PGN - JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Caducidad de la acción de reparación dir

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad Como se conoce, la acción de reparación directa es la llamada a ser incoada cuando el accionante busca la indemnización de un daño ocasionado por la acción u omisión de las autoridades estatales, entre ellos, cuando se deriva de dicha actuación la privación injusta de la libertad como daño antijurídico. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Caducidad de la acción de reparación directa Aún cuando la norma contenida en el Código Contencioso Administrativo es clara respecto de los términos de caducidad para cada acción, es de anotar que el Consejo de Estado en su jurisprudencia en procesos relacionados con la privación injusta de la libertad, ha señalado que el término de dos años establecidos en la ley para que opere el fenómeno de la caducidad de la acción, se cuenta desde el momento en que queda ejecutoriada la sentencia o providencia definitiva mediante la cual se absuelve o se ordena la preclusión de la investigación penal, y no desde la fecha en que se materializa la libertad individual, la cual puede en algunas ocasiones coincidir con la decisión judicial que termina el proceso, al considerar que es a partir de aquella fecha en que efectivamente se puede demostrar la injusticia de la medida de aseguramiento. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Operó el fenómeno de caducidad de la acción Teniendo en cuenta que los dos años de caducidad de que trata el artículo 136 del C.C.A., para presentar la demanda de acción de reparación directa se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de la ocurrencia

de la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. Se tiene entonces, que tenía como plazo para presentar la demanda el día 13 de diciembre de 2006 y radicó la demanda el 15 de diciembre de 2006, es decir, dos años y dos días después de ocurrido el hecho, esto es, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad. Es de anotar, que ni en la demanda, ni en documentos, se encuentra información que permita deducir que el término de dos años señalado en el Código Contencioso Administrativo para iniciar la acción de reparación directa se haya interrumpido en virtud de algún suceso especial, como la vacancia judicial, los días inhábiles por circunstancia extrema, o porque se estuviere tramitando conciliación prejudicial ante las autoridades correspondientes para así impedir que ocurriera el fenómeno de la caducidad de la acción. La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, cuando el funcionario judicial la declara porque se encuentra probada en el proceso, en la medida en que ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Caducidad/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Principio de congruencia de la sentencia Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

EXP. No. 250002326000200602228 01

(43217) Rzo El Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Código de Procedimiento Civil consagra el principio de congruencia de la sentencia, que obliga al juez a pronunciarse en consonancia con los hechos, las pretensiones y las excepciones, siempre y cuando se encuentren probados en el proceso. Respecto de la caducidad de la acción que es una de las excepciones que puede ser declarada de oficio por el funcionario judicial, es de anotar que éste está obligado a realizar un exhaustivo estudio al proceso a fin de determinar que no haya operado el fenómeno porque de lo contrario hay lugar a aplicar la garantía de la seguridad jurídica para los sujetos procesales como sanción para quien dejó vencer el plazo preclusivo. Con los documentos allegados al proceso se acredita, en primer lugar, que la demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa y, en segundo lugar, la falta de pruebas sobre la existencia de alguna causal de interrupción del termino de caducidad, lo que da lugar a inferir que en el sub examine operó el fenómeno de la caducidad de la acción la que merece ser declarada de oficio por la Sub Sección de Decisión.

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 194 / 2012

Bogotá D.C., 25 de junio de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE DOCTOR: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200602228 01 (43217)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Actora: GRACIELA SIERRA TURCA

DEMANDADOS: NACIÓNRAMA JUDICIAL y NACIÓN FÍSCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Sentido del concepto: solicitud de confirmación de la sentencia recurrida originada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha siete (7) de julio de dos mil once (2011). Se probó que la demanda de Reparación Directa fue presentada después de los dos (2) años que concede el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo/ Operó el fenómeno de caducidad de la acción.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 20001233100020080029301 (40471) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-149386

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(43217) Rzo El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda La señora GRACIELA SIERRA TURCA, en ejercicio de la acción de reparación

directa, presentó demanda contra La Nación – Rama Judicial –y NaciónFiscalía General de la Nación, con la pretensión de que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios materiales y morales causados por la privación de la libertad de que fue objeto su esposo TOMÁS RAFAEL JORDÁN MORALES por espacio de veinticuatro (24) meses diez (10) días. 1.2. La contestación 1.2.1. La NaciónFiscalía General de la Nación dio respuesta a la demanda. En relación con los hechos, manifestó que no le constaban y, en consecuencia, se atenía a lo que se probara. Se opuso a la totalidad de todas las pretensiones. Señaló que existen prensiones a favor del señor JORDÁN MORALES, sin que se haya aportado el poder para actuar en su nombre.

