PGN - NORMA EN BLANCO - Definición

Bogotá DC, 5 de diciembre de 2002.

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia

Administrativa.

Radicación: Exp. 083-00873 de 1999 (A# 61 cvv)

Presunto responsable /Disciplinado(s): William Carrillo Lozano Cargo y entidad: Director de la Cárcel Judicial de La Plata (H).

Quejoso: De oficio.- Información de prensa del Diario El Huila, asumida por la Procuraduría Departamental del Huila.

Fecha queja: Se genera con la indagación oficiosa de la Procuraduría el 215-99

Fecha hechos: Noche del 19 de mayo de 1999.

Asunto: Providencia por medio de la cual se revoca un fallo de primera instancia. Artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Por fuga de 7 presos con uso de explosivos, de la cárcel y presunta responsabilidad por omisión del Director.

Entra el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde, conforme a la competencia asignada por el Decreto 262 de 2000, en especial, el artículo 25 numeral 4, y normas concordantes de la Resolución reglamentaria 017 de 2000, de la Procuraduría General de la Nación, así como las disposiciones del actual Régimen Disciplinario, (Ley 734 de 2002), a resolver lo que corresponde en el expediente 08300873 DE 1999 (A # 61 CVV)

I. ANTECEDENTES

1. Queja.

De oficio, mediante auto de indagación preliminar de fecha 21 de mayo de 1999 (fl. 1), la entonces denominada Procuraduría Departamental del Huila, en atención a la

publicación de prensa intitulada la cárcel de la plata es insegura, y subtitulada no hay pista de los prófugos, inició investigación en que se daba cuenta de la presunta irregularidad que pudiera haberse dado, por la fuga de 7 presos denominados de alta peligrosidad, sindicados de homicidio, y también por infracción a la Ley 30/86 es decir, por tráfico de estupefacientes, quienes en las horas de la noche, en forma violenta, contando con la colaboración de terceros que desde la parte externa del penal volaron la parte trasera de las instalaciones que daban hacia el río de La Plata, huyendo por un boquete dejado en la pared, como se observa en la fotografía del folio 3, y panorámica de los folios 28 al 31, los que no pudieron ser recapturados. Se le señala al Director, no haber sido diligente y haber incurrido en presunta responsabilidad por omisión; al no haber tomado las medidas que conforme a la prudencia debía haber adoptado para la seguridad interna del penal, ya que sus subalternos esta ocasión le manifestaron que debía mejor pedir su traslado a otra parte, al no haberlo hecho y no haber solicitado en ese caso concreto el traslado de dichos internos de alta peligrosidad a otros destinos, para evitar lo finalmente ocurrido. La fecha de los hechos corre para el anochecer del 19 de mayo de 1999, hacia las siete de la noche. Prescribe para el 19-5-2004.

1. Indagación preliminar.

Con fundamento en lo anterior de oficio se asumió por la hoy La Procuraduría

Regional del departamento del Huila, y comenzó las indagaciones iniciales, en averiguación de responsables, por auto del 21-5-99, (fl. 1), y ordenó las pruebas comisionando al efecto dentro de la correspondiente Indagación Preliminar, la que no fue notificada por razón de no existir en ese momento un funcionario identificado, entregándole los folios 2, 3, y 4, con el reporte de la información periodística como base, con facultades investigativas por seis meses que concluían para la práctica de pruebas para el mes de noviembre de 1999.

2. Investigación Disciplinaria.

Por auto No. 027 del 23 de Marzo de 2000, visible a folios 144 y ss, se consideró que se reunían los requisitos establecidos por los artículos 38, 144, 145, y otros concordantes de la Ley 200 de 1995, vigente para la fecha de los hechos, motivo por el cual se ordenó adelantar la correspondiente investigación disciplinaria en contra del Señor WILLIAM CARRILLO LOZANO, en su condición de Director de la Cárcel Judicial de La Plata (Huila) (fls., 144 y ss), el que le fue notificado con el Oficio No. 941 del 24 de marzo de 2000 (fl. 148) Sus calidades personales están debidamente acreditadas y se emitió el certificado de antecedentes con cargo a su cédula la número 17.008.514, en la que no registra antecedentes disciplinarios.

