PGN - NORMAS DISCIPLINARIAS - Reportar a cámara de comercio información contractual de la

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Radicación No: 086 – 12243 – 06

Disciplinado: JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS.

Cargo y Entidad: Jefe Oficina Asesora Jurídica CARDER

Quejoso: De oficio.

Fecha de Queja: 9 de julio de 2006

Fecha hechos: Vigencia 2005

Asunto: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

(Articulo 170 de la Ley 734 de 2.002) R E S O L U C I O N No. Bogotá, 21 de Septiembre de 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE FALLA UNA INVESTIGACION

ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA EN CONTRA DE UN SERVIDOR

PUBLICO DEL ORDEN NACIONAL.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en uso de sus facultades legales que le confiere las Ley 734 de 2.002, el Decreto 262 del 2.000, y considerando que las diligencias disciplinarias adelantadas en contra de JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, en su condición de JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER., para la época de los hechos, se encuentran perfeccionadas y en ellas no se observa causal de Nulidad que las afecte, procede a proferir fallo de primera instancia. ANTECEDENTES La Contraloría General de la República, mediante oficio 80661-023 CDSMA – 048 de junio 7 de 2006, dio traslado de los hallazgos disciplinarios con

naturaleza contractual a la Regional de Risaralda, en virtud de la auditoría Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 gubernamental con enfoque integral, adelantada en la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER -, vigencia 2005. El hallazgo disciplinario encontrado por la Contraloría, se refiere en concreto a que “Revisada la contratación efectuada por la Corporación en el año 2005 y las obligaciones que se derivan del cumplimiento de la Ley 80 de 1993, se encuentra que la CARDER, en la vigencia auditada, no cumplió con su obligación legal de remitir semestralmente a la Cámara de Comercio de Pereira la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía y cumplimiento de los mismos, las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto, procedimiento señalado en el artículo 22 numeral 22.1 de la ley 80 de 1993, artículo 12 del Decreto 856 de 1994 y Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.” ACTUACIONES DE LA PROCURADURIA Y MATERIAL PROBATORIO Con auto del 13 de julio de 2006, la Procuraduría Regional de Risaralda, ordena INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra de los doctores ALBERTO ARIAS DAVILA y JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, en sus condiciones de Director General y Jefe Oficina Asesora Jurídica de la

CARDER, respectivamente, ordenándose la practica de las siguientes pruebas. (Fls 3 a 4)

1. Allegar de la CARDER, relación de convenios, contratos y órdenes previas que durante la vigencia 2005, dicha entidad publicó en su pagina WEB en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896  Con oficio 7 – 77659 del 1 de agosto de 2006, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de CARDER, doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLAGAS, se remite listado de los convenios y contratos y ordenes previas suscritos por la Corporación durante la vigencia anterior (2005) y que fueron publicados en la pagina web de la entidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. (Fls 20 a 71)

2. Allegar manual de contratación de la entidad y manual de funciones (parte pertinente) de quienes intervienen en el proceso de contratación de la CARDER, según los procedimientos establecidos.  Obra copia de la Resolución No. 767, “POR MEDIO DE

LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECIFICO DE

FUNCIONES Y REQUISITOS DE LOS DIFERENTES

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER – , del Jefe Oficina Asesora Jurídica, código 1045, Grado10, que establece como función especifica en el numeral 9., “Garantizar que se

adelante todo lo concerniente al proceso jurídico de la contratación administrativa de la Corporación, en coordinación con las demás dependencias, emitir concepto sobre los pliegos de condiciones, términos de referencia o solicitudes de oferta para las licitaciones concurso de méritos o contratación directa respectivamente” (Fls. 72 a 75) Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896

3. Escuchar en versión libre o declaraciones a que haya lugar con el fin de clarificar los hechos y establecer responsabilidades.  No se presentaron los presuntos responsables a rendir versión libre, no se cita a declaraciones.

Con auto del 28 de septiembre de 2006, con base en las pruebas recaudadas, la Procuraduría Regional de Risaralda dispone la remisión de las diligencias por competencia, a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (reparto), (Fls. 78 a 79) Con auto del 12 de marzo de 2007, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal se abstiene de asumir el conocimiento de las diligencias iniciadas contra ALBERTO ARIAS DAVILA y JUAN MANUEL ALVAREZ VILLAGAS, remite por competencia la actuación a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (reparto) y ordena compulsa de copias con destino a la Procuraduría Regional, para que se investiguen los hallazgos disciplinarios aludidos en la parte motiva. (fls 82 a

89 error de foliatura) Con auto del 31 de mayo de 2007, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, ordena la terminación del procedimiento y en consecuencia el archivo definitivo del expediente a favor del doctor ALBERTO ARIAS DAVILA, en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y ordena la remisión de copias de las diligencias necesarias para que por la Regional de Risaralda, se adelante la respectiva acción disciplinaria en contra del doctor JUAN MANUEL ARIAS DAVILA, en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la CARDER. (Fls 91 a 93. error de foliatura) Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 Con auto del 31 de agosto de 2007, la Procuraduría Regional de Risaralda, ordena investigación disciplinaria en contra del doctor ALBERTO ARIAS DAVILA, en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, ordenado la práctica de las siguientes pruebas: (Fls. 94 a 97 error de foliatura)

1. Establecer si a nivel interno existe delegada la función de enviar a la Cámara de Comercio la información exigida por el Artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993.  Obra en el proceso oficio 12-88346 del 29 de octubre del 2007, suscrito por el doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, en el cual informa que “no existe

en la dependencia de la Oficina Asesora de Jurídica de la Corporación la delegación a un funcionario la función de enviar a la Cámara de Comercio la información a que hace alusión el Artículo 21 de la Ley 80 de 1993.”(Fl. 110 error de foliatura)

2. Las demás que se desprendan de las anteriores.

Obra copia del informe la Contraloría General de la República, HALLAZGO DISCIPLINARIO No. 3 (Fls. 87 a 74, error de foliatura) Copia Acta de posesión del doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, como Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER. (Fl. 76) Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO DISCIPLINABLE JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, identificado con C.C. No. 10 113.118 de Pereira, en su condición de JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA, de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, para la época de ocurrencia de los hechos, según documentación allegada al expediente que acredita tal calidad obrante (Fls 106 a 108). COMPETENCIA La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, es competente para proferir fallo en el caso sub judice, teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable y su cargo en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, facultades otorgadas por la Ley 734 de

2002, el Decreto 262 de 2000, Artículo 25 No. 1º, y la Resolución 017 de 2000, Articulo 19.

CARGOS.

La Procuraduría Regional de Risaralda, con auto del 29 de julio de 2008, visible a folios 111 al 117, formula pliego de cargos a JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, identificado con C.C. No. 10113.118 de Pereira, en su condición de JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA, de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, para la época de ocurrencia de los hechos materia de investigación, en los siguientes términos:  CARGO ÚNICO: “Porque en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, al parecer, omitió dar cumplimiento a la obligación legal, durante el años 2005, de remitir a la Cámara de Comercio de Pereira, la información concerniente Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 a los contratos ejecutados, cuantía y cumplimiento de los mismos, los cuales se encuentran relacionados a folios 21 a 71 de este expediente”. Con la conducta desplegada, el disciplinado inobservó presuntamente vulnero las siguientes normas: Ley 80 de 1993, Art. 22-1 DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES DE LOS INSCRITOS. Las entidades estatales enviarán, semestralmente a la Cámara de Comercio que tenga

jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto. El servidor público que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta. Decreto 856 de 1994 Articulo 12 Información sobre licitaciones, contratos, multas y sanciones. La información de que trata el artículo 22.7 de la Ley 80 de 1993 deberá allegarse a la Cámara correspondiente dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. Aquella a que alude el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993, a más tardar el quince (15) de julio y el quince (15) de enero para el primero y segundo semestre, según corresponda. Dicha información deberá allegarse en los formatos que la Superintendencia de Industria y Comercio establezca para el efecto. La información de que trata el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993 será suministrada una vez el acto correspondiente se encuentre en firme, tratándose de multas y sanciones. El boletín de que trata el artículo 22.7 de la Ley 80 de 1993 será único y deberá publicarse dentro de los primeros veinte días de cada mes, según las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia de Industria y Comercio Resolución 767 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL

ESPECIFICO DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LOS DIFERENTES

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER – , 9., “Garantizar que se adelante todo lo concerniente al proceso jurídico de la contratación administrativa de la Corporación, en coordinación con las demás dependencias, emitir concepto sobre los pliegos de condiciones, términos de referencia o solicitudes de oferta para las licitaciones concurso de méritos o contratación directa respectivamente” (Fls. 72 a 75) Ley 734 de 2002, Art. 34, numerales 1 y 2 Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

Constitución Política, Articulo 209, que señala como principios que rigen la función pública la EFICIENCIA. “Se le señalan estas normas como presuntamente infringidas toda vez que está probado con la documentación arrimada, que el doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, al parecer, tenía dentro de sus funciones garantizar todo lo concerniente al proceso contractual y presuntamente omitió el envió Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 de la información que exige la normatividad antes indicada, a la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira; su función presuntamente se limitó a realizar la publicación en la pagina web, pero no suministró el 15 de julio de 2005 y el 15 de enero de 2006, la información requerida con respecto a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos correspondientes a la vigencia 2005, toda vez que en lo que respecta a sanciones y multas éstas no fueron impuestas durante esta vigencia por la entidad. Esta actitud muestra falta de eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, por cuanto era de su resorte exclusivo el acatamiento de dicho deber legal y no la realizó directamente ni mucho menos delegó la misma, infringiendo con ello la normatividad señalada.” DESCARGOS Mediante memorial radicado el 3 de septiembre de 2008, (fls.120 al 126, error de foliatura), el doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, presentó sus descargos manifestando que en síntesis lo siguiente:

Que CARDER no ha impuesto multas y sanciones a contratista alguno, por cuanto no se han vulnerado las normas contractuales; razón por la cual dicha información no se envió a la Cámara de Comercio. En relación con los contratos ejecutados, cuantía y cumplimiento de los mismos, recuerda que la información se envió mediante mensaje de datos, a través de la pagina web de la CARDER, y que solamente era necesario enviar la información relacionada con lo contratos que requerían registro de proponentes, de acuerdo a lo previsto en la resolución 403 del 15 de marzo de 2005, y que para esa fecha no hubo reportes. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 Adiciona que la Cámara de Comercio de Pereira, hacía parte del Pacto por la Transparencia y tuvo acceso a la mencionada información y que por tanto no es cierto o desconoce la doctora LUZ ENID BRICEÑO QUINTANA, Directora de la Cámara de Comercio de Pereira, la normatividad vigente en estos asuntos, al expresar que no existieran en sus archivos registros ejecutados sobre contratos por cuanto la información se envió a través de mensaje de datos y la Cámara de Comercio de Pereira, tenía acceso a ella. Argumenta que el artículo 6 de la Ley 597 de 2000, (sic) (quiere decir, Ley 527 de 2000), dispone que cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, “ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.” y que por tanto esta disposición se aplicará tanto si el

requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, así como también cuando las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito que por tanto nos encontramos frente a una situación de interpretación y que por tanto no es factible acusar, ni sancionar disciplinariamente a ningún servidor público, de acuerdo a lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T 751 de 2005. Se solicita como prueba oficiar a CARDER, para que remitan certificación de las personas que conforman el pacto por la transparencia, y si los contratos para el año 2005 se publicaron en la pagina web de la CARDER; las sentencias de la Honorable Corte Constitucional t 751 de 2005 y T 397 de 2008. Con auto del 24 de septiembre de 2008, se decretan las pruebas solicitadas y ordena tener como prueba las Sentencias de la Honorable Corte Constitucional t 751 de 2005 y T 397 de 2008. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 Con oficio 095617 del 10 de octubre de 2008, se allega la prueba solicitada (Fl. 131 error de foliatura)

ALEGATOS DE CONCLUSION.

Con auto del 21 de octubre de 2008, se ordena correr traslado para alegatos de conclusión (Fl. 132), descorridos con memorial radicado el 5 de noviembre de 2008, mediante el cual el doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, además de exponer en esencia los mismos argumentos planteados en sus descargos, expone como análisis probatorio que el

objeto de publicidad se dio por parte de CARDER, al publicarse en la pagina web, todos los contratos celebrados y que en cuanto a las multas y sanciones no se envió o público por cuanto la CARDER no impuso sanción o multa alguna. Se refiere nuevamente a la decisión de interpretación en el sentido que no se puede acusar o sancionar disciplinariamente a un servidor público por este hecho, cita adicionalmente la sentencia C 417 de 1993, referida a la autonomía funcional de los jueces en la interpretación de las normas jurídicas dentro de su misión de administrar justicia. Cita igualmente la sentencia T 397 de 2008, de la Corte Constitucional referente a la autonomía interpretativa de la Ley por parte de las autoridades administrativas Concluye exponiendo que los funcionario públicos se enfrentan a un marco interpretativo dentro del cual están, prima facie, en libertad de seleccionar la opción hermenéutica (sentido normativo) que consideran ajustada al texto positivo, tanto constitucional como legal. El carácter prima facie de la autonomía interpretativa del funcionario, se deriva de la existencia de Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 funciones institucionales para fijar los sentidos admisibles de un texto legal o constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA.

La decisión que se adopte en todo proceso disciplinario, debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, para reconstruir los hechos y así establecer si existe responsabilidad disciplinaria. La

sanción, ha dicho la Corte Constitucional, sólo procede cuando obren en la investigación las pruebas que conduzcan a la certeza de la falta cometida y a la responsabilidad del disciplinado (Sentencia C-244-96, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero). “…. Es de todos conocido, que el juez al realizar la valoración de las pruebas, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejecutar su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta típica como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso, dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado…”. Como premisa inicial, es menester para esta Procuraduría dentro de esta providencia probar y concluir de manera definitiva si el agente del Estado o servidor público esta incurso en falta disciplinaria cuando quiera que ésta se encuentra descrita en el ordenamiento jurídico (Tipicidad), afecta el deber funcional de manera sustancial, poniendo peligro el cumplimiento de los fines y funciones del Estado sin justa causa (ilicitud sustancial), y que Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 se pueda predicar responsabilidad subjetiva, a titulo de dolo o culpa del funcionario, (Culpabilidad). Es así como, con fundamento en la investigación adelantada, se pudo establecer que la Contraloría General de la República, mediante oficio 80661-023 CDSMA – 048 de junio 7 de 2006, dio traslado de los hallazgos disciplinarios con naturaleza contractual a la Regional de Risaralda, en virtud de la auditoría gubernamental con enfoque integral, adelantada en la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER -, vigencia 2005, en el cual encuentra que la Corporación en el año 2005, vigencia auditada, no cumplió con su obligación legal contenida en el artículo 22 numeral 22.1 de la ley 80 de 1993, el artículo 12 del Decreto 856 de 1994 y Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio; de remitir semestralmente a la Cámara de Comercio de Pereira la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía y cumplimiento de los mismos, las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto. Se tiene como primera medida que el propio investigado doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de CARDER, con oficio 7 – 77659 del 1 de agosto de 2006, remite listado de los convenios y contratos y ordenes previas suscritos por la Corporación durante la vigencia 2005, publicados en la pagina web de la entidad, en

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. (Fls 20 a 71); principal argumento expuesto en los descargos y en los alegatos de conclusión, y fundamento de la defensa; aspecto concreto que es importante aclarar en el sentido de que la obligación que se refuta cumplida por el disciplinado, no es la contenida en la norma infringida y fundamento del cargo que se formula en el auto del con auto del 29 de julio de 2008, (Artículo 22-1 de la Ley 80 de 1993), sino que la disposición que erráticamente argumenta Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 cumplida el disciplinado, por cuanto se refiere es a la publicación de pliegos de condiciones y términos de referencia, en virtud del principio de TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, es la contenida en el DECRETO 2170 DE 2002, (30 de septiembre) que reglamenta la ley 80 de 1993, modifica el decreto 855 de 1994 y por el cual se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999; norma vigente para la época de los hechos y que establecía en sus Artículos 1 y 2, lo siguiente: Artículo 1. Publicidad de proyectos de pliegos de condiciones y términos de referencia. Derogado por el art. 7, Decreto Nacional 2434 de 2006. Las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia de los procesos de licitación o concurso público, con el propósito de suministrar al público en

general la información que le permita formular observaciones al contenido de los documentos antes mencionados. Los proyectos de pliegos de condiciones o de términos de referencia, en los casos de licitación o concurso público, se publicarán en la página web de la entidad cuando menos con diez (10) días calendario de antelación a la fecha del acto que ordena la apertura del proceso de selección correspondiente. En el evento en que el proceso de selección sea de contratación directa, este término será de cinco (5) días calendario. Las observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia podrán ser presentadas dentro del término previsto en el inciso anterior. La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. En aquellos casos en que la entidad estatal no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento para surtir la publicación en su página web, deberá publicar un aviso en el cual indique el lugar de la entidad donde puede ser consultado en forma gratuita el proyecto de pliego de condiciones o de términos de referencia. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional, departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún mecanismo Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 determinado en forma general por la autoridad administrativa de modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido. Parágrafo 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de

contratación directa a que se refiere el literal a) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 con excepción de los procesos cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía. Parágrafo 2o. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan carácter reservado de conformidad con la ley. Artículo 2. Publicidad de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Derogado por el art. 7, Decreto Nacional 2434 de 2006. Las entidades publicarán los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos de los procesos de licitación o concurso público. En dichos documentos podrán incluir los temas planteados en las observaciones que consideren relevantes para el proceso de selección. El texto definitivo de los pliegos de condiciones o términos de referencia será publicado en la página web de la entidad al momento de dar apertura al proceso de selección. En aquellos casos en que la entidad no cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad que asegure la inalterabilidad del documento para surtir la publicación por este medio, deberá publicar un aviso en el cual se indique el lugar de la entidad en que pueden ser consultados en forma gratuita. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de amplia circulación nacional, departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa de modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido. Parágrafo 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará a los casos de contratación directa a que se refieren los literales a), g) y h) del

numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, con excepción de los procesos de contratación directa cuyo valor sea igual o inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía. Parágrafo 2o. Se exceptúan de la aplicación de este artículo los procesos que tengan carácter reservado de conformidad con la ley. (Negrillas y subrayado, fuera de texto) Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 Se colige de lo anterior, que no son de recibo los argumentos expuestos, por el doctor JUAN MANUEL ALVAREZ VILLAGAS, en sus descargos y en los alegatos de conclusión pues es evidente el incumplimiento de la norma infringida por la que se formula el cargo. En cuanto al argumento esbozado por el disciplinado en el sentido de que envió la información por la pagina web de la CARDER, y que era de conocimiento público, especialmente de la Cámara de Comercio de Pereira, máxime por cuanto ésta hacia parte del convenio por la Transparencia, no se tiene asidero, toda vez que la publicación en la pagina web, no es equivalente al envió de la información, pues se trata de dos procesos diferentes, ya que la obligación no es la de consultar la pagina de CARDER o de las entidades que tengan domicilio en Pereira, por parte de la Cámara de Comercio de este municipio, sino que la obligación consiste en que las entidades envíen la información directamente a la Cámara de Comercio; actividad que no se realizó, ni siquiera por mensajes de datos como lo

pretende la defensa, pues el mensaje no se envió, y no existe prueba de ello, pues nunca existió el mensaje; la información se limito a publicarse en la pagina web; sumado a lo anterior que existen términos los cuales no se cumplieron ya que la información debía enviarse semestralmente a más tardar el quince (15) de julio y el quince (15) de enero para el primero y segundo semestre. Tan evidente es el incumplimiento del envió de la información que se afirma por parte del disciplinado que la Corporación Autónoma de Risaralda, CARDER., no ha impuesto multas y sanciones a contratista alguno, por cuanto no se han vulnerado las normas contractuales; razón por la cual dicha información no se envió a la Cámara de Comercio; argumento que no tiene sustento por cuanto si la hubiere enviado tendría que aclarar en el informe o en el mensaje de datos que dice envió, pero que en realidad Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Carrera 5ª No 15 – 80 Piso 8º PBX 5878750 Ext. 10814-10896 publicó, que la situación a reportar no se presento en los contratos relacionados, dato que no aparece ni siquiera en la publicación de la web de CARDER, generándose la duda de qué contratos publicados tenían multas o sanciones impuestas; aspecto vital para mantener intacto el principio de trasparencia y que es en esencia lo que la norma infringida pretende proteger. En cuanto al argumento referido a la posible imposición de sanción disciplinaria con fundamento en interpretaciones, aspecto que no es viable de acuerdo a los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, es

pertinente señalar que la infracción de la norma esta objetivamente demostrada; lejos de fundamentarse en absoluto, en interpretaciones que son más posición subjetiva del disciplinado, que las vislumbra, basado como se ha referido anteriormente, en un error argumentativo, pues se aduce cumplida una norma diferente y además de una situación distinta (publicación en la pagina web, referida