Propuso la excepción: indebida integración del extremo pasivo por ausencia de coherencia en el aporte del poder para actuar y el petitum de la demanda. 1.2.2. La Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de investigar lo favorable como lo desfavorable al procesado, y que su actuación se ciñó a sus competencias legales. Dijo que en el caso de una eventual Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3

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(43217) Rzo condena, esta debía recaer en la Fiscalía General de la Nación pues dicha entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal. 1.2.3. Propuso la de excepción: CADUCIDAD, la cual esta llamada a prosperar por cuanto la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia es del 24 de noviembre de 2004, la cual quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de ese mismo año. La demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2006, sobrepasando el término de dos (2) años que el legislador estableció para iniciar las demandas y acciones como en el caso que nos ocupa. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la NaciónRama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial y negó las pretensiones de la demanda al considerar, en síntesis, lo siguiente: 1.3.1. En las acciones por privación injusta de la libertad, el término de caducidad de la acción, previsto en el artículo 136 del C.C.A., debe contarse a partir de la ejecutoria de la última providencia judicial que agota todas las instancias penales. En el caso bajo estudio, obra copia auténtica de certificación de ejecutoria expedida por la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien manifestó que “mediante sentencia de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil cuatro (2004), como aparece en el acta No. 106, absolvió al señor Tomás Rafael

Jordán Morales, de los cargos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y prevaricato por acción por los cuales fue acusado por la Fiscalía General de la Nación. El fallo cobró ejecutoria el trece (13) de diciembre de dos mil cuatro (2004) a las cuatro de la tarde (4 p.m.)” 1.3.2. La caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a esa fecha, esto es el catorce (14) de diciembre de dos mil seis (2006). De lo anterior se desprende que la demanda debió presentarse en el término de los dos años siguientes, es decir, hasta el jueves catorce (14) de diciembre de dos mil seis (2006), Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 20001233100020080029301 (40471) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-149386

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(43217) Rzo que era un día hábil. Verificado el expediente, al reverso del folio 29 del cuaderno principal se constata que la demanda se presentó el viernes quince (15) de diciembre de dos mil seis (2006), por lo cual se encuentra probado que en el caso bajo examen acaeció el fenómeno jurídico de la caducidad, circunstancia que impone negar las pretensiones de la demanda. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte actora argumenta: que no operó la caducidad, por tanto,

era obligación de la Honorable sala pronunciarse de fondo sobre las prensiones de la demanda, La sentencia recurrida se debe revocar por carecer de motivación y análisis integral y en sana crítica de todo el material probatorio incorporado válidamente a la actuación lo cual es violatorio del debido proceso y derecho a la defensa consagrado en el artículo 29 de nuestra Carta Política el cual regula que: “ El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes prexistente al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal “la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Manifestó que los testimonios de Clemencia García de Useche, Dra. Blanca Celmira García Rueda y del doctor Guillermo Useche Romero, testigos presenciales directos de los hechos materia de la presente acción, informaron al despacho sobre la arbitrariedad por parte de la Fiscalía en la detención del Dr. Jordán, las humillaciones padecidas en razón de la misma, los perjuicios de toda índole padecidos en forma directa y por parte de su familia.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5

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(43217) Rzo 2.1.1. ¿Tiene viabilidad un proceso de reparación directa el cual fue presentado dos años y dos días después de haber quedado ejecutoriado el proceso penal? 2.2. Medios probatorios allegados al proceso. Para demostrar los hechos sustento de la demanda y la defensa, se aportaron al proceso, los siguientes medios de pruebas; 2.2.1. Documentales:  Copia auténtica de la sentencia de única instancia proferida por le H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M. P. Yesid Ramírez Bastidas de fecha 24 de noviembre de 2004, a través de la cual se absolvió de los cargos imputados a Tomás Rafael Jordán Morales. (fls 45 a 69), c-2).  Copia auténtica de constancia de ejecutoria del fallo mencionado en el numeral anterior, donde se manifestó que el fallo cobró fuerza ejecutoria el 13 de diciembre de 2004 a las 4:00 p.m. ( fl. 69 reverso, c-2).  Copia auténtica del boletín de prensa No. 254 de 14 de septiembre de 1999, en el cual la Fiscalía General de la Nación da cuenta de la medida de aseguramiento impuesta a TOMÁS RAFAEL JORDÁN MORALES (fl. 70, c-2). El Consejo de Estado Sentencia 09-04-2008 Consejero Ponente: RAMIRO

SAAVEDRA BECERRA dijo.

Caducidad de la acción de reparación directa

“El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas, la de reparación directa que caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa (num. 8). La jurisprudencia de la Sección Tercera ha interpretado esa norma en aplicación de los principios pro actioni y pro damato, según los cuales en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en que el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 20001233100020080029301 (40471) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-149386

