PGN - NORMAS PROBATORIAS - Definición

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Herman Galán Castellanos

E. S. D.

REF: Recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado Pedro Antonio Capacho Ramírez contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que lo condenó por el delito de homicidio.

RAD. Nº: 21.642

Honorables Magistrados: El Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá en fallo de ocho de mayo de dos mil dos condenó a Edinson Andrés García Araque y Edwin Yesid Agudelo Salamanca, como responsables a título de autores de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal cometidos en concurso, a la pena principal de diecisiete años y dos meses de prisión; condenó igualmente a Pedro Antonio Capacho Ramírez a la pena principal de dieciséis años y dos meses de prisión como determinador del delito de homicidio; les impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal y la obligación de cancelar los perjuicios ocasionados con la infracción Conocido el proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con fundamento en la apelación interpuesta por los defensores de Agudelo Salamanca y Capacho Ramírez y por el procesado García Araque, mediante sentencia de veinte de agosto de dos mil dos, confirmó en su integridad la decisión de primera instancia.

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ Contra la sentencia de segunda instancia se interpuso el recurso extraordinario de

casación y lo sustentó el defensor de Capacho Ramírez con demanda que la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a los requerimientos legales. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS Ocurridos el veintidós de junio de dos mil en las horas de la noche en el barrio Las

Flores, exactamente frente al número 39-34 de la carrera 107 de la ciudad de Bogotá, en donde fue ultimado con arma de fuego Eugenio Ramírez Suárez por un individuo que en cuatro ocasiones accionó un revolver calibre 38 largo para luego darse a la fuga en compañía de otro sujeto en una bicicleta en la que se transportaban. Los autores del hecho punible frecuentaban el establecimiento de comercio de Pedro Antonio Capacho Ramírez ubicado al frente de la residencia en donde resultó muerto Eugenio Ramírez Suárez y en el cual se habían practicado días antes del homicidio unos operativos tendientes a verificar la existencia de estupefacientes y demás elementos con los que presumiblemente se cometerían hechos delictivos. Como determinador de la muerte de Ramírez Suárez se señaló al procesado Pedro Antonio Capacho Ramírez y a Edinson Andrés García Araque y Edwin Yesid Agudelo Salamanca se les condenó como autores materiales.

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE El Fiscal Dieciocho de la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén practicó la diligencia de inspección del cadáver de Eugenio Ramírez Suárez el veintidós de

junio de dos mil y ese mismo día le dio inicio a una investigación preliminar; la que 2

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ luego pasara al conocimiento del Fiscal Treinta y Dos Seccional de Bogotá el veinticuatro de junio quien avocó conocimiento y ordeno la practica de pruebas. Una vez recibido el protocolo de necropsia, unos informes policivos y de balística y varios testimonios, entre los que se cuenta el de Rubén Darío Baquero Alemán, quien manifestó haber presenciado el momento en que uno de los autores del homicidio descendió de una bicicleta en el que se transportaba en compañía de otro sujeto y le disparó a Ramírez Suárez para luego darse a la fuga, se dispuso la apertura de instrucción el veintiuno de diciembre de dos mil en la que se vinculó mediante indagatoria a Alexander Meneses Jaramillo señalado como presunto autor del homicidio. Meneses Jaramillo rindió indagatoria el catorce de febrero de dos mil uno, en esa diligencia manifestó haber permanecido el día en que ocurrieron los hechos en una localidad del Departamento del Vichada en donde prestaba el servicio militar, y luego de un reconocimiento en fila en el que se hizo presente Baquero Alemán quien señaló que Meneses Jaramillo no había participado en el homicidio de Ramírez Suárez pero sí podía suministrar información de los autores del crimen, la Fiscalía dispuso su libertad inmediata mediante resolución de veinte de febrero de dos mil uno. Atendiendo la información suministrada por la Policía Judicial, la Fiscalía Treinta y

Dos de la Unidad Tercera de Delitos contra la Vida decidió mediante resolución de catorce de febrero de dos mil uno vincular mediante indagatoria a Edinson Andrés García Araque, para tales efectos ordenó su captura y además dispuso el allanamiento a una residencia en donde se presumía se encontraba otra persona vinculada en los hechos en donde perdió la vida Eugenio Ramírez. Edinson Andrés García Araque fue capturado y se le escucho en indagatoria el dieciséis de febrero de dos mil uno, en esa diligencia manifestó conocer a Edwin Yesid Agudelo Salamanca; ese mismo día García Araque fue reconocido por el 3

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ testigo presencial Baquero Alemán quien lo señaló como la persona que manejaba la bicicleta en la cual se transportaba con otro acompañante quien fue el que accionó el arma de fuego para darle muerte a Ramírez Suárez. El diecinueve de febrero de dos mil uno se resolvió vincular a la investigación mediante indagatoria a Edwin Yesid Agudelo Salamanca, quien también se hacía llamar Juan Diego Velandia y al que la Fiscalía Doscientos Cincuenta y Tres de la Unidad de Delitos contra La Seguridad Pública y Ley 30 lo investigaba como presunto autor del delito de porte ilegal de armas en concurso con hurto en grado de tentativa; el Fiscal Treinta y Dos Seccional lo escucho en indagatoria el veinte de febrero de dos mil uno. Una vez practicados los descargos la fiscalía definió la situación jurídica de los implicados el veintitrés de febrero de dos mil uno con medida de aseguramiento de

detención preventiva contra Edinson Andrés García Araque y Edwin Yesid Agudelo Salamanca por el delito de homicidio y se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento a Alexander Meneses Jaramillo. Con fundamento en las anteriores diligencias, la versión del testigo presencial de los hechos Rubén Darío Baquero Alemán y la información suministrada por la policía judicial, la Fiscalía 32 Seccional de esta ciudad resolvió vincular a la investigación mediante indagatoria a Pedro Antonio Capacho Ramírez, decisión que se adoptó mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil uno en la cual se ordenó la captura de Capacho Ramírez y el allanamiento al establecimiento de comercio de su propiedad, inmueble en el que se ubicaba también su residencia y en donde se presumía que se encontraba el arma utilizada para cometer el homicidio. El veintiocho de febrero de dos mil uno la fiscalía practicó el registro del señalado inmueble. En el acta en la que se consigna el desarrollo de la diligencia se precisa entre otras cosas que se procedió al allanamiento y registro del establecimiento de 4

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ comercio denominado “Tienda Isabel” y que al ingresar a su interior se inspeccionaron cada una de sus dependencias, entre las que se cuenta el lugar de habitación del procesado Capacho Ramírez y en la que se encontraron una fotografía del procesado, el estuche para portar arma de fuego junto con unas municiones para la misma. A folio 205 del primer cuaderno original aparece copia del informe rendido por el Comandante de la Unidad de Contraventores de la Estación Once de Policía en la

localidad de Suba, en donde se da cuenta de un operativo que se realizó el diecisiete de diciembre de dos mil en el establecimiento de comercio del procesado Capacho Ramírez, dando como resultado la incautación de un revolver calibre 38 largo, marca Smith Wesson que fue encontrada en poder del acusado Capacho Ramírez. Capturado Capacho Ramírez rindió indagatoria el seis de marzo de dos mil uno y el doce de marzo se le definió su situación jurídica con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como posible determinador del punible de homicidio, decisión recurrida mediante apelación interpuesta por su defensor sin que se conozca el pronunciamiento de la segunda instancia que desató la impugnación ya que solo existe en el expediente constancia secretarial en el folio 45 del cuaderno original número dos en donde se informa que el once de mayo de dos mil uno un Fiscal Delegado ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca profirió la resolución de segunda instancia. El Fiscal del conocimiento ordenó que el arma de fuego incautada en el establecimiento de comercio de propiedad de Capacho Ramírez se enviara al Instituto de Medicina Legal para que fuera objeto de una prueba de balística en estudio comparativo con el proyectil recuperado en la necropsia practicada a Eugenio Ramírez Suárez. 5

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ El dictamen pericial de Medicina Legal estableció que el proyectil recuperado en la necropsia practicada al occiso Ramírez Suárez fue disparada por el revolver calibre 38, marca Smith & Wesson distinguido con el mismo numero de serial del

arma incautada en el establecimiento de comercio de propiedad de Capacho Ramírez. El defensor del procesado Capacho Ramírez solicitó la aclaración y ampliación de la prueba técnica considerando que era necesario precisar unos aspectos que relacionó en su memorial y el técnico forense balístico ratificó por completo las conclusiones consignadas en el experticio practicado inicialmente. Luego de algunas otras diligencias de instrucción la Fiscalía Seccional Treinta y Dos declaró cerrada la investigación el diecinueve de junio de dos mil uno. Recibidos los alegatos de los sujetos procesales, la Fiscalía calificó el mérito del sumario el treinta y uno de julio de dos mil uno con resolución de acusación en contra de Edinson Andrés García Araque y Edwin Yesid Agudelo Salamanca como coautores de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Equivocadamente se dispuso en el proveído que calificó el mérito del sumario proferir medida de aseguramiento en contra del procesado Pedro Antonio Capacho Ramírez como determinador del punible de homicidio, no obstante, mediante resolución de agosto dos de dos mil uno se efectuó la corrección del pronunciamiento que calificó el mérito de la instrucción, profiriendo resolución de acusación en contra de Capacho Ramírez por el delito de homicidio. En firme la resolución de acusación el expediente fue remitido al Juzgado Catorce Penal del Circuito quien asumió su conocimiento el veintisiete de septiembre de dos mil uno y ordenó el traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2.000. Las audiencias preparatorias se adelantaron los días veintitrés de noviembre y

siete de diciembre de dos mil uno y la audiencia pública se inició el siete de marzo 6

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ de dos mil dos y terminó el ocho de abril de dos mil dos, luego de la cual se dicto sentencia de primera instancia el ocho de mayo de dos mil dos, con los resultados conocidos.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN 3.1. Primer cargo Propuesto como principal con apoyo en la Causal Primera de casación, en él se aduce la violación indirecta de la ley debido a un error de derecho por falso juicio de legalidad, al considerar el censor que el Tribunal apreció y le confirió valor probatorio a un medio de convicción allegado irregularmente al proceso.

La prueba sobre la que recayó el falso juicio de legalidad denunciado es la diligencia de registro que practicó la policía al establecimiento de comercio de propiedad del acusado y en la que se logró decomisar un arma de fuego que posteriormente fue objeto de un examen de balística, estudio técnico con el cual se llegó a la conclusión de que dicha arma había sido utilizada en el homicidio de Eugenio Ramírez Suárez. Aduce el libelista que la diligencia de registro practicada en las primeras horas de la madrugada del diecisiete de diciembre de dos mil por una patrulla de la policía que recibió información a cerca de la presencia de unas personas de dudosa reputación en el establecimiento de comercio de propiedad de Capacho Ramírez, se practicó sin el lleno de los requerimientos legales que para el efecto establecen las normas constitucionales y procedimentales al respecto. En efecto, para el recurrente, toda diligencia de registro y allanamiento debe estar

revestida de los requisitos que para este tipo de actuaciones establecen las normas constitucionales y legales que protegen la libertad y el domicilio de las personas y que obligan a las autoridades que realicen este tipo de procedimientos 7

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ a tener presente que la libertad y el domicilio solo deben ser objeto de alguna restricción cuando existen motivos previamente señalados en la ley y con el cumplimiento de las formalidades prescritas en las normas procedimentales de carácter probatorio. Como la diligencia de registro llevada a cabo por la policía el diecisiete de diciembre de dos mil en el establecimiento de comercio de propiedad de Capacho Ramírez, en términos del libelista no estuvo precedida de algún motivo previamente señalado en la ley y además no existió mandamiento escrito de autoridad competente, es por ello que no puede ser tenida como una prueba practicada regularmente y con la observancia de los requerimientos legales establecidos para estos efectos. Con estos argumentos sostiene el recurrente que dicha diligencia practicada irregularmente no puede ser tomada como prueba válida dentro del proceso, y como quiera que la prueba que se derive de tal procedimiento irregular tiene el carácter de prueba ilícita, el sentenciador no ha debido tenerla en cuenta para la formación de su convencimiento. Adicionalmente critica el censor la forma como califican los sentenciadores de primera y segunda instancia la diligencia llevada a cabo por la policía y que dio como resultado la incautación del arma de fuego, ya que para el recurrente este fue un procedimiento de registro y allanamiento y no un simple operativo policial como lo asumieron los falladores de instancia

Estima el casacionista que la incautación del arma de fuego con la que se disparó el proyectil recuperado en la necropsia practicada al occiso es un procedimiento irregular que vicia de nulidad la prueba derivada de dicha diligencia y que, en consecuencia, no pueden ser asumidas como pruebas legalmente aducidas a la actuación todas aquellas derivadas del trámite que se realizó sin el cumplimiento de los requerimientos constitucionales y legales. 8

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ En tal sentido, plantea el recurrente, que si el fallador tiene como prueba que demuestre la responsabilidad de Capacho Ramírez como determinador del homicidio por el hecho de haber sido encontrada el arma de fuego con la que se ocasionó la muerte de Ramírez Suárez en el establecimiento de su propiedad, se ha incurrido en un yerro que invalida la sentencia por haberse sustentado en una prueba ilegal a la cual el sentenciador le otorgó valor probatorio cuando no ha debido hacerlo. Opina el libelista que con tal proceder el Tribunal incurrió en una violación indirecta de unas normas sustanciales entre las que destaca los artículos 2°, 4°, 28 y 29 de la Constitución Política; 6° del Código Penal, 2°. 3°. 232, 235 y 294 del Código de Procedimiento Penal; 72, 73 74 del Código Nacional de Policía y 76, 77, 78 80 del Código Civil. Pide que una vez se excluyan las pruebas irregular e ilícitamente obtenidas la Corte proceda a casar la sentencia impugnada y en su lugar se revoque la

decisión de condena en contra del procesado Capacho Ramírez. 3.2. Segundo cargo Al amparo de la Causal Primera de casación, el censor formula este cargo en forma subsidiaria contra la sentencia de segunda instancia, la que considera indirectamente violatoria de la ley sustancial por error de derecho –falso juicio de convicciónsobre el razonamiento indiciario del juzgador que lo llevó a considerar a Capacho Ramírez como determinador del homicidio de Ramírez Suárez por el hecho de haber sido encontrada el arma con la que se disparó el proyectil hallado en la diligencia de necropsia practicada al occiso. Para demostrar el cargo el censor empieza por referirse a los presupuestos procesales que se exigen para declarar la responsabilidad penal y señala que la certeza sobre la autoría del hecho punible es una exigencia legal que no se puede 9

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ soslayar, y que en ausencia de este grado de conocimiento el juzgador está obligado a reconocer al procesado el principio de la duda a su favor. Por lo tanto critica que el Tribunal haya derivado certeza para condenar a Capacho Ramírez por el solo hecho de haberse encontrado el arma de fuego que fue objeto del estudio técnico con el cual se demostró que con ella se había disparado uno de los proyectiles alojados en el cuerpo de Ramírez Suárez. La crítica del recurrente se funda en su desacuerdo con la manera de construirse uno de los indicios con los que el sentenciador arribó a la conclusión de que el procesado estaba comprometido en el homicidio dada la gravedad del hecho de habérsele encontrado el arma homicida en su poder.

Para el recurrente el hecho indicador con el cual se construye el razonamiento indiciario no está debidamente probado, dado que también cuestiona la diligencia con la que se llevó a cabo la incautación del arma de fuego, y en consecuencia, las inferencias que se derivan del indicante son equívocas, dudosas, por lo que reclama que al indicio de la tenencia del arma no puede dársele el carácter de plena prueba con el que se establezca la responsabilidad del acusado. En su critica insiste que la diligencia llevada a cabo por la policía en el establecimiento de comercio del procesado no arroja los suficientes elementos de juicio para demostrar que el arma incautada estaba en poder de Capacho Ramírez, ya que en el momento de la diligencia se encontraban varias personas las cuales podrían eventualmente ser los tenedores del arma homicida, y no necesariamente su defendido pudo ser quien en ese momento portara el arma a sabiendas de que ese hecho lo comprometería dada su condición de pensionado de la Policía Nacional. Siendo ello así, continúa el recurrente, el indicador con el cual se infiere la responsabilidad del acusado no puede arrojar mas que una equivoca y dudosa 10

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ conclusión, con la que legalmente no se puede soportar una decisión de condena. De esta manera, concluye el censor, es necesario reconocer la falta de certeza a cerca de la autoría en el hecho punible atribuido a su mentor. Concluye pidiendo a la Corte se reconozcan los errores denunciados a la sentencia con los que a su juicio se violaron los artículos 29 de la Constitución

Política; 6° y 9° del Código Penal y 2°, 6°, 7° y 20, 24, 232, 2334, 238, 288, 286 y 287 del Código de Procedimiento Penal y, en consecuencia, se case la sentencia y se profiera el fallo que corresponda. 3.3. Tercer cargo Con apoyo en la Causal Primera de casación el demandante plantea una violación indirecta en la sentencia al incurrir el fallador en un error de hecho por no haber tenido en cuenta un informe policivo y varias pruebas testimoniales. Con miras a demostrar su proposición afirma el casacionista que una de las versiones ignoradas por el sentenciador fue la rendida por Giovanni Arévalo Bello en la audiencia pública en la que manifestó que él no había escuchado las amenazas proferidas por el acusado en las que señalaba que tomaría represalias en contra de Suárez Ramírez por considerarlo responsable de haber llamado a la policía para que realizara los procedimientos de registro al establecimiento de comercio de su propiedad. Sostiene entonces el censor que los juzgadores de instancia apoyaron el pronunciamiento de condena en el indicio de móvil para delinquir construido sobre las amenazas proferidas por el acusado las cuales se desvirtuaron con la versión de Arévalo Bello quien desmintió a la esposa del occiso en sus afirmaciones de que Arévalo Bello le había comentado que había escuchado a Capacho Ramírez cuando afirmaba que tomaría represalias en contra de su esposo por haber llamado a la policía para que practicaran la requisa a su negocio. 11

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ Señala el recurrente que los sentenciadores de primera y segunda instancia hicieron caso omiso de los testimonios que señalaban que unos quince días antes del homicidio de Suárez Ramírez éste había discutido con una persona de nombre Carlos Gómez dueño de una volqueta y esposo de una supuesta amante del occiso y que esto podría considerarse como el origen de la venganza que pudo llevar a cabo Carlos Gómez en contra de Suárez Ramírez, máxime cuando la esposa del occiso informó que había recibido llamadas telefónicas en donde le indicaban que el autor del homicidio era el propietario de una volqueta cuyo número de placas coincida con las del automotor de propiedad de Carlos Gómez. Adicionalmente indica el censor que no se tuvo en cuenta un informe policivo en el que se señala que el establecimiento de comercio de propiedad de Capacho Ramírez no había sido objeto de ningún procedimiento policial y que esta prueba tampoco fue asumida por el sentenciador en el momento de apreciar el acervo probatorio. Con las anteriores omisiones a juicio del libelista el sentenciador incurrió en un yerro que lo condujo a la violación de normas sustanciales entre las que señala los artículos 17, 20, 232, 233 234, 238 259, 266 286, 287 del Código de Procedimiento Penal y 212, 218, 228 248 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Luego de puntualizar cada uno de los errores en que incurrieron los juzgadores de instancia al no considerar cada una de las pruebas señaladas precedentemente, las que según el demandante pudieron haber demostrado la ausencia de

responsabilidad penal del procesado, pide que la Corte excluya las supuestas amenazas proferidas por el acusado y puestas en conocimiento por el testigo que posteriormente las desmintió, así como también el procedimiento policivo que desconoció el informe ignorado por los sentenciadores de instancia, y de esta manera se llegue a la conclusión de que su prohijado no está comprometido en el homicidio que se le imputa, para que el Tribunal de Casación deje sin efecto la decisión de segunda instancia objeto de esta impugnación. 12

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4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL 4.1. Primer cargo. Principal En este aparte de la demanda se cuestiona la legalidad del procedimiento policivo que dio como resultado la incautación del arma de fuego que, según la información procesal, fue utilizada para disparar uno de los proyectiles que fue recuperado en la necropsia practicada a Eugenio Ramírez Suárez, aduciendo el demandante que en dicha diligencia no se observaron las exigencias que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico para su práctica y posterior incorporación a la actuación procesal.

Presentada la acusación en estos términos corresponde entonces precisar inicialmente la manera como dentro de nuestro sistema normativo se regulan legalmente las diligencias judiciales y la práctica de las pruebas para posteriormente señalar si el procedimiento de incautación del arma de fuego se ajustó a los requerimientos constitucionales y legales previstos para tales efectos. En el Código de Procedimiento Penal existen normas de carácter probatorio que

en principio apuntan a definir las condiciones que deben reunir las pruebas judiciales, los funcionarios y personas encargadas de realizarlas con capacidad de intervenir en ellas, los mecanismos de protección de garantías que se deben observar, la forma como deben apreciarse los medios a través de los cuales se forma el convencimiento del juez y, en fin, todos los aspectos estrictamente relacionados con la prueba judicial. Dichas normas, junto con las de carácter eminentemente procesales regulan la actividad del juez y de los demás sujetos procesales que intervienen en el curso de la actuación a fin de garantizar, a través de los procedimientos regulados, la 13

