PGN - JUSTICIA PENAL MILITAR - Aplicabilidad del régimen disciplinario

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., marzo primero (1) de dos mil siete (2007) Aprobado en Acta de Sala No. 7.

Radicación: 161-3031 (011-84930/2003)

Disciplinado: JOSÉ ANTONIO AVELLANEDA PULIDO

Cargo y Fiscal 26 Penal Militar

Entidad: Quejoso: De oficio Fecha queja: Abril 29 de 2003

Fecha Julio 9 a 2 de septiembre de 2002

Hechos: Asunto: Fallo de segunda instancia P.D. PONENTE: Dr. ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA Corresponde a la Sala Disciplinaria en esta oportunidad procesal, en virtud de la competencia otorgada por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 revisar por vía de apelación la decisión proferida el 12 de enero de 2006 por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial por la cual se sancionó disciplinariamente al Dr. JOSÉ ANTONIO AVELLANEDA PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 2.875.414, en su condición de Fiscal 26

Penal Militar ante el Juzgado Quinto de Brigada del Ejército Nacional. ANTECEDENTES PROCESALES Tuvo origen el presente proceso disciplinario en la información remitida a la Procuraduría Distrital – Reparto por la Procuradora Judicial en lo Penal N° 219 mediante oficio del 24 de septiembre de 2002, en el cual se informa sobre presuntas irregularidades cometidas en el curso de un proceso penal por parte del Dr. JOSÉ

ANTONIO AVELLANEDA PULIDO, en su condición de Fiscal 26 Penal Militar ante el Juzgado Quinto de Brigada del Ejército Nacional (folio 3 del C.O. 1). Adelantada la investigación disciplinaria por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial a la cual se le remitió por competencia el Radicación No. 161-03031 asunto, cuya apertura se ordenó mediante providencia del 5 de junio de 2003 (folio 102 del C.O. 1), esa misma dependencia formuló cargos el 5 de octubre de 2004 en contra del mencionado servidor público por actuaciones relacionadas con la privación de la libertad de un procesado y con la expedición de resolución de acusación (folio 290 del C.O. 2). A través del fallo del 12 de enero de 2006 la misma Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial absolvió del primer cargo formulado contra el servidor mencionado y lo declaró disciplinariamente responsable respecto del segundo, sancionándolo con multa de treinta (30) días del salario devengado para la época de los hechos (folio 395 del C.O. 2). Interpuesto recurso de apelación por la apoderada del disciplinado, el mismo fue concedido por la primera instancia, el expediente remitido a la Sala Disciplinara el 9 de febrero de 2006 y reasignado al abogado sustanciador el 7 de junio del mismo año (folios 427 a 433 del C.O. 2). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En el fallo de primera instancia objeto de esta decisión, dictado el 12 de enero de

2006, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, declaró disciplinariamente responsable al investigado frente al segundo cargo formulado en su contra, con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación, después de referirse a los hechos, los antecedentes del asunto, a los cargos, los descargos y los alegatos de conclusión presentados por el disciplinado (folio 395 del C.O. 2): Después de hacer relación a lo establecido por la visita efectuada el 20 de marzo de 2003, respecto de la ubicación y las condiciones locativas de la Fiscalía ocupada por el disciplinado, al número y movimiento de los procesos existentes en ese despacho desde el año 2001, a las Cortes marciales a las que asistió el investigado entre los meses de julio y septiembre curso del año 2002, así como a la actividad laboral realizada del 9 de julio de 2002 (fecha de ingreso del proceso cuestionado al despacho del Fiscal para calificar sumario) al 2 de septiembre del mismo año, en el cual se le concedió la libertad al detenido, indica la Delegada que aparece 2 Radicación No. 161-03031 demostrada la mora en la que incurrió el Dr. JOSÉ ANTONIO AVELLANEDA PULIDO para al calificar el mérito del sumario, “Pues el 9 de julio de 2002 el Secretario pasó el expediente a su despacho para tal efecto –fecha en la que el procesado tenía noventa (90) días de privación de la libertad-, y el 23 de agosto de ese año profirió resolución de acusación contra el mismo (Alfonso Chivita), después

