencia personal, con el fin de determinar si una vez cumplido es procedente la evaluación de los criterios de competencia material y temporal. (iv) Competencia personal: El criterio de competencia personal para la concesión del beneficio de la amnistía se aplica a quienes tuvieron participación en el conflicto armado interno de manera directa o indirecta, de conformidad con el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, el artículo 63 de la Ley 1957 de 2019 y el artículo 3 de la Ley 1820 de 2016. Página 6 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

De igual manera, el alcance de estas normas para miembros de grupos armadosque hayan suscrito un acuerdo final de pazfue delimitado para aquellas personas que se encuentren en alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 22 de la Ley 1820 de 20161. En atención a lo anterior, en el presente caso el criterio de competencia personal se encuentra plenamente satisfecho, ya que la señora MARILÚ RAMÍREZ BAQUERO fue incorporada en los litados de las FARC-EP, de conformidad con el punto 3.2.2.4 del Acuerdo Final2 y posteriormente fue acreditada. Lo anterior consta en el Oficio OFI19-00019969/JMSC 112000 emitido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz –OACP-, el 27 de febrero de 2017, y que reposa en el expediente del presente trámite3. Por este motivo, en la presente actuación resulta prueba suficiente para 1 “1. Que la providencia judicial condene, procese o investigue por pertenencia o colaboración con las FARC-EP, o 2. Integrantes de las FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha organización expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Lo anterior aplica aunque la providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia a las FARC-EP, o3. Que la sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a las FARC-EP, aunque no se condene por un delito político, siempre que el delito por el que haya resultado condenado cumpla los requisitos de conexidad establecidos en esta ley, o 4. Quienes sean o hayan sido investigados, procesados o

condenados por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o colaboración a las FARC-EP. 2 El proceso de acreditación se encuentra a cargo del Alto Comisionado para la Paz, de conformidad con la Ley 1779 de 2016 por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014, normatividad que señala que solo se podría hacer sobre la base del listado entregado por las FARC-EP de conformidad con el punto 3.2.2.4 del Acuerdo Final, el cual debe cumplirse de buna fe de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2017. 3 Folio 10 del Cuaderno del Expediente No. 1 del proceso, correspondiente a la certificación dela OACP. Página 7 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 analizar el criterio de competencia personal la certificación emitida por la OACP. No obstante, esta Delegada considera pertinente adicionar que en el desarrollo del proceso se evidencia que los hechos se relacionan de manera cercana y suficiente

con el conflicto armado en el que participaron las FARC-EP, además de ser una conducta que se atribuyó dicha organización4. (v) Competencia material y temporal: El artículo 62 de la Ley 1957 de 2019 desarrolló el alcance de la competencia material estipulado en el Acto Legislativo 01 de 2017 -artículo 5-, en el sentido de que la Jurisdicción Especial para la Paz solamente es competente para conocer de aquellas conductas o delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, ocurridos antes de 01 de diciembre de 2016. Para los miembros de las FARC-EP la competencia también se amplió para las conductas relacionadas estrechamente con el proceso de dejación de armas, incluso con posterioridad al 01 de diciembre de 2016, siempre y cuando se hubiera culminado este proceso, es decir, el 22 de septiembre de 20175; y se contempló a su vez un alcance especial para aquellas conductas relacionadas con la protesta social. Así, al haber ocurrido los hechos el 19 de octubre de 2006, se encuentra plenamente satisfecho el criterio de competencia temporal. 4 Folio 93 del Cuaderno del Expediente No. 93 del proceso, correspondiente a la Sentencia de Apelación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., del 21 de julio de 2016. 5 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “ONU finaliza el proceso de dejación de armas y entrega las cifras consolidadas del armamento recibido e inhabilitado de las Farc”, 22 de septiembre de 2017, disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2017/Septiembre/onufinalizadejacion-armas-entrega-cifras-consolidadas-armamento-recibido-inhabilitado.aspx Página 8 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Ahora, la Sentencia C-080 de 2018 que examinó la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, señaló que los presupuestos de competencia material son indicativos y no taxativos, ya que le corresponde a la autoridad judicial transicional evaluar la conducta, su modo de comisión, los patrones y la relación estricta con el conflicto armado interno. Este análisis debe realizarse con independencia de la calificación jurídica que las autoridades judiciales ordinarias le haya conferido a las conductas, en el entendido de que estas deben adecuarse a la normatividad y a los principios que rigen la JEP. Esta facultad ratifica la competencia prevalente y exclusiva de esta jurisdicción sobre los hechos relacionados con el conflicto armado (artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2017), garantiza la integralidad del Sistema y le permite a las salas o secciones de paz recalificar los hechos cuando sea necesario para garantizar los fines del Sistema. No obstante, esto no significa que la recalificación de la conducta implique también la recalificación del título de imputación de responsabilidad penal o la discusión sobre el grado de

