PGN - NEXO CAUSAL - Daño antijurídico y concepto de imputación según jurisprudencia del co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Ocupación de un bien por parte del Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Contractual y extracontractual según regulación Constitucional RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por acción y por omisión según regulación Constitucional/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Presupuestos según regulación Constitucional NEXO CAUSAL-Daño antijurídico y concepto de imputación según jurisprudencia del Consejo de Estado CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe a las partes probar los supuestos de hecho/CARGA DE LA PRUEBA-Regulación legal En ese orden de ideas, tal y como señala el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y concordantes, vigente para la época de los hechos, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. CARGA DE LA PRUEBA-Regla del Derecho probatorio según jurisprudencia del Consejo de Estado CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Casos de ocupación de hecho según jurisprudencia del Consejo de Estado TÉRMINO DE CADUCIDAD-Corre desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien … Basado en la Jurisprudencia del Consejo de Estado citada en el marco teórico de este

concepto, según la cual, el computo del término de caducidad de la acción frente a ocupaciones temporales, empieza a correr desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien, pertinente es señalar que no se acompaña lo decidido por la mayoría de la Sala, quien expresó que el término comenzó a correr desde el momento en que se notificó a los actores de la querella policiva instaurada por el Ejército Nacional el 3 de julio de 2012, pues fue el momento a partir del cual, la entidad estatal actuó con actos de señor y dueño e inició la ocupación como tal. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Término para demandar Siendo así, esta manifestación desde todo punto de vista corrobora la caducidad de la acción, pues demuestra que la posesión era conocida desde mucho antes a la instauración de la querella policiva, según se ha venido diciendo. Así las cosas, esta Delegada coincide con el apoderado del Ejército Nacional y el Magistrado que salvó su voto, al separarse de la decisión mayoritaria, pues la acción que dio lugar al presente proceso, estaba caducada, pues los ahora demandantes, tenían conocimiento de la ocupación desde mucho antes de haberse instaurado la querella en el

mes de junio de 2012. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero CONCEPTO No 99/ 2018 Bogotá D. C, 27 de junio de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

Expediente: 500012333000201400051 00 (60.734)

Acción: Reparación Directa

Actor: Jorge Gaitán González y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

Sentido del concepto: solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida/ Operó el fenómeno de caducidad/ Los linderos plasmados en las escrituras púbicas no pueden ser desconocidos en los peritajes judiciales/ Los perjuicios económicos materializados en el lucro cesante, deben estar asociados con la real capacidad productiva del inmueble/ El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda Jorge Gaitán González, junto con Jorge Williams Quiroz Vallejo, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitan al Tribunal Administrativo del Meta, declarar la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, debido a los perjuicios causados ante la ocupación consentida y permanente de unos predios de su propiedad, por parte del Batallón de Infantería No 21 “Batalla Pantano de Vargas”, ubicado en Granada (Meta). También pretenden que se condene al demandado a pagar

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero por concepto de perjuicios materiales la suma de $4.320.000.000, de los cuales la mitad para cada uno de ellos, más los honorarios de abogado. A título de lucro cesante, piden que se les reconozca la suma que resulte por la pérdida de productividad del activo durante el tiempo que el inmueble ha estado en manos del Ejército, área que estiman en 14 hts y por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1.000 S.M.L.M.V. Fundan sus pretensiones en que el señor GAITAN GONZALEZ es propietario del predio rural denominado “El CONSUELO”, ubicado en la vereda Iriqué del municipio de Granada,