de treinta (30) días y cuando el procesado llevaba ciento treinta y cinco (135) días privado de su libertad” (folio 405 del C.O. 2) Hace mención al artículo 553 del Código Penal Militar (CPM), contenido en la Ley 522 de 1999, para volver a señalar que el disciplinado incurrió en la mora referida, reseñando algunos argumentos de la defensa relativos a las condiciones logísticas y locativas del despacho del fiscal y reiterando la estadística del trabajo adelantado por el disciplinado en el periodo cuestionado, para luego de señalar que asumió los asuntos propios de las Fiscalías 23 y 24 Penal Militar ante el Juzgado Quinto de Brigada, considerar que todo ello demuestra el alto volumen de trabajo que tenía el disciplinado, incluyendo el conocimiento de los procesos recibidos en razón de la inexequibilidad de los artículos 578 y 579 del CPM. Afirma que el disciplinado debía evacuar en su orden otros procesos que antecedían al objeto de cuestionamiento y que dicho alto volumen rebasa la capacidad laboral de un solo funcionario, por lo cual una vez cita los artículos 29 228 de la Constitución Política y jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, estima que aunque objetivamente el implicado incurrió en el reproche del segundo cargo formulado en su contra, su conducta se subsume en la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria de fuerza mayor “pues se advierte que por el referenciado volumen de trabajo establecido para la época de los hechos, le fue imposible calificar el mérito del sumario en el término legal dentro de la causa penal N° 073 a su cargo.” (folio 408 ibídem) En consecuencia decide absolver al

investigado de dicho segundo cargo. Para decidir frente al primer reproche relativo a la prolongación de los términos de privación de la libertad del señor EDWIN ALEXANDER ALFONSO CHITIVA, la Delegada recuerda los argumentos de la defensa relativos a la carga de trabajo y a las funciones del Secretario de la Fiscalía a quien atribuye la omisión en el control de los términos y pasar al Despacho el proceso sin la constancia correspondiente. El a3 Radicación No. 161-03031 quo se refiere en seguida al trámite del proceso con anterioridad a esta actuación del Secretario GUSTAVO ACUÑA ROJAS y afirma que si bien éste no hizo constar en su informe de 9 de julio de 2002 la privación de la libertad, con fecha 4 de junio de 2002 obraba constancia sobre ese hecho, lo cual era fácilmente constatable por el disciplinado. Observa la primera instancia que después del 9 de julio de 2002 el expediente permaneció 30 días hábiles en el Despacho del disciplinado, el 23 de agosto del mismo año decidió acusar al sindicado cuando lo procedente era decretar su libertad, porque llevaba detenido 135 días. A lo anterior se agrega, posteriormente que una vez avisado de la situación por la Agencia del Ministerio Público, en lugar de disponer la libertad inmediata decidió enviar el proceso al Juez Quinto de Brigada. Por lo tanto considera la primera instancia que conforme a los artículos 539.4 de la Ley 522 de 1999, en concordancia con los artículos 168 y 353 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época (Ley 600 de 2000), al vencerse los 120

días de privación de la libertad del sindicado, el disciplinado debió ordenar su libertad inmediata. Al rechazar en consecuencia los argumentos relativos a la carga laboral y el error involuntario del disciplinado, considera la Delegada que incurrió en falta grave porque no desplegó todo el cuidado y diligencia que le correspondía para no causar perjuicio al procesado, falta que cometió a título de culpa por falta de previsión y obrar negligente frente a la administración de justicia que le correspondía, conforme al numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 153 numeral 1° de la ley 270 de 1996, los artículos 6, 29 y 228 de la Constitución Política, 175 del Código Penal, 539.4 y 553 del Código Penal Militar. Con base en esa consideración el a-quo decide imponer al disciplinado la sanción de multa arriba mencionada. RECURSO DE APELACIÓN El disciplinado JOSÉ ANTONIO AVELLANEDA PULIDO, actuando mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primer grado, solicitando que se revoque esa determinación, lo cual hace con sustento en las razones que se sintetizan a continuación. 4 Radicación No. 161-03031 Comienza el recurrente por referirse a algunos argumentos de la decisión sancionatoria, para luego afirmar que si bien se vislumbra una falla humana en el disciplinado la misma fue resultado de la carga laboral, la cual fue aceptada por el fallo recurrido. Expresa que en todo caso no fue su intención querer hacer daño ni

obró de mala fe, pues dictó en el menor tiempo posible la decisión que en derecho correspondía para el caso en cuestión y dado que los casos con detenido son prioritarios en la justicia penal militar como en la ordinaria. En seguida hace mención la defensa a la trayectoria laboral del disciplinado, a la corrección de su desempeño y a la ausencia de sanciones en la misma e insiste invocando jurisprudencia en la consideración de que no se dan los presupuestos de la falta disciplinaria por no existir voluntad en el querer del resultado dañoso y tampoco negligencia alguna. Con base en lo anterior solicita el reconocimiento de la fuerza mayor como causal excluyente de responsabilidad, por lo cual se debe revocar la decisión recurrida o en su defecto modificar la sanción impuesta por no haber actuado el disciplinado de manera voluntaria y tampoco de mala fe. CONSIDERACIONES DE LA SALA Para desatar el recurso de apelación interpuesto mediante apoderado por el disciplinado JOSÉ ANTONIO AVELLANEDA PULIDO contra el fallo sancionatorio expedido por la Procuraduría Delegada para Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, se requieren las siguientes consideraciones que se exponen a continuación. De la competencia disciplinaria Sea lo primero repetir que esta instancia es competente para conocer del presente asunto, en virtud de la atribución conferida por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 108 de la Ley 734 de 2002. Precisamente, en punto de la competencia, se tiene que el acusado, aunque administra justicia, no pertenece a la Rama Judicial, sino a la Rama Ejecutiva del

5 Radicación No. 161-03031 poder público, como se desprende de los documentos, certificaciones y novedades de personal enviados por el Teniente Coronel Ariel Guillermo Martínez Gómez, Coordinador de la Justicia Penal Militar del Ejército Nacional, mediante oficio 00786 de 10 de julio de 2006 (folios112 a 120 vuelto del C.O. 1). Así mismo, se indica en la Resolución N° 065 de 2003 que obra en esos documentos, que el disciplinado se desempeñaba para la época de los hechos como funcionario no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional, esto es, civil, adscrito al Ejército Nacional. Los anteriores aspectos fueron aclarados y precisados por la Corte Constitucional en sentencia C358 de 1997, en cuanto consideró que los servidores públicos de la Justicia Penal Militar que ejerzan jurisdicción están sometidos al régimen disciplinario aplicable a la administración de justicia; cuya competencia para su investigación y juzgamiento es de la Procuraduría General de la Nación, conforme a las normas sustanciales aplicables a los miembros de la rama judicial, sentencia que concluyó con idéntica motivación respecto de los empleados subalternos de la justicia penal militar, para resolver sobre la exequibilidad del artículo 328 del Decreto 2550 de 1988, antiguo Código Penal Militar. En la sentencia señalada, también hizo referencia a la concurrencia de la doble calidad de miembro de la fuerza pública en servicio activo y de Juez en la Justicia Penal Militar, para prevenir que cuando se accione disciplinariamente por funciones propias de la jurisdicción, se debe aplicar en primer lugar el régimen disciplinario

establecido para la rama judicial; condición que ahora se convierte en aplicación exclusiva de éste régimen para los funcionarios y empleados de la justicia penal militar, como consecuencia de la vigencia del nuevo código penal militar, Ley 522 de 1999. En efecto, en la sentencia C-358 de 1997, la Corte Constitucional al revisar varios artículos del antiguo Código Penal Militar, Decreto 2550 de 1988, entre ellos, el artículo 328, que disponía: "Régimen disciplinario. Los funcionarios y empleados del Tribunal Superior Militar están sometidos al régimen disciplinario establecido para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público; además, con excepción del presidente, al reglamento interno de la corporación. 6 Radicación No. 161-03031 Los militares o policías en servicio activo que desempeñen cargos en el Tribunal Superior Militar, estarán sujetos, además a los reglamentos militares o policiales Parágrafo. Los servicios sólo serán ordenados por el presidente, en su defecto por el vicepresidente, a fin de que la corporación ARTICULO 328.- Régimen disciplinario. Los funcionarios y empleados del Tribunal Superior Militar están sometidos al régimen disciplinario establecido para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público; además, con excepción del presidente, al reglamento interno de la corporación. Los militares o policías en servicio activo que desempeñen cargos en el Tribunal Superior Militar, estarán sujetos, además a los reglamentos militares o policiales Parágrafo. Los servicios sólo serán ordenados por el presidente, en su defecto por el

vicepresidente, a fin de que la corporación” Precisamente bajo las siguientes consideraciones: “7. Pese a lo anterior, como quedó expresado, algunos de los funcionarios y empleados del Tribunal Superior Militar pueden ser, simultáneamente, miembros en servicio activo de las fuerzas armadas o de la policía nacional (C.P. art. 221).

