PGN - NORMAS PRESUPUESTALES - Son imperativas y su cumplimiento no puede soslayarse

Comisión Especial Disciplinaria

Radicación: 156-81443-03

Disciplinado: HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA y JUAN CARLOS

DÍAZ DÍAZ

Cargos: Alcalde y Tesorero, respectivamente Entidad: Alcaldía de La Jagua de Ibirico Quejoso: Informe de servidor público – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2003

I. ASUNTO Procede la Comisión Especial Disciplinaria a proferir fallo de primera instancia, dentro del proceso verbal disciplinario adelantado en contra de los señores HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA y JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ, en sus condiciones de Alcalde y Tesorero del Municipio de La Jagua de Ibirico, respectivamente.

II. ANTECEDENTES La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, detectó la ocurrencia de posibles irregularidades cometidas por servidores públicos del Municipio La Jagua de Ibirico (C), consistentes en el traslado de dineros de una cuenta oficial del dicho municipio a la cuenta corriente personal del señor Alcalde de esa misma localidad, señor HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA, cuenta de la cual se giraron dos cheques a diferentes personas, quienes con tales dineros constituyeron dos CDT, conservándose el resto del dinero en la cuenta personal del citado Alcalde.

III. ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en la información suministrada por la UIAF, el señor Procurador General de la Nación, conformó una Comisión Especial Disciplinaria, con el fin de

que se adelantara el presente proceso disciplinario, hasta fallo de primera instancia, si fuere el caso (Fl. 36). En consecuencia, mediante auto del 6 de febrero de 2003, la Comisión Especial Disciplinaria ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA, en su condición de Alcalde Municipal de La Jagua de Ibirico y JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ, en calidad de Tesorero de esa misma municipalidad para la época de los hechos; suspendió provisionalmente al señor HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA del cargo de alcalde municipal de La Jagua de Ibirico y dispuso seguir el presente proceso por el procedimiento verbal, citando a los disciplinados a la audiencia de que trata el artículo 177 del CDU (Fls. 37 al 46). El 18 de febrero del 2003 se inició la correspondiente audiencia, en la cual se les formuló pliego de cargos a los investigados; luego se presentaron verbalmente los 1 descargos respectivos por parte del abogado defensor, quien a su vez solicitó la práctica de algunas pruebas, petición que fue resuelta positivamente en relación con algunas de ellas y negativamente referente a otras, sin que la defensa interpusiera recurso; para la práctica de las pruebas ordenadas se dispuso comisionar, por lo que la diligencia fue suspendida hasta tanto se efectuara el debido recaudo probatorio (Fls. 139 al 166). Mediante autos del 20 y 26 de marzo de 2003, se comisionó para la práctica de las

pruebas ordenadas al Procurador Provincial de Valledupar (Fls. 167 al 183). Posteriormente, una vez practicadas las pruebas ordenadas se reanudó la audiencia el día 16 de julio de 2003, diligencia en la cual se varió el pliego de cargos (Fls. 227 al 256) y se suspendió para ser continuada el día 18 de julio, fecha en la que el abogado defensor presentó los correspondientes descargos (Fls. 260 al 262).

IV. DE LOS CARGOS A los señores HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA y JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ, en sus condiciones de Alcalde y Tesorero del Municipio de La Jagua de Ibirico, se les formuló pliego de cargos, el cual fue variado quedando principalmente

en las siguientes condiciones (Fls. 229 al 256): “(...) “Agotada la etapa probatoria y estudiadas las diligencias, observa la Comisión Especial Disciplinaria, la existencia de causal legal que impone el deber --en estricta observancia de los principios de legalidad, del debido proceso, de la presunción de inocencia y de defensa-- de variar la calificación jurídica de los cargos que se señalan a continuación, en los siguientes términos: “(...) “Los señores HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA y JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ, en sus calidades de Alcalde y Tesorero del municipio de La Jagua de Ibirico, solicitaron al Señor Gerente del Banco de Bogotá (Sucursal Codazzi), trasladar la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000.00) de la cuenta corriente N° 224-03940-4

