PGN - NORMAS - Frente a acuerdo entre gobierno de colombia y de emiratos árabes respecto a

REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD-De ley 2246 de 2022 por la cual se aprueba acuerdo entre gobierno de Colombia y de Emiratos Árabes respecto a servicios aéreos CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Características especiales que debe presentar frente a Tratados Internacionales y sus leyes aprobatorias CORTE CONSTITUCIONAL-Ejerce 2 tipos de control frente a los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias ANÁLISIS FORMAL DE CONSTITUCIONALIDAD-Se circunscribe a la verificación de la debida representación del estado colombiano en procesos de negociación y celebración de los tratados internacionales entre otros/CONVENIORespecto de su examen de constitucionalidad se debe verificar como está representado el Estado GOBIERNO NACIONAL-Frente al trámite legislativo del tratado en estudio actuó de conformidad con normas de la Constitución Nacional/CELEBRACIÓN DEL ACUERDO-No afectó directamente la identidad de grupos étnicos ni ordenó gastos Las actuaciones del Gobierno Nacional relacionadas con el trámite legislativo son conformes con los artículos 165, 189 (numerales 2° y 10), 200 (numeral 1°) y 241 (numeral 10) de la Constitución, pues el Presidente de la República: (i) el 3 de febrero de 2020 impartió la orden ejecutiva de someter a consideración del Congreso de la República el acuerdo bajo revisión, por lo que los Ministros de Relaciones Exteriores y de Transporte procedieron de conformidad a radicar el proyecto de ley respectivo ante el Senado; (ii) sancionó la ley aprobatoria el 11 de julio de 2022; y (iii) remitió el expediente

parlamentario a la Corte Constitucional para que adelantara la revisión de su competencia el 18 de julio de 2022.- El instrumento internacional bajo revisión incorpora un acuerdo de servicios aéreos entre la República de Colombia y los Emiratos Árabes Unidos, orientado a estimular el comercio exterior por medio de la dinamización del transporte aéreo entre ambos territorios. En esta medida, el Acuerdo no afecta de forma “directa y específica” la identidad de los grupos étnicos ni ordena gasto y, por ello, no era necesario adelantar consultas previas para su adopción en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ni atender las exigencias de impacto fiscal establecidas en la Ley 819 de 2003.Así las cosas, para la Procuraduría el trámite parlamentario de la Ley 2246 de 2022 se desarrolló conforme a los mandatos constitucionales referentes a la materia ANÁLISIS MATERIAL DE CONSTITUCIONALIDAD-Dentro de este se pudo establecer frente al tratado internacional en estudio que las disposiciones del preámbulo son compatibles con la Constitución Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 1 En ese mismo sentido, el Ministerio Público considera que las disposiciones del preámbulo son compatibles con la Carta Política, toda vez que permiten la internacionalización de las relaciones exteriores del Estado colombiano con los Emiratos Árabes Unidos y su integración comercial, al tiempo que responden al mandato constitucional que establece como fin esencial del Estado la promoción del desarrollo y el

deber de las autoridades de proteger a los habitantes en su vida, honra y bienes. Ciertamente, en un contexto de reciprocidad, el tratado propicia esquemas que dinamizan el transporte aéreo entre ambas naciones, en tanto pretende “mejorar la conectividad y satisfacer los requerimientos frente al crecimiento del transporte aéreo internacional, al igual que promover los servicios de tránsito aéreo que conlleven a mejorar la competitividad y el comercio exterior”, así como incentivar el turismo en nuestro país NORMAS-Frente a acuerdo entre gobierno de Colombia y de Emiratos Árabes respecto a servicios aéreos son acordes con la obligación del Estado de salvaguardar a habitantes del Territorio en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. JURISPRUDENCIA-Pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a los pactos arbitrales en el marco de los tratados comerciales DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD-Se debe presentar frente a la ley 2246 de 2022 y del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en relación con servicios aéreos Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 2 Bogotá, D.C., 13 de diciembre de 2022 Honorables Magistrados Corte Constitucional Ciudad

Expediente: LAT-480

Referencia: Revisión de constitucionalidad de la Ley 2246 de 2022, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de

Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en relación con servicios aéreos entre más allá de sus respectivos territorios, suscrito en Brasilia el 7 de noviembre de 2012”.

Magistrado Ponente: Juan Carlos Cortés González

Concepto No.: 7153

De conformidad con el artículo 278.5 de la Constitución Política1, rindo concepto en el asunto de la referencia.

I. Antecedentes Para adelantar la revisión de la referencia, el 18 de julio de 2022, la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional: (a) el acuerdo entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Emiratos Árabes Unidos sobre servicios aéreos, suscrito en Brasilia el 7 de noviembre de 2012; y (b) la Ley 2246 de 2022, por medio de la cual se aprueba dicho instrumento2. Los textos respectivos pueden ser consultados en el Diario Oficial 52.092.

Mediante Auto del 16 de agosto de 2022, el despacho sustanciador: (i) asumió la revisión automática de constitucionalidad del referido cuerpo normativo; (ii) ordenó la práctica de pruebas; y (iii) dispuso que, una vez estas fueran recaudadas, se realizara el traslado del expediente a la Procuraduría General de la Nación para rendir el concepto de su competencia.

II. Consideraciones del Ministerio Público En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional ejerce dos tipos de control frente a los tratados internacionales y

sus leyes aprobatorias, a saber:

1 “Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: (…) 5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad”. 2 Cfr. Oficio OFI22-00069004 / IDM 13010000. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 3 (a) Un control de constitucionalidad formal, el cual incluye “el análisis de aspectos tales como: (i) la debida representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado; (ii) el trámite surtido por el proyecto de ley en el Congreso de la República; (iii) la sanción presidencial; y, finalmente, (iv) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional”; y (b) Un control de constitucionalidad material, que “consiste, en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el contenido integral de la Constitución, para así determinar si las mismas se ajustan o no a la Carta Política”3. Sobre el particular, el Ministerio Público recuerda que el examen de esta clase de asuntos “ha sido entendido tradicionalmente en la jurisprudencia constitucional como un estudio eminentemente jurídico del convenio y de su ley aprobatoria, que no examina las ventajas u oportunidad práctica del acuerdo a nivel económico, social, ni su conveniencia política, o las razones de oportunidad, utilidad o eficiencia del instrumento, o las consecuencias prácticas de su celebración, por

tratarse de reflexiones que le competen al Presidente de la República y al Congreso, respectivamente”4. A partir de la naturaleza del control que realiza la Corte Constitucional sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias5, el concepto de la Procuraduría versará sobre los aspectos formales del proceso de adopción de los cuerpos normativos controlados, así como sobre los contenidos materiales. a) Análisis formal de constitucionalidad del convenio internacional En relación con la formación de los instrumentos internacionales, se destaca que el control se circunscribe a verificar “la debida representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración” de los mismos6. Para el efecto, se recuerda que la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”7 estipula que: (i) A fin de manifestar el consentimiento de un Estado para obligarse por un convenio, se considera que una persona lo representa “si se presentan los adecuados plenos poderes”8; y (ii) “Se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas 3 Corte Constitucional, Sentencia C-801 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 4 Corte Constitucional, Sentencia C-098 de 2020 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). 5 “El control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, presenta unas características especiales, entre las que se destacan las siguientes: (i) es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la expedición de la ley aprobatoria y a su sanción; (ii) es automático; (iii) es integral;

(iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es condición necesaria para la ratificación del tratado; y (vi) cumple una función preventiva”. Cfr. Sentencia C-801 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 6 Corte Constitucional, Sentencia C-141 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz). 7 Incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985. 8 Artículo 7.1 de la Convención de Viena. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 4 para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado”9. Pues bien, el convenio analizado fue suscrito el 7 de noviembre de 2012 en Brasilia, por el entonces Director General de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro Gómez. Lo anterior, en virtud de los plenos poderes concedidos por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en los términos de los artículos 115 y 189.2 de la Carta Política10. Así las cosas, para la Procuraduría General de la Nación es claro que, en la celebración del convenio objeto de examen de constitucionalidad, el Estado colombiano estuvo debidamente representado. b) Análisis formal de constitucionalidad de la Ley 2246 de 2022 Con base en la información contenida en los documentos allegados al expediente

de la referencia, el Ministerio Público advierte que: - La iniciativa legislativa, las ponencias correspondientes y la ley sancionada fueron debidamente publicadas de conformidad con los artículos 157 de la Constitución, así como 144 y 156 de la Ley 5ª de 199211, a saber: Senado de la Cámara de Documento publicado República Representantes Proyecto de ley Gaceta del Congreso (GC) 1101/21 Ponencia para primer debate GC 1178/21 GC 545/22 Ponencia para segundo GC 1279/21 GC 720/22 debate Ley 2246 de 2022 Diario Oficial 52.092 del 11 de julio de 2022 - El proyecto de ley inició su trámite parlamentario ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, respetando el artículo 154 Superior que dispone que las leyes referentes a las relaciones internacionales deben iniciar su tránsito legislativo en dicha corporación, así como la competencia temática definida en el artículo 2° de la Ley 3ª de 199212. - El proyecto fue discutido y votado en las sesiones previamente anunciadas según lo exige el artículo 160 de la Constitución. Ello, conforme consta en las Gacetas del Congreso 1101/21, 1178/21, 1279/21, 1765/21, 545/22, 720/22, 799/22 y 1001/22, en las cuales se reseña la siguiente información: 9 Artículo 2 de la Convención de Viena. 10 Cfr. Comunicación S-GTAJI-22-021318 del 30 de agosto de 2022 suscrita por la Directora de Asuntos

Jurídicos Internacionales de la Cancillería de Colombia. 11 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”. 12 “Por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones”. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 5 Fecha Instancia legislativa Fecha anuncio discusión Comisión Segunda – Senado 09/09/21 14/09/21 Plenaria – Senado 24/11/21 30/11/21 Comisión Segunda – Cámara 07/06/22 08/06/22 Plenaria – Cámara 14/06/22 21/06/22 - En todas las sesiones se respetó el quórum deliberatorio y decisorio, y la aprobación del proyecto se hizo según las mayorías requeridas mediante votación nominal y pública13, de conformidad con los artículos 145 y 146 de la Constitución Política y 116 a 118 de la Ley 5ª de 199214. Lo anterior puede verificarse en las Gacetas del Congreso previamente mencionadas y en los informes rendidos por los secretarios de las cámaras a la Corte Constitucional, en los cuales se informan los siguientes resultados de las votaciones en relación con: (i) las proposiciones positivas de las ponencias, (ii) el articulado del proyecto, así como (iii) el título de este y la respuesta favorable a la pregunta referente a aprobar el texto y continuar con el trámite parlamentario: (a) Proposición (c) Título y Instancia legislativa (b) Articulado

de la ponencia pregunta Comisión Segunda – Senado Sí: 07– No: 02 Sí: 09– No: 02 Sí: 09 – No: 02 Plenaria – Senado Sí: 48 – No: 05 Sí: 46 - No: 10 Comisión Segunda – Cámara Sí:13 – No: 0 Sí: 13– No: 0 Sí: 13 – No: 0 Plenaria – Cámara Sí: 83 – No: 2 Sí: 82– No: 1 Sí: 84 – No: 1 - El trámite legislativo del proyecto se adelantó en menos de dos legislaturas15 y en el mismo se respetaron los lapsos de ocho y quince días para su aprobación por las células legislativas, de acuerdo con las exigencias de los artículos 160 y 162 de la Constitución, así: Comisión Plenaria Comisión Plenaria Días Días Días Senado Senado Cámara Cámara 14/09/21 77 30/11/21 190 08/06/22 13 21/06/22 13 En relación con la individualización de los congresistas que votaron a favor y en contra del entonces proyecto de ley, pueden consultarse las actas expedidas por los secretarios de las células legislativas, las cuales fueron allegadas en debida forma al expediente de la referencia. En punto de ello, el Ministerio Público resalta que la Corte Constitucional ha señalado que las actas y las certificaciones de los secretarios de las cámaras son los elementos probatorios idóneos para demostrar los acontecimientos que se presentaron en el trámite legislativo, puesto que “es el secretario de cada Cámara quien da fe de todo lo que ocurre en el

debate y votación de los Proyectos de Ley” (Sentencia C-786 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 14 Al respecto, se deja constancia de que las sesiones en las que se discutió el proyecto objeto de control se adelantaron de forma mixta, es decir, algunos congresistas asistieron presencialmente a los recintos de las cámaras y otros de forma remota por medio de las plataformas virtuales habilitadas. Sobre el particular, se estima que dicha modalidad de reunión legislativa no es contraria a la Carta Política, pues como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2020 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger), se trata de una decisión autónoma de las cámaras que resulta válida para continuar con el ejercicio de sus funciones constitucionales en medio de las dificultades de reunión causadas por la pandemia actual. 15 El proyecto de ley fue radicado el 11 de agosto de 2021 y su aprobación en segundo debate en la Cámara de Representantes se realizó el 21 de junio de 2022. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 6 - En el trámite parlamentario el Congreso de la República no modificó el contenido del tratado, conforme lo dispone el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992. El legislador tampoco introdujo cambios sustanciales al proyecto de ley. En este sentido, se respetaron a cabalidad los principios de consecutividad e identidad flexible

contemplados en los artículos 157 y 160 de la Constitución. - Las actuaciones del Gobierno Nacional relacionadas con el trámite legislativo son conformes con los artículos 165, 189 (numerales 2° y 10), 200 (numeral 1°) y 241 (numeral 10) de la Constitución, pues el Presidente de la República: (i) el 3 de febrero de 2020 impartió la orden ejecutiva de someter a consideración del Congreso de la República el acuerdo bajo revisión, por lo que los Ministros de Relaciones Exteriores y de Transporte procedieron de conformidad a radicar el proyecto de ley respectivo ante el Senado; (ii) sancionó la ley aprobatoria el 11 de julio de 2022; y (iii) remitió el expediente parlamentario a la Corte Constitucional para que adelantara la revisión de su competencia el 18 de julio de 2022. - El instrumento internacional bajo revisión incorpora un acuerdo de servicios aéreos entre la República de Colombia y los Emiratos Árabes Unidos, orientado a estimular el comercio exterior por medio de la dinamización del transporte aéreo entre ambos territorios. En esta medida, el Acuerdo no afecta de forma “directa y específica” la identidad de los grupos étnicos16 ni ordena gasto y, por ello, no era necesario adelantar consultas previas para su adopción en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo17, ni atender las exigencias de impacto fiscal establecidas en la Ley 819 de 200318. Así las cosas, para la Procuraduría el trámite parlamentario de la Ley 2246 de

2022 se desarrolló conforme a los mandatos constitucionales referentes a la materia19. c) Análisis material de constitucionalidad del convenio internacional El instrumento examinado se encuentra compuesto por un preámbulo, 23 artículos y un anexo, cuyo contenido es conforme con los postulados constitucionales según se explica a continuación. 16 Ciertamente, es dable señalar que las disposiciones sujetas a revisión constitucional parten esencialmente de un marco abstracto por desarrollar y ejecutar que comprenden al conjunto de la población, sin que se vislumbre la imposición de restricciones o beneficios dirigida directa y concretamente a los grupos étnicos, ni a la redefinición o alteración del territorio de tales pueblos. Con todo, la aprobación de este instrumento no releva a las autoridades de realizar las consultas previas respectivas en caso de que la implementación administrativa de ciertas medidas pueda afectar directa y específicamente a comunidades étnicas. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-492 de 2019 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas). 17 “El derecho a la consulta previa se incorpora vía bloque de constitucionalidad, a través de varios instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de los cuales se destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes). 18 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 19 En el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales se debe verificar el

cumplimiento de lo previsto para las leyes ordinarias en los artículos 145, 146, 154, 157, 158, 160, 162 y 165 de la Carta Política. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 7 En el preámbulo, a partir del reconocimiento de que los servicios aéreos internacionales eficientes y competitivos contribuyen a incrementar el comercio, el bienestar de los consumidores y el crecimiento económico, se precisa que el convenio tiene por objeto: (i) fomentar un sistema de aviación internacional basado en la competencia en el mercado con un mínimo de interferencia gubernamental; (ii) ampliar las oportunidades de servicios aéreos internacionales; (iii) fomentar el ofrecimiento de precios y servicios competitivos al público viajero y de carga; y (iv) garantizar el más alto grado de seguridad en los servicios aéreos internacionales. Sobre este tipo de objetivos multilaterales, la Corte Constitucional ha sostenido que se ajustan a los postulados superiores relativos a “la integración con otros Estados, a la soberanía nacional (CP. Art. 9), al deber del Estado y de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (CP. arts. 2), a los postulados constitucionales que señalan que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y se garantiza el derecho a la libre competencia económica (CP., art. 333), así como el mandato de

internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la nación con otras naciones, bajo principios de equidad y reciprocidad (CP., arts. 226 y 227)20. En ese mismo sentido, el Ministerio Público considera que las disposiciones del preámbulo son compatibles con la Carta Política, toda vez que permiten la internacionalización de las relaciones exteriores del Estado colombiano con los Emiratos Árabes Unidos y su integración comercial, al tiempo que responden al mandato constitucional que establece como fin esencial del Estado la promoción del desarrollo y el deber de las autoridades de proteger a los habitantes en su vida, honra y bienes. Ciertamente, en un contexto de reciprocidad, el tratado propicia esquemas que dinamizan el transporte aéreo entre ambas naciones, en tanto pretende “mejorar la conectividad y satisfacer los requerimientos frente al crecimiento del transporte aéreo internacional, al igual que promover los servicios de tránsito aéreo que conlleven a mejorar la competitividad y el comercio exterior”, así como incentivar el turismo en nuestro país21. A su turno, en el artículo 1° del convenio se consagran definiciones relevantes para efectos de la interpretación y ejecución del instrumento, tales como: “autoridad aeronáutica”, “aerolíneas designadas”, “territorio”, “tarifas”, “cargos al usuario”, entre otras. Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que las definiciones de algunos términos contenidos en los instrumentos internacionales “no suelen vulnerar en sí mismas la Constitución, en tanto contribuyen a un mejor entendimiento e interpretación de las cláusulas que integran dicho Convenio,

20 Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-132 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), en la que se analizó la constitucionalidad del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y de su ley aprobatoria, cuyo contenido es muy similar al estudiado en esta oportunidad. 21 Gaceta del Congreso 1101 del 27 de agosto de 2021, pág. 20. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 8 permitiendo así la correcta aplicación y, por ende, mayor seguridad jurídica”22. En consecuencia, la Procuraduría considera que no hay reproche constitucional alguno frente a esta norma. Los artículos 2° y 5° regulan la concesión recíproca y el ejercicio de los derechos de tráfico en cabeza de las empresas aéreas designadas, en virtud de los cuales se les autoriza embarcar o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga y correo con el fin de ampliar el mercado aeronáutico y consolidar su presencia internacional. De igual forma, prescriben los principios que rigen la operación de los servicios de pasajeros y de carga aérea. En concepto del Ministerio Público los derechos consagrados en las referidas normas son propios de las relaciones comerciales de esta índole, según se explicó en los fallos en los que se controlaron acuerdos similares suscritos con los Estados Unidos de América y Turquía23. Entonces, las mencionadas prerrogativas y obligaciones son exequibles en la medida en que concretan la finalidad del

convenio y se fundamentan en criterios de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional, desarrollando principios constitucionales como la soberanía, la internacionalización económica y la libre competencia. Los artículos 3° y 4° hacen referencia a la designación de aerolíneas y a la autorización de funcionamiento, así como a las causales que dan lugar a su revocatoria y suspensión atendiendo a las ordenaciones internas de los Estados. Para la Procuraduría estas disposiciones se ajustan a los postulados constitucionales que consagran la soberanía y la libre competencia económica, ya que se fundamentan en la plena observancia de las normas nacionales de las Partes Contratantes, garantizando la libre determinación de las autoridades colombianas. El artículo 6° regula las exenciones de impuestos que tienen los equipos abordo de las aeronaves, así como los insumos necesarios para su operación y los productos destinados a la venta y el consumo de pasajeros en cantidades razonables. Sobre el particular, el Ministerio Público no encuentra reproche alguno desde una perspectiva constitucional, puesto que no se contradice ningún precepto superior y la ordenación se configura bajo criterios de reciprocidad, en armonía con el mandato de internacionalización de las relaciones económicas y sociales de la Nación. Por otro lado, el artículo 7° establece la obligación de las aerolíneas designadas de cumplir con las regulaciones del país donde operen en lo relacionado con la entrada, salida y navegación de aeronaves, así como las relativas a los pasajeros, tripulación o carga (incluso las ordenaciones sobre inmigración, pasaportes, aduana o cuarentena). Ello se aviene con los postulados constitucionales que

consagran la soberanía y la libre determinación de las autoridades colombianas en términos de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 22 Corte Constitucional, Sentencia C-132 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo). 23 Corte Constitucional, Sentencias C-132 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo) y C-947 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 9 A su vez, los artículos 9°, 10 y 12 desarrollan la obligación mutua de las Partes Contratantes de salvaguardar la seguridad y protección del transporte aéreo internacional, en concordancia con los convenios y protocolos relativos a la seguridad de la aviación suscritos por las Partes Contratantes24. En punto de ello, se comprometen a prestarse mutua asistencia para prevenir actos que atenten contra la seguridad de la aviación civil. Así mismo, en dichas disposiciones se establece la posibilidad de solicitar consultas en relación con los estándares de seguridad y el reconocimiento de certificados y licencias de aeronavegabilidad expedidos o convalidados por la otra Parte Contratante, siempre y cuando cumplan con requisitos iguales a los estándares mínimos establecidos en virtud del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional (1944)25. Para la Procuraduría las normas referidas garantizan el cumplimiento de las disposiciones internas sobre seguridad en la aviación civil y los protocolos internacionales en la materia, por lo que son acordes con la obligación del Estado

de salvaguardar a los habitantes del territorio en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. Los artículos 8°, 11, 13, 14, 15, 16 y 17 regulan asuntos relacionados con la prestación operativa de los servicios aéreos internacionales. En concreto, consagran: (i) Las reglas generales relativas a las alianzas comerciales entre aerolíneas de cualquiera de las Partes y las líneas aéreas de un tercer país, tales como los acuerdos de bloqueo de espacio o de código compartido. (ii) La fijación de cargos a las aerolíneas para la provisión de bienes y servicios aeroportuarios, los cuales deberán ser justos y razonables, y basarse en principios económicos; (iii) La debida representación de las aerolíneas designadas en el territorio de la otra Parte Contratante; (iv) La conversión y transferencia de ingresos al tipo de cambio oficial del país y la posibilidad de suscribir acuerdos especiales para regular estos pagos; (v) La notificación de itinerarios y su modificación por las autoridades aeronáuticas; 24 Particularmente, se hace mención del Convenio sobre las Infracciones y otros Actos Cometidos a Bordo de una Aeronave (Tokio, 1963), el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves (La Haya, 1970), el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil (Montreal, 1971) y su Protocolo Suplementario para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que Presten

Servicio a la Aviación Civil Internacional (Montreal, 1988). 25 Incorporado al ordenamiento interno mediante Ley 12 de 1947. Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80, Bogotá, D.C. | Teléfono: 601587-8750 | www.procuraduria.gov.co 10 (vii) La fijación de tarifas por los servicios aéreos internacionales conforme a la legislación interna de cada país, sobre la base de la prevención de prácticas discriminatorias y la competencia desleal; y (vii) El suministro de estadísticas del tráfico aéreo. El Ministerio Público considera que los artículos precedentes responden a los postulados constitucionales que señalan que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, así como tienen en cuenta que la competencia económica supone responsabilidades. Además, obedecen al mandato de internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas del Estado colombiano con otros países sobre bases de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia. P