8. A la luz de la demanda estudiada, se pregunta la Corte si viola la Constitución la norma que somete a un doble régimen disciplinario la conducta de servidores públicos en los que coincide la calidad de funcionario judicial con la condición de miembros en servicio activo de la fuerza pública.

Un servidor público en el cual se conjuga la doble condición anotada se encuentra en capacidad de afectar con sus actos tanto los bienes jurídicos tutelados por el régimen disciplinario propio de los miembros de la rama judicial como aquéllos protegidos por los reglamentos disciplinarios de la Fuerza Pública. En estas condiciones, no se ajusta a los imperativos constitucionales en materia de igualdad excluir la conducta de los funcionarios del Tribunal Superior Militar que a la vez son miembros de la fuerza pública, de la aplicación de uno de los dos regímenes disciplinarios mencionados, pues su conducta es susceptible de afectar los bienes por ellos tutelados. Sin embargo, puede darse el caso en el que estos dos sistemas normativos tipifiquen como falta la misma conducta y la sometan a consecuencias jurídicas diversas, o que, simplemente, la coincidencia genere incertidumbre acerca del tipo de proceso que ha de seguirse o del juez disciplinario competente. En estas 7 Radicación No. 161-03031

condiciones, la coincidencia de regímenes disciplinarios podría afectar los principios constitucionales relativos al debido proceso o el principio non bis in idem. Igualmente, también es cierto que, a pesar de las eventuales coincidencias, existen faltas disciplinarias típicas y exclusivas de cada uno de los regímenes que la disposición demandada hace coincidir, precisamente en razón de la especificidad propia de las labores judiciales y de las de la fuerza pública. En efecto, no todas las conductas que tienen la virtualidad de afectar a la administración de justicia tienen que estar contempladas en el régimen disciplinario de la fuerza pública, pues varias de ellas no son susceptibles de ser ejecutadas en el ejercicio de las funciones propias de ésta última o se pueden materializar exclusivamente en cumplimiento de la función judicial. Algo semejante ocurre en el caso contrario. Resulta razonable suponer que algunas acciones u omisiones que pueden afectar a las fuerzas armadas o de policía, no se encuentran tipificadas en el régimen disciplinario de la rama judicial. Así las cosas, la única decisión razonable es la de interpretar la disposición estudiada de manera tal que los funcionarios judiciales a que se refiere, se encuentren sometidos a las normas disciplinarias propias de su doble condición, sin que ello implique admitir una eventual duplicidad que comprometería los principios constitucionales antes mencionados. En consecuencia, entiende la Corte que, en principio, los funcionarios del Tribunal Superior Militar están sometidos al régimen disciplinario establecido para la Rama Judicial, al menos durante el tiempo en el cual se encuentran investidos de

jurisdicción, pues en ese lapso su principal función corresponde a la de administrar justicia y, en consecuencia, están, sobre todo, vinculados a los bienes y valores tutelados por el régimen disciplinario aplicable a la administración de justicia. En consecuencia, si una conducta de estos servidores públicos se encontrare tipificada como falta en los dos regímenes de que trata la disposición estudiada, habrá de preferirse el estatuto de la administración de justicia y, por lo tanto, a la luz de las normas actuales, su investigación y juzgamiento deberán ser realizados por la Procuraduría General de la Nación conforme a las normas procesales y sustanciales aplicables a los miembros de la rama judicial. No obstante, si un servidor público, en el que confluya la doble condición anotada, incurre en una conducta que no se encuentra tipificada en el régimen disciplinario de la rama judicial pero, sin embargo, sí es considerada como falta dentro del régimen 8 Radicación No. 161-03031 disciplinario de la fuerza pública, deberá ser juzgado disciplinariamente conforme a este último sistema normativo. Por supuesto, lo anterior siempre que el mencionado régimen no resulte incompatible con la función judicial. Idéntico razonamiento se aplica a los denominados "empleados" de Tribunal Superior Militar, que no son otros que los que integran el personal subalterno, al cual se refiere el artículo 321 del Código Penal Militar.