3. Pliego de Cargos.

Mediante decisión del 22 de Agosto de 2000, visible a folios 169 y ss, se formuló pliego de cargos al Señor WILLIAM CARRILLO LOZANO, en su condición de

Director de la Cárcel Judicial de La Plata (Huila), providencia que le fue notificada en forma personal el 15-09-2000, el cargo único, que en resumen consiste en lo siguiente: Se afirma que existían internos de alta peligrosidad, remitidos de la cárcel de Distrito judicial de Medellín, “... de quienes se tenía conocimiento, venían planeando una fuga masiva, proyectada desde el exterior del penal...” (Sic). “...sin que la cárcel presentara mejores condiciones de seguridad “, ya que los precitados considerados de alta peligrosidad, se fugaron. Agrega que “en reiteradas ocasiones los Comandantes de escuadra le pidieron que los trasladara” pero se presentó la explosión que abrió un orificio sobre el muro externo, sin que la reacción inmediata impidiera el hecho. (fl. 174 y 175).

4. Descargos.

El disciplinado fue notificado personalmente a partir del auto de 25 de agosto de 1999, en diligencia auxiliada por la Personería de La Plata, Huila (fl. 181). El disciplinado, dentro del término legal, (fl. 183), para desvirtuar el cargo imputado en el AUTO 000017, en memorial escrito presentó la defensa, directamente sin la intervención de apoderado, cuyos argumentos en resumen son los siguientes: Fls.183 y ss: Que el cargo de director de establecimiento carcelario tiene un carácter administrativo, y el personal de la guardia es del orden ejecutivo. Y es sobre los segundos que recae la tarea de vigilancia física o material de los internos. Afirma que el director no tiene el don de la ubicuidad para estar administrando en la

oficina y al mismo tiempo estar presente a todas horas, en las garitas, en las celdas, en los patios, los pasillos y demás instalaciones carcelarias teniendo en cuenta que el hecho ocurre a las siete de la noche pasadas. Cuando llegó al servicio, encontró personal de guardia ineficaz y con muchas fallas, y empezó a hacer cambios que no fueron bien recibidos. Algunos guardianes antiguos se dedicaron a indisponerlo con los internos, y no se ha respetado su excelente trayectoria como directivo en el Estado, haciendo eco a consejas y calumnias (234). Influyen en el manejo de los internos: En ocasiones la desobediencia civil que en los penales, surge causando tropiezos y traumatismos. El hacinamiento El escaso presupuesto La merma de vigilancia al interior de las cárceles Las decisiones superiores en el INPEC. Los internos culpan siempre de sus infortunios no a lo que han hecho, sino a los que deben vigilarlos. Las investigaciones que le han enrostrado nunca han prosperado ante la temeridad de tales afirmaciones (fls 183 al 187). Menciona a los que tenían a su cargo directo la guardia ese día, de modo que en últimas serían ellos que deberían ser cuestionados, y quienes además en otras ocasiones se han visto comprometidos en distintos eventos sancionables. / PRUEBAS DE DESCARGO: El interesado presentó toda la documentación de soporte necesaria, de modo que no se dictó auto posterior de nuevas pruebas de oficio y produjo directamente la decisión de fondo con lo allegado a la investigación. No hubo por tanto Auto formal de pruebas de descargo, y se reservó el funcionario

cuestionado, la posibilidad de hacer llegar más soportes de su inocencia, de modo que no habiéndose decretado otras para mejor proveer, se encuentra que se pasó a la etapa de fallo correctamente.

5. Fundamentos de la decisión de primera instancia.

Se corresponde con la argumentación del auto No. 0000116 del 20 de noviembre de 2000 (folios 232 y ss co #2). Se reconstruye la situación fáctica, señalando sin la consistencia debida al cargo, nuevas consideraciones y señalamientos que redondean la idea de la presunta infracción, por la cual se le sanciona con amonestación en la Resolución de primera instancia. Afirmando sin reparo que no es menos cierto que “no obran en el diligenciamiento constancia sobre las solicitudes dirigidas al INPEC, con antelación a la mencionada fuga”, de la que infiere su responsabilidad. Es decir, que no actuó en oportunidad, al solicitar el traslado oportuno, aspecto que en ninguna parte del cargo único se le expresa con esa claridad, y por lo mismo no se le señala la responsabilidad por omisión, que se colige apenas como inferencia de lógica deductiva, no por expresión de la conducta reprochable, señalando a renglón seguido en el folio 238 que: “... solicitó a la Regional Occidental del INPEC; y al Director General del mismo; la autorización y la destinación de partidas para la construcción de muros, techos, garitas, a fin de mejorar las instalaciones del penal y de ésta manera lograr mayor seguridad... “(fl. 238) No se analizó lo correspondiente a las precedentes documentaciones en cita en las consideraciones, en que si bien para ese caso puntual no hubo solicitud, las

