PGN - NORMA DEMANDADA - En relación con esta opera el fenómeno de inconstitucionalidad sob

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Contra el literal e) del artículo 67 del Decreto Ley 2241 de 1986, “Por el cual se adopta el Código Electoral”. ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Por desconocimiento de los artículos 95 y 98 de la Constitución referente a la adquisición de segunda nacionalidad por parte de colombianos sin que pierdan su cédula de ciudadanía REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Causales de cancelación de cédula de ciudadanía por parte de esta CONSTITUCIÓN POLÍTICA-En caso de incompatibilidad entre esta y la ley u otras normas jurídicas se aplicarán las disposiciones constitucionales INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE-Definición según sentencia de la Corte Constitucional INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE-Tiene efectos de derogatoria tácita En la jurisprudencia se habían desarrollado dos aproximaciones sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad en casos de inexequibilidad sobreviniente, es decir, en torno a la viabilidad de las demandas orientadas a cuestionar la validez de normas legales por ser contrarias a una nueva disposición superior, a saber: “La primera, según la cual, la inexequibilidad sobreviniente tiene efectos de derogatoria tácita. Por tanto, lo que se impone es la declaración de inhibición por carencia actual de objeto. La segunda, a la luz de la cual, la inexequibilidad sobreviniente habilita un pronunciamiento de fondo por razones de seguridad jurídica y en virtud del principio de supremacía constitucional NORMA DEMANDADA-En relación con esta opera el fenómeno de

inconstitucionalidad sobreviniente NACIONALIDAD-No procede la pérdida de esta En este sentido, se observa que la nacionalidad colombiana no se pierde por adquirir carta de naturaleza de otro país desde el 4 de julio de 1991. Ciertamente, “la Constitución Política de 1991 instituyó el derecho a la binacionalidad a favor de los nacionales colombianos, y prohibió la pérdida de la nacionalidad prevista en la Constitución anterior para los súbditos que adquirieron carta de naturalización en país extranjero y fijaron su domicilio en el exterior” NORMA DEMANDADA-Se debe declarar su inexequibilidad para superar cualquier duda sobre su vigencia Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 1 Así las cosas, siguiendo el precedente, la Procuraduría estima necesario que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la norma acusada para superar cualquier duda sobre su vigencia. En concreto, aunque la disposición enjuiciada regula una hipótesis que no opera en la actualidad, en tanto la Constitución Política de 1991 dispone que no se pierde la nacionalidad colombiana y, con ello, la ciudadanía por haber adquirido carta de naturalización en país extranjero, lo cierto es que dicha disposición no ha sido excluida formalmente del sistema normativo y, eventualmente, podría ser aplicada afectando los derechos de los ciudadanos Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

2 Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 2022 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expediente: D-14904

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por José Arturo Mogollón Mora contra el literal e) del artículo 67 del Decreto Ley 2241 de 1986, “Por el cual se adopta el Código Electoral”.

Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo

Concepto No.: 7140

De conformidad con el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes El ciudadano José Arturo Mogollón Mora interpone demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 67 del Código Electoral, el cual se subraya a continuación: “Artículo 67. Son causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las siguientes: a) Muerte del ciudadano; b) Múltiple cedulación; c) Expedición de la cédula a un menor de edad; d) Expedición de la cédula a un extranjero que no tenga carta de naturaleza; e) Pérdida de la ciudadanía por haber adquirido carta de naturaleza en otro país, y f) Falsa identidad o suplantación”.

El accionante solicita que se declare la inexequibilidad del literal acusado, porque desconoce los artículos 96 y 98 de la Constitución Política, los cuales permiten que los colombianos puedan adquirir una segunda nacionalidad sin perder su ciudadanía y, con ello, continuar ejerciendo sus derechos políticos. 1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5.

Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 3

II. Consideraciones del Ministerio Público El artículo 4° Superior señala que “la Constitución es norma de normas” y, por consiguiente, ordena que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Al respecto, se ha resaltado que los cambios de las normas constitucionales pueden afectar la validez de las disposiciones legales, pues lo que antes de la modificación resultaba compatible con los preceptos superiores podría dejar de serlo bajo el amparo del nuevo texto superior. El referido fenómeno ha sido denominado como “inexequibilidad o inconstitucionalidad sobreviniente”2. En la jurisprudencia se habían desarrollado dos aproximaciones sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad en casos de inexequibilidad sobreviniente, es decir, en torno a la viabilidad de las demandas orientadas a cuestionar la validez de normas legales por ser contrarias a una nueva disposición superior, a saber: “La primera, según la cual, la inexequibilidad sobreviniente tiene efectos de derogatoria tácita. Por tanto, lo que se impone es la declaración de inhibición por carencia actual de objeto. La segunda, a la luz de la cual, la inexequibilidad sobreviniente habilita un pronunciamiento de fondo por razones de seguridad jurídica y en virtud del principio de supremacía constitucional”3.