cuya extensión es de 325 hts, conforme con el certificado de tradición y libertad de la matricula inmobiliaria No 236 – 47971, expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín. (folios 44 a 46). Así mismo, los señores Quiroz Vallejo y Gaitán González son propietarios del predio rural denominado “EL VERGEL”, cuya extensión es de 25 hts, según lo dice el certificado de tradición y libertad de la matricula inmobiliaria No 23637330, proveniente de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta). (Folios 40 a 41) A su vez, la Nación es propietaria del inmueble denominado “LA ESPERANZA”, que tiene un área de 48 hts, según consta en el certificado de tradición y libertad de la matricula inmobiliaria No 236 – 11617, de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martin (Meta) Expresan que el predio “El Consuelo”, colinda con el costado suroccidental, en una extensión de 562.51 mts desde el punto 40 al punto 45, con el predio “La Esperanza” de propiedad del Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional –, donde tiene sus instalaciones el Batallón de Infantería No 21 “ Batalla Pantano de Vargas”. Los actores sostienen que el predio “El Vergel”, de propiedad de Quiroz Vallejo y Gaitán González, tiene una extensión de 25 hts, de los cuales el “Batallón Pantano de Vargas”, ocupa de manera permanente una franja de terreno de 3 hts +3.683.06 mts, según lo indicó el informe pericial practicado como prueba durante el proceso.

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero Indicaron que a través de Inspección Judicial y mediante informe pericial adelantado durante el trámite de la primera instancia, se concluyó que el predio “La Esperanza” tiene una dimensión de 48 hts y que dicho predio sólo llega hasta el Caño Iraque y no hasta el Caño Igualas, como equívocamente aparece en la Escritura Pública No 082 del 18 de enero de 2002, corrida en su momento por el Ejército Nacional. 1.2. Contestación de la demanda. Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional: No contestó la demanda 1.3. Alegatos de conclusión. No obstante que no se respondió la demanda, el Ejército nacional si presento alegatos de conclusión, en los cuales sostiene que en los títulos de propiedad se encuentran plenamente definidos los linderos de los predios “La Esperanza” (de propiedad del Ejército), “El Vergel” y “El Consuelo”, de manera que al contrastar los linderos de las escrituras con lo reportado en Catastro y la información que aparece en la página del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” Geoportal (IGAC), no se evidencia ocupación

indebida por parte de los predios del Ejército a los predios de los demandantes. Considera que a pesar de que el dictamen pericial concluyó la existencia de un posible error en la denominación del lindero del predio “ La Esperanza”, al precisar que no se debería llamar el Caño Gualas, sino, el Caño Iriqué, tal conclusión desconoce tanto la escritura pública de este inmueble que data del año 1967, como la tradición del predio, en particular, la escritura matriz del mismo, es decir, las escrituras 1423 del 4 de octubre de 1958 y No 57 del 8 de mayo de 1965. Argumenta que la ocupación de la que habla el actor ha sido efectiva, legítima y permanente sobre área objeto de litigio y la misma ha venido ocurriendo desde el año 1967, ante autorización que los entonces dueños del predio, hicieron al Ejército. De esta 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero ocupación legítima dan fe los testimonios de los pobladores del lugar y la escritura pública del predio “La Esperanza”. Con relación a las cartas catastrales, indicó que “La Esperanza” cuenta con un área de 51 hts 8129 M2 en el sector urbano y 12 hts 9.000 M2 en el sector rural, según aparece en

las cartas que figuran en las plataformas de información geográfica del Agustín Codazzi

(IGAC).

Por último, se opone a la tasación de perjuicios, pues el perito que los tasó, lo hizo modificando el uso del suelo de rural a urbano, sin atender la obligatoriedad de constatar la existencia de un plan parcial debidamente aprobado por la alcaldía de Granada (Meta) ya que pese a manifestar de su existencia, nunca fue aportado al plenario, el mencionado plan parcial, vulnerando con ello, la Resolución No 620 de 2008, que regulan la elaboración de esta clase de avalúos. El Ministerio Público no se pronunció en el presente caso. 1.4 Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Meta, mediante fallo de primera instancia fechado el 31 de agosto de 2017, condenó al Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacionaly lo declaró patrimonialmente responsable por la ocupación permanente de un área de 3 hts 3.683.06 M2 del predio “El Vergel” y de 13 hts 4359.30 M2 del predio “El Consuelo”. Así mismo, ordenó al Ejército Nacional la devolución de las áreas antes mencionadas y condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, debido a la ocupación de las hectáreas por el Ejercito en favor de los actores en partes iguales, a la suma de $1.562.790.600 y rechazó la objeción al dictamen pericial rendido por el topógrafo Juan Antonio Barbosa. Por último, condenó