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(43217) Rzo del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no. Así en auto del 30 de enero de 2003 se dijo: “Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del C. C. A. establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de

trabajos públicos, dicha norma entendida DE MANERA RACIONAL DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO BASTA CON LA REALIZACIÓN PURA Y SIMPLE DEL HECHO CAUSANTE DEL DAÑO SINO QUE ES NECESARIO QUE HAYA SIDO CONOCIDO POR EL AFECTADO, LO CUAL EN LA MAYORÍA DE LAS VECES OCURRE AL MISMO TIEMPO. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción”. 2.3. Caso concreto. Caducidad de la Acción El Código Contencioso Administrativo a fin de garantizar la seguridad jurídica establece, en relación con cada una de las acciones en él consagradas, el término que se otorga al accionante para iniciar el correspondiente proceso so pena de que opere el fenómeno de la caducidad. Respecto de la acción de reparación directa, el artículo 136 del Código antes mencionado, consagra como término de caducidad el “plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”. Como se conoce, la acción de reparación directa es la llamada a ser incoada cuando el accionante busca la indemnización de un daño ocasionado por la acción u omisión

de las autoridades estatales, entre ellos, cuando se deriva de dicha actuación la privación injusta de la libertad como daño antijurídico. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 20001233100020080029301 (40471) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-149386

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(43217) Rzo Aún cuando la norma contenida en el Código Contencioso Administrativo es clara respecto de los términos de caducidad para cada acción, es de anotar que el Consejo de Estado en su jurisprudencia en procesos relacionados con la privación injusta de la libertad, ha señalado que el término de dos años establecidos en la ley para que opere el fenómeno de la caducidad de la acción, se cuenta desde el momento en que queda ejecutoriada la sentencia o providencia definitiva mediante la cual se absuelve o se ordena la preclusión de la investigación penal, y no desde la fecha en que se materializa la libertad individual, la cual puede en algunas ocasiones coincidir con la decisión judicial que termina el proceso, al considerar que es a partir de aquella fecha en que efectivamente se puede demostrar la injusticia de la medida de aseguramiento. En el caso presente se tiene que el señor Tomás Rafael Jordán Morales estuvo físicamente privado de la libertad por la orden de detención proferida en su contra por El Vice Fiscal General de la Nación, según consta en la demanda (num 32 de los

hechos) durante”6 meses y 10 días en detención física carcelaria en la Penitenciaria Central de la Picota y 18 meses en detención domiciliaria”. También se observa en el expediente penal que, la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 24 de noviembre de 2004 absolvió al señor Tomás Rafael Jordán Morales de los cargos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y prevaricato por acción por los cuales fue acusado por la Fiscalía General de la Nación. De conformidad con la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de los hechos, para determinar la ejecutoria de las providencias se tiene en cuenta el contenido del artículo 187: ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 20001233100020080029301 (40471) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-149386

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(43217) Rzo materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.

Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión. Al aplicar la norma anterior a la providencia proferida por la H. Corte Suprema de JusticiaSala de Casación Penal, que fue con la que absolvió a Jordán Morales el 24 de noviembre de 2004. El fallo cobró ejecutoria el trece (13) de diciembre de dos mil cuatro (2004) a las cuatro (4:00) de la tarde como consta en el anverso del folio 69, del cuaderno 2. Teniendo en cuenta que los dos años de caducidad de que trata el artículo 136 del C.C.A., para presentar la demanda de acción de reparación directa se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de la ocurrencia de la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. Se tiene entonces, que tenía como plazo para presentar la demanda el día 13 de diciembre de 2006 y radicó la demanda el 15 de diciembre de 2006, es decir, dos años y dos días después de ocurrido el hecho, esto es, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad. Es de anotar, que ni en la demanda, ni en documentos, se encuentra información que permita deducir que el término de dos años señalado en el Código Contencioso Administrativo para iniciar la acción de reparación directa se haya interrumpido en

virtud de algún suceso especial, como la vacancia judicial, los días inhábiles por circunstancia extrema, o porque se estuviere tramitando conciliación prejudicial ante las autoridades correspondientes para así impedir que ocurriera el fenómeno de la caducidad de la acción. La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, cuando el funcionario judicial la declara porque se encuentra probada en el proceso, en la medida en que Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 20001233100020080029301 (40471) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-149386

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(43217) Rzo ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables. El Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Código de Procedimiento Civil consagra el principio de congruencia de la sentencia, que obliga al juez a pronunciarse en consonancia con los hechos, las pretensiones y las excepciones, siempre y cuando se encuentren probados en el proceso. Respecto de la caducidad de la acción que es una de las excepciones que puede ser declarada de oficio por el funcionario judicial, es de anotar que éste está obligado a

realizar un exhaustivo estudio al proceso a fin de determinar que no haya operado el fenómeno porque de lo contrario hay lugar a aplicar la garantía de la seguridad jurídica para los sujetos procesales como sanción para quien dejó vencer el plazo preclusivo. Con los documentos allegados al proceso se acredita, en primer lugar, que la demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa y, en segundo lugar, la falta de pruebas sobre la existencia de alguna causal de interrupción del termino de caducidad, lo que da lugar a inferir que en el sub examine operó el fenómeno de la caducidad de la acción la que merece ser declarada de oficio por la Sub Sección de Decisión.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A. , datada el siete (7) de julio de dos mil once ( 2011). Debe ser CONFIRMADA.

Del señor Consejero, Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 20001233100020080029301 (40471) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-149386

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(43217) Rzo MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 20001233100020080029301 (40471) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-149386