Con todo, en los fallos C-560 de 20194 y C-155 de 20225, la Corte Constitucional consideró que se debe preferir la segunda aproximación. Lo anterior, porque: “(…) al existir un conflicto de normas de diferente rango y jerarquía, siendo la norma superior también la posterior, en estricto sentido no se está en presencia de un caso de derogatoria tácita, sino de invalidez sobrevenida de la preceptiva inferior. Es claro que, aun cuando para resolver tal incompatibilidad convergen los dos principios lex posterior derogat prior y lex superior derogat inferior, razones de seguridad jurídica imponen que tal antinomia se resuelva aplicando preferentemente el criterio jerárquico sobre el temporal, debiendo el intérprete autorizado proceder a declarar la invalidez de la norma que genera el conflicto. 2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-681 de 2003 (C.P. Ligia Galvis Ortiz), C-762 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-258 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y C-560 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 3 Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2022 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger). 4 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 5 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 4 La segunda aproximación al fenómeno, valga decir, la de declarar la inexequibilidad en lugar de inhibirse, además de brindar una respuesta más

segura en todos los casos, tiene la ventaja de que resuelve aquellos casos en los cuales la incompatibilidad entre la ley anterior y la norma constitucional posterior no sea manifiesta o flagrante”. Pues bien, en la presente oportunidad, la Procuraduría advierte que en relación con la norma acusada operó el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente, puesto que: (i) En el artículo 9° de la Constitución Política de 1886 se indicaba que: “la calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta de naturaleza en país extranjero, fijando en él domicilio, y podrá recobrarse con arreglo a las leyes”6. (ii) En consonancia con dicha norma superior, en el literal e) del artículo 67 del Código Electoral7, se estipula que “son causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las siguientes: (…) e) Pérdida de la ciudadanía por haber adquirido carta de naturaleza en otro país”. (iii) Sin embargo, en el artículo 96 de la Constitución Política vigente, promulgada el 4 de julio de 19918, se señala que “ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción (…)”. En este sentido, se observa que la nacionalidad colombiana no se pierde por adquirir carta de naturaleza de otro país desde el 4 de julio de 1991. Ciertamente,

“la Constitución Política de 1991 instituyó el derecho a la binacionalidad a favor de los nacionales colombianos, y prohibió la pérdida de la nacionalidad prevista en la Constitución anterior para los súbditos que adquirieron carta de naturalización en país extranjero y fijaron su domicilio en el exterior”9. Entonces, es claro que la adquisición de carta de naturaleza de otro país no es una causal para perder la ciudadanía, pues esta es una manifestación de la nacionalidad colombiana de los mayores de 18 años en los términos del artículo 98 de la Carta Política10. En consecuencia, se evidencia que el literal e) del artículo 67 del Decreto Ley 2241 de 1986 perdió su fundamento superior desde el 4 de julio de 1991 y, por ende, en la actualidad no es posible para la Registraduría Nacional del Estado Civil proceder a cancelar la cédula de ciudadanía bajo su amparo. 6 En el artículo 380 Superior se indica que “queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación”. 7 Decreto Ley 2241 de 1986. 8 Gaceta Constitucional No. 116 de 1991. 9 Corte Constitucional, Sentencia C-335 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). 10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-562 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co

5 Así las cosas, siguiendo el precedente11, la Procuraduría estima necesario que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la norma acusada para superar cualquier duda sobre su vigencia. En concreto, aunque la disposición enjuiciada regula una hipótesis que no opera en la actualidad, en tanto la Constitución Política de 1991 dispone que no se pierde la nacionalidad colombiana y, con ello, la ciudadanía por haber adquirido carta de naturalización en país extranjero, lo cierto es que dicha disposición no ha sido excluida formalmente del sistema normativo y, eventualmente, podría ser aplicada afectando los derechos de los ciudadanos. En efecto, la cancelación de la cédula de ciudadanía puede privar a las personas del ejercicio pleno de sus prerrogativas fundamentales, porque dicho documento tiene por lo menos tres funciones relevantes, a saber: “(i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia”12. En suma, por razones de seguridad jurídica, la Procuraduría General de la Nación le solicitará a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del literal e) del artículo 67 del Decreto Ley 2241 de 1986, pues frente a su contenido se presentó el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente ante la expedición de los artículos 96 y 98 de la Carta Política de 1991.

III. Solicitud Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la INEXEQUIBILIDAD del literal e) del artículo 67

del Decreto Ley 2241 de 1986, “Por el cual se adopta el Código Electoral”. Atentamente,

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General de la Nación

Proyectó: Tania Milena Daza Márquez – Asesora Grado 19.

Revisó y aprobó: Juan Sebastián Vega Rodríguez – Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales. 11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-560 de 2019 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y C-155 de 2022

(M.P. Cristina Pardo Schlesinger). 12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2014 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 6