en el 80% de costas a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional en la suma de $156.279.060, basándose en los siguientes argumentos: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero  Señaló que no se presentó caducidad de la acción, toda vez que el término empezó a correr desde el momento en que el Comandante del Batallón “Batalla Pantano de Vargas” instauró una querella policiva el 4 de junio de 2012, para desalojar a unos eventuales ocupantes de las áreas adyacentes a las del Batallón, (que eran propietarios de lotes edificados, ubicados entre el lindero oriental de lo ocupado y el recorrido del caño Gualas, esto es, en la Urbanización “El Paraíso”, derivada de los terrenos del predio “El Consuelo, previa la venta de lotes que los demandantes habían hecho en favor de los querellados y, por ende, al estar cuestionadas esas compraventas, la cual fue notificada a los querellados por aviso del 3 de julio de 2012, momento que a juicio del ad quo, se concretó la verdadera intención del Ejército Nacional por ocupar el terreno con ánimo de señor y dueño.

Consideró el Tribunal, que a los querellados se les notificó la querella el 3 de julio de 2012 y por tratarse de un medio de control como es la reparación directa, el término de caducidad vencía el 4 de junio de 2014. Según consta en el folio 26, la solicitud de conciliación se presentó el 22 de octubre de 2013 y la demanda el 4 de febrero de 2014 (folio 160), lo que significando que fue presentada antes de que operara la caducidad de la acción.  Con respecto a la objeción del dictamen del topógrafo por error grave, indicó el Tribunal que el mismo estuvo encaminado a determinar las áreas y linderos que constan en las escrituras de los predios “El Vergel”, “El Consuelo” y la “Esperanza”. La objeción consistió en que el perito no tuvo en cuenta la escritura pública No 82 del 18 de enero de 2002, a través del cual, el Ministerio de Defensa declaró unas mejoras del predio “ La Esperanza” y no la escritura No 613 del 30 de noviembre de 1967, con la cual el Ministerio de Defensa adquirió el predio “La Esperanza”, donde figura como área 48 hts e identificaron en el plano protocolizado con dicha escritura los caños Iriqué y Gualas. Esto lleva a afirmar al Tribunal, que el área descrita entre los dos caños, si se tuvo en cuenta en la escritura del año 67. Para el órgano judicial, el estudio del perito es acertado, pues en ambas escrituras figura la misma extensión superficiaria y los mismos linderos, lo que conlleva a deducir que el peritaje no contiene un error grave.

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero  En cuanto al contenido del dictamen, el mismo concluyó que por donde están actualmente los linderos del predio “La Esperanza”, ocupado por el Batallón, incluyendo los terrenos en discusión, tiene un total de 66 hts + 9885.02 M2, lo cual significa que frente al dato inicial de 48 hts aproximadas inicialmente compradas por el fuerte militar, el mismo tendría 18.9 hts que no resultan razonablemente soportadas por la escritura 613 del año 1967. El perito concluyó que los predios del batallón no sobrepasan el caño Iriqué, basándose en un croquis que conforma la ficha predial No 010001400001000, que figuran en los folios 664 al 678 y fue enviado oportunamente por el IGAC.  En torno al lucro cesante, el Tribunal sostuvo que no se pronunciará sobre el peritaje técnico que los determinó, sino, que los determinará con base en la rentabilidad del área que ordena su devolución (18.9 hts) a los demandantes, indica que dichos terrenos tienen una rentabilidad por M2 de $30.000 mensuales y este dato se obtuvo de los certificados que por uso del suelo del predio el Vergel