precedentes, no fueron atendidas. Ratifica los criterios empleados para tildarla de grave y culposa ya de manera definitiva. Destaca los logros y congratulaciones y reconocimientos oficiales a su labor y la carencia de antecedentes, no obstante le sanciona con amonestación escrita con copia a su hoja de vida. La misma fue notificada en forma personal, el 21-12-2000 (folios 232 y ss co #2).

6. Apelación.

Notificado el fallo de primera instancia, en diligencia de fecha 21-12-2000, fls. 242 y ss, e inconforme con el pronunciamiento de responsabilidad que se hizo a la conducta del servidor público WILLIAM CARRILLO LOZANO, en condición de Director de la Cárcel Judicial de La Plata (Huila), por sí mismo mediante escrito, presentó y sustentó el recurso de apelación. Argumenta que ninguna de las pruebas aportadas le señalan en ninguna forma por responsabilidad en lo que se le acusa. Los reclusos emplean estratagemas que hacen de la permanente queja y difamación como arma, así se tengan cubiertos los problemas o las necesidades, siempre argumentan que la guardia es incorrecta, que es insuficiente, para minimizar su responsabilidad en caso de ser recapturados y así tener una excusa cuando se fugan. Que es muy grave la responsabilidad de cuidar internos, y sin embargo emplean todo tipo de mecanismos para desviar las responsabilidades, no obstante que se ha esforzado por atender nítidamente sus funciones. Que se ha decretado la emergencia carcelaria en varias ocasiones en el país en los últimos 10 años, pero la capacidad carcelaria del mismo es necesariamente

insuficiente; y los grupos delincuenciales se encargan de problematizar aún más cuando les proveen armas y alucinógenos o estupefacientes. En todo plantel hay siempre riesgo de fuga, es un presupuesto normal de operación y por ello se mantienen condiciones permanentes de seguridad. No deben lavarse las manos unos con otros, derivando responsabilidades en quien no deben recaer, pues muchas infracciones han ocurrido en turnos de vigilancia de personas que tienen varias investigaciones internas, pero que sus deberes no llegan hasta tener que estar de cuerpo presente a cada instante en cada sitio. Aporta copia de varias investigaciones que se adelantan contra varios de los subalternos, entre ellas, una del prófugo J. SIERRA ALMANZA, que generó otro expediente disciplinario, y que en otras prisiones como las de Popayán en la Cárcel de San Isidro igualmente se han presentado atentados dinamiteros, no obstante la reacción inmediata con riesgo de fuga de otros 130 internos, por lo que es apenas una muestra de una situación generalizada (fl. 247) Argumenta que este caso fue investigado también en la Procuraduría Provincial de Garzón y teme que se le esté juzgando dos veces por el mismo hecho pero no aporta la radicación.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

a. Legalidad (artículo 4 de la Ley 734 de 2002). FUGA DE PRESOS Es una conducta claramente regulada en el Código Penal, y de consecuencia, es una conducta disciplinable que por referencia es una norma en blanco que puede ser llenada con los elementos doctrinales de la figura.

Implica como puntos de referencia típica, que no es un delito de peligro, es de conducta, que ataca la eficaz y recta impartición de justicia, hoy prevista en los artículo 448 y 449 del Capítulo Séptimo de la Ley 599 de 2000 y con similares prospectos en el anterior código, en que se regula así:

FUGA DE PRESOS.

Con un sujeto activo: el prisionero que se fuga, y es quien se evade estando privado de la libertad.

