PGN - NECESIDAD DE LA PRUEBA - Concepto y aplicación en materia disciplinaria

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA

ADMINISTRATIVA

RADICACIÓN N°: IUS 311709-2008

IUC D-2009-21-83301

DISCIPLINADO (S): GUILLERMO LEÓN MARÍN, c.c. N° 70.076.288

CARGO: Auxiliar de servicios asistenciales ENTIDAD: Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, hoy liquidada QUEJOSO (S): Juan Carlos Serna FECHA DE LA QUEJA: 5 de diciembre de 2005

FECHA DE LOS HECHOS: 5 de diciembre de 2005

ASUNTO: Irregularidades administrativas por la presunta asistencia al turno de trabajo en estado de embriaguez DECISIÓN: Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C. 23 de Noviembre de 2009 Esta Delegada, en virtud de la competencia otorgada por el numeral 4° del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, conoce en segunda instancia del fallo de primera instancia proferido el 11 de julio de 2008, por la Coordinación de Control Disciplinario Interno de la ESE RAFAEL URIBE URIBE, hoy Liquidada (folios 192 al 214), y aclarado mediante Auto del 29 de enero de 2009 (folios 220 y 221, anverso y reverso) por la Procuraduría Regional de Antioquia, en el sentido de que el recurso de apelación procedente debía dirigirse a las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa (reparto).

I. ANTECEDENTES

1. La presente actuación disciplinaria, fue remitida junto con otras, para lo de competencia de la Procuraduría General de la Nación, por el Ministerio de la Protección Social, anexa al oficio 5100-OICD del 4 de septiembre de 2008, suscrito por el doctor Andrés Jimeno Mayorga, Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del citado Ministerio.

2. Mediante oficio 24867 del 9 de diciembre de 2005, el doctor Luís Javier Montoya Mejía, en su condición de Director encargado de la Unidad Hospitalaria Santa Gertrudis de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, hoy Liquidada, remitió a la Gerencia General de la Entidad, para lo pertinente (folio 1), la queja presentada por el señor Juan Carlos Serna, el día 5 de diciembre de 2005 (folio 3), en la cual manifiesta que en la citada fecha fue atendido por el taquillero, señor Guillermo León Marín, junto con su padre, habiendo encontrado que el señor León Marín se encontraba en estado de embriaguez.

3. La queja presentada por el señor Serna, fue acompañada de documento mediante el cual los señores Luís J. Montoya Díaz (Director), Jairo Martínez Pérez

(administrador), Raúl Corrales (médico de turno), Juan Carlos Serna, Juan Bautista Serna (pensionado), entre otras personas, “certifican” que el 5 de diciembre de 2005, a las 11:15 p.m. el señor Guillermo Marín presentada estado de embriaguez

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II. INDAGACIÓN PRELIMINAR Con base en la queja remitida, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la ESE Rafael Uribe Uribe, hoy Liquidada, con Auto del 12 de mayo de 2006 (folios 4 y 5),1 ordenó la apertura de Indagación Preliminar en contra del señor Guillermo León Marín.

Mediante Resolución N° 0254 del 7 de febrero de 2007 (folios 20 al 22), la Gerencia General de la ESE Rafael Uribe Uribe, hoy Liquidada, suspendió los términos legales en los trámites de los procesos disciplinarios de la Entidad, suspensión prorrogada por Resolución N° 0013 de 2007 del Apoderado General de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación, hoy Liquidada (folios 23 y 24).

III. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Mediante Auto del 20 de abril de 2007 (folios 25 al 28),2 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación, hoy Liquidada, ordenó la apertura de Investigación Disciplinaria en contra del señor Guillermo León Marín.

Dentro de las pruebas aportadas en esta etapa procesal, se encuentran:

1. Declaración juramentada del doctor Luís Javier Montoya Mejía, quien para la época de

los hechos se desempeñaba como Director de la Unidad Hospitalaria Santa Gertrudis de Envigado de la ESE Rafael Uribe Uribe, hoy Liquidada, rendida el día 10 de octubre de 2007, (folios 44 al 46), en el cual manifestó que el día 5 de diciembre de 2005, en horas de la noche había sido informado por el administrador de la Unidad Hospitalaria de que: (…) el funcionario Guillermo Marín, se había presentado a hacer el turno de Admisiones en estado de embriaguez, y que se negaba a retirarse, pedí hablar con el funcionario y telefónicamente le pedí que se retirara del turno debido a su estado de embriaguez, ante la negativa de aceptar que estaba alicorado y de abandonar el turno me desplacé a la clínica, donde pude constatar aún sin necesidad de emplear el criterio médico sino como simple observador que estaba embriagado, tenía la voz arrastrada, aliento alcohólico, y se comportaba como tal. Al preguntársele si al funcionario se le había realizado prueba de alcoholemia o examen médico, el declarante manifestó que: La precaución que se tuvo fue buscar el concurso del médico de turno en urgencias doctor Raúl Corrales, para ser incluido como firmante en la constancia que reza que el funcionario presentaba embriaguez, ya que por conocimiento de otros casos en otros funcionarios el involucrado rechazaba por todos los medios la prueba de alcoholemia, en este caso al funcionario Guillermo Marín, quien alegaba que no estaba embriagado se le pidió someterse a la prueba de alcoholemia para aclarar su versión pero este se negó y abandonó sin más aviso y sin informar su puesto de trabajo.

Al ser interrogado respecto de los parámetros para determinar que una persona se encuentra en estado de embriaguez, el doctor Luís Javier Montoya, informó: El criterio médico incluye afectación de la motricidad como marcha tambaleante, afectación del estado de conciencia como euforia, locuacidad, y además de halito alcohólico y ojos inyectados, todo lo anterior es reconocido universalmente como signos de posible intoxicación alcohólica de segundo grado. 1 Notificado mediante edicto fijado el 30 de junio y desfijado el 5 de julio de 2006 (folio 7). 2 Notificado mediante edicto fijado el 14 y desfijado el 16 de mayo de 2007 (folio 30).

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2. Declaración juramentada del doctor Raúl Fernando Corrales Pérez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como médico de urgencias de la Unidad Hospitalaria Santa Gertrudis de Envigado de la ESE Rafael Uribe Uribe, hoy Liquidada, rendida el día 10 de octubre de 2007, (folios 47 y 48), en el cual manifestó respecto a los hechos objeto de investigación, que: (…) yo recuerdo que el hombre estaba como bebido y se presentó a trabajar y luego de lo que me acuerdo se presentó el gerente y creo que el administrador, y tuvieron como una discusión con el señor Guillermo Marín. (…) estado de embriaguez, por el aliento

alcohólico, con la voz que no era la natural, tenía los ojos rojos, dejaba arrastrar la voz, (…) yo no le realicé examen de alcoholemia, tampoco se le realicé examen médico, (…) Al ser interrogado respecto de los parámetros clínicos para determinar que una persona se encuentra en estado de embriaguez, el doctor Corrales Pérez, informó: Alteración del juicio, lenguaje arrastrado, inestabilidad para la marcha, conjuntivas enrojecidas, aliento alcohólico, híper actividad y locuacidad, de las cuales logré observar en el funcionario el lenguaje arrastrado, el aliento alcohólico y los ojos rojos. (…)

3. Declaración juramentada del señor Jairo A. Martínez Pérez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Técnico de Servicios Administrativos, con funciones de Coordinador de Servicios Generales de la Unidad Hospitalaria Santa Gertrudis de Envigado de la ESE Rafael Uribe Uribe, hoy Liquidada, rendida el día 19 de octubre de 2007, (folios 104 y 105), en el cual manifestó respecto a los hechos objeto de investigación, que: (…) me informaron que el señor Guillermo Marín, estaba laborando en condiciones de embriaguez, me fui para la clínica y efectivamente el señor no estaba en buenas condiciones para laborar, llamé al Dr. Luís Javier Montoya gerente de la Clínica, el se presentó y se retiró al señor Guillermo del turno. (…) No se le realizó [prueba de alcoholemia o examen médico] porque no existían los medios no teníamos laboratorio

para este tipo de prueba ni estaba funcionando el laboratorio clínico a esa hora, además porque los funcionarios ya sabían que en esa circunstancia nunca se dejaban hacer la prueba de alcoholemia. (…) Nosotros [el Gerente y el declarante] lo mandamos para la casa, él no quería irse pero efectivamente se fue. Al ser interrogado respecto de los parámetros para determinar que una persona se encuentra en estado de embriaguez, el señor Martínez Pérez, informó: La lengua pesada, los movimientos descoordinados, los ojos rojos, los cuales eran presentados por el funcionario y con el agravante que estaba atendiendo público.