está catalogado como agropecuario semi – intensivo/zona de explotación urbana, mientras que el predio “El Consuelo” catalogado como urbanizable, con un valor comercial de M2 señalado por la Alcaldía de $80.000 mensuales, valores que aplicados al especio de tiempo contado a partir del 3 de julio de 2012 a la fecha de la sentencia (31 de agosto de 2017) da un valor por año de $302.475.600 por año., que si se multiplica por los cinco años, equivale a la suma de $1.512.378.000 1.3.1. Salvamento de voto El Magistrado Héctor Enrique Rey Moreno salvó su voto, por considerar que la caducidad de la acción para proponer la reparación directa había operado y para sustentar su postura, se basó en los siguientes argumentos: Sostiene que el Consejo de Estado ha considerado “…que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño, sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo, de acuerdo con las circunstancias concretas del caso…” (Cursivas fuera de texto). Señala que no comparte lo expresado por sus compañeros de Sala, quienes sostuvieron que el término para iniciar la caducidad de la acción, empezó a correr cuando el Comandante del Batallón de Infantería No 21 puso la querella y la misma fue notificada, es decir, el 3 de julio de 2012. Tampoco los acompaña, cuando aseguraron que el único evento indicativo de propiedad es la querella de policía instaurada según 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero se dijo, en contra algunos de los compradores de lotes a los actores y que se encontraban en inmediaciones del predio “La Esperanza” (de propiedad del Ejercito Nacional), lo que a su juicio, por ser este hecho según ellos, el que hizo notoria la ocupación y vino a desconocer a los demandantes como dueños. No los acompaña porque de las pruebas allegadas al plenario, la ocupación del predio en disputa viene de tiempo anterior a la instauración de la querella, según los siguientes elementos: a) En la misma demanda objeto de la presente apelación, en el numeral 2.2., relacionada con EL LUCRO CESANTE, en el CAPITULO I, relacionada con LAS DECLARACIONES Y CONDENAS, se CONFIESA por parte de GAITAN GONZALEZ y QUIROZ VALLEJO, que el predio de 14 hts, que viene siendo ocupado por el Ejército Nacional, no se ha podido explotar económicamente por más de 10 años. Así mismo indican los demandantes en el folio 16 de la misma demanda, al solicitar el peritazgo, manifiestan que “…a partir del 15 de octubre de 2002, el BATALLÓN DE INFANTERIA No 21 “”BATALLÓN DE INFANTERÍA No 21 BATALLA PANTANO DE VARGAS”” al declarar la construcción de mejoras, entró a ocupar permanentemente las 14 hectáreas del terreno de propiedad de los demandantes…”, según figura en el

folio 16, cuaderno principal. En cuanto a los testimonios, se tiene el rendido por Manuel Morales (Folio 355), quien a petición de la parte actora, al interrogársele sobre el tiempo que tenía ocupado el Ejército Nacional el respectivo predio, señaló lo siguiente: “…PREGUNTADO: Bueno, usted manifiesta que los soldados se pasaban a prácticas pero de un momento a otro aparecen unos frutales y unos cultivos, una granja, por lo menos si no recuerda el año preciso, nos puede decir hace cuánto tiempo está siendo presencia el Ejército Nacional en esta zona (predio en disputa)? CONTESTADO: Eso hace por hay unos 8 años, creo yo, en promedio, porque con esta cabeza (…)”. En su testimonio el señor REINEL GAITAN TANGARIFE, agricultor de la zona, sobre el mismo tema, indicó: “(…) mi nombre es REINEL GAITAN TANGARIFE, soltero y vivo en Granada, soy agricultor…los conozco ahí y conozco el negocio, ellos compraron en el 2007 y según ellos, le dieron permiso de entrar por ahí a los soldados, pasaban y eso: en el 2012 ya se formó como problemas…(…)PREGUNTADO: Manifiesta al despacho si tiene conocimiento de alguna perturbación que haya tenido en los predios El Consuelo o El Vergel, de parte de funcionarios del Batallón 21 Vargas. CONTESTADO: Hasta el 2012 no había habido problema, de ahí se inició los problemas cuando llegó un comandante y ahí empezó a decir según eso que el batallón era dueño de todo eso, entonces ya fuimos hablamos con el personalmente, si usted acaba de llegar