Circunstancia de lugar: quien se ubica en un Centro de reclusión, hospitalario, o en su lugar de residencia que se le haya dado por cárcel, es decir, sitio de reclusión domiciliaria.

Circunstancia modal: Se halla a disposición y por orden de autoridad, que lo ha vinculado a un proceso, sea por providencia o sentencia debidamente notificada.

Sanción: Se hace merecedor a una pena de prisión de tres (3) a seis (6) años.

Favorecimiento de fuga, el artículo 489 L. 599/00 Precisa de un actor o sujeto activo: es el funcionario o servidor público encargado de la vigilancia (o hace referencia al director, sino al que en forma material y directa tiene a cargo el oficio o tarea de vigilancia y control de los detenidos).

Sus funciones son: vigilancia, custodia, o conducción de personal en prisión, sea detenido o condenado. (En éste caso, los subalternos de la guardia).

Verbo rector: “... Que procure o facilite su fuga...” Sanción: Incurre en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años.

Lo que se dosifica en aumento proporcional en caso que los delitos por los que estuvieren condenados sean de lesa humanidad como los enlistados en el parágrafo. Los delitos de homicidio, y de tráfico de estupefacientes de que eran actores los fugados de este caso, según algunas circunstancias se consideran de aquellos de “orden público”, y a cargo de jueces “especializados”, pero no son los del título II, ni encajan en los del artículo en cita, así se les haya dado el calificativo de sujetos de alta peligrosidad. De lo anterior, se infiere que la omisión administrativa endilgada, no se halla bien configurada, máxime que se alega la desatención a las prevenciones hechas por los subalternos con anticipación, no a una conducta específicamente suya, de la que surja responsabilidad por culpa o por dolo. El director no era el que podía cometerla, y el cargo no fue diseñado en esta forma, en atención a las circunstancias que lo rodearon, simplemente se refiere a la diligencia y cuidado que hubiera podido emplear llevándoselos de allí como si tuviera múltiples posibilidades que no existían. / NO HAY DOBLE JUZGAMIENTO No es del caso entrar a determinar el estudio de una eventual declaratoria de cosa juzgada, en cuanto manifestó que era posible que este mismo asunto ya hubiera sido investigado también en la Procuraduría Provincial de Garzón, temiendo ser objeto de un doble juzgamiento. Se anexa un reporte del GEDIS; generado en la fecha de la decisión, sistema informático que arroja el siguiente resultado con cargo a la misma cédula y

disciplinado a nivel nacional: Existen tres radicaciones en curso con números: 083-000873 de 1999, que es la presente radicación 083-001523 de 2000, adelantado por la Regional del Huila, por tema distinto en cuanto al cumplimiento de la orden de libertad 013 del Juzgado Primero de la localidad, es decir, tema distinto. Y la del Expediente 083-001557 de 2000, que adelanta la misma regional por la conducta del preso RICARDO J SIERRA ALMANZA, de quien se había ordenado su traslado, de forma que tampoco se corresponde, y es parte de los anexos aportados como antecedentes de su debido cumplimiento en la apelación, y como muestra de los inconvenientes que surgen con los traslados, pero no refiere al presente averiguatorio. El hecho de que se haya instruido en Garzón por la Provincial, es posible que haya ocurrido en cualquiera de las radicaciones, pero las tiene a cargo en la actualidad la Regional del Huila. De lo anterior, se concluye con claridad que no se debe dar curso al pronunciamiento por cosa juzgada sino producir la decisión de segunda instancia de ley para decidir de fondo la radicación a cargo. b. Ilicitud sustancial (artículo 5 de la Ley 734 de 2002) La conducta del director se adecuó al tipo de funciones asignadas de dirección, y manejo de la institución en lo que le competía a nivel funcional y en la atribución de las tareas especificadas a sus subalternos. El cargo hecho con calificación de único, adolece de imprecisión pues en el mismo no se observa un preciso señalamiento por omisión, sino una referencia indirecta a