IV. CARGOS Con base en el acervo probatorio, la Coordinación de Control Disciplinario Interno de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación, hoy liquidada, mediante auto del 3 de diciembre de 2007 (folios 108 al 118),3 considerando que se encontraba objetivamente establecida la ocurrencia de una falta disciplinaria que comprometía la responsabilidad del señor Guillermo León Marín, procedió a formular pliego de cargos en contra del encartado, en los siguientes términos: Asistir al trabajo en estado de embriaguez. El día 05 de Diciembre de 2005, el señor GUILLERMO LEÓN MARÍN, teniendo turno asignado en la taquilla de Urgencias de la Unidad Hospitalaria Santa Gertrudis de Envigado, de siete de la noche (7:00 p.m.) a siete de la mañana (7:00 a.m.) del día 06 de Diciembre de 2005, presuntamente se presentó en estado de embriaguez a ejecutar su turno de trabajo , siendo requerido 3 Notificado personalmente a través de la defensora de oficio del encartado, el 30 de enero de 2008 (folio 128)

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www.procuraduria.gov.co posteriormente por el Director de la Clínica, para que abandonara las instalaciones ya que no se encontraba en condiciones aptas para laborar. Como normas presuntamente vulneradas, concepto de violación y modalidad específica de la conducta, el a-quo estableció: Artículo 48. Son faltas gravísimas: 48. Consumir, en el sitio de trabajo, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave.4 Con base en la precitada norma, el a-quo calificó provisionalmente la falta como grave, y en los términos del artículo 43 del Código Disciplinario Único, a título de dolo, dado el conocimiento del implicado de la norma o de la infracción y de las circunstancias de hecho que se quiere realizar; esto dado que “(…) Es conocido por todo funcionario, tanto privado como estatal que debe presentarse a prestar sus servicios en condiciones aptas con el fin de cumplir sus asignaciones, no permitiéndosele, presentarse en estado de embriaguez o en condiciones poco aptas, para desempeñar sus funciones. (…)”. En esta instancia, la defensa mediante oficio del 7 de febrero de 2007 (sic) radicado el 11

de febrero de 2008 (folios 130 y 131), solicitó la nulidad del presente proceso disciplinario, por presunta existencia de irregularidad sustancial que afectaba el debido proceso, causal 3ª del artículo 143 del CDU, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política; teniendo como fundamento fáctico que entre el inicio de la indagación preliminar (12 de mayo de 2006) y el de la investigación disciplinaria (20 de abril de 2007), habían transcurrido más de seis (6) meses.

V. DESCARGOS Mediante oficio radicado el 13 de febrero de 2008 (folios 132 al 134), la defensa presentó descargos, solicitando la exoneración de su prohijado, con base en la inexistencia de pruebas suficientes para la imputación del cargo, dado que las únicas obrantes en el expediente correspondían a testimoniales, cuando la que debería existir, a saber la prueba de alcoholemia no se encontraba en el expediente.

En el citado escrito, y como fundamento procesal adicional al sustancial precitado, para solicitar la exoneración del señor Guillermo León Marín, su apoderada de oficio, recalcó que el término de la investigación disciplinaria, había superado los seis (6) meses establecidos en la norma, se había cumplido, sin que operara prórroga de tres (3) meses adicionales y sin que se hayan imputado los cargos en contra de su prohijado. La Coordinación de Control Disciplinario Interno de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación, hoy liquidada, mediante auto del 18 de febrero de 2008 (folios 135 al 139),5 negó la solicitud de nulidad de la defensa, teniendo en cuenta que en primer lugar

mediante las Resoluciones N° 0254 del 7 de febrero de 2007 y 013 del 8 de marzo de 2007, al interior de la ESE Rafael Uribe Uribe, hoy liquidada, se habían suspendido los términos legales de trámite de los procesos disciplinarios de la Entidad, además de que las actuaciones procesales correspondientes a la Indagación Preliminar si se habían adelantado dentro de los seis (6) meses establecidos por la Ley, independientemente de que su valoración se haya realizado con posterioridad, lo cual se ajusta plenamente a derecho, no configurándose en consecuencia causal alguna de nulidad. 4 Ley 734 de 2002 5 Notificado personalmente el 25 de febrero de 2008 (folio 142) Radicado: IUS 311709/2009 Página 4 de 12