Por lo cual resolvió: “Declarar EXEQUIBLES los dos primeros incisos del artículo 328, salvo la expresión "además, con excepción del Presidente, al reglamento interno de la corporación", la

cual se declara INEXEQUIBLE. La constitucionalidad de los mencionados incisos se declara bajo el entendido de que el funcionario o empleado del Tribunal Superior Militar que sea al mismo tiempo miembro de la fuerza pública en servicio activo estará sometido en primer término al régimen disciplinario establecido para la Rama Judicial, en las situaciones en las que se encuentre investido de jurisdicción. Igualmente, debe entenderse que los representantes del Ministerio Público ante el Tribunal Superior Militar no pueden ser en ningún caso, simultáneamente, miembros de la fuerza pública en servicio activo.” De todo lo anterior se concluye, que atendiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C358 de 1997, Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, el régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos de la Justicia Penal Militar, tanto los que ejerzan jurisdicción, como los empleados, será el correspondiente a la administración de justicia, en la parte sustantiva y procesal, esto la aplicación concordada de los principios rectores de la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, de la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, en especial los artículos 150 a 154, y demás leyes, en cuanto a la definición de deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, y conflictos de intereses, derechos, deberes y prohibiciones, y demás leyes, el Código Disciplinario Único, la ley 734 de 2002, en cuanto a las faltas gravísimas y el

procedimiento, recordando el principio de integración que impera para este régimen especial contenido en el artículo 195 de la última ley en cita. 9 Radicación No. 161-03031 Ahora bien, siguiendo los términos de la sentencia antes indicada, el conocimiento de las faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos que administran justicia en lo penal militar, y por tanto su investigación y juzgamiento le corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Conviene en este punto, precisar que siendo las normas de procedimiento, y por ende, las que fijan competencia, de orden público, improrrogables cualquiera que sea el factor que las determine, invariables y determinadas de manera expresa en la ley, según los artículos 6 y 13 del Código de Procedimiento Civil, las que fijan tales atribuciones disciplinarias, deben respetar estos principios, muy especialmente de la legalidad, razón por la cual el conocimiento de las faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos que administran justicia penal militar, le corresponde únicamente a la Procuraduría General de la Nación, conforme a las competencias establecidas en la ley que determina la estructura y funcionamiento de esta Institución, Decreto 262 de 2000, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 de la ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único. En el mismo sentido el Alto tribunal, en sentencia C-879-03, al revisar el parágrafo del artículo 77 del Decreto 1797 de 2000, por el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, en coherencia con lo anterior,

sostuvo: “6º Jurisdicción disciplinaria y justicia penal militar (…) Esto es así por cuanto la justicia penal militar, indistintamente de su adscripción a la rama ejecutiva, cumple también la función que constituye la razón de ser del régimen disciplinario especial que se aplica a aquellos: Administran justicia. Esta función explica que el régimen disciplinario de los funcionarios de la rama judicial, aparte del régimen general, se sujete a parámetros normativos especiales. Entonces, si ello es así, nada se opone a que tal régimen se aplique también a las faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales y cometidas en la justicia penal militar, pues ésta también está vinculada a esa función, aunque, desde luego, en un ámbito específicamente delineado por el Texto Superior. (Subraya fuera del texto). 10 Radicación No. 161-03031 Por estos motivos, el sometimiento de las faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales y cometidas en la justicia penal militar, a las normas disciplinarias aplicables a la rama judicial, es compatible con la sujeción de aquella a los mismos principios constitucionales que regulan a esta última. De acuerdo con esto, el parágrafo del artículo 77 del Decreto 1797 de 2002, en cuanto dispone que a las faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales y cometidas en la justicia penal militar se les aplicarán las normas disciplinarias de la rama judicial, es compatible con la Carta Política. Por este motivo, se declarará la exequibilidad de ese aparte. (Se destaca).

13. Pero, de otro lado, si bien la justicia penal militar no hace parte de la rama judicial del poder público, sino de la rama ejecutiva, y si bien es legítimo que tratándose de faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales en la justicia penal militar, se apliquen las normas disciplinarias de la rama judicial; no concurren argumentos constitucionales que permitan que el ámbito de la jurisdicción establecido para disciplinar a los funcionarios que hacen parte de ésta última, conozca también de las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios que hacen parte de aquella.

