PGN - NORMAS PROCESALES - Son de carácter público y de obligatorio cumplimiento

Bogotá, D. C., 13 de marzo de 2007 Concepto No. 15 1IJP Doctor

JORGE LUIS QUINTERO MILANES

Magistrado Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Ciudad Ref: Acción de revisión

Proceso contra: Armando Holguín Sarria

Delito: Enriquecimiento ilícito Respetado doctor: Dentro del término especialmente previsto en la Ley, procede la Procuraduría Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal, a presentar sus alegatos, respecto del mérito de la demanda de revisión presentada por su apoderado en nombre de ARMANDO HOLGUÍN SARRIA.

SITUACION FACTICA De conformidad con lo plasmado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 13 de 2002, al resolver recurso de casación dentro del proceso penal que se adelantó en contra de ARMANDO HOLGUÍN SARRIA por razón del punible de enriquecimiento ilícito de particulares, la imputación se hizo consistir en haber recibido varios cheques de parte de los hermanos RODRÍGUEZ OREJUELA, señalados como dirigentes de la organización al margen de la ley, denominado “Cartel de Cali”, títulos valores éstos en cuantía global de doscientos cuarenta y ocho millones seiscientos sesenta y dos mil pesos ($248’662.000), época para la cual el beneficiario se desempeñaba como Senador de la República. Al quantum anterior se agregó la suma de dos millones doscientos trece mil setecientos ochenta y cinco pesos ($ 2’213.785), correspondientes a gastos de alojamiento y consumos efectuados por el entonces Congresista en el

Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali, capitales éstos que fueron sufragados por la sociedad “Inversiones Ara Ltda.”, respecto de la cual se acreditó que allí tenían participación familiares cercanos de los citados

señores RODRÍGUEZ OREJUELA.

2 LA DEMANDA DE REVISION Mediante apoderado, el hoy sentenciado ha presentado demanda de revisión, donde solicita que, por esta vía, se decrete la nulidad de la ejecutoria de la sentencia de casación emitida por la Corte Suprema de Justicia el 13 de febrero de 2002, predicándose como fundamento que en el presente asunto se presentó el fenómeno de la prescripción de la acción penal, de manera que no era viable para el Tribunal de Casación dictar el referido fallo condenatorio, sino que aquello que ha debido llevar a cabo era declarar la consumación de la precitada situación y, en tal virtud, proferir auto de cesación de procedimiento. En consecuencia, se reclama la aplicación en autos de la causal segunda del artículo 220 del C. P. P., por haberse dictado la sentencia condenatoria en proceso que no podía proseguirse por prescripción de la acción penal. En orden a explicar la conducencia de la referida causal, se indica en la demanda que proferida en su oportunidad resolución de acusación por la Corte Suprema de Justicia el 16 de diciembre de 1996, tal medida fue objeto del recurso de reposición, impugnación denegada el 7 de febrero de 1997, de manera que en esa misma fecha cobró ejecutoria el pliego acusatorio. Por consiguiente, a partir de ese momento se reinició el término de prescripción

para el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, término que reducido en la mitad, tal como lo ordena el artículo 86 del Código Penal, implica reconocer un máximo de 5 años, como lapso para la operancia del fenómeno prescriptivo, pues el máximo de sanción para esta conducta es de 10 años de prisión, conforme el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989. Ahora bien, si el indicado plazo de 5 años era el que debía tomarse en consideración en la fase de juzgamiento, para cuando la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en este asunto, que lo fue el día 13 de febrero de 2002, necesariamente habría que reconocerse que ya habían transcurrido cinco (5) años y siete (7) días, motivo por el cual se había consumado el fenómeno de la prescripción aquí invocado. Esto es, la Corporación dictó una sentencia de casación cuando el Estado había perdido ya su oportunidad para pronunciarse sobre la inocencia o la responsabilidad del procesado ARMANDO HOLGUÍN SARRIA, de manera que la única medida que podía adoptarse era la declaratoria de extinción de la acción penal conforme el artículo 82 del Código Penal (f. 1-13, cdno. Corte). LOS MEDIOS DE PRUEBA Tomando en consideración que la acción de revisión tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos jurídicos que el transcurso del tiempo genera frente a la potestad punitiva del Estado y específicamente frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia al confirmar en el presente caso, mediante la vía de la casación, una sentencia condenatoria por 3 enriquecimiento ilícito de particulares, conducente aparece efectuar reseña

específica de las providencias con capacidad para determinar la manera de contabilizar una posible prescripción de la acción penal, bien bajo los lineamientos que en esta materia señala el artículo 84 del Código Penal de 1980 (en cuya vigencia se dictó la resolución acusatoria), ora de conformidad con el mandato del artículo 86 del Código Penal de 2000 (bajo cuya égida terminó produciéndose la sentencia de casación); con mayor razón cuando actualmente la jurisprudencia indica que ambas disposiciones contienen redacción y entendimiento similares.

1. Se tiene así, que la investigación la adelantó inicialmente la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que para aquella época desempeñaba el acusado ARMANDO HOLGUÍN SARRIA el cargo de Senador de la República. Por tanto, agotada la fase instructiva fue dicha Corporación a quien correspondió calificar el mérito sumarial, mediante interlocutorio fechado el 16 de diciembre de 1996 (f. 1 y ss., c. 5), en donde se imputó al implicado la autoría del punible de enriquecimiento ilícito de particulares previsto en el artículo 10º del Decreto 2266 de 1991, que contempla pena de prisión de 5 a 10 años, y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado, que fue tasado en cifra de $ 221’662.000.

2. Interpuesto recurso de reposición contra la acusación por parte de la defensa técnica (f. 82 ss., ib.), fue denegado con la emisión del interlocutorio fechado el 7 de febrero de 1997 (f. 117-125, ib.), advirtiéndose constancias

secretariales al tenor de las cuales esta decisión fue notificada personalmente al Ministerio Público el 11 de Febrero de 1997 (fl. 125 vto.), al acusado el día 10 de febrero (f. 127) y a los demás sujetos procesales mediante anotación en estado de febrero 17 de 1997 (f. 125 vto.).

3. Con fecha 21 de febrero de 1997 aparece constancia secretarial indicando que ha cobrado ejecutoria la resolución acusatoria y que, en consecuencia, a partir de esa fecha, y por el término 30 días, comienza a correr el término de traslado señalado en el artículo 446 del C. de P. P. de 1991, que se encontraba vigente en aquél entonces, acotándose que el mismo vencía a las 18:00 horas del siguiente 10 de abril (f. 138).

4. Establecido en el proceso que el enjuiciado había renunciado a su dignidad de Senador, merced a renuncia irrevocable de su parte, la Corte Suprema dictó auto de marzo 6 de 1997, mediante el cual se declaró incompetente para seguir conociendo del respectivo proceso y, por consiguiente, dispuso que por competencia se remitiera la actuación a los Jueces Regionales con sede en la ciudad de Cali (f. 151-155, ib.).

5. Prosiguió así la actuación en un Juzgado Regional de Cali, despacho judicial que el 13 de marzo de 1998 dictó sentencia condenatoria de primera instancia en contra de ARMANDO HOLGUÍN SARRIA, en condición de autor material del punible de enriquecimiento ilícito, conforme el artículo 1º del

Decreto Legislativo 18895 de 1989, convertido en legislación permanente mediante el artículo 10º del Decreto 2266 de 1991, imponiéndole pena de prisión de 72 meses y multa de $ 221’662.000, suma equivalente al enriquecimiento no justificado. 4

6. Apelada la decisión de condena, fue confirmada, con modificaciones por parte del Tribunal Nacional el 6 de julio de 1998, fundamentalmente en cuanto fue aumentada la pena de prisión a 84 meses.

7. Recurrida la decisión de segundo grado a través del recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia desató el mismo a través de sentencia de fecha 13 de febrero de 2002, donde decidió no casar el fallo condenatorio cuestionado por ésta vía (f. 414-519, c. 8). Es de anotar que en la parte resolutiva de esta providencia se indicó que la misma era de “cúmplase”, disponiéndose que fuera copiada y comunicada, para luego proceder a su devolución a la oficina de origen.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Conforme ha quedado indicado en la reseña que precede, es la causal segunda del artículo 220 del Código de Procedimiento de 2000, la disposición que en la demanda de revisión se ha invocado dentro del presente asunto, norma que es del siguiente tenor: “Art. 220. Procedencia. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: “/…/. “2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse

por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal”. La anterior disposición legal se corresponde con la naturaleza de la acción de revisión, cuya filosofía responde en esencia, como tantas veces se ha manifestado, a remediar los errores judiciales, que en forma grave puedan coexistir dentro de la actuación y conspiren contra el debido proceso, y los axiomas de verdad y de justicia que inspiran y orientan el proceso penal. Bajo esta perspectiva lógico aparece determinar si le asiste razón al demandante en su pretensión, por cuanto de ser ello así, necesariamente habría de procederse a la remoción de la cosa juzgada, y del carácter inmutable de la sentencia, a través de la declaratoria de invalidez del fallo de casación, para en su lugar decretar la prescripción de la acción penal, como medida inexcusable para el operador judicial ante la certeza de su advenimiento, ya que solo de ésta forma podría predicarse el cumplimiento irrestricto del principio de legalidad que se instituye como límite de los poderes del Estado y como garantía de la legitimidad de las decisiones judiciales. 5 Lo anterior por cuanto el Estado no puede mantener de manera indefinida en condición sub iudice a una persona, estableciéndose por ello límites racionales dentro de los que natural y lógicamente debe llevarse a cabo la investigación y la sanción a que haya lugar. La circunstancia de que ello no siempre ocurra así, puede implicar en ocasiones inoperancia o ineficiencia del sistema judicial, pero sus efectos nocivos en manera alguna pueden alcanzar la situación jurídica del procesado.

2. Tal y como es planteado en el libelo origen de la presente acción extraordinaria, la conducta por la cual fue investigado y juzgado en su momento el ciudadano ARMANDO HOLGUÍN SARRIA fue la de enriquecimiento ilícito de particulares, inicialmente regulada en el Decreto Legislativo número 18895 de 1989 -dictado bajo situación de Estado de Sitio-, luego transformada en legislación permanente a través del Decreto 2266 de 1991.

3. Ahora bien, tal comportamiento tiene establecida como sanción privativa de la libertad para sus autores la de prisión de cinco (5) a diez (10) años. En consecuencia, y de conformidad con las normas que regulan el fenómeno de la prescripción de la acción penal, tanto en el estatuto punitivo de 1980 –en cuya vigencia se realizaron los hechos investigados-, como en el de 2000 – bajo cuyo régimen se profirió la sentencia de casación-, en un evento como el presente se configura la prescripción si no ha cobrado ejecutoria la resolución acusatoria antes de superarse un término igual al de la pena máxima de prisión contemplada por el legislador, esto es, diez (10) años –art. 80 C. P. de 1980; art. 83 C. P. de 2000-. Y si se llega a la fase de juzgamiento, la prescripción operará en la mitad del precitado término, esto es, en cinco (5) años –art. 82 C. P. de 1980; art. 86 C. P. de 2000-.

4. Vista así la situación fáctica que sustenta la causal de revisión invocada,

advierte esta Delegada de la Procuraduría que la cuestión que compete definir en este asunto es, esencialmente, la de determinar la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación, como marco de referencia para el cómputo del término prescriptivo dentro de la etapa de juzgamiento. Se efectúa la anterior afirmación, en la medida en que conforme el texto de la respectiva demanda, el pliego acusatorio cobró ejecutoria el mismo día en que fue denegado el recurso de interposición interpuesto en contra del mismo, caso en el cual, de acuerdo con los cómputos efectuados por el libelista, en verdad que al producirse la sentencia de casación, se había superado ligeramente el lapso de cinco años, necesario para la operancia del fenómeno prescriptivo. Sin embargo, si se atiene el Ministerio Público a las constancias secretariales que fueron dejadas como consecuencia de la emisión de la providencia en cita, - fechada el 7 de febrero de 1997-, la ejecutoría se produjo el día hábil inmediatamente anterior al 21 de febrero de 1997, de manera que la sentencia de casación fechada el 13 de febrero de 2002, se produjo pocos días antes de que se consumara el fenómeno prescriptivo.

5. El argumento central que contiene la demanda de revisión para predicar la ejecutoria de la resolución acusatoria el mismo día en que fue denegado el 6 recurso de reposición interpuesto contra el pliego acusatorio, radica en aplicar a las providencias de única instancia la preceptiva del artículo 197 del C. de P. P. de 1991, que trata en su enunciado el tema de la “Ejecutoria de

las providencias”. Sin embargo, cuando se efectúa lectura de esta disposición procedimental, se observa que la regla general en esta materia consiste en que toda providencia interlocutoria debe notificarse y que la ejecutoria se obtiene tres días después de la última notificación –, siempre que en su contra no se hubieren interpuesto recursos y que no deban ser objeto del grado jurisdicción de consulta. Como situaciones exceptivas, en cuanto que se surte la ejecutoria el mismo día en que se produce el respectivo proveído, contempla el artículo que se viene examinando, las siguientes hipótesis: 1) La sentencia que decide el recurso extraordinario de casación, si no sustituye el fallo materia del mismo. 2) La providencia que declara desierto el recurso de casación. 3) La providencia que decide la acción de revisión. 4) La providencia que resuelve el recurso de hecho. 5) Las providencias de segundo grado que resuelven el recurso de apelación. Con todo, advierte el inciso tercero del artículo 197, que si en la decisión de segunda instancia que por naturaleza es inimpugnable, se decreta la prescripción de la acción o de la pena, se dicta o sustituye una medida de aseguramiento, hay lugar a que la misma sea notificada a los sujetos procesales, como mecanismo tendiente a que se produzca su ejecutoria. 6) Las providencias dictadas en el curso de audiencia o diligencia, quedan ejecutoriadas al finalizar la respectiva actuación procesal (aquí, además, se contempla una adicional excepción referida a las sentencias de segunda instancia proferidas en el decurso de actuaciones semejantes). En este orden de ideas, esta Agencia de la Sociedad no encuentra que

dentro de las providencias que no requieran de notificación y que, por ende, quedan ejecutoriadas una vez sean emitidas por la autoridad judicial competente, aparezcan las decisiones de carácter interlocutorio de única instancia y, en particular, la que resuelve el recurso de reposición de la resolución acusatoria. Siendo esto así, hay lugar a concluir que si la ley procesal de manera precisa no eliminó la exigencia de la notificación para decisiones judiciales como la indicada, es porque necesariamente debían surtirse en el proceso adelantado en su momento en contra de ARMANDO HOLGUÍN SARRIA los lineamientos relacionados con la notificación de providencias. En concreto, 7 correspondía notificar de manera personal al Ministerio Público; y de igual forma al procesado, pues éste se hallaba privado de la libertad; todo esto, según el dictado del artículo 188 del C. de P. P. de 1991. Y, respecto de los demás sujetos procesales, en particular la defensa técnica, debía acudirse, de manera principal, a dicha notificación personal, pero sólo en la medida que el interesado compareciere a la Corporación que adelantaba en aquella época el proceso penal dentro de un lapso perentorio –lo cual no tuvo lugar-, y de manera supletoria –como en efecto aconteció- merced a la correspondiente anotación en estado, que tiene fecha 17 de febrero de 1997.

6. En éste orden de ideas debe manifestarse que en la demanda origen del presente trámite se plantea que la jurisprudencia nacional ha entendido que las providencias que resuelven el recurso de reposición, al no admitir adicionales impugnaciones, quedan ejecutoriadas en la fecha de su

producción. Sin embargo, la realidad es que las citas jurisprudenciales que al efecto se ofrecen, no acreditan en manera alguna que esa sea la interpretación que a tal situación procesal haya de darse, ni haya reconocido la Corte Suprema de Justicia. Nótese, en efecto, que la primera decisión que al respecto se menciona, es el auto de marzo 10 de 1994 (rad. 9151; cfr., f. 10 del libelo), donde el tema analizado por la Corte Suprema de Justicia es el relacionado con la improcedencia del recurso horizontal ante decisiones adoptadas por funcionario de segunda instancia, al punto que en el aparte extractado se dice textualmente que “quedan excluidas de cualquier impugnación, aquellas que se adopten por el ad quem en virtud del recurso de apelación o del grado jurisdiccional e consulta, cuando haya lugar a ello”, hipótesis que resulta diversa a la resolución de un recurso de reposición por parte de quien actúa como funcionario de primera o única instancia. El examen de la segunda cita de jurisprudencia no arroja conclusión diferente, pues nuevamente la sentencia de junio 3 de 1996 (rad. 11759), hace inequívoca mención a providencias “dictadas en segunda instancia” para predicar que ellas no son susceptibles de apelación, pues de lo contrario se estaría creando una tercera instancia que las normas procesales no contemplan (cfr., f. 11 libelo). Finalmente, la tercera reseña jurisprudencial, auto de octubre 15 de 2001 (el interesado no indica su radicación) una vez más se ocupa de providencias dictadas en segunda instancia, no de aquellas proferidas en el decurso de

un trámite de única instancia como aquí acontecía, dado el fuero constitucional que cobijaba al implicado en esa época. Se infiere, entonces, que quien acude a la acción de revisión pretende que por vía de interpretación judicial declare ahora la Corte Suprema de Justicia que si las providencias de segunda instancia cobran ejecutoria, por regla general, cuando son suscritas por el funcionario correspondiente, sea éste unitario o colegiado, ello igualmente debe predicarse de las providencias interlocutorias de única instancia que no admitan recursos. 8 Pero si tal es la pretensión del accionante, encuentra esta Delegada de la Procuraduría que siendo las normas procesales de carácter público y de obligatorio cumplimiento, está vedado a los administradores de justicia crear excepciones frente a situaciones generales en donde expresamente no se haya establecido una diferenciación por parte del legislador, pues esto implicaría ir en contravía con las normas pacíficamente aceptadas sobre hermenéutica jurídica. Si el concepto de excepción tiene que ver, entre otras acepciones, con aquello “que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie” (Diccionario Real Academia de la Lengua, Ed. XXII), el intérprete no puede crearlas según su conveniencia, como que el señalamiento de situaciones que se alejan de la situación normal sólo está autorizado a la autoridad constitucional o legalmente autorizada para ello. De otra parte, mírese como, si la Ley procesal penal autoriza en casos especiales la interposición del recurso de reposición, contra la providencia que decide una impugnación de idéntica naturaleza, resulta apenas lógico inferir la necesidad del acto de notificación, como mecanismo idóneo para

que las partes estén en capacidad de valorar la procedencia del recurso, ya que solamente ante el conocimiento del contenido de la decisión, surgiría eventualmente el interés para recurrir. Por lo demás, recuérdese que en razón de la trascendencia de ésta determinación, dado que delimita o separa las dos fases del proceso penalinstrucción y juzgamiento -, tanto la doctrina como la jurisprudencia han aconsejado su publicidad en relación con los sujetos procesales.

7. Bajo esta perspectiva, hay lugar a considerar que si la resolución de acusación quedó ejecutoriada varios días después de la fecha que se toma en cuenta en la demanda de revisión, de modo que entre ese día y aquél en que la Corte Suprema de Justicia decidió definitivamente el asunto con la correspondiente sentencia de casación del 13 de febrero de 2002,- independientemente del retraso o la mora que pudo presentarse en la producción del fallo de casación-, aún no habían transcurrido cinco años y, por tanto, no se había presentado el fenómeno de la prescripción de la acción penal.

En otros términos, lo que hasta aquí se ha analizado lleva a predicar que la acción incoada no debe prosperar.

8. Con todo, y en orden a destacar la importancia del acto de notificación, encuentra pertinente el Ministerio Público traer a colación algunos apartes del contenido del fallo C-641 proferido por la Corte Constitucional con ocasión de la demanda de inexequibilidad propuesta contra el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, que ya ha sido analizado dentro de este concepto, en cuanto en el inciso segundo se indica claramente que la sentencia de

casación queda en firme el día en que es suscrita por el funcionario correspondiente, salvo que se sustituya la sentencia materia de la misma (inc. 2), disponiéndose en la citada decisión de exequibilidad, en todo caso, el conocimiento de las partes, mediante la correspondiente notificación. 9 Es así como el numeral primero de la parte resolutiva de la citada sentencia es del siguiente tenor: “Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, que literalmente dice “quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”, siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias”. Implica ello que si bien la autoridad judicial encargada de la guarda de la Constitución Política, y con facultad preferente para interpretar con autoridad las leyes frente al contenido de las normas jurídicas superiores, consideró que se ajustaba a la Carta la determinación del legislador de declarar ejecutoriadas providencias de esta índole una vez fueran rubricadas por el funcionario competente, sometió esa excepción, en cuanto a sus efectos jurídicos, a que se diera su ulterior notificación a los sujetos procesales, en aras de dar cumplimiento al principio de publicidad. Del siguiente tenor son algunas de las manifestaciones contenidas en el fallo en mención: “40. Conforme a lo expuesto, es pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son

suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las órdenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación. Por eso, en la parte resolutiva de esta sentencia se declarará exequible la disposición acusada, en el sentido que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias respectivas.

41. De acuerdo con lo expuesto, la Corte ha concluido que la expresión demandada vulnera el principio de publicidad si se entiende que ella establece que las providencias mencionadas por el inciso segundo del artículo 187 del C. de P.P., no deben ser notificadas. Por ello, es imperativa la notificación de las decisiones judiciales previstas en el artículo demandado, para que a partir de su realización se produzcan los efectos jurídicos previstos en las sentencias o providencias interlocutorias.

Sin embargo, por razones de seguridad jurídica y por su importancia práctica, la Corte en uso de la facultad de establecer los efectos de sus sentencias (Sentencia C-113 de 19931), expresamente establece 1 Esta Corporación al declarar inexequible el inciso 2° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, según el cual: “Los fallos de la Corte sólo tendrán efectos hacia el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materias penal, 10 que esta sentencia sólo tendrá efectos hacia el futuro. Es decir, sólo a partir de la publicación y comunicación de esta sentencia, se entiende

que los efectos jurídicos de las providencias judiciales operan a partir de la notificación y no de su mera ejecutoria…”. PETICION DEL MINISTERIO PÚBLICO Como corolario de las argumentaciones que preceden, esta Procuraduría Delegada se permite SOLICITAR a la Corte Suprema de Justicia, que al momento de fallar la acción de revisión que ocupa nuestra atención, DECLARE QUE NO PROCEDE la causal invocada y en consecuencia se abstenga de decretar la prescripción de la acción penal, sobre la cual se ha fundamentado la misma. Atentamente,

ELSA PATRICIA CARREÑO MARIN

Procuradora Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal Rad: Acción revisión número 20457 Armando Holguín Sarria EPCM/apm policiva y disciplinaria y en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución”, determinó que: “... sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad”.