PGN - NOMBRAMIENTO DE DECANO - Nulidad por no integrase terna de candidatos de entre los c

Bogotá D.C., enero de 2.001

Concepto número: 2001 - 03

Doctor

DARIO QUIÑONES PINILLA

H. Consejero Ponente

Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia : Expediente número : 2413

Actor : GERMÁN BARRIGA GARAVITO Asunto : Nulidad del nombramiento de la señora Consuelo Corredor Martínez como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de

Colombia.

IANTECEDENTES.

1. La demanda El señor Germán Barriga Garavito, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral demandó el nombramiento de la doctora Consuelo Corredor Martínez, como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia para el período mayo de 2000 - mayo de 2002. 1.1. Hechos Manifestó el demandante que, con fundamento en el artículo 12 letra d) del Decreto 1210 de 1993, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia nombró como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia a la doctora Consuelo Corredor Martínez, pero sólo considerando para el efecto los nombres de dos aspirantes y no una terna como lo ordena el numeral 6º del artículo 7 del Acuerdo 13 del mismo Consejo Superior Universitario. Así mismo señaló que el nombramiento transgrede el artículo 7 del Acuerdo 001 del año 2000 de la mencionada Corporación que exige que para la designación se someta a consideración del Consejo Superior Universitario los nombres de los aspirantes que hayan obtenido los tres mayores puntajes del Factor

Integrado de Opinión -FIOen la consulta que con tal fin se lleve a efecto entre profesores y estudiantes en cada Facultad; resultado que debe ser remitido por el Secretario respectivo y el Comité de Veeduría y Seguimiento de la Facultad a la Secretaría General de la Universidad. 1.2 Normas Violadas y Concepto de Violación: El actor señaló como normas violadas las siguientes disposiciones:  El artículo 12, letra d), del Decreto 1210 del 28 de junio de 1.993 “Por el cual se reestructura el régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia”.  El artículo 7º, numeral 6º del Acuerdo número 13 de 1.999 “Por el cual se adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia”.  Los artículos 5°, 6°, 7° y 8° del Acuerdo 001 de 2.000 “Por el cual se reglamenta el nombramiento de Decanos de Facultad”; y, como concepto de la violación planteó que la reglamentación contenida en las normas precedentes fue inaplicada en el proceso de la designación de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, por no haberse elaborado la terna correspondiente para que el Consejo Superior Universitario efectuara la elección con fundamento en ella. Igualmente manifestó el demandante que el comité de Veeduría y Seguimiento de la Facultad debió abstenerse de consolidar cualquier información acerca de la consulta a la comunidad académica en vista de que sólo se disponía de dos aspirantes y no de tres como lo disponen los Estatutos; resultado que consecuentemente debió ser desechado por la Secretaría General de la

Universidad. 2 1.3. Solicitud de suspensión provisional De conformidad con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, el demandante solicitó la suspensión provisional del acto acusado, argumentando infracción directa de las normas citadas como violadas.

2. Admisión de la demanda El H. Consejo de Estado -Sección Quinta-, mediante auto de septiembre 4 de 2.000, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley y denegó la suspensión provisional, considerando que no se presentaba la manifiesta violación de las normas invocadas, y además dijo que el hecho de no haber sido publicados en el Diario Oficial los Acuerdos números 13, de 13 de mayo de 1999, y 1, de 24 de enero de 2.000, podría indicar que éstos no se encuentran vigentes; aspectos ambos que consideró la Corporación debían ser objeto de estudio en la sentencia.

3. Contestación de la demanda La doctora Consuelo Corredor Martínez, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda; y el apoderado judicial se opuso a todas y cada una de las pretensiones consignadas en el respectivo libelo, fundamentando su inconformidad en la ausencia de motivos o presupuestos fácticos que apoyen la nulidad impetrada y la carencia de fundamentos jurídicos procedentes. Además dijo el apoderado que el artículo 12, letra d), del Decreto 1210 de 1.993 le otorga al Consejo Superior Universitario la facultad para designar Decano, y que si bien el artículo 7° del Acuerdo Número 13 de 1999 establece la elaboración de una terna al efecto, su

ausencia no implica que la Corporación pierda aquella competencia; y agregó que por lo demás todos los requisitos exigidos para la consulta se cumplieron a cabalidad. El actor propuso además la excepción de fondo que denominó “ inexistencia absoluta de fundamentos jurídicos procedentes para la declaratoria de la nulidad impetrada “ la cual fundamentó en las mismas consideraciones expuestas al desarrollar el concepto de la violación de las normas en que basó la acción incoada. 3 Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia por conducto de su representante legal constituyó apoderado judicial para contestar la demanda, y éste manifestó que se oponía a todas y cada una de las pretensiones que en ella se señalaron, afirmando que la acción electoral no es aplicable al caso de la referencia porque no se basó en ninguna de las causales taxativamente señaladas en los artículos 223 y 227 del Código Contencioso Administrativo. Igualmente argumentó que la circunstancia que no permitió conformar las ternas se derivó de la falta de voluntad del cuerpo de docentes que, reuniendo las calidades exigidas, no quiso participar en el proceso de elección.

4. Alegatos de conclusión Dentro del término de ley las partes presentaron su respectivo escrito de alegatos, reiterando lo que habían consignado en la demanda y en su contestación respectivamente.

IICONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO De manera previa al estudio del fondo del asunto en examen, esta Delegada considerará la excepción propuesta por el apoderado judicial de la parte demandada, que se denominó “Inexistencia absoluta de fundamentos jurídicos

procedentes para la declaratoria de nulidad impetrada”, y cuyo fundamento está constituido por los argumentos jurídicos consignados en la contestación del libelo correspondiente, destacando que no está llamada a prosperar por cuanto que en estricto sentido no trata un hecho nuevo que enerve la pretensión incoada por el actor sino que constituye precisamente el punto a definir en la sentencia. EL ASUNTO DE FONDO Entrando al estudio en si del asunto, esta Agencia del Ministerio Público se permite señalar que en el expediente número 2412, en el que tanto los supuestos 4 de hecho como los jurídicos son similares a los que ahora se plantean, se analizó ya el tema que aquí se debate y con la venia de la H. Sección Quinta del Consejo de Estado, se permite reiterarlos ahora. En el radicado al que se hace alusión se dijo lo siguiente : “ De conformidad con los términos de la demanda el asunto radica en determinar si el nombramiento de Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional ha debido realizarse por el Consejo Superior Universitario considerando siempre y de manera indefectible la existencia de una terna o si por el contrario era procedente omitir esta formalidad y realizar la designación con un número inferior de candidatos, argumentando al efecto la imposibilidad de integrar la terna. Sobre el particular habrá de anotarse ante todo que la Universidad en la Constitución Política de 1991 fue objeto de un tratamiento especial que la dotó de autonomía, de conformidad con el artículo 69 cuyo texto a la letra dice : “ARTÍCULO 69 C.P.: Se garantiza la autonomía universitaria. Las

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley. La Ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Pero, esta autonomía, reconocida a los centros universitarios, que en principio impide la intromisión del poder público, no sólo en lo relacionado con la función puramente académica e ideológica, sino también en lo referente al manejo administrativo, está sometida al régimen estatutario que la Carta autoriza para que los planteles establezcan su gobierno y administración, en el que debe contemplarse el régimen interno; los mecanismos referentes a la 5 elección, designación y períodos de sus directivos y administradores; las reglas sobre selección y nominación de profesores; los programas de su propio desarrollo; y la aprobación y manejo de su presupuesto, entre otros aspectos fundamentales. En desarrollo del mandato Constitucional contenido en el artículo citado se expidió la Ley 30 de 1992 “ Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior ” que estableció que en tratándose de universidades estatales u oficiales su dirección corresponde al Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al Rector (artículo 62 inciso primero), y que el máximo organismo de dirección y gobierno es el Consejo Superior (artículo 64) al que le corresponde, como función propia, expedir o

modificar los estatutos y reglamentos de la institución y darse su propia reglamentación (artículo 65 letras d y g ). En cuanto a la Universidad Nacional ésta fue objeto de un especial tratamiento legislativo en el artículo 142 de la mencionada norma que facultó al Gobierno Nacional para que en un plazo de seis (6) meses la reestructurara y reglamentara, expidiéndose así el Decreto número 1210 de 1993 que al regular las funciones del Consejo Superior Universitario dispuso lo siguiente : “ARTÍCULO 12. Funciones del Consejo Superior Universitario : Son funciones del Consejo Superior Universitario : (...) d) Nombrar y remover a los decanos según reglamentación que expida el Consejo Superior Universitario. (...) “ Así mismo en el artículo 20 ibídem, se dijo : “ARTÍCULO 20. Del Decano : El Decano es la autoridad responsable de la dirección académica y administrativa de la respectiva Facultad 6 conforme a lo dispuesto en este Decreto y en los estatutos internos. Para ser Decano se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio, haber sido profesor universitario por un periodo no inferior a cinco años y tener al menos la categoría de Profesor Asociado o llenar requisitos homologables a esta categoría a criterio del Consejo Superior. Ejercerá las funciones que se le asignen en los estatutos internos y designará conforme a ellos, a las diferentes autoridades académicas responsables de los programas curriculares, docentes, y de investigación”. Con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales que facultan a los Consejos Directivos para expedir sus propios reglamentos, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional expidió el Acuerdo

número 13, publicado en la Gaceta Universitaria de junio 17 de 1999, “Por el cual se adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia”, estableciéndose en el artículo 7° numeral 6°, en relación con la designación de Decanos, lo que a continuación se transcribe : “ARTÍCULO 7°. Consejo Superior Universitario, naturaleza, integración y funciones. El Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de dirección y gobierno de la Universidad, está integrado en la forma establecida en el Artículo 11 del Decreto Extraordinario 210 (sic) de 1993 y ejercerá las siguientes funciones: (...)