Ello es así por cuanto, para la atribución de competencia a la jurisdicción disciplinaria, el constituyente tuvo en cuenta la adscripción del sujeto disciplinable a la rama judicial del poder público y no el cumplimiento de funciones judiciales, así aquél perteneciese a la rama ejecutiva o, incluso, legislativa. Luego, como ese fue el criterio seguido por el constituyente y como expresamente no le atribuyó a la jurisdicción disciplinaria el conocimiento de las faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales en la justicia penal militar, no existe ningún fundamento constitucional para que el legislador disponga lo contrario. Pero además, en esa misma dirección, las funciones administrativas y disciplinarias que la Carta asigna al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales resultan de imposible ejercicio en la justicia penal militar precisamente por no tratarse de un ámbito de la rama judicial, sino de un espacio de la administración pública especializado para conocer de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio y en

11 Radicación No. 161-03031 razón de las particularidades implícitas en tales comportamientos. Esto es así, al punto que la elaboración de listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales, como función del Consejo Superior de la Judicatura, ha sido expresamente excluida por la Carta en relación con la justicia penal militar. Luego, en este punto, le asiste razón al actor: Si la justicia penal militar no hace parte de la rama judicial del poder público, la jurisdicción disciplinaria no tiene competencia para ejercer control disciplinario sobre las faltas cometidas en la función jurisdiccional inherente a aquella pues la competencia de ésta jurisdicción se circunscribe únicamente a los funcionarios que integran dicha rama del poder y no se extiende a una institución que, como la justicia penal militar, hace parte de la rama ejecutiva. Por este motivo, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “por las autoridades en ella señaladas”, que hace parte del parágrafo del artículo 77 del Decreto 1797 de 2000. Como consecuencia de esta determinación, pasarán a conocimiento de la Procuraduría General todos los procesos que actualmente se estén adelantando por faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales y cometidas en la justicia penal militar (…)”. (Subrayas fuera del texto). Manteniendo esta competencia, se produce la Ley 836 de 2003, por el cual se expide el Reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, en cuyo artículo 84, parágrafo, se estableció: “ARTÍCULO 84. PERSONAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR. Con relación a los

oficiales y suboficiales que desempeñan cargos en la Justicia Penal Militar, corresponde al Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar conocer de las faltas leves en única instancia y de las graves y gravísimas en primera instancia. Corresponde al Ministro de Defensa Nacional la segunda instancia para las faltas graves y gravísimas. PARÁGRAFO. Tratándose de faltas relacionadas con el desempeño de las funciones jurisdiccionales propias del respectivo cargo, les serán aplicadas las normas 12 Radicación No. 161-03031 disciplinarias de la rama jurisdiccional por la Procuraduría General de la Nación”. (Se subraya). Este precepto y otros fueron examinados por el Máximo Tribunal Constitucional, mediante sentencia C-1079, encontrándolos ajustados a la Carta, por los cargos allí formulados. Consecuente con lo anterior la Ley 1015 de 2006, por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, establece en el parágrafo 1 del artículo 23, que los servidores públicos que desempeñan “cargos en la Justicia Penal Militar, tratándose de faltas relacionadas con el desempeño de las funciones jurisdiccionales propias del respectivo cargo, le serán aplicadas las normas disciplinarias de la Rama Jurisdiccional por la Procuraduría General de la Nación, salvo que se trate de conductas relacionadas con el ejercicio de la función policial, caso en el cual serán investigados por las autoridades disciplinarias que señala esta ley.” Ahora, bien frente al tema de independencia y autoría judicial, se debe tener en

cuenta, que siendo la ley una manifestación de la voluntad soberana del Estado, constituye la única fuente formal del derecho, que al ser aplicada por los Magistrados y Jueces, mediante decisiones judiciales, deben ser proferidas con absoluta independencia en aplicación del canon constitucional contenido en el artículo 230, y por demás, deben sustentarse en la inviolabilidad de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, marco de interpretación en el cual debe moverse el juez, teniendo como fuentes auxiliares de aplicación de la ley: la equidad, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina, artículo 228 de la Constitución Política. La ley como manifestación de la voluntad soberana del Estado, y única fuente formal del derecho, al ser aplicada por el Juez, debe ser sustentada siempre teniendo en cuenta el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales contenidos en la Constitución política, mediante un proceso de interpretación a partir de hechos propuestos a su examen que debe confrontar frente a las normas que aplica para derivar unas consecuencias y unos efectos, ejerciendo así jurisdicción, esto es la atribución de impartir justicia, siempre bajo el sometimiento a la ley, cuya aplicación debe realizar con criterios de independencia, pudiendo utilizar en la aplicación del 13 Radicación No. 161-03031 derecho fuentes auxiliares, así: La equidad como el sentimiento de la justicia administrada en el caso en concreto; la jurisprudencia consistente en las interpretaciones judiciales efectuadas