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ protección de los derechos fundamentales del acusado o los principios que orientan el ejercicio de la función judicial. En suma, se trata del desarrollo legal de principios generales de rango constitucional encaminados a la protección y a la efectiva materialización, dado el contexto en donde rigen dichos principios, un Estado Social y Democrático de Derecho, de los derechos y garantías fundamentales de los coasociados. Las normas constitucionales y legales relativas a la protección del domicilio y la intimidad personal establecen unas precisas reglas para la restricción de dichos derechos básicos para el desarrollo y plena realización de las personas, al punto de que cuando sea necesario restringirlos sea por motivos previamente definidos en la ley y con el lleno de unos requisitos básicos. La Constitución ha sido especialmente celosa en la protección de algunos derechos fundamentales, entre los cuales aparece el de la intimidad, que requiere orden judicial para que el Estado pueda, en forma concreta, interferirlo, tal como

ocurre con la interceptación de comunicaciones y el registro domiciliario (arts. 15 y 28 de la Carta Política) que constituyen las dos formas de manifestación. En relación con estos derechos fundamentales, su titular puede renunciar porque están instituidos en su beneficio particular y no hacen parte de los denominados absolutos, como el derecho a la vida, por tanto, cualquier persona que sea el titular, mediante una decisión, voluntaria y concreta, puede permitir la intromisión de otra, en la privacidad de su domicilio. La garantía prevista en el artículo 28 de la Constitución, es reforzada por las normas penales que erigen en conducta punible la violación de habitación ajena, tanto cuando se realiza por particulares como por servidores públicos abusando de sus funciones (artículos 189 y 190 de la Ley 599 del 2.000). 14

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ Bajo el presupuesto de que se trata de una garantía a favor de la persona y, por lo tanto, que está habilitada para renunciar a este derecho fundamental por no tener la calidad de absoluto, hay necesidad de establecer bajo qué condiciones el titular puede hacerlo y como debe darse el consentimiento. En primer lugar, frente a los particulares la cuestión no reviste mayor problema, pues basta establecer el consentimiento o a veces la simple tolerancia del titular del bien jurídico, lo que la doctrina denomina “conformidad o acuerdo”, para legitimar la injerencia en el domicilio ajeno y por lo tanto la ausencia de violación del derecho fundamental. Cuando se trata de las diligencias de registro a las dependencias donde se tenga el lugar habitual de domicilio se han establecido ciertos requerimientos legales necesarios para llevar a cabo dicho procedimiento. Se trata de una autorización

expedida por autoridad competente cuando existan indicios de que en el lugar se está cometiendo un delito o se tenga noticias de que en dicho lugar existen elementos u objetos propios para su realización o derivados de una actividad ilícita. En el caso particular del procedimiento llevado a cabo por una patrulla de la policía, y que es objeto del cuestionamiento propuesto por el libelista en este cargo, es necesario precisar, para efectos de determinar su legalidad, la naturaleza o esencia de la diligencia, si ella se realizó observando las formalidades legales y, si en efecto hubo menoscabo de las garantías fundamentales para que pueda apreciarse como prueba legalmente producida y aportada a la actuación, y sobre todo, si las pruebas derivadas de dicha actuación pueden estimarse como elementos de convicción válidos a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. El procedimiento de registro llevado a cabo en el establecimiento de comercio abierto al público de propiedad de Capacho Ramírez el diecisiete de diciembre de 15

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PEDRO ANTONIO CAPACHO RAMÍREZ dos mil por miembros de la policía adscritos a la Estación Once Suba, es en esencia un operativo policivo motivado por informaciones recibidas por la patrulla que realizaba labores de rutina propias de su función preventiva y que, en ejercicio de ellas conocieron que en ese sitio existían indicios de la presencia de personas que presuntamente se dedicaban a actividades ilícitas. Dadas las circunstancias señaladas y previstas en nuestro ordenamiento legal como motivos previamente definidos en la ley que sirven de fundamento para las labores de prevención, persecución y represión legítima de los actos que atentan

contra la normal convivencia se procedió a practicar una requisa a quienes en ese momento se encontraban al interior del establecimiento de comercio. En desarrollo del procedimiento se presentó una situación que por su propia condición obligó a los miembros de la fuerza pública a requerir al dueño del establecimiento su autorización para penetrar a un sector contiguo al sitio donde se practicaba la requisa y no fue otra que la necesidad de proseguir con la búsqueda de elementos con los que se presumía se estaría o se estuvo cometiendo actos ilícitos. Ante la eventual intromisión a un espacio al cual era menester contar con la autorización del propietario del lugar objeto del procedimiento policivo de requisa, se solicitó y obtuvo el consentimiento para ingresar al lugar donde se encontraron, en desarrollo de la diligenci