cómo va a decir eso, entonces se formó un problema por eso…” Existe otro testimonio de la parte demandada, rendido por el señor JOSE ARIEL VILLAMIL, quien trabajó como panadero en el batallón y al momento de testificar ya no ocupaba tal cargo (Fl 355) y sobre la época que inició la ocupación sostuvo: “…yo entré a trabajar en 1975 y salí en 1996. PREGUNTADO: Y dónde entró a trabajar? CONTESTADO: En el Batallón 21 Vargas, aquí todo el tiempo…PREGUNTADO: Cuál era la utilidad principal que se le daba a esta zona entonces por parte del Batallón, para qué se usaba (refiriéndose al predio en controversia)? CONTESTADO: Aquí hubo un señor Coronel Chaparro que era muy buena persona, él nos dejó a los civiles todo esto para que sembráramos yuca, con la condición de que la mitad era nosotros, ¼ para el casino y el otro 1/4 para el rancho, entonces por la tarde o los sábados después de medio día nos pegábamos aquí, teníamos nuestro yucal y teníamos una fuente de ingreso (…) eran unas sabanas que no producían sino yuca, no producían más, ni pasto mucho no era que diera(…) A su vez, citó el testimonio de JUAN DE DIOS FRANCO GIRALDO, quien laboró como peluquero en el batallón, que en el folio 353 a 355, dio su testimonio en los siguientes términos: “…Yo entré a trabajar en el 77 como peluquero del batallón y salí pensionado en el año 1988… PREGUNTADO: Ese espacio de tierra entre el caño Iriqué y el caño Gualas para que se usaba

en el batallón? CONTESTADO: Para la granja, esto siempre ha sido una granja, toda la vida, nosotros aquí sembramos yuca, sembramos tomate, lo que era agricultura. PREGUNTADO: Más o menos en que años realizaban esas siembras que usted señala? CONTESTADO: Más o menos en qué años realizaban esas siembras que usted señala? CONTESTADO: Eso por ahí del 70 al 80. PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento de alguna cerca que se encuentre o vestigios de cerca que usted haya visto cuando trabajó en el batallón 21 Vargas sobre el Caño Iriqué, había alguna cerca ahí? CONTESTADO, ahí se hizo una cerca porque el batallón tenía 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero ganado, tenía bestias caballares y entonces le echaron esa cerca ahí para que no se pasaran para allá, porque se pasaban para los predios del batallón a comerse los jardines y todo eso(…) PREGUNTADO: Conoce hace cuánto tiempo se puso esa cerca para evitar que se pasara el ganado al batallón? CONTESTADO: No me acuerdo bien la fecha de la cerca, pero esa cerca era para que no se pasara el ganado para allá y eso fue por ahí después del 85 o algo así.

(Cursivas fuera de texto) También basó su salvamento de voto en el testimonio de EDMUNDO CASTRO ESCAMILLA, el cual figura en el folio 353 al 355) y allí se expresó: “…soy economista, me dedico en este sector a la ganadería, estoy muy cerca al batallón, tenemos una finca que se llama Sociedad Agrícola y Ganadera “Papilla”. PREGUNTADO: Infórmenos cuánto hace que conoce aquí este sector donde están los predios “El Consuelo”, “ La Esperanza” y “El Vergel”, que son objeto de este proceso entre unos particulares y el Ejército Nacional? CONTESTADO: Hace 24 años me vinculé a la zona, la vía que nosotros frecuentábamos más, es ésta carretera que estamos viendo aquí en el costado sur de donde estoy rindiendo esta declaración (la que va por el frente de la entrada al predio en disputa), por ahí pasábamos nosotros a caballo de la finca agraria a Granada y de Granada a la finca, desde hace 24 años conozco que estos terrenos los tenía el batallón hasta la quebrada Gualas, que es un poquito más hacia el oriente de donde estamos en estos momentos.. PREGUNTADO: Podría usted precisarnos algunos datos históricos de quiénes eran los propietarios de estos predios antes de que fueran adquiridos o poseídos por el Ejército Nacional? CONTESTADO: No tengo conocimiento de los dueños originales de estos terrenos, lo único que tengo conocimiento es que desde hace 24 años que pasaba yo por estas tierras conocía que el Batallón era el que estaba haciendo la posesión de estos terrenos, en las parte de atrás, recuerdo y donde estamos, estaba aquí el campo de tiro del