participación de un compareciente en el hecho global estudiado, mucho menos que ponga en tela de juicio la valoración de los hechos que la justicia ordinaria dio por probados. En este contexto, una vez la JEP haya evaluado las conductas por las cuales un compareciente accede al Sistema o se determine el alcance de los beneficios demandados por una persona, deberá establecer las prerrogativas a las que efectivamente puede acceder, según la gravedad y la cláusula de prohibición de amnistías o renuncias a la persecución penal contemplados en la Ley 1957 de 2019 (artículo 42). Así, aunque la concesión de amnistías debe realizarse en los procesos de posconflicto de la manera más amplia posible6 -incluso para aquellas conductas 6 Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949, artículo 6, numeral 5. Página 9 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 conexas a los delitos políticos (arts. 8 y 23 de la Ley 1820 de 2016)-, los límites se enmarcan en las garantías que tienen las víctimas en estos procesos y en el deber internacional que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar la comisión de crímenes internacionales. En el caso en concreto, encuentra esta Delegada del Ministerio Público que tal y

como consta en el proceso de la justicia ordinaria, tanto en la sentencia de primera instancia como de segunda instancia, la señora MARILÚ RAMÍREZ BAQUERO fue condenada por su participación en el ataque mediante carro bomba a la Escuela Superior de Guerra. Hechos que fueron tipificados y condenados como Terrorismo (artículo 343 de la Ley 599 de 2000); en concurso heterogéneo con el delito de Tentativa de Homicidio Agravado (artículos 103, 104 numeral 8° e inciso 1° del artículo 27 de la Ley 599 de 2000); y Lesiones Personales Agravadas (artículos 111, 114 inciso 2° y 119 de la Ley 599 de 2000), conductas adecuadas a la circunstancia de agravación punitiva genérica del numeral 10° del artículo 58 de la Ley 599 de 20007. a. Calificación jurídica propia Al momento de determinar la procedencia de la amnistía, la Sala debe partir de la competencia que se les ha otorgado a todas las Salas y Secciones de la JEP para realizar una calificación jurídica propia de las conductas bajo estudio. El Acuerdo Final estableció que los marcos de referencia para la actuación del SIVJRNR incluyen, principalmente, el Derecho Internacional en materia de Derechos 7 Folio 63 del Cuaderno del Expediente 5, correspondiente a la Sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., del 18 de diciembre de 2015, con radicado 1100160000972007-00066. Página 10 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80

BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Humanos (DDHH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI), además de la Ley 599 de 2000. En virtud de estas normativas la adecuación de la conducta a la norma sancionadora no necesariamente coincidirá con aquella realizada por el operador jurídico de la justicia ordinaria. Así fue reconocido tanto en el Acto Legislativo 01 de 2017, en los artículos transitorios 5 y 228, como en la Ley Estatutaria 1957 de 2019. El artículo 23 de esta última normativa define el derecho aplicable dentro del SIVJRNR, estableciendo que las resoluciones y sentencias emitidas por la JEP determinarán una calificación jurídica propia, con base en las fuentes jurídicas arriba mencionadas. Adicionalmente, reconoce expresamente que “la calificación resultante podrá ser diferente a la efectuada con anterioridad por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas para la calificación de esas conductas, por entenderse aplicable como marco jurídico de referencia el Derecho Internacional”. 8 Acto Legislativo 1 De 2017. “Art. transitorio 5. La JEP al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal Colombiano y/o en las normas de Derecho

Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad”. “Artículo transitorio 22°, Calificación jurídica de la conducta en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará, con estricta sujeción al artículo 29 de la Constitución Política, en el Código Penal colombiano vigente al momento de la comisión del hecho, en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). La JEP respetará las obligaciones internacionales de investigación, juzgamiento y sanción. Lo anterior, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. En la valoración de la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, también se tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad legal”. Página 11 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 BOGOTÁ D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : , , www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Con base en esa normativa y tal como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia C-007/18, la JEP cuenta con la competencia para analizar las

conductas y establecer su calificación jurídica con base en un marco normativo mucho más amplio que el que le otorga el Derecho Penal Interno. En consecuencia, la Sala de Amnistía no puede limitarse a verificar si el delito por el que se adelantó el proceso penal ordinario es o no amnistiable, sino que debe verificar los hechos, a la luz de las distintas fuentes jurídicas y con base en el principio de favorabilidad. En ese sentido, el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 afirma que “(…) La JEP al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad”. a. Delito de terrorismo Entender lo anterior es esencial en la medida en la que la compareciente fue condenada por el delito de terrorismo en la jurisdicción ordinaria. Razón por la cual es deber de la Sala verificar que dicha imputación se refiera, en realidad, a hechos que se adecúen a esa descripción típica, en la medida en la que es el delito el que determina la procedencia de los beneficios consagrados en la Ley 1820 de 2016. A pesar de que el término terrorismo suele vincularse a actos masivos de violencia que en el imaginario colectivo remite a hechos como los atentados en Nueva York y Washington del 11 de setiembre de 2001 o del 11 de marzo de 2004 en Madrid,

lo cierto es que el fenómeno del terrorismo no es propio de esta época. Página 12 de 43 Proc. 3 Delegada con Funciones de intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra