PGN - NOMBRAMIENTO DE EMPLEADO PUBLICO - Omitir verificar y comprobar requisitos genera re

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Radicado: 154-42217-2000

Disciplinado: Edgardo Plutarco Vives Campo; Alcalde de Santa Marta

Jaime Solano Jimeno, Alcalde de Santa Marta Gustavo Ignacio Arroyave Arango, alcalde de Santa Marta José Antonio Reyes Posada, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Marta. Amalia Díaz Granados de Noguera, Jefe División de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Marta, CLAUDIA GARCIA SCHILLER, Asesor Administrativo Oficina de Recursos Humanos Fecha de la queja: 24 DE Marzo de 2000

Quejoso: Asunto: Fallo primera instancia

08 DE JULIO DE 2003

ASUNTO Agotado el trámite procesal de rigor, en la investigación adelantada contra los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta: EDGARDO PLUTARCO VIVES CAMPO, Alcalde Distrital; JAIME SOLANO JIMENO, Alcalde Distrital, GUSTAVO IGNACIO ARROYAVE ARANGO, Alcalde encargado JOSÉ ANTONIO REYES POSADA, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, AMALIA DIAZGRANADOS DE NOGUERA, Jefe División de Recursos Humanos, CLAUDIA GARCIA SCHILLER, Asesor Administrativo Oficina de Recursos Humanos, para la época de los hechos, procede esta Delegada a proferir fallo de primera instancia, al no advertirse causal de nulidad que lo impida.

ANTECEDENTES PROCESALES

Mediante auto del 23 de junio de 2000, se dispuso la apertura de Investigación Disciplinaria contra los siguientes funcionarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta; EDGARDO PLUTARCO VIVES CAMPO, Alcalde Distrital; JAIME SOLANO JIMENO, Alcalde Distrital, GUSTAVO IGNACIO ARROYAVE ARANGO, Alcalde encargado JOSÉ ANTONIO REYES POSADA, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, AMALIA DIAZGRANADOS DE NOGUERA, Jefe División de Recursos Humanos, CLAUDIA GARCIA SCHILLER, Asesor Administrativo Oficina de Recursos Humanos, para la época de los hechos, fls 279 a 285 del cuaderno 2. El Auto de Apertura de Investigación fue objeto de aclaración mediante providencia del 24 de Julio de 2000 el cual fue debidamente comunicado, fls 337 a 339 del cuaderno 3. A los citados investigados se les formularon Cargos en Auto del 15 de Septiembre de 2000, los cuales fueron notificados y respondidos en los escritos de descargos, fls 351 a 364 del cuaderno 3. Mediante providencia del 23 de Noviembre de 2000, se resolvió sobre la práctica de pruebas, ordenando las solicitadas por los disciplinados fls 472 a 475 del cuaderno 4. Con oficio 001943 del 23 de Julio de 2001, la Oficina de Asesores en Contratación Estatal, remite a la División de Registro y Control el proceso en referencia, para que sea sometido a reparto, toda vez que corresponde el fallo de instancia a la Delegada

para la Vigilancia Administrativa, fls 674 a 675 del cuaderno 5. El Procurador General de la Nación, ante solicitud del 17 de Mayo de 2002 de la Delegada para la Vigilancia Administrativa, mediante proveído del 18 de Julio de 2002, resuelve designar a JOSE FERNANDO REYES CUARTAS, Procurador Delegado para la Moralidad Pública, como Presidente de la Comisión Especial Disciplinaria, creada por Auto del 6 de Junio de 2000, en reemplazo de la doctora YOLANDA CABALLERO RENGIFO, quien continuará integrándola, para que prosiga con el trámite de la investigación, fls 679 a 681 del cuaderno 6.

SINTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS

1. Se formularon Cargos contra los siguientes servidores públicos de la Alcaldía Distrital de Santa Marta; EDGARDO PLUTARCO VIVES CAMPO, en calidad de Alcalde; JAIME: SOLANO JIMENO, en calidad de Alcalde, GUSTAVO IGNACIO ARROYAVE ARANGO, en calidad Alcalde encargado, JOSÉ ANTONIO REYES POSADA, en condición de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, AMALIA DIAZGRANADOS DE NOGUERA, en calidad de Jefe de la División de Recursos Humanos, CLAUDIA GARCIA SCHILLER, en condición Asesora Administrativa de la Oficina de Recursos Humanos, para la época de los hechos, los tres primeros de los citados, por cuanto nombraron, dieron posesión y permitieron la permanencia de los siguientes funcionarios de esa entidad, sin que reunieran para el ejercicio de los empleos, los requisitos exigidos en el correspondiente manual de

funciones y los tres restantes por haber omitido verificar y comprobar los requisitos y exigencias mínimas para la posesión de esos mismos servidores: SANDRA PATRICIA PADILLA ROBLES, nombrada por Decreto 535 del 10 de Noviembre de 1998 y posesionada el 11 de noviembre del mismo año, como Jefe de la División de Impuestos Directos e indirectos de la Secretaría de Hacienda, sin reunir el requisito de haber terminado estudios universitarios. JULIO MAURICIO GONZALEZ ACOSTA, nombrado y posesionado el 1º de Agosto de 1997, como Jefe de la Unidad de Impuestos y Rentas de la Secretaría de Hacienda, siendo arquitecto, cuando el manual exigía título universitario en Economía Derecho o Administración de Empresas. MARTA BEATRIZ CABAS DUICA, nombrada y posesionada el 22 de Julio de 1997, como Jefe de la Unidad de Presupuesto, sin haber reunido el requisito de título universitario. OLGA LUCIA LOPEZ CIFUENTES, nombrada y posesionada el 25 de Julio de 1998 como Comisaría de Familia sin reunir el requisito de la especialización en Derecho de Familia, exigido para el cargo. Se citaron como normas violadas los artículos 6 y 209 de la Constitución Política, artículo 4º, de la Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción, Manual de funciones de la Alcaldía Mayor de Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, adoptado mediante Decreto 535 del 04 de Octubre de 1996, en el artículo de funciones, fls 73,

77 y 78 del cuaderno 1. Con base en los anteriores presupuestos, se estableció un presunto a incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, consagrados en los artículos 38 y 40, numerales 1, 22, 25 y 28 de la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único. La falta se le calificó provisionalmente como GRAVE, de conformidad con los artículos 24, 25 y 27 de la norma anteriormente citada y la forma de culpabilidad se estableció a titulo de CULPA, por la conducta irregular que constituye violación a normas legales especialmente el Manual de Funciones adoptado mediante Decreto 535 del 4 de Octubre de 1996.

2. A JAIME SOLANO JIMENO, en su condición de Alcalde de Santa Marta y AMALIA DIAZ GRANADOS DE NOGUERA, en su condición de Jefe de la División de personal, actualmente División de Recursos Humanos, quienes permitieron la continuidad de la prestación del servicio en los cargos ocupados por los siguientes servidores públicos que no reunían los requisitos exigidos para los cargos en el manual de funciones, omitiendo dar aplicación al artículo 5º de la ley 190 de 1995, Estatuto anticorrupción: JAIRO RAFAEL AMOR MONTALVO, nombrado por Decreto 376 del 12 de Julio de 1996 y posesionado en la misma fecha como Jefe de la Unidad de Sistemas de Información, siendo arquitecto, sin reunir el requisito de titulo universitario en

Ingeniería de Sistemas. JULIO MAURICIO GONZALEZ ACOST A, nombrado y posesionado el 1º de Agosto

de 1997, como Jefe de la Unidad de Impuestos y Rentas de la Secretaría de Hacienda, siendo arquitecto, cuando el manual exigía título universitario en economía Derecho o administración de Empresas. ZAHAIRA PALACIO BETTER, Jefe de la División de Planeación y Fomento de la Salud, nombrada por Decreto 328 del 19 de Junio de 1996 y posesionada en la misma fecha, siendo arquitecta, cuando el manual exigía titulo universitario en medicina y/o gerencia en salud y/o Administración. SANDRA PATRICIA PADILLA ROBLES, nombrada por Decreto 535 del 10 de Noviembre de 1998 y posesionada el 11 de noviembre del mismo año, como Jefe de la División de Impuestos Directos e indirectos de la Secretaría de Hacienda, sin reunir el requisito de haber terminado estudios universitarios. MARTA BEATRIZ CABAS DUICA, nombrada y posesionada el 22 de Julio 8 de 1997, como Jefe de la Unidad de Presupuesto, sin haber reunido el requisito de título universitario. OLGA LUCIA LOPEZ CIFUENTES, nombrada y posesionada el 25 de Julio de 2000 como Comisaría de Familia, sin reunir el requisito de la especialización en Derecho de Familia, exigido para el cargo. Como normas violadas se citaron los artículos 6 y 209 de la Constitución Política; artículo 5º, de la Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción; Manual de funciones de la Alcaldía Mayor de Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, adoptado mediante Decreto 535 del 4 de Octubre de 1996, en el artículo de funciones de estos

cargos. Con base en los anteriores presupuestos, se estableció un presunto incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, consagrados en los artículos 38 y 40, numerales 1, 22 y 28 de la ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único. La falta se le calificó provisionalmente como GRAVE, de conformidad con los artículos 24, 25 y 27 de la norma anteriormente citada y la forma de culpabilidad se estableció a titulo de CULPA, por cuanto la conducta irregular constituye violación a normas legales, especialmente el Manual de Funciones adoptado por la entidad.

3. Se endilgaron cargos a los señores JAIME SOLANO JIMENO y GUSTAVO IGNACIO ARROYAVE ARANGO, en las calidades de Alcaldes del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por cuanto suscribieron contratos de prestación de servicios y ordenes de trabajo durante la vigencia 1999 y 2000, mediante las cuales se vinculó personal para desempeñar cargos que figuraban en la planta de personal, en una cantidad que supera los cargos contemplados en los decretos correspondientes que fijan la planta de personal, constituyendo una posible nómina paralela, desvirtuando el objeto del contrato estatal de prestación de servicios, regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, toda vez que estos son definidos como aquellos que se celebran para desarrollar actividades relacionadas con la administración, siempre y "cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados".

Como normas violadas se citaron los artículos 125, 210 Y 315, numerales 1º y 7º de

la Constitución Política, Manual de funciones de la Alcaldía Mayor de Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, adoptado mediante Decreto 535 de Octubre 4 de 1996 en el artículo de funciones, artículo 32, inciso 3º de la Ley 80 de 1993. Con base en los anteriores presupuestos, se estableció un presunto incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, consagrados en los artículos 38 y 40, numerales 1, 2 y 22 de la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único. La falta se le calificó provisionalmente como GRAVE, de conformidad con los artículos 24, 25 y 27 de la norma anteriormente citada y la forma de culpabilidad se estableció a titulo de CULPA, por la conducta irregular que constituye violación a normas legales especialmente el Manual de Funciones adoptado por la entidad. 3. - PRUEBAS QUE SUSTENTAN LOS CARGOS Con el fin de verificar los hechos de investigación, se practicaron y allegaron las siguientes pruebas en las etapas de Apertura de Investigación, las solicitadas por los disciplinados en sus descargos y las ordenadas de oficio en el auto de pruebas: Acta de Visita Especial practicada a la oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía Mayor de Santa Marta el 25 de Mayo de 2000, fls 28 a 29, cuaderno 1. Relación de contratos y ordenes de prestación de servicios celebrados durante las vigencias 1999 y 2000, remitidos por la alcaldía mayor, mediante oficio 001014 del 22 de junio de 2000 fls 2 al 5 y 173 al 200, cuaderno 2.

Copias de los decretos de nombramiento, actas de posesión y formatos únicos de las hojas de vida de cada uno de los servidores públicos que aparecen relacionados en los cargos. Folios 30 a 66 cuaderno 1. Copia de la parte pertinente del Decreto 535 del 4 de Octubre de 1996, mediante el cual se adopta el Manual de funciones de la Alcaldía Mayor del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, respecto a Secretario General, Jefe de Oficina Administrativa de Recursos Humanos, Jefe de la División de Personal, Comisarios de Familia, Jefe de la Unidad de Presupuesto, Unidad de Impuesto y Renta, fls 73 al 90 del cuaderno 1 y 401 al 404, cuaderno 3 Copia de la Gaceta Distrital No 028 de Octubre de 1996, que contiene el Decreto 535 de Octubre de 1996, mediante el cual se adopta el manual de Funciones de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, fls 426 al 437, cuaderno 3. Decreto 701 de Diciembre 15 de 1997, por medio del cual se fija la planta de personal, las asignaciones civiles y se establecen los gastos de viáticos y combustible para la vigencia 1998, fls 299 al 322, cuaderno 3. Decreto 589 del 16 de Diciembre de 1998, por medio del cual se fija la planta de personal, las asignaciones civiles y se establecen los gastos de viáticos y combustible para la vigencia 1999, fls 159 al 172, cuaderno 2.

Decreto 570 del 22 de Diciembre de 1999, por medio del cual se fija la planta de personal, las asignaciones civiles y se establecen los gastos de viáticos y combustible para la vigencia 2000, fls 113 al151 del cuaderno 1. Copia de los contratos de prestación de servicios Nos 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 017, 019 y 020, celebrados por el señor Jaime Solano Jimeno en representación de la Administración Distrital de Santa Marta durante la vigencia 2000, fls 201 al 226, cuaderno 2 Copia de los contratos de prestación de servicios Nos 001 al 019, 027 al 029 y 032 al 036, celebrados por el señor Jaime Solano Jimeno en representación de la Administración Distrital de Santa Marta durante la vigencia 1999, fls 227 al 278, cuaderno 2 Copias de las ordenes de servicio y trabajo, suscritas en representación de la administración Distrital por los señores Jaime Solano Jimeno y Gustavo Ignacio Arroyave, como alcalde y alcalde encargado, respectivamente, fls 6 a 27, cuaderno 1 Certificación del 13 de julio de 2000, expedido por la Jefe de División de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Marta con los datos de nombre completo, identificación, cargo, tiempo de servicio, sueldo y última dirección del Secretario de Hacienda, señor GUSTAVO IGNACIO ARROYAVE ARANGO, con detalle de las fechas exactas y Decretos de nombramiento en que el funcionario fue encargado como alcalde, fls 291 al 298, cuaderno 2.

Certificación del 26 de Mayo de 2000, expedido por la Jefe de División de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Marta con los datos de nombre completo, identificación, cargo, tiempo de servicio, sueldo, última dirección registrada y funciones, respecto de los disciplinados, fls 92 al 112, cuaderno 1. Copia de la Providencia del 19 de Agosto de 1999 de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, fls 405 al 413, cuaderno 3. Copia del cuadro de estadísticas de recaudas por concepto de impuesto predial del Distrito de Santa Marta, vigencia 2000, fls 414 y 415, cuaderno 3. Copia de los Decretos 391 al 395 del 11 de Octubre de 2000, por medio del cual el Doctor JAIME SOLANO JIMENO, en calidad de Alcalde Distrital de Santa Marta, declaró insubsistentes a los servidores públicos de esa entidad territorial: señores JAIME AMOR MONTALVO, Jefe de la Unidad de Sistemas de Información, JULIO MAURICIO GONZALEZ, Jefe de la Unidad de Impuestos y Rentas OLGA LUCIA LOPEZ CIFUENTES, Comisaria de Familia, MARTA CABAS DUICA, Jefe de la Unidad de Presupuesto y SANDRA PADILLA ROBLES, Jefe de la División de Impuestos Directos e indirectos, fls 416 a 420, cuaderno 3. Certificación del 02 de Marzo de 2001, expedida por el Jefe de Sección de Talento Humano del Hospital Central " Julio Mendez Barreneche" de Santa Marta, sobre los

cargos ocupados por la señora MARTA CABAS DUICA, fl 490, cuaderno 4. Certificación de la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía Mayor de Santa Marta sobre antecedentes disciplinarios de los servidores que no cumplieron requisitos para el nombramiento y posesión en los empleos mencionados en el Auto de Cargos, hojas de vida, actas de posesión, experiencia y antecedentes judiciales, fls 524 a 599, cuaderno 4.

DE LOS DESCARGOS

1. GUSTAVO IGNACIO ARROYAVE ARANGO, por intermedio de apoderado presentó sus descargos así: Dentro de la política neoliberal y con el objeto de recortar gastos se viene acudiendo al sistema de órdenes de trabajo o contratos de prestación de servicios, que no se rige por la ley laboral sino por la Ley 80 de 1993 y corresponde al nominador, de acuerdo al cúmulo de trabajo, acudir a ese sistema de contratación, que corresponde a los niveles directivo, ejecutivo, profesional, técnico y eso obedece a la nominación que no puede ser valorada subjetivamente por el disciplinador.

En el caso de mi mandante, no se observa en que casos se acudió a ese sistema, cargo que no puede prosperar contra él. En cuanto a que muchos de los nombrados no reúnen los requisitos o no acreditaron los requisitos para ejercer la función, hace referencia y transcribe los artículos 1º, 4º y 5º de la Ley 190 de 1995 y 50 del Decreto 1950 de 1973, que reglamenta los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968, par concluir que su mandante no es Jefe de

Personal, ya que esta función no corresponde al nominador, por tanto se debe archivar la actuación a favor de su mandante, fls 379 al 382, cuaderno 3

2. CLAUDIA GARCIA SCHILLER, por intermedio de apoderado presentó sus descargos así: Mi patrocinada se posesionó el 5 de Diciembre de 1997, como Asesora Administrativa, del 16 de Diciembre al 06 de Enero de 1998, prestó sus servicios en comisión ante la Secretaría Jurídica y a partir del 07 de Enero de 1998 laboró en la Unidad de Impuestos y rentas, por tanto no permaneció en la Oficina de Recursos Humanos en la fecha de posesión de los funcionarios detallados en el Auto de Cargos, quedando claro y demostrado que ella no participó en estas posesiones: solicito absolver a mi apadrinada de los cargos endilgados por carencia absoluta de fundamentos de hecho y jurídicos, fls 391 a 395 cuaderno 3.

3. JAIME SOLANO JIMENO, su apoderado expresó en los descargos: Al cargo primero: El investigador no determina los períodos y el funcionario en propiedad al momento de la comisión de las faltas disciplinarias. Como Alcalde de Santa Marta del 01 de Enero de 1998 al 31 de Diciembre de 2000, no nombró, ni posesionó a los funcionarios públicos vinculados con anterioridad.

No es función del alcalde determinar si la persona cumplía con los requisitos, como tampoco es quien debía elaborar el acta de posesión, de acuerdo con el Decreto 535 del 04 de octubre de 1996, Manual de Funciones, esta labor

correspondía al Jefe de Recursos Humanos, de allí que la omisión no puede ser atribuida al Doctor Jaime Solano Jimeno, por tanto el cargo formulado carece de piso legal.

Al segundo Cargo: No existe en el expediente prueba alguna o comunicación de la División de Personal que pusiera en conocimiento del Doctor Jaime Solano Jimeno esta supuesta irregularidad, reiterando que no es función asignada al cargo de alcalde mayor, circunstancia que evidencia la claridad y buena fe. Notificado el Auto de Cargos y dando estricto cumplimiento a la normatividad legal, el alcalde declara insubsistentes los nombramientos realizados a personas que no reúnen los requisitos del cargo exigidos en el Decreto 535 del 04 de Octubre de 1996

Al tercer Cargo: Es verdad que la administración celebró contratos, ordenes de servicios y de trabajo durante las vigencias 1999 y 2000, no para vincular personal para desempeñar cargos que figuran en la planta de personal sino para cubrir necesidades del servicio en todos los frentes de la administración que no podía cumplir la planta de personal, abonado al hecho que no se tenían los suficientes recursos económicos, financieros, presupuéstales y de Tesorería, ya que ampliar esta, originaba un mayor costo que el Distrito no estaba en capacidad de sufragar.

Amparado en la Ley 4º de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, pero fundamentalmente en el numeral 3º del artículo 31 de la Ley 80 de 1993, no quedó alternativa distinta para garantizar la prestación del servicio que vincular mediante el sistema de contratación administrativa, personal que no generara pago de prestaciones sociales, además las funciones o actividades no pudieran realizarse con

personal de planta. La mayoría de las ordenes han correspondido a actividades temporales entre otras la protección y seguridad de las escuelas del Distrito de Santa Marta, que le correspondió asumir al distrito cuando dejó de hacerlo el Departamento, por tanto debió suplir las vacantes pues no podía dejar acéfalos esos planteles educativos, además de la necesidad de realizar los censos por parte de la Secretaría de Hacienda, sellamiento de negocios comerciales e industriales, recuperación del espacio público, trabajadoras sociales para la tercera edad, celadores para los centros de vida y otros, que no justificaban la ampliación de la planta de personal pero la actividad por ellos desarrolladas permitieron un mayor recaudo para atender las necesidades de la comunidad, como se refleja en la estadística que se adjunta para que se tenga como prueba. En relación con el cargo relativo a la vinculación de asesores en el despacho del señor alcalde, mediante contratos y ordenes de servicios en un número de 37 para el año 1999 y de enero a Marzo de 2000, en número de 22, cantidad que supera de manera considerable los cargos establecidos en los Decretos 701 de 1997, 589 de 1998 y 570 de 1999, cabe destacar que estos distribuyen sus funciones en las diferentes dependencias de la alcaldía ante la proliferación de mecanismos de control de la actividad administrativa, que implican la defensa de los intereses del Distrito, so pena de causal de mala conducta, dentro de los cuales deben destacarse las acciones de tutela, cumplimiento, populares o colectivas o los derivados de las acciones ordinarias las acciones ejecutivas, reparación directa, nulidad y

restablecimiento del derecho, fls 396 al 420 del cuaderno 3.

4. JOSE ANTONIO REYES POSADA, quien en forma personal rindió sus descargos, así: Cuando se nombraron y posesionaron las señoras SANDRA PATRICIA PADILLA ROBLES Y OLGA LUCIA LOPEZ CIFUENTES, el 11 de Noviembre y 25 de febrero de 1998, respectivamente, yo no estaba ejerciendo el cargo de Jefe de la Oficina jurídica de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, pues mi retiro se produjo el 23 de Diciembre de 1997.

Con relación al caso de la señora MARTA BEATRIZ CABAS DUICA, nombrada y posesionada como Jefe de la Unidad de Presupuesto el 22 de Julio de 1997, la funcionaria investigadora de la Procuraduría General de la Nación, omite en forma deliberada el literal b) del manual de funciones contenido en el Decreto 535 de Octubre 4 de 1996 que hace relación a la experiencia de esta servidora, en el caso específico no solamente cumple con el tiempo de experiencia exigido en el Decreto mencionado, que es de tres (3) años, sino que cuando se posesionó como Jefe de Presupuesto de la Alcaldía de Santa Marta tenía una experiencia superior a quince (15) años en el desempeño de actividades similares, cita las entidades y solicita se oficie solicitando certificaciones sobre esta afirmación, prueba que fue ordenada y practicada, por la experiencia demostrada procedí a darle posesión en el cargo para el que había sido nombrada. Con respecto al señor JULIO MAURICIO GONZALEZ, era profesional en la

arquitectura con experiencia superior a dos (2) años exigidos en el Decreto 535 de 1996, tal como se demuestra con las certificaciones que se anexan. Por lo anterior, de acuerdo al análisis realizado pude demostrar que le he dado cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias en cuanto a requisitos, calidades y cualidades de los posesionados, fls 421 al 437 del cuaderno 3.

5. EDGARDO PLUTARCO VIVES CAMPO, a través de apoderado presentó sus

descargos, así: La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en segunda instancia resolvió caso similar manifestando que "esa labor de verificación es previa al acto propiamente como tal ella no es una responsabilidad propia del alcalde. Lejos de la legalidad aparece la manifestación de que si la función a juicio del alcalde competía a la Secretaría de Gobierno, así debió probarla mediante certificación o hecho similar, constituye una inversión de los cargos de la prueba que viola el debido proceso por cuanto es el ente investigador a quien compete determinar funcionalmente quien era la persona encargada de adelantar el trámite que cobija la omisión investigada" En el caso concreto correspondería a la Secretaría de Hacienda y a la Oficina Administrativa de Recursos Humanos. De conformidad con el Decreto 535 de julio de 1997, literal M, le corresponde a la Oficina Administrativa de Recursos Humanos, entre otras las siguientes funciones: " Diligenciar la posesión de los empleados del orden distrital, revisar la identidad, el cumplimiento de los requisitos y su concordancia con los actos administrativos del

nombramiento" Así las cosas el despacho debe absolver a mi defendido, ya que ninguno de estos funcionarios se posesionaba ante el y como tal tampoco era su responsabilidad verificar si cumplía o no con los requisitos que el cargo le demandaba, estas funciones estaban atribuidas a sus subalternos dentro de la Oficina de Recursos Humanos. Anexa la Gaceta Distrital No 028 de Octubre 7 de 1996 que contiene el Decreto 535 de Julio de 1997 y fotocopia de la providencia del 19 de Agosto de 1999 de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, fls 438 a 455 del cuaderno 3 y 456 al 464 del cuaderno 4.

6. AMALIA DIAZ GRANADOS DE NOGUERA, quien por intermedio de apoderado presentó sus descargos así: Mi poderdante como Jefe de la División de Recursos Humanos desde el 6 de Enero de 1998 no dio posesión a estos funcionarios pues como consta en las actas de posesión, estas las firman, el Alcalde y el Secretario General.

Considera que las exigencias previstas en la ley 190 de 1995, habían sido derogadas o suspendidas por el artículo 141 del Decreto 2150 de Diciembre de 1995, vigente hasta el 26 de Junio de 1999, por ser posterior y porque se trataba precisamente de suprimir trámites en la administración pública. De ahí pues, que la posesión de SANDRA PATRICIA PADILLA ROBLES, JULIO MAURICIO GONZALEZ ACOSTA, MARTA BEATRIZ CABAS DUICA y OLGA LUCIA LOPEZ CIFUENTES, no pueda

significar cargos contra mi patrocinada porque en condición de Jefe de Recursos Humanos no podía pretender o exigir el cumplimiento de los requisitos previstos en normas derogadas, por un lado y por el otro, a esa personas solo podía exigírsele los requisitos señalados por el Decreto 535 de 1996, dictado por el Gobierno Distrital, exigencia que tenía que hacer el Secretario General, quien era la autoridad que suscribía el acta de posesión. El artículo en cita consagra que para posesionarse o contratar, sólo se requería la cédula de ciudadanía, los funcionarios de buena fe, daban posesión con ese documento, fls 465 a 469 del cuaderno 4.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

1. EDGARDO PLUTARCO VIVES CAMPO, quien ocupó el cargo de Alcalde Mayor del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en el período 1º de Enero de 1995 hasta el 31 de Diciembre de 1997, según certificación que obra a folios 92 al 94 del cuaderno N 1, se le atribuye como único cargo el haber nombrado durante su mandato a los siguientes servidores públicos, sin que reunieran los requisitos exigidos en el correspondiente Manual de Funciones, adoptado mediante Decreto No 535 del 04 de Octubre de 1996 y vigente a las fechas de las designaciones: - Mediante Decreto No 464 del 1 Q de Agosto de 1997, a JULIO MAURICIO GONZALEZ ACOSTA, como Jefe de la Unidad de Impuestos y Rentas de la Secretaría de Hacienda, posesionado mediante acta No 356 de la misma fecha, quien acreditó título de arquitecto, cuando el manual de funciones que obra a folios

81 y 82 del cuaderno 1, exigía para ese cargo título profesional en Economía, Derecho o Administración de Empresas. - Mediante Decreto 444 del 22 de Julio de 1997, a MARTA BEATRIZ CABAS DUICA, como Jefe de la Unidad de Presupuesto, de la Secretaria de Hacienda, posesionada mediante acta 339 de la misma fecha, sin haber acreditado el requisito de título profesional en Economía, Administración de Empresas o Contaduría, exigido en el manual de funciones que obra a folios 79 a 80 del cuaderno 1. - Mediante Decreto 535 del 10 de Noviembre de 1998, a SANDRA PATRICIA PADILLA ROBLES, posesionada el 11 de noviembre del mismo año, como Jefe de la División de Impuestos Directos e indirectos de la Secretaría de Hacienda, sin haber acreditado el requisito de haber terminado estudios universitarios en Contaduría, Derecho, Administración de Empresas o Economía, exigido en el manual de funciones que obra a folios 83 y 84 del cuaderno 1. - Mediante Decreto 098 del 23 de Febrero de 1998, a OLGA LUCIA LOPEZ CIFUENTES, posesionada mediante acta 042 del 25 del mismo mes y año, como Comisaría de Familia, quien solamente acreditó el requisito de título profesional de abogado inscrito, cuando el manual de funciones exigía además Especialización en Derecho de Familia, según obra a folios 77 y 78 del cuaderno 1. Sea lo primero manifestar que los argumentos esgrimidos por el apoderado del investigado no son de recaudo para atender la petición de archivo del proceso,

cuando afirma: La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en segunda instancia resolvió caso similar manifestando que "esa labor de verificación es previa al acto propiamente como tal ella no es una responsabilidad propia del alcalde. Lejos de la legalidad aparece la manifestación de que si la función a juicio del alcalde competía a la Secretaría de Gobierno, así debió probarla mediante certificación o hecho similar, constituye una inversión de los cargos de la prueba que viola el debido proceso por cuanto es el ente investigador a quien compete determinar funcional mente quien era la persona encargada de adelantar el trámite que cobi