perteneciente al Municipio de La Jagua de Ibirico, a la cuenta corriente N° 224-04033-1 cuyo titular es el señor HERNANDO DÍAZ MENDOZA en calidad de persona natural, sin que mediare contrato u obligación alguna entre el municipio y el señor DÍAZ MENDOZA, efectuándose así un manejo presupuestal inapropiado y en contravía de las disposiciones legales aplicables, con la aducida finalidad de proteger esos dineros mejor, ya que el alcalde era objeto de presiones y amenazas de parte de grupos subversivos para que entregara dineros del erario municipal; sin embargo, tales dineros a la postre quedaron mucho más vulnerables. “La anterior conducta, posiblemente, irregular sucedió dentro de las siguientes circunstancias de tiempo modo y lugar. 2 “Con oficio sin número, fechado en octubre 23 de 2002, los señores HERNANDO DÍAZ MENDOZA y JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ, en sus calidades de Alcalde y Tesorero del municipio de La Jagua de Ibirico, pidieron al Señor Gerente del Banco de Bogotá (Sucursal Codazzi), trasladar la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000.00) de la cuenta corriente N° 224-03940-4 perteneciente al Municipio de La Jagua de Ibirico, a la cuenta corriente N° 224-04033-1 cuyo titular es el señor HERNANDO DÍAZ MENDOZA en calidad de persona natural. “Una vez llegó la petición de traslado al Banco de Bogotá, tal solicitud fue confirmada telefónicamente a través del Banco, con el tesorero municipal

JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ, procediendo en consecuencia la entidad bancaria a realizar la transacción financiera el día 25 de octubre de 2002. “Posteriormente, el día 29 de octubre de 2002, fecha para la cual la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260’000.000.00) ya se encontraba en la cuenta corriente N° 224-04031-1, cuyo titular es el señor DÍAZ MENDOZA, éste giró a nombre de YASMIN ROCIO GARCIA MENESES, persona que al parecer es su esposa, el cheque N° K0711082 por valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100’000.000.00). “Ese mismo día, YASMIN ROCIO GARCIA MENESES constituyó el Certificado de Depósito a Término N° 9392200 en el Banco de Bogotá, con vencimiento al 29 de abril del 2003, por precisamente la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100’000.000.00). “Igualmente ese día 29 de octubre, de la misma cuenta corriente anteriormente anotada (N° 224-04031-1), cuyo titular es el señor DÍAZ MENDOZA, giró a nombre del señor JAIME CORONEL el cheque N° K0711075 por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80’000.000), dinero con el cual se constituyó otro Certificado de Depósito a Término el N° 9392192 del Banco de Bogotá a nombre de JOMAIRA JIMÉNEZ VASQUEZ, con fecha de vencimiento abril 29 de 2003.

“La suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80’000.000.00) en dinero efectivo, fue entregada por el señor alcalde HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA al tesorero de la localidad de La Jagua de Ibirico OCTAVIO FIDEL PAYARES, mediante dos actas, una firmada el 29 de octubre de 2002 en la que reintegró TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($37.710.584.oo), y otra suscrita el 8 de noviembre del mismo año reintegrando la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($42.289.416,oo), cuyas actas obran a folios 418 y 419 del anexo 4 del expediente. “Tal suma de dinero fue aparentemente depositada en la caja fuerte de la tesorería municipal, destinándose esos dineros para pagar en efectivo órdenes de trabajo relacionadas con el proyecto de inversión denominado “Generación de empleo a través de grupos de población en los estratos 1 y 2 de municipio de La Jagua de Ibirico en los sectores de las madres cabeza de hogar”, por un valor de $80’000.000.00. 3 “La suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180’000.000.00), con la que se constituyeron los CDT’s a nombre de terceras personas, al parecer ya fue devuelta a las arcas de la alcaldía, ya que ese valor fue incluido en un rubro denominado “Cuentas por cobrar” del presupuesto de

rentas, gastos e inversiones del municipio de La Jagua de Ibirico de la vigencia fiscal del año 2003, el cual fue aprobado mediante Acuerdo N° 024 del 28 de noviembre de 2002 del Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico. “(...) “Así las cosas, los señores HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA y JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ –al parecer—incurrieron en falta disciplinaria porque con su comportamiento incumplieron algunos deberes, cometieron prohibiciones y se extralimitaron en el ejercicio de funciones según lo previsto en la Ley 734 de 2002...”