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www.procuraduria.gov.co Dentro de esta etapa procesal, se tomó declaración juramentada del quejoso, señor Juan Carlos Serna Uribe, rendida el día 7 de mayo de 2008, (folios 168 a 170), en el cual manifestó respecto a los hechos objeto de investigación, que: (…) Yo llegué con mi papa (sic) al Centro de Urgencias del Seguro Santa Gertrudis de Envigado, a eso de siete a siete y media de la noche (7:00, 7:30 p.m.), buscando a que fuera atendido y nos encontramos de que el funcionario que dice en el expediente, recogía los papeles de las personas que llegaban a pedir la atención y salía y entraba

en una constancia de cinco (5”) a diez (10”) minutos a consumir alcohol. Debido a eso él no organizaba los papeles que uno le entregaba para ser atendido en el orden en que iba llegando el paciente, siendo las diez de la noche (10:00 p.m.) él ya estaba demasiado embriagado y entonces llamaron al Doctor que estaba de turno en esos momentos y él nos dijo que le hiciéramos una denuncia porque él no debía estar trabajando así. (…) Estaba caminando para los lados, hablaba enredado, salía constantemente a la calle y dejaba el puesto a tomar trago, estaba alterado, y siendo las diez de la noche (10:00 p.m.) el hombre estaba demasiado embriagado. (…) Tenía el tufo y se sentó en una posición en el escritorio y estaba cabeceando, se estaba durmiendo, el médico que estaba atendiendo le llamó la atención y el guarda le manifestó al ver el estado en que se encontraba el señor MARIN que se metiera en la ambulancia a dormir.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Previo traslado, realizado por la Coordinación de Control Disciplinario Interno de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación, hoy liquidada, mediante Auto del 5 de junio de 2008

(folios 181 y 182),6 la defensa radicó el 4 de julio de 2008 (folios 187 al 189), escrito contentivo de los respectivos alegatos de conclusión, reiterando la solicitud de exoneración de su prohijado, de cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, con base en:

1. La falta de concordancia y certeza entre las pruebas testimoniales rendidas por

los señores Jairo Martínez y Luís Javier Montoya, dado que el primero había manifestado que no se le había realizado prueba de alcoholemia al investigado por no existir los medios, dado que la Clínica no tenía laboratorio para la práctica de la misma y que el laboratorio clínico a la hora de los hechos se encontraba cerrado, además del hecho de que se sabía que las personas en esas circunstancias no se dejaban hacer la prueba, entre tanto que el segundo, había informado que se había tomado la precaución de buscar el concurso del médico de turno, doctor Raúl Corrales para ser incluido en la constancia del estado de alicoramiento del disciplinado.

2. Que la carga de la prueba, en el caso sub iudice, es una obligación procesal a cargo del Estado.

3. Que un fallo disciplinario debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, existiendo para el caso concreto únicamente pruebas testimoniales que no generan la certeza sobre el estado de embriaguez del disciplinado, más por el contrario generan duda a favor de su prohijado, situación que se refuerza con el principio de presunción de inocencia que le asiste al encartado como derecho fundamental.

4. La inexistencia de la prueba de alcoholemia, única idónea y precisa que daría la certeza del estado en el que se encontraba el señor Marín en el momento de los 6 Comunicado mediante oficios del 5 y 3 (sic) de junio de 2008 (folios 183 y 184) Radicado: IUS 311709/2009 Página 5 de 12

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www.procuraduria.gov.co hechos objeto de la presente actuación; siendo insuficientes las pruebas testimoniales allegadas al proceso para obtener dicha certeza.

VII. FALLO DE INSTANCIA Con base en el acervo probatorio, la Coordinación de Control Disciplinario Interno de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación, hoy liquidada, el 11 de julio de 2008 (folios 192 al 214),7 encontró al señor Guillermo León Marín, para la época de los hechos Auxiliar de Servicios Asistenciales adscrito a la Unidad Hospitalaria Santa Gertrudis de Envigado, dentro de la planta de la ESE Rafael Uribe Uribe, hoy liquidada; responsable disciplinariamente por el cargo a él imputado a título de falta grave dolosa, y en consecuencia lo sancionó con SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL MISMO

TÉRMINO.8

Lo anterior, con fundamento en la existencia de la libertad probatoria y la proscripción del sistema de tarifa legal y que en consecuencia la prueba técnica de alcoholemia no es la única dable para demostrar el estado de embriaguez de una persona, y que de los testimonios allegados al proceso si era objetivamente dable al operador disciplinario de primera instancia, inferir el estado de alicoramiento del disciplinado, para el día 5 de diciembre de 2005, al momento de presentarse a cumplir con su turno de trabajo a la Unidad Hospitalaria Santa Gertrudis de Envigado de la ESE Rafael Uribe Uribe, hoy

liquidada.