que los subalternos supuestamente habían pedido tomar en consideración el traslado, que no se ajusta a las condiciones expresas del artículo 77 del estatuto carcelario, pues en este se menciona el peligro vital para los otros internos. En ninguna parte del expediente se halla probado el elemento subjetivo del tipo que por remisión al código penal se hubiera podido hacer en las diligencias, nunca conforme a las pruebas, el director pudo ser señalado como connivente y actuar benevolente con los propósitos de la fuga. Por lo mismo, no se adecua típicamente el señalamiento hecho sobre la ocurrencia de un evento fortuito, con su conducta positiva o negativa en el desarrollo y ocurrencia de la infracción que incorrectamente se le atribuye como propia, realizada de manera personal, y con el conocimiento, intención y voluntad requeridos en la preceptiva sancionatoria. Por el contrario, a folio 96, se observa la preocupación con las funciones a cargo, cuando el 12-9-98, en oficio dirigido a la Directora Regional Occidental, Dra. HAYDEE CHÁVEZ LÓPEZ, le refirió el caso que se había presentado con un interno, y alegó que hacia las 19:35 horas, acababan de frustrar una fuga, cuando: “... rompieron el frágil techo del alojamiento No. 2, en que 6 internos salieron a la cima del mismo, pero fueron descubiertos, e inmediatamente la patrulla externa dio la alarma y nuestra reacción fue inmediata, lo que hizo que los que habían ganado el techo se devolvieran por el mismo hueco que habían hecho... ” En este oficio, es él y no sus subalternos como se señala en el cargo, quien pide:

“... al contar toda la población interna se comprobó que no faltaba ninguno. por esto es urgente el traslado además de los antes enumerados de los siguientes internos...”, (fl. 96) y pone en lista los que estima deben ser cambiados, nada de lo cual se le concedió, a pesar que relata que son personas que se pelean continuamente, y hacen gala de extrema agresividad, así como de adicción al bazuco, y hurtan continuamente las pertenencias a los demás, de forma que se complica de manera permanente la convivencia (fl. 96). La infracción debe observarse con toda claridad entre la conducta y la norma, cosa que no ocurre en el presente caso, en que no se observa falencia en el cumplimiento del deber sustancial. Inclusive llega a afirmar que los presos manifiestan que “... van a tutelar al INPEC para que los traslade...” (fl. 96). Ruega en 1998, se le de soporte, pues con ocasión de lo sucedido, son “... circunstancias estas que me inducen a solicitar el traslado de ellos, ya que no puedo mantenerlos indefinidamente en aislamiento...” (fl. 96). De tales pruebas no se infiere tipicidad sino el cumplimiento del deber legal, y el rechazo y la negativa a reconocer los presupuestos de la supuesta omisión endilgada en cargos. Es decir, que si no lo hizo en este caso específico, sí lo pidió antes, y no puede pedirse otro comportamiento, sobre una cuestión ex post facto, en que es muy simple, decir que falta el requerimiento en este evento, cuando sí lo presentó en

general para los demás ocurridos. Aspecto este señalado en el fallo a la inversa. c. Exclusión de responsabilidad (artículo 28 de la Ley 734 de 2002) Se practicaron en la indagación preliminar, las distintas diligencias, oficios y actas de vista especial a las instalaciones, que obran a folios 5 y ss del expediente y que fueron como correspondía, evaluadas para el mes de marzo siguiente. Se precisó durante su práctica la lista de los siete fugados, recién condenados, y otros apenas sindicados, que se encuentran relacionados a folios 14 y 15. Se aportaron las recomendaciones de seguridad, y memorandos a los distintos subalternos, así como los oficios requisitorios a los Comandantes de guardia y a los Comandantes de escuadra, sobre el manejo del penal, ver al respecto, fls. 45 y ss. Y se allegaron los respectivos reportes enviados al Departamento de Policía del Huila, a la SUBSIJIN DIPLA, (fl. 50), sobre lo acaecido, lo que generó visitas de inspección judicial, y el reporte de la novedad ante otras instancias fl. 54. fl 59. / PROCESO PENAL POR FUGA DE PRESOS: Dieron curso las autoridades a la Fiscalía General de la Nación, y se tomaron declaraciones de los internos, y testigos de los hechos, guardianes y demás que dieran información que generó la investigación penal paralela por fuga de presos (fls. 60 y ss) Situación diligenciada ante la Fiscalía 23 Delegada ante los Jueces Penales de Circuito de La Plata, investigación penal Número 008, en averiguación de

responsables, que es independiente de la acción disciplinaria (ver folios 65 y ss). Se aportaron así mismo las normas del Código Penitenciario y Carcelario vigente para la fecha de los hechos, contenido en la Ley 65 de 1993 (fls. 88 y ss) y las regulaciones que rigen la conducta de los encargados de la seguridad interna, como los Jefes de Turno, y demás subalternos de las Cárceles de Distrito judicial (fl.90).