Ejercito, en la parte de atrás deben existir una trincheras donde también hacían polígonos el Batallón desde esa época…” 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado del Ejercito Nacional, interpuso recurso de apelación, exponiendo los siguientes argumentos:  Reitera que la acción se encuentra caducada, y ello se demuestra con los diferentes testimonios rendidos dentro del proceso, tales como los de JAIRO WILLIAM MONTENEGRO, JOSE ARIEL VILLAMIL Y JUAN DE DIOS FRANCO, quienes de manera unívoca señalan que el predio estaba en posesión del Ejército desde mucho antes del año 2012. Indica que estos testimonios son libres, pues al momento de rendirlos, no tenían vínculo alguno con el Ejercito y como tal, deben ser valorados y aceptados.  Con respecto al peritaje técnico objeto de cuestionamiento, insiste en él, por cuanto no se corroboraron las áreas y linderos de acuerdo con las escrituras, pues se acudió a una interpretación errada al citar como punto de partida el caño Iraque cuando en realidad el título el título establecía el caño Gualas, de manera que al haberse realizado sin tener en cuenta las coordenadas y partiendo de un punto 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 60.734

500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero diferente al indicado en la escritura y sus límites, necesariamente deben conducir a conclusiones erradas.  Con relación a la liquidación de los perjuicios materiales, indica que se opone, en tanto que es exagerado considerar que en esa zona, el M2 tenga una rentabilidad mensual de $30.000 a título de lucro cesante. Así mismo señala, que este terreno está ubicado en una zona de expansión urbana que no cuenta con plan parcial en los términos de la Resolución 620 de 2008, de manera que, su valor se debe hacer a precio de mercado para un terreno de vocación rural de la tierra y son terrenos que no están edificados.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Se expresa en los siguientes términos: 2.1.1. Problemas jurídicos planteados por la parte demandante  ¿La Nación – MINISTERIO DE DEFENSA han venido ocupando de hecho los predios de propiedad de los demandantes? 2.1.2. Problema jurídico planteado por el Ministerio Público.  ¿La acción de reparación directa se encuentra caducada?  ¿Procede el reconocimiento del lucro cesante?  ¿Se presentó un hecho exclusivo de la víctima en la ocupación del inmueble? 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos, para que sea viable declararla: a. Una falla, representada en una actuación ilegítima, b. Un daño o perjuicio, y c. Un nexo causal entre el daño y la actuación. 2.2.2. Del nexo de causalidad, el daño antijurídico y el concepto de Imputación. Corresponde a la idea de casualidad adecuada, la condición natural en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida capaz de producir el efecto que se ha realizado1. “El denominado régimen de falla o falta en la prestación del servicio, como régimen genérico o común en materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, es el aplicable a situaciones de hecho caracterizadas por la violencia o fuerza de la conducta desplegada, cuyo contenido o finalidad no es otro que el de atentar o desestabilizar las instituciones políticas, la existencia misma del Estado, el régimen político que determina su estructura y sistema de gobierno o las políticas trazadas por las diferentes autoridades a quienes ello compete en

ejercicio de las funciones legislativa o ejecutiva, siempre que concurran los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, e l daño y e l nexo causal entre los dos anteriores , cuando quiera que la conducta activa u omisiva resulte imputable a la autoridad pública y que la valoración de dicha conducta conlleve a concluir y a afirmar que ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado Colombiano dentro del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar. 1 LE TOURNEAU, Prilleppe. “La responsabilidad civil”, editorial Legis Bogotá D. C. Traducción de la primera edición 2003, pág. 82. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 60.734 500012333000201400051 00 Jaime Castro Borrero La resp