VIII. APELACIÓN AL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA No estando de acuerdo con el fallo de primera instancia, la defensa, dentro del término legal establecido para el efecto, radicó el 9 de febrero de 2009 (folios 227 al 232), recurso de apelación en contra de la citada providencia, con fundamento en las siguientes

consideraciones:

1. No estar plenamente probada la responsabilidad del señor Guillermo León Marín, en la medida en que el material probatorio existente no es determinante ni suficiente para endilgarle culpabilidad al disciplinado, dado que el mismo corresponde a las declaraciones testimoniales de los médicos Luís Javier Montoya

(Director de la Clínica) y Raúl Corrales (médico de turno en urgencias para el momento de los hechos).

2. Por otro lado, argumenta la defensa que habiendo sido el director de la clínica informado de los hechos por el médico de turno “(…) lleva a pensar que su versión está parcializada por provenir de su inferior quien fue el que lo informo de lo ocurrido.”

3. Que hubo una tercera declaración, a saber la del administrador de la clínica, señor Jairo Alberto Martínez Pérez, la cual no fue tenida en cuenta, pero que: 7 Aclarado mediante Auto del 29 de enero de 2009, proferido por la Procuraduría Regional de Antioquia (folios 220 y 221) y notificado personalmente a través de defensor de oficio el 4 de febrero de 2009 (folio 226)

8 Teniendo en cuenta que el disciplinado ya había cesado de sus funciones, sin ser posible ejecutar la sanción de

suspensión, el término de la misma fue convertida por el a-quo en multa por el valor de un millón ciento cincuenta y siete mil ochocientos catorce ($.1.157.817) (sic), correspondiente a treinta (30) días de salario básico mensual, para la época de comisión de la falta, sin perjuicio de la aplicación de la inhabilidad especial por el término de treinta (30) días.

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www.procuraduria.gov.co (…) da lugar a la existencia de una duda con respecto al hecho de que el señor León Marín no se dejara realizar la prueba de alcoholemia como lo exponen el director del Hospital y el médico de turno. Inclusive en las declaraciones de ambos se evidencia dicha duda, y esto se evidencia a continuación: el doctor Luís Javier Montoya Mejía estable que “por conocimiento de otros casos, en otros funcionarios el funcionario rechaza por todos los medios la práctica de alcoholemia”, de igual forma el medico Raul Fernando Corrales Perez (sic) comenta “yo no le realicé (transcripción literal) examen de alcoholemia, tampoco se le realice examen médico, es probable que otros funcionarios lo hubiera hecho.”

4. Resaltó la defensa, que ambas declaraciones habían dado cuenta de que la prueba de alcoholemia no se había realizado porque no se contaban con los medios para realizarla, y que no está probado que el disciplinado se haya negado

a realizársela.

5. Dejó sentado la defensa, el hecho de que las declaraciones testimoniales de los doctores Montoya y Corrales, no se podía establecer fehacientemente el estado de embriaguez del señor Guillermo León Marín, dado que como lo había manifestado el doctor Montoya, los síntomas que presentaba eran “(…) signos de posible intoxicación alcohólica de segundo grado.” (negrillas fuera del texto de la declaración y existentes en el recurso de la defensa).

6. Por otro lado, informa la defensa dentro de su argumentación, que la sintomatología de su prohijado no puede ser determinada como categórica de estado de embriaguez por parte del doctor Montoya; dado que la misma podía corresponder a: (…) intoxicación involuntaria generada por otro tipo de sustancias, entre las que podemos encontrar escopolamina, ribotril, benzodiacetina, las cuales producen casi los mismos efectos descritos en la declaración del galeno. Incluso existen enfermedades reconocidas por la medicina como la Cetoasidosis Diabética, la cual se manifiesta por medio de síntomas como los que según la declaración del doctor Montoya Mejía presentaba mi defendido en el momento de asistir al turno que tenía programado.

Inclusive dicha enfermedad genera en las personas que la padecen un aliento distinto al habitual que en muchas ocasiones se asocian con olores de alcohol

7. Reiteró la defensa, que la existencia de contradicción entre las pruebas testimoniales obrantes y que se basan en “(…) meras suposiciones insuficientes para derivar de allí la responsabilidad disciplinaria. (…)”, no permite la certeza

respecto del consumo de alcohol por parte del disciplinado.

