PGN - JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Falla en la prestación del servicio con

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad CONCILIACIÓN-Es viable conciliar sobre la posición de la Rama Judicial frente al pago de perjuicios Encuentra este despacho que habiendo sido declarado el daño con base en las afirmaciones de la misma entidad demandada, y existiendo ánimo resarcitorio por parte de dicho ente –como fue expresado por la apelantede manera autónoma, es viable conciliar sobre la posición de la Rama Judicial frente al pago de perjuicios, y esclarecer sobre los puntos no explicados en el fallo. Estando en el momento procesal adecuado, conceptuará ésta Delegada declarando la viabilidad de la conciliación pretendida. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Falla en la prestación del servicio con ocasión de la detención injusta JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Presupuestos para que proceda la declaratoria de de la responsabilidad extracontractual del Estado PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 30953 880012331000200300049 01 JEBS CONCEPTO DE CONCILIACION No. 10 / 2013 Bogotá D. C, Abril 4 de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA –SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 880012331000200300049 01 (30953)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Luis Filipo Ceballos Morán

DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial Sentido de la intervención del Ministerio Público en la audiencia de conciliación:

CONCILIACIÓN VIABLE.

Temas: Privación injusta de la libertad / Falta de legitimación en la causa por pasiva / Aclaración de la condena.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos: La demanda que dio origen al presente proceso, fue interpuesta por el Sr. Luis Filipo Ceballos Morán contra la Nación, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a fin de que fueran éstos declarados pecuniaria y administrativamente

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 30953 880012331000200300049 01 JEBS responsables, y en consecuencia fueran condenados al pago de indemnización a favor del actor, como resultado de los perjuicios ocasionados a éste como consecuencia de la injusta privación de la libertad (por lapso de cuatro meses), a que fue sometido el Sr.

Ceballos -quién hasta el momento de su detención se desempeñaba como agente de policíaluego de serle dictaminada detención preventiva dentro de una investigación por tráfico de estupefacientes. Luego de que la misma Fiscalía reconociera profundos y evidentes yerros en su labor investigativa frente al actor, y de obtener concepto negativo en un control de legalidad rendido por el Ministerio Público, el demandante fue dejado en libertad. Como consecuencia de la detención, el actor fue llamado a calificar servicios en la Policía, y sufrió perjuicios morales derivados del reproche social que trae consigo la imposición de la medida de aseguramiento. 1.2. Sentencia de Primera Instancia Mediante sentencia de 7 de Abril de 2005, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina falló favorablemente al actor, condenando a la Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios reclamados. Declaró el H. Tribunal probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional y otros ministerios demandados, mientras que, basado en la resolución proferida Por la Fiscalía 27 USFSAI de Enero 30 de 2001, en la que el propio ente investigativo declara haber violado el derecho al debido proceso del actor, así como una serie de vías de hecho dentro del proceso; condenó a la Fiscalía al pago de $11’445.000 M/cte a favor del demandante. 1.3. Apelación. En la medida en que el fallo no hace mención alguna a la situación de la Rama Judicial frente a la condena, apeló la apoderada de ésta entidad la decisión, pidiendo inicialmente que se revoque la decisión por tratarse de una caso de duda razonable, y en segunda

instancia que, en caso de no revocarse, se llame únicamente a la Fiscalía a efectuar el 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 30953 880012331000200300049 01 JEBS pago, ya que esta entidad en el pasado comunicó a la Dirección Administrativa de la Rama Judicial poder hacerlo de forma autónoma.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. 2.2.1. ¿Es viable realizar un acuerdo conciliatorio entre las partes del proceso que nos ocupa, luego de conocerse que el mismo versa sobre una responsabilidad no declarada en el fallo y que el único condenado está de acuerdo en realizar el pago de forma autónoma?

2.2. Marco Teórico. Serán tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es

la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 30953 880012331000200300049 01 JEBS predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Falla en la prestación del servicio. Desarrollo Jurisprudencial en el tema de la detención injusta. El Consejo de Estado ha venido desarrollando toda una línea jurisprudencial en materia de detención injusta, que se encuentra reflejada en los siguientes extractos: “La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el decreto ley 2.100 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra

“objetiva o amplia”. La primera de esas tesis, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias: - Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada. - Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que “la absolución final (.) no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención”. -Sentencia expedida el día 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; -Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del C. P. P. el demandante debe demostrar no sólo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional”. -Sentencia dictada el día 2 de octubre de 1996; indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente N° 30953 880012331000200300049 01 JEBS la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad”. En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención. La Sala adoptó la última posición jurisprudencial mencionada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del decreto ley 2.700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la

de comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están contenidos en las siguientes providencias: -Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994, Exp. 9734. - Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996, Exp. 10299. -Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, Exp. 11601. La Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001, así se dijo recientemente en sentencia proferida el día 14 de abril de 2002, Exp. 13606, porque considera que en estos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia”. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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2.3. Caso Concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir su concepto:

 Encuentra este despacho que habiendo sido declarado el daño con base en las afirmaciones de la misma entidad demandada, y existiendo ánimo resarcitorio por parte de dicho ente –como fue expresado por la apelantede manera autónoma, es viable conciliar sobre la posición de la Rama Judicial frente al pago de perjuicios, y esclarecer sobre los puntos no explicados en el fallo.  Estando en el momento procesal adecuado, conceptuará ésta Delegada declarando la viabilidad de la conciliación pretendida.

III. CONCLUSIÓN Teniendo claro lo expuesto en líneas anteriores, esta Procuradora Delegada considera que en relación con estos hechos, la conciliación resulta viable.

Del honorable Magistrado,

MARIA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co