PGN - JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Responsabilidad del estado por la priv

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Lo que se configuró fue una total carencia de pruebas para imponer la detención del demandante Para ésta Delegada, es acertada la posición del Juez de primera instancia, en relación con la responsabilidad que le declaró a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, toda vez que el hoy accionante le fue precluida la investigación en la sentencia del 14 de agosto de 1998, por el delito de Secuestro Extorsivo, en aplicación del principio “in dubio pro reo” y configurándose por tanto una detención injusta que no debió ser soportada. Respecto a la medida de aseguramiento que le fue impuesta por la Fiscalía, está Delegada resalta que, a la luz de como se evidenciaron los hechos y de acuerdo a los preceptos legales, doctrinarios y jurisprudenciales, lo que se configuró fue una total carencia de pruebas para imponer la detención del hoy demandante, pues sólo se basó en la indagatoria que rindieron los denunciantes, circunstancia que no alcanza a tener suficiente valor probatorio para calificar la conducta del accionante e imponerle una medida de detención que no estaba en la obligación de soportar, pues sin duda se evidencia un falta de rigor jurídico en la construcción de los indicios para proferir dicha medida, en razón a que no se le puede otorga plena validez a cualquier denuncia presentada por personas que no tienen total certeza de quienes fueron los que participaron en el hecho delictivo, sin antes realizar un análisis de acuerdo a las reglas de

la sana crítica de los testimonios rendidos y además de buscar otros elementos que puedan ayudar a lograr un fundamento razonable y ajustado a derecho. Al respecto vale puntualizar que no todas las denuncias se pueden convertir en detenciones, debe si es del caso, seguirse una investigación y una valoración de los elementos probatorios practicados para de tal forma proferirse medida de aseguramiento, porque lo que esta en juego es el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a la libertad, el cual en el presente caso fue vulnerado toda vez que, la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta administración de justicia, contraviniendo incluso lo preceptuado en la Convención Americana de los DD HH en la materia. DAÑO ANTIJURÍDICO-Al momento de la detención no habían indicios graves exigidos por la ley Teniendo en cuenta ello, es evidente que en el caso que nos ocupa, por el hecho de haberse presentado un daño antijurídico, el accionante no estaba en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, pues al momento de la detención no habían indicios graves exigidos por la Ley, que permitieran vislumbrar que en realidad se había cometido el delito, si no simples conjeturas y apreciaciones erróneas de los mismos denunciantes, lo cual configuran el inicio del error del cual se derivó el injusto, pues sus testimonios fueron contradictorios, tal y como quedó expuesto en la sentencia absolutoria. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por falla en el servicio/

INDEMNIZACIÓN-Por los perjuicios morales Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para ésta Delegada del Ministerio Público, es posible concluir que en el presente caso se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial, bajo el titulo de imputación de falla en el servicio. Por consiguiente, en lo relacionado con los perjuicios solicitados, cabe advertir que la indemnización otorgada por los perjuicios morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación, reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales y constitucionales que se han establecido y que por tanto esta Delegada, se remite a lo estipulado por el ad quo. CONCILIACIÓN-Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por la evidente configuración de falla en el servicio Finalmente es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los

Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del patrimonio público. En resumen, el artículo mencionado contiene en su espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad. Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Fiscalía General De La Nación el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de falla en el servicio, existiendo razones suficientes para presentar la respectiva demanda. En concepto del Ministerio Público se dan las condiciones suficientes, pues están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial y administrativa de las entidades demandadas, para considerar viable un acuerdo conciliatorio, en razón al daño antijurídico que sufrió el señor con la privación injusta de la cual fue objeto. El Ministerio Público considera que en relación con estos daños, la conciliación resulta viable.

JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Responsabilidad del

Estado por la privación injusta de la libertad JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-La obligación de soportar las cargas públicas en materia de detención preventiva 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01

I.J.C.B CONCEPTO PARA CONCILIACIÓN No. 11 / 2013

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2013. Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 760012331000200100231 01(30609)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Luís María Jerez González y otros.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA

NACIONAL-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-MINISTERIO

DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.