/ SOBRE LA PRESUNTA OMISIÓN Y FALTA DE DILIGENCIA.

El presunto conocimiento o sentir generalizado de que se habla por los internos sobre que se pensaba que ellos harían una fuga masiva, no se halla acreditado. Los internos eran conocidos o amigos de los fugados y pudieron haberlo sabido como noticia soterrada de que ellos como prisioneros hubieran tenido conocimiento, no así las directivas ni los guardias, de ellos se predica la normal alerta y cuidado de las instalaciones, pero no hay prueba de conocimiento, del que se deduzca en modo alguno la voluntad e intención colaborar o hacerse el desentendido de los que pretendían fugarse. De haber sido así, sería un cómplice de la infracción penal. Dicho supuesto se debe entender como no probado, no acreditado, ni cierto frente al resultado de la investigación penal, que para nada lo involucra. En cuanto a la diligencia en tratar de atender los requerimientos del penal: No sólo se allegaron los pedidos de ayuda que a su despacho elevaron sus subalternos y Comandantes de Escuadra y Vigilancia, como los expresados por los señores Inspectores RUBY CERÓN GUAÑARITA, Y JAIME MUÑOZ ESCOBAR, en

8 de febrero y 9 de abril de 1999. Obran también los oficios requisitorios del principal y único cuestionado, enviados desde la Dirección del penal, a la Directora Regional de Occidente en el INPEC; ubicada en el departamento del Valle del Cauca, en la que se informa que el área del penal es de 600 metros cuadrados, que: “.. Presenta inconsistencia en los muros, techos de los dormitorios Nos. 1 y 2, por ser de esterilla de guadua y eternit, lo que nos produce un espacio de mucha inseguridad... ” (...) 2.- “carecemos de muro de cerramiento o guayana. “ (...) 3.- “Las garitas están muy mal ubicadas ya que se encuentran en un nivel mucho más bajo que el de los techos, lo que hace que la vigilancia sobre éstos sea deficiente... ” (fl. 92). Expresado en septiembre 14 de 1998, ocho meses antes de la ocurrencia de los hechos. Existen oficios precedentes también entre otros, del día 3 del mes de junio de 1998, igualmente elaborados por el Director cuestionado, en que se dirige a las máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario en que solicita con insistencia con toda claridad la solución de las deficiencias detectadas por su administración, sin haber sido atendidas en la medida de lo solicitado, en que reitera la necesidad de al menos lo siguiente: (... )”1.- Construcción del muro de cerramiento o guyana...” Si este hubiera existido, el boquete no habría dado acceso a la calle, ni al río. (...) 2.- Reforzamiento de los techos de las celdas y dormitorios Nos 1 y 2, que en la

actualidad son muy bajos y construidos en esterilla de guadua recubierta con una muy débil capa de cemento, por encima tejas de eternit aseguradas con ganchos de aluminio. (...) 3.- “Reubicación de las garitas las cuales están en un nivel más bajo que los techos...” (fl. 93). De haber estado bien localizadas, se habría podido monitorear la parte trasera, a la que no había suficiente visibilidad. Agrega muchas otras demandas de auxilio elevadas al nivel central, en las cuales incluye la designación de personas de relevo para seguridad, pues no existía personal necesario en casos de vacancias temporales de los cargos, y no se había podido cancelar a la electrificadora con amenaza de corte de servicios públicos, es decir que no tenían ayudas electrónicas, ni medios logísticos ni siquiera los mínimos estándares para suplir las necesidades básicas, que se plantearon mucho antes de la ocurrencia del evento cuestionado, un año antes ya se estaba pidiendo el soporte que nunca llegó a destino para el mes de mayo de 1999, sin responsabilidad del Director afectado. De lo anterior, se colige su debido cumplimiento y diligencia de la tarea asignada con las limitaciones endémicas del oficio, dentro de una infraestructura deficitaria y una planeación estratégica para su funcionamiento dependiente del nivel regional y del máximo nivel decisorio central. Se desvirtúa con ello la presunta omisión endilgada y la presunta responsabilidad directa.