V. DE LOS DESCARGOS

4 La defensa en audiencia presentó sus descargos, argumentando que la falta imputada guarda relación con los comportamientos que adelantaron los investigados tendientes a efectuar manejos financieros infringiendo normas presupuestales, pero que llevaron a realizar ese tipo de operaciones motivados por circunstancias acreditadas en la actuación, es así como encontramos en efecto que ellos realizaron unos traslados de dineros oficiales a la cuenta particular del alcalde y luego esta persona giró unos títulos valores para constituir CDTs, ante eso no se puede manifestar otra cosa, y ellos aceptaron la realización de esa situación fáctica, pero igualmente aparece acreditado con prueba suficiente que indica cual fue la razón que motivo ese comportamiento. Tal como lo consagra el estatuto disciplinario, debe atenderse la responsabilidad subjetiva, sobre este particular y tal como ha sido recurrente la defensa dentro de este proceso, hubo situaciones que aparecen acreditadas en la actuación que hacen ver que esa actuación fue motivada por la presión efectuada por grupos al margen

de la ley para que entregaran parte del erario a tales grupos, hechas el año pasado al alcalde, lo que generó alta presión a los funcionarios de La Jagua de Ibirico, lo cual fue comunicado a las autoridades locales y de otra índole, comandante de policía, juez promiscuo, cura párroco, personera, incluso unos de ellos dieron algunas sugerencias en torno de que hacerse, es decir, sobre ese tema no hay lugar a dudas de la presión sin igual sobre estos funcionarios, igualmente lo refiere el gerente del banco cuando ellos acuden ante él para realizar algún tipo de procedimiento para salvar los recursos oficiales, siendo el gerente quien les sugiere hacer este tipo de procedimientos, evidentemente la conducta se realizó atentando las normas que rigen el manejo presupuestal, pero se hizo bajo la coacción de grupos al margen de la ley, coacción que excluye la posibilidad de hablarse de conducta dolosa porque ellos sabían de la irregularidad pero el factor volitivo estaba afectado por esa presión extraña, quienes no claudicaron a las primeras amenazas, viéndose avocados a la realización de la operación a finales de octubre, sin querer vulnerar el bien jurídico como aducen la jefe de presupuesto y tesorero quienes sabían de la situación elaborando los mecanismos que permitieran dejar claro lo sucedido, elaborando los documentos para dejar constancia de lo sucedido con esos recursos, sin haber desmedro de las arcas del municipio. 5 La defensa entiende que no hay cuestionamiento en torno a la apropiación de esos dineros o permitir el extravió de los mismos por cuanto existe suficiente prueba de

ellos, simplemente se trata de una infracción meramente técnica originada por la exigencia expresa y contundente de los grupos al margen de la ley, en aras de obtener la posibilidad de tener acceso a esos dineros, como esta acreditada la coacción, las amenazas notorias sobre alcaldes y autoridades municipales prácticamente de todo el país, solicito se exonere de responsabilidad disciplinaria por no existir dolo, por existir causal excluyente de responsabilidad, pero igualmente debo plantear otro argumento en aras de que al momento de la decisión se evalúe, y no guarda relación con la culpabilidad, sino de la tipicidad y para ello déjenme citar al doctor GÓMEZ PAVAJEAU que en su libro habla de la yuxtaposición de deberes, en efecto el citado autor a folio 315 hace ver como en materia disciplinaria los aspectos de tipicidad y antijuridicidad se encuentran inescindiblemente unidos manifestando como existe la exclusión del ilícito por colisión de deberes e indica que cuando colisionan dos deberes uno de los cuales impone al destinatario el derecho disciplinario una determinada forma de actuar mientras que otro le señala otra diferente, si el deber que resulta cumplido es de mayor importancia del sacrificado no puede afirmarse que se excluya la antijuridicidad y persista la tipicidad y agrega el cumplimiento del deber de mayor jerarquía lo cual quita cualquier consideración de ilicitud al comportamiento, así sea en un plano provisional puesto que seria contrario a la dignidad humana, pretender que un sujeto pueda encontrase frente a una situación donde, cualquiera que sea el deber que escoja cumplir, al hacerlo este

incumpliendo otro. El hombre no puede ser expuesto y confinado a encontrarse de tal forma entre la espada y la pared, donde, cualquiera que sea su decisión de todos modos recaerá en conducta ilícita, hasta aquí la trascripción. Esta es la situación que podía ejemplificar el párrafo antes mencionado, existe el deber a cargo de los funcionarios investigados de custodiar el erario, es el deber fundamental y primordial en la finalidad de velar por dicha custodia y ante la situación de la exigencia de grupos al margen de la ley que pretendían obtener esos recursos, estos señores tuvieron que infringir el deber del debido manejo de la actividad financiera referida en el pliego, más lo hicieron motivados por la finalidad primera y básica de evitar el extravío o la pérdida o ilícita apropiación de parte de terceros de la suma anotada, como ello es así, estamos claros y subsumidos en la yuxtaposición de deberes que deberá tenerse como una causal de justificación, si no esa situación habrá también de desvirtuar la ocurrencia típica del comportamiento imputado, tenemos entonces dos argumentos principales para solicitar exoneración de los disciplinados, la atipicidad del comportamiento o la situación de coacción excluye de culpabilidad, específicamente el dolo que es lo que determina el cargo efectuado.

VI. PRUEBAS OBRANTES EN EL PROCESO

Documentales

1. Soporte de la operación debito por $260’000.000.00 de la cuenta corriente N° 22403940-4, cuyo titular es el municipio de La Jagua de Ibirico (folio 20); Soporte de la operación crédito por $260’000.000.00 a la cuenta corriente N° 224-04031-1, cuyo

titular es el señor HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA (folio 21); escrito por medio del cual los investigados solicitan al Banco de Bogotá, el traslado de la suma de $260’000.000.00 de la cuenta corriente N° 224-03940-4 perteneciente al 6 municipio de La Jagua de Ibirico, a la cuenta corriente N° 224-04033-1 del señor DÍAZ MENDOZA (folio 19); extracto del mes de octubre de 2002, correspondiente a la cuenta corriente N° 224-04031-1, perteneciente al señor HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA, en el cual se verifica el movimiento de crédito por $260’000.000.00, y los movimientos débito por $100’000.000.00 y $80’000.000.00 relacionados con los cheques girados por el titular en ese periodo (folio 22); Certificado de depósito a término N° 0939220 a nombre de YASMÍN ROCÍO GARCÍA MENESES, por valor de $100’000.000.00., el cual fue constituido con ocasión del cheque K0711082, girado por el señor HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA (folio 29); Cheque N° K0711082 girado a la señora YASMIN ROCIO GARCÍA, por el señor HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA de su cuenta personal (folio 30); Certificado de depósito a término N° 0939219 a nombre de YOMAIRA PATRICIA JIMÉNEZ VÁSQUEZ, por valor de $80’000.000.00., el cual fue

constituido con ocasión del cheque K0711075, girado por el señor HERNANDO

ENRIQUE DÍAZ MENDOZA (folio 34).

Asimismo, Cheque N° K0711075 girado al señor JAIME CORONEL, por el señor HERNANDO ENRIQUE DÍAZ MENDOZA de su cuenta personal (folio 35); escritos amenazadores con membrete de las FARC-EP de fechas junio 13, julio 10, agosto 16, septiembre 11 de 2002 dirigidos al investigado HERNANDO DÍAZ en su condición de Alcalde de La Jagua de Ibirico (Ver folios 163 al 166); Oficio del 8 de julio de 2002, dirigido por el Contralor General del Departamento del Cesar al investigado HERNANDO DÍAZ MENDOZA en su calidad de Alcalde Municipal, manifestándole que en auditoría practicada por ese órgano de control para la vigencia 2001 y primer trimestre 2002, la mesa de trabajo determinó reconocerle la gestión realizada (Ver folio 171). También escritos amenazadores con membrete del ELN dirigidos al investigado HERNANDO DÍAZ en su condición de Alcalde de La Jagua de Ibirico (folios 188 al 191); Fotocopias del libro de la cuenta corriente 3940-4, correspondiente todos los meses del 2002 y enero del 2003 (folios 57 al 72 anexo 4); oficio de la Contraloría General del Departamento del Cesar, en el cual informan que se realizó una auditoría gubernamental con enfoque integral a la Alcaldía de La Jagua de Ibirico,

para el periodo fiscal 2002, cuyos resultados no generaron procesos de responsabilidad fiscal (folio 92 anexo 4); Resolución N° 03 de abril de 2002 del Consejo Municipal de Política Fiscal del Municipio de La Jagua de Ibirico, por medio de la cual se establecen los manejos del PAC del municipio de La Jagua de Ibirico para la vigencia fiscal del 2002 (folios 112 y 113 anexo 4); Certificado de Registro presupuestal REG-3110 del 30 de octubre de 2002 por concepto de cancelación de trabajos realizados por mujeres cabeza de hogar, por valor de $20’000.000.00., junto con los correspondientes recibos de caja menor (folios 114 al 123 anexo 4); Certificado de Registro presupuestal REG-3176 del 30 de octubre de 2002 por concepto de cancelación de jornales madres cabeza de hogar, por valor de $60’000.000.00 y los correspondientes recibos de caja menor (folios 124 al 146 anexo 4); Acuerdo 024 del 28 de noviembre de 2002 del Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico, por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas gastos e inversiones del municipio de La Jagua de Ibirico para la vigencia fiscal del 2003 (folios 147 al 174 anexo 4), en el cual aparece el rubro 205012108 denominado cuentas por cobrar vigencia 2002, por $180’000.000.00., los cuales según la defensa corresponden al valor de los CDTS. 7 De igual manera obra el Acuerdo 009 de marzo 29 de 2002 del Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico, por medio del cual se modifica el presupuesto del Municipio

de La Jagua de Ibirico para la vigencia fiscal 2002 (folios 174 al 203 anexo 4); Auditoría realizada al Municipio de La Jagua de Ibirico por la Contraloría General del Departamento del Cesar (folios 204 a 229 anexo 4); Ejecución presupuestal resumido por rubro – Fuente de financiación (Ver folios 231 al 241 anexo 4); Acuerdo 021 del 30 de noviembre de 2001 del Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico, por medio del cual se fija el presupuesto del Municipio de La Jagua de Ibirico para la vigencia fiscal 2002 (Ver folios 243 al 278 anexo 4); Testimoniales

2. Se escuchó en declaración a las siguientes personas: WILFRED BENÍTEZ CRUZ (Suboficial de la Policía Nacional, ex comandante de la Estación de Policía de La Jagua de Ibirico) manifestó (Folios 95 y 96): “Efectivamente la amenaza contra el Alcalde municipal, los Concejales y todo el Gabinete Municipal se inició desde antes del segundo semestre del año dos mil cuando el frente 41 de la FARC... por intermedio de un casstt (sic) enviado a la emisora radio Guatapurí amenazó a cinco alcaldes entre ellos... el de La Jagua de Ibirico... esto obligó a que la mayoría de los funcionarios abandonaran la población y el Alcalde duró casi un mes sin llegar a la localidad, esto fue motivo para iniciar consejo de seguridad en varias oportunidades con el ánimo de tomar medidas para que todos los funcionarios se sintieran respaldados por la fuerza pública y volvieran a la localidad a cumplir con sus funciones, durante

todo el periodo en que ejercí mi mandato el señor HERNANDO DÍAZ MENDOZA, de quien prácticamente me convertí como su escolta personal me ponía en conocimiento una serie de amenazas hechas por grupos al margen de la ley por medio de llamadas telefónicas y algunas cartas que le hicieron llegar por diferentes medios, en donde lo amenazaban a él y a su familia en su vida e integridad sino entregaba cuantiosa suma de dinero a estos delincuentes, la recomendación que siempre se le hicieron fue que no entregara nada por que estos grupos posteriormente le vuelven a pedir para el sostenimiento de sus acciones... posteriormente se tomó la determinación de sacar a su familia de allí debido a que la amenaza era inminente siendo trasladada hasta aquí a la ciudad de Valledupar... Es de anotar en el cumpleaños del señor Concejal BANGELIO en su lugar de residencia donde se encontraban reunidos los Concejales, el gabinete Municipal y posteriormente con la llegada del Alcalde allí intentaron contra la vida de él y todos los que se encontraban en esa reunión dos tipos de civil aprovechando una fuerte tormenta o aguacero quisieron tirara (sic) una granada I.M.-26 tratando por la parte posterior del lote uno de los escolta detectó la agresión y repelió este atentado incautando la granada los tipos se perdieron en la oscuridad esto ocurrió para el mes de septiembre del año 2.002...” VÍCTOR ORTEGA VILLAREAL (Juez Promiscuo Municipal de La Jagua de Ibirico), declaró (folios 99 y 100 anexo 4): 8 “Para el segundo semestre del año anterior venían una secuencias de

amenazas de los grupos al margen de la ley como FARC. ELN y AUC, lanzaron unas amenazas contra todos los Alcaldes del corredor de la Serranía del Perijá sin embargo el señor HERNANDO DÍAZ cuando ingresaba por el portón de la alcaldía y como mi oficina queda al lado, siempre me comentaba que esos grupos al margen de la ley lo estaban extorsionando pidiéndoles suma de dineros exorbitantes y que esa amenazas se la hacían llegar con panfletos y llamadas constantemente me comentaba esa circunstancia un día le dije que acudiera ante la Fiscalía e instaurara la respectiva denuncia él me manifestó que eso esa peligriso (sic) por que los grupos al margen de la ley tienen infiltrado gente dentro de esos organismos de control del estado que él iba a arreglar su problema de la mejor forma, igualmente me comentó que esas amenazas eran permanentes y constantes y que el temía por su vida y la de su familia por que esas organizaciones son efectivas para cumplir sus amenazas fue así que un día que salió para el cumpleaños de un profesor un miliciano casi lanza una granada en la reunión pero gracias a la reacción del ejército se pudo evitar, como esos grupos al margen de la ley tienen conocimiento de todos los dineros que ingresan al municipio y según el presupuesto de cada uno así le exigen la extorsión un día que iba para el despacho encontré pegado en el parque un folleto pegado de la FARC donde declaraban al alcalde de La Jagua a sus hijos y su esposa como objetivo militar si no cumplía con pagar la cuota de sostenimiento yo le dije al señor Alcalde que tomara las

medidas necesarias... entonces me dijo que iba arreglar su negocio de la forma más efectiva creo yo que no era confrontación sino acceder a las pretensiones de esos grupos es más su desplazamiento siempre era aéreo por temor a una pesca milagrosa...” HERACLITO JESÚS CHAPARRO CHAPARRO (Cura Párroco de La Jagua de Ibirico) expuso (folio 103 anexo 4): “En dos ocasiones conversando con el señor Alcalde sobre la situación de orden pública (sic) del municipio yo le manifestaba mi preocupación por la situación de violencia que se vivía el a su vez expresaba que para administrar el municipio le conllevaba presiones cuando no era un grupo de izquierda eran grupos de extrema derecha en una ocasión me manifestó que había sentido temor por la integridad de sus hijos y por ello los niños vivían en Valledupar, me manifestaba que muchas veces se sentía tensionado por el hecho de cargar tal cantidad de gurdaespaldas (sic) y dispositivos de seguridad...” SONIA ROSA SALAZAR ÁVILA (Personera Municipal de La Jagua de Ibirico) exteriorizó (Ver folios 107 y 108 anexo 4): “Desde el mismo momento de mi posesión como Personera Municipal de la Jagua de Ibirico, la situación que se presentaba en el Municipio era de constante presiones de amenazas contra funcionarios del Municipio y el mío propio que durante mucho tiempo duré escoltada... tenía conocimiento de estas clases de amenazas y de exigencias de 9 cuantiosas sumas de dinero ya como hago parte de una u otra forma de la administración municipal así sea un ente descentralizado nos unía una relación y esta a la vez servía para él manifestarme su angustia y su

desespero de estas presiones y el temor reinante para con la administración y sus seres queridos que al no cumplir con estas exigencias hechas por estos grupos atentaran contra la integridad personal, la de su familia... más aun tengo conocimiento de estos hechos cuando en varias oportunidades el señor alcalde me manifestaba su angustia, su desespero y me mostraba los panfletos o escritos que le llegaban a nombre de estos grupos donde le manifestaban que si no cumplía con las exigencias hechas por ellos era declarado objetivo militar y en muchas oportunidades le manifesté que por que no denunciaba estos hechos ante la Personería que era el ente encargado de velar por los derechos humanos y de hacer prevalecer los derechos de las personas... el me manifestaba que no por temor que empezaran a investigar y estos se enteraran que el había instaurado una denuncia contra ellos que prefería más bien mirara (sic) a ver como solucionaba las exigencias de estos para así tener más tranquilidad con su familia y la administración...” MARIA LUCIA GUTIÉRREZ ARZUAGA (Jefe de Presupuesto y Contabilidad del Municipio de La Jagua de Ibirico) exteriorizó lo siguiente (folio 105 anexo 4): “El Alcalde le solicitó facultades al Concejo para que por medio de un acuerdo del Confis le autorizara el pago en efectivo de unos programas de generación de empleo plan bandera de su campaña electoral..., el mecanismo que se utilizó para ingresar los dineros a las arcas municipales fueron dos reintegros en efectivo que le hizo el señor alcalde al tesorero en ese entonces OCTAVIO VIDES el reintegró sumaron la suma de $80’000.000.00 los cuales se utilizaron

posteriormente en la cancelación de los programas de generación de empleo... debido a dificultades que se tubo (sic) el primer año de la administración del señor alcalde con relación a la cancelación de jornales de trabajo en los programas de empleo, debido a los excesos de descuentos y al trámite bancario que eran sometidas buscamos una alternativa que les favoreciera fue así que se le solicito al Concejo Municipal facultades para cancelar en efectivo (Tesorería) y así obviar los descuentos...” Pruebas trasladadas

3. Obran como pruebas trasladadas las practicadas validamente por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal radicado bajo el No. 151055-1049, que se puntualizan a continuación:  Informe con fecha febrero 11 de 2003 suscrito por servidores públicos del DAS, quienes afirman bajo juramento en uno de sus apartes lo siguiente de importancia para la presente investigación (Ver folios 25 al 34 anexo 3): “Como resultado de la diligencia se estableció que en los archivos de la Tesorería no reposa ningún documento que soporte el 10 traslado de fondos realizado el día 25-10-02..., a excepción del extracto Bancario del mes de octubre del año 2002... “Así mismo, se revisó el Libro de Movimiento Bancario correspondiente al año 2002, donde se procedió a ubicar la cuenta materia de investigación, encontrando que solo presenta registros contables hasta el mes de marzo.”  Inspección judicial practicada en las instalaciones del Banco de Bogotá

(Agustín Codazzi – Cesar), el día 11 de febrero de 2003 (folios 130 al 132

anexo 3).  Inspección judicial practicada en las dependencias de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico, el día 11 de febrero de 2003 (Ver folios 133 al 135 anexo 3).  Fotocopias del libro de la cuenta corriente denominada “Sobretasa a la Gasolina”, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2002 (Ver folios 136 al 138 anexo 3).  Declaración del señor HILFREDO DE JESÚS COSTA GUTIÉRREZ (esposo de OMAIRA RUEDA CAMACHO empleada del Banco de Bogotá), quien reveló lo siguiente (Folios 215 a 216 anexo 3): “... La fecha no la recuerdo... El nombre de la persona a quien llevé los documentos tampoco recuerdo el nombre de ella... Habiendo concretado que si iba fui al Banco en horas de la mañana a recoger el objeto de la diligencia que era un sobre. El sobre me lo entrego mi señora, el sobre iba marcado con el destinatario, era una mujer, con la dirección. Lo lleve en horas de la mañana, ubiqué la dirección de la Jagua, toqué, hice un compás de espera porque la señora estaba como en convalecencia... la espere en la sala, entregué el sobre, ella se dignó abrirlo, creo que ella debía tener instrucciones ya de que era lo que tenía que hacer, lo firmó y puso la huella dactilares... debajo de donde se recogió la firma, porque era con firma y huella dactilar. Lo metió nuevamente los papeles a dicho sobre, en el mismo trascurso de la

mañana lo entregué al Banco...”  Indagatoria del señor JAIME ALBERTO CORONEL DÍAZ (Persona a quien se le giró uno de los cheques, hermano de JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ) quien dijo (Folios 222 al 225 anexo 3): “... JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ es mi hermano, HERNANDO DÍAZ es pariente... Hasta hoy veo ese documento, jamás he recibido esos $80’000.000.00. Sé que el título valor está gi