Sentido del Concepto: positivo para conciliación / Se configuró el daño antijurídico, toda vez que el actor no se encontraba en la obligación de soportar la detención injusta. / El juez debe aplicar los principios de equidad, solidaridad y dignidad humana en la tasación de los perjuicios morales. / No conciliar cuando existen elementos suficientes, significa para el Comité de Conciliación incurrir en responsabilidades de tipo fiscal y

disciplinario. / Deber de incoar la acción de repetición. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto para conciliación en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

El señor LUÍS MARÍA JEREZ GONZÁLEZ y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO, para que se les declare responsables de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, con motivo de la “privación injusta de la libertad” del cual fue víctima Luís María Jerez González, por el término de 28 meses y 15 días, por el delito de Secuestro Extorsivo. 1.2. La contestación

LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, contestó la demanda, a través de apoderado, quien se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que, las actuaciones judiciales se decidieron conforme a derecho y en razón a ello no se puede entrar a responsabilizar al ente investigador de una falla del servicio como lo quiere hacer ver el actor. 1.3. Sentencia de primera instancia. La sala de descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B y Nariño, en sentencia del 31 de enero de 2005, declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de Nación por los perjuicios ocasionados a la víctima, pues la contradicción de los testigos principales dentro de la instrucción penal en relación a la identificación de las personas autoras del delito fueron contradictorias, configurándose así en una privación injusta de la libertad ya que el procesado no estaba en la obligación de soportar la carga. 1.4. Argumentos de la Apelación La apoderada de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitó que se revoque la sentencia, manifestando su inconformidad respecto la responsabilidad que le fue declarada, pues el sindicado tenía el deber jurídico de

soportar la investigación, por ende el daño que supuestamente sufrió por haber estado privado de la libertad no tiene el carácter de antijurídico como lo pretende hacer ver el demandante. Cada vez que se absuelva al sindicado de un delito no se puede ver comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es posible conciliar a partir de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil cinco (2005) por la sala de descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño? 2.1.2. ¿El monto de los perjuicios reconocidos a los demandantes, reúne los 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B requisitos establecidos por preceptos legales y constitucionales? 2.2. Marco Teórico. Premisa Normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política.

Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que

surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración. 2.2.2. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. A través de la Sentencia del 4 de diciembre de 2.006, en el expediente 13.168, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez, sintetiza en los siguientes términos este aspecto de manera puntual: “Esta Corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado

de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios

fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”. Considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi. En relación con la inconveniencia si no imposibilidad de verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta Corporación lo siguiente: «Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial

tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley. No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio1. He aquí la demostración de que la injusticia del

perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado»2 (Subrayas y negrillas fuera del texto original). 2.2.3. Los criterios que debe tener el Juez Contencioso Administrativo en la tasación de los perjuicios morales. Según la Constitución Política en su titulo Primero: “De los principios fundamentales” fija los principios básicos del Estado social de derecho: “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. La valoración del daño moral, tiene en cuenta varios factores a saber: el status de las personas que lo reclama y el pretium affectionis o doloris de los parientes y allegados. Naturalmente, estos deben ser reconocidos de manera proporcional al daño que se supone sufren quienes acuden en demanda de reparación, en virtud de la obligación que le asiste al Estado de resarcir patrimonialmente el daño causado 1 Nota de la sentencia citada: Sobre la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, se pronunció esta Sala en sentencia del 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, extendiéndola a casos en que la absolución se ha producido por razones distintas a las previstas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y concretamente por aplicación del principio in dubio pro reo. 2 Sección Tercera, sentencia de 27 de septiembre de 2000, Radicación 11601, Consejero

ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, actor: Ana Ethel Moncayo de Rojas y otros. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B En materia de valoración del daño se atiende al principio de equidad. En lo que atañe al daño moral, la indemnización no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación. A partir de las anteriores consideraciones, el principio de equidad, se impone de conformidad con la ley 446 de 1998, art. 16, pero adquiere mayor entidad en la medida en que la naturaleza del daño extrapatrimonial determina por si mismo que para restablecer el equilibrio conculcado, debe acudirse a la discrecionalidad del Juez, que aplica su criterio a partir de las pruebas debidamente allegadas en el curso del proceso. La norma antes mencionada introduce la concepción de que la indemnización del daño no tiene límites distintos a los de su propia y verdadera magnitud, de forma tal que si el daño es material, su resarcimiento es necesariamente integral. Pero en tratándose del daño moral, que por su naturaleza no es reparable, sino compensable, de forma tal que acudiendo al principio de la equidad, hay el deber de compensar solamente el daño sufrido,

pues compensar significa: “igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra” 2.3. Las pruebas obrantes. Para que sean consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, se adjuntaron los siguientes documentos:  Copia de la providencia de fecha 15 de diciembre de 1998 del Tribunal Nacional, donde se resuelve confirmar la sentencia absolutoria apelada declarando inocente al procesado Luís María Jerez González. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B  Todas las demás que se encuentran relacionadas en la sentencia apelada. 2.4. Caso concreto Realizado el estudio del expediente en su totalidad, se advierten los siguientes aspectos que son de relevancia para otorgar concepto favorable para conciliación:  Para ésta Delegada, es acertada la posición del Juez de primera instancia, en relación con la responsabilidad que le declaró a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, toda vez que el hoy accionante le fue precluida la investigación en la sentencia del 14 de agosto de 1998, por el delito de Secuestro Extorsivo, en aplicación del principio “in dubio pro reo” y configurándose por tanto una detención injusta que no debió ser soportada.  Respecto a la medida de aseguramiento que le fue impuesta por la Fiscalía,

está Delegada resalta que, a la luz de como se evidenciaron los hechos y de acuerdo a los preceptos legales, doctrinarios y jurisprudenciales, lo que se configuró fue una total carencia de pruebas para imponer la detención del hoy demandante, pues sólo se basó en la indagatoria que rindieron los denunciantes, circunstancia que no alcanza a tener suficiente valor probatorio para calificar la conducta del accionante e imponerle una medida de detención que no estaba en la obligación de soportar, pues sin duda se evidencia un falta de rigor jurídico en la construcción de los indicios para proferir dicha medida, en razón a que no se le puede otorga plena validez a cualquier denuncia presentada por personas que no tienen total certeza de quienes fueron los que participaron en el hecho delictivo, sin antes realizar 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B un análisis de acuerdo a las reglas de la sana crítica de los testimonios rendidos y además de buscar otros elementos que puedan ayudar a lograr un fundamento razonable y ajustado a derecho. Al respecto vale puntualizar que no todas las denuncias se pueden convertir en detenciones, debe si es del caso, seguirse una investigación y una valoración de los elementos probatorios practicados para de tal forma proferirse medida de aseguramiento, porque lo que esta en juego es el

derecho fundamental que tiene todo ciudadano a la libertad, el cual en el presente caso fue vulnerado toda vez que, la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta administración de justicia, contraviniendo incluso lo preceptuado en la Convención Americana de los DD HH en la materia.  Teniendo en cuenta ello, es evidente que en el caso que nos ocupa, por el hecho de haberse presentado un daño antijurídico, el accionante no estaba en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, pues al momento de la detención no habían indicios graves exigidos por la Ley, que permitieran vislumbrar que en realidad se había cometido el delito, si no simples conjeturas y apreciaciones erróneas de los mismos denunciantes, lo cual configuran el inicio del error del cual se derivó el injusto, pues sus testimonios fueron contradictorios, tal y como quedó expuesto en la sentencia absolutoria.  De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para ésta Delegada 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B del Ministerio Público, es posible concluir que en el presente caso se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial,

bajo el titulo de imputación de falla en el servicio. Por consiguiente, en lo relacionado con los perjuicios solicitados, cabe advertir que la indemnización otorgada por los perjuicios morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación, reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales y constitucionales que se han establecido y que por tanto esta Delegada, se remite a lo estipulado por el ad quo.  Finalmente es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del patrimonio público. En resumen, el artículo mencionado contiene en su espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del

Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.30609 760012331000200100231 01 I.J.C.B  Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Fiscalía General De La Nación el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de falla en el servicio, existiendo razones suficientes para presentar la respectiva demanda.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público se dan las condiciones suficientes, pues están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial y administrativa de las entidades dema