6. Nombrar a los Decanos según reglamentación que tendrá en cuenta como directrices básicas la consulta previa a la comunidad académica de la respectiva Facultad y la elaboración de una terna para consideración del Consejo Superior Universitario, integrada por candidatos que hayan recogido un volumen o un grado significativo de la opinión expresada”. (Subrayas y resaltado de esta Delegada).

A su vez, por medio del Acuerdo número 001 publicado en la Gaceta Universitaria de 18 de febrero de 2000, el Consejo Superior Universitario de 7 la Universidad Nacional de Colombia reglamentó el nombramiento de los Decanos de Facultad, disponiendo en lo pertinente: “ARTÍCULO 1°. Designación de los Decanos de Facultad. Los Decanos de Facultad de la Universidad Nacional serán designados por el Consejo Superior Universitario, en los términos y condiciones señalados en el Decreto 1210 de 1993 y el Acuerdo 13 de 1999 del

Consejo Superior Universitario, conforme a las reglas de que trata el presente Acuerdo”. “ ARTÍCULO 7°. Candidatos sometidos a consideración del Consejo Superior Universitario. Se someterán a consideración del Consejo Superior Universitario los aspirantes que hayan obtenido los tres mayores FIO en cada Facultad, en concordancia con lo definido por el numeral 6 del Artículo 7° del Acuerdo No. 13 de 1999 del Consejo Superior Universitario. PARÁGRAFO. Se remitirán al Consejo Superior Universitario los documentos aportados por cada uno de los aspirantes que hayan obtenido los tres mayores FIO en la consulta efectuada en cada Facultad de la Universidad”. Las normas arriba citadas, expedidas por el Consejo Superior Universitario, por medio de las cuales éste reglamentó el nombramiento de Decanos de Facultad, reiteran que tal designación le compete a dicha corporación y que debe estar precedida de una terna de candidatos, de entre los cuales se hace la escogencia correspondiente. Ahora bien, de conformidad con los medios de prueba allegados al plenario se tiene que la elección del Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se realizó sin consideración de lo dispuesto en los mencionados Reglamentos que al efecto expidió el Consejo Superior, visto que sólo se consideraron dos (2) candidatos, contrariando así el organismo sus propias normas que establecen la integración de una terna para efectuar la designación; hecho que en sentir de este Ministerio Público vicia de nulidad la actuación. 8 Es absolutamente improcedente, habiendo el Consejo Superior expedido una reglamentación para efectos de la designación de Decanos,

que al proceder a realizar una escogencia de este tipo, se aparte de ella y actúe de manera discrecional. Habiéndose dado autónomamente sus propias reglas de gobierno y administración a ellas se debe ceñir la Corporación sin que sea viable pretermitirlas o argumentar insuficiencia de reglamentación por una falta de previsión legislativa que no consideró ni dispuso regulación para el evento de que no fuera posible la conformación de una terna. El carácter reglado de la designación impone sujeción a lo preestablecido en los Acuerdos y sólo de conformidad con ellos podrá ser válida una elección de Decano de Facultad. Por último, respecto de la publicación de los Acuerdos, del Consejo Superior Universitario, esta Delegada, siguiendo tesis del H. Consejo de Estado, considera que la falta de publicación en el Diario Oficial no es óbice para su inaplicación, por cuanto los actos administrativos de contenido general aunque no sean publicados son oponibles a la propia administración, porque a pesar de la falta de publicación ésta los conoce, debido precisamente a que ella los profirió, y naturalmente la vinculan a su cumplimiento, aunque por razones inversas no sean obligatorios para los particulares. Para este Ministerio Público los anteriores argumentos resultan aplicables al asunto sub examine dada la similitud que guardan las acciones incoadas en lo que dice relación con los supuestos de hecho y de derecho en que se fundan y en consecuencia concluye como a continuación propone: CONCLUSIÓN De conformidad con lo anteriormente expuesto, respetuosamente esta Procuraduría Séptima Delegada ante el H. Consejo de Estado -Sección Quintasolicita a la H. Corporación que declare la nulidad del acto por medio del cual el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional designó a la doctora Consuelo Corredor Martínez como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 9 de la Universidad Nacional de Colombia para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2000 y el 30 de abril de 2002. De los Honorables Consejeros,

RODOLFO GARCÍA ORDÓÑEZ

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado 10