8. Concluyó la defensa en la existencia de una duda razonable, debiéndose resolver a favor de su prohijado, en aplicación del principio de in dubio pro disciplinado, recalcando nuevamente, la inexistencia de una prueba idónea

(prueba de alcoholemia) que demuestre la culpabilidad del disciplinado.

IX. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA Es competente este Despacho para conocer de la presente apelación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4° del artículo 25 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, en concordancia con el inciso tercero del artículo 19 de la Resolución N° 017 del 4 de marzo del mismo año, proferida por el señor Procurador General de la Nación.

Luego de revisadas las diligencias, encuentra el Despacho que no existe causal de nulidad que afecte el debido proceso y que durante el curso de la investigación, se Radicado: IUS 311709/2009 Página 7 de 12

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www.procuraduria.gov.co respetaron los derechos que le asisten al implicado de acuerdo con el Código Disciplinario Único. Procede, en consecuencia el Despacho a desatar el recurso de Apelación interpuesto en contra de la decisión de primera instancia proferida el 11 de Julio de 2008 por la Coordinación de Control Disciplinario Interno de la Empresa Social del Estado Rafael

Uribe Uribe, en Liquidación (hoy liquidada); aclarada por la Procuraduría Regional de Antioquia, en lo que hace referencia con que el recurso de apelación que procede frente al fallo proferido por el a-quo, debía someterse a reparto de las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa. Respecto de la argumentación en el que la defensa manifiesta que la responsabilidad del disciplinado no está plenamente probada, por fundarse únicamente en las declaraciones de los doctores Corrales y Montoya, las cuales corresponden a meras suposiciones y que no existir prueba idónea, como la prueba de alcoholemia, el Despacho ha de manifestar que no comparte el razonamiento de la defensa, teniendo en cuenta que: Los artículos 130 y 131 de la Ley 734 de 2002, expresamente señalan que: ARTÍCULO 130. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica. Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales. ARTÍCULO 131. LIBERTAD DE PRUEBAS. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. (subrayas fuera de texto) Lo anterior, quiere decir que contrario a lo manifestado por la defensa, el operador

disciplinario no requiere prueba específica para establecer una falta y la consecuente responsabilidad disciplinaria de un servidor público. Ahora, es imperativo hacer un análisis sobre el principio de necesidad de la prueba, respecto de los cuales el Juez Constitucional se ha pronunciado en diferentes oportunidades, como: (…) acatando el principio de la necesidad de la prueba el juez deberá acopiar todos los medios de convicción posibles, para luego [...] tomar la decisión que corresponda reconociendo el mérito probatorio de cada medio en particular, y de todos en conjunto, en la esfera del principio de la unidad de la prueba, conforme al cual: ‘(...) el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme’"14.9 (subrayado no original) Por lo anterior, ha de reiterar el Despacho, lo argumentado por el a-quo en el sentido de que en el régimen legal colombiano está proscrito el sistema de tarifa legal y que en consecuencia la prueba técnica de alcoholemia no es la única procedente para demostrar el estado de embriaguez de una persona, más si se tiene en cuenta que los testigos a los 9

Sentencia C-530/03, expedientes D-4386 y D-4396 (Acumulados), Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

Bogotá, D. C., tres (03) de julio de dos mil tres (2003).

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www.procuraduria.gov.co que se refiere la defensa, si bien no son peritos legistas, si tienen la suficiencia técnica necesaria para establecer si una persona se encuentra en estado de embriaguez o no, aun cuando no puedan determinar el grado de la misma sin una prueba de alcoholemia, en la medida en que ambos son profesionales de la medicina. Refuerza esta argumentación el hecho de que las pruebas admisibles para dar por terminada una relación laboral con justa causa, consecuencia de presentarse en estado de embriaguez al lugar de trabajo, supuesto mucho más gravoso para el trabajador, que el caso que nos ocupa, en el cual se le impuso una sanción menor a la destitución, cual es la suspensión, la Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social, se pronunció en los siguientes términos: El artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social sobre los medios de prueba prescribe: "Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales". En consecuencia dentro del proceso laboral sirven como medios de prueba, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección Judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del conocimiento del juez, (artículo 175 del CPC).

Ahora bien, es claro que las normas laborales no han señalado el mecanismo que debe ser utilizado para establecer el estado de embriaguez de los trabajadores. Sin embargo,