/ LA SUPERPOBLACIÓN CARCELARIA.

Cabe de igual modo expresar que no es el Director el que crea y sostiene la aglomeración o superpoblación intra carcelaria, depende de otros factores que no

son de su exclusiva responsabilidad, y por lo mismo lo que el cargo entiende como una simple omisión, para el aquem, es una verdadera causal de justificación. Ni era discrecional suyo el remitirlos a otro lado sin que hubiera donde recibirlos. El nivel de decisión se traslada a plano superior. Se le señaló por no pedir el traslado de los internos, pero solicitar como se ve de lo anteriormente expresado, no es obtener lo requerido. Mucho menos, cuando se trata de una problemática de múltiples facetas, de un lado se encuentra el incremento de la criminalidad; que es un factor social no programable, se tiene una situación deficitaria y endémica de sobrepoblamiento; y de otra parte, los recursos y la planeación no se pueden centralizar en el director de establecimiento carcelario, quien tiene cierta autonomía pero no toda la capacidad decisoria como para poder atribuirle un problema estructural e institucional, frente al cual puede asumir el reto de administrar pobreza o de lo contrario, no posesionarse ni ejercer la dirección local que se le ofrece con el empleo, por no sentirse capaz de trabajar con tantas limitaciones y condicionamientos. Por ello en el propio estatuto citado como infringido la posibilidad de actuar pidiendo esos traslados, por causas excepcionales, se da si uno o varios internos constituyen un peligro evidente para la vida o la integridad de otros, como lo establece el artículo 77 del la ley 65 de 1993, ello se redacta por el legislador como una hipótesis posible, no como un imperativo categórico de ineludible cumplimiento, se redactó de manera facultativa, y prevén la posibilidad de tomar distintas medidas que llegan “hasta la

de el traslado a otro establecimiento..” (fl. 142) Previo informe de evaluación de 15-6-99 (fl.138), antes de la apertura de investigación el abogado comisionado puso de presente lo que ya el informe periodístico había destacado para la fecha de los hechos, al fl. 3, en el sentido que: “... uno de los mayores inconvenientes es la superpoblación, porque en la actualidad alberga a 147 internos, cuando su real capacidad es de sólo 90...” Y a renglón seguido agrega cómo era la situación precedente al decir: “... Las directivas del penal aseguran que mientras que el año anterior el penal mantenía en promedio 55 internos, en el presente año (se refiere a 1999), el número remitido se disparó en forma alarmante...” Dicha apreciación hecha una reflexión en términos de porcentajes implica que para el año anterior en 1998, la proporción de la ocupación de la prisión era del 61%, en tanto que sin poder preverlo, pues se trata de un fenómeno social generalizado, la criminalidad del país y el número de internos se disparó en La Plata (Huila), tanto con personas sindicadas como con personas ya procesadas en una proporción que no sólo provenía del propio departamento, habiendo varios de Medellín, y que habían delinquido en esa población, por lo que se sobredimensionó la demanda sin responsabilidad del señalado, en un porcentaje del 163%, es decir, que si 90 internos era lo usual, 147 era 63% mas que el tope del 100 x 100 % posible en un solo año, sin poder hacer una estimación de crecimiento de esas proporciones.

Lo que indica que mal podría haber rechazado las solicitudes de la Fiscalía que le requirieran el internamiento, ni alegar ninguna cosa contra una determinación judicial, cualquiera fuera el estado de aglomeramiento, pues no existe posibilidad de recluir personas en Estaciones de Policía o centros transitorios de SIJINES de departamento de Policía, por cuanto ello es de simple estadía para remisión al competente en la rama judicial o fiscalía y los fugados apenas acababan de ser vinculados a procesos o ya habían sido condenados a purgar pena en prisión; no en otra parte. De haberlos rechazado sí habría incurrido en grave infracción al deber funcional. Le correspondía aceptarlos y adecuarse a las circunstancias, haciendo como se ha probado ya con suficiencia pedidos de soporte